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Gestionará Tlachinollan fondos para reconstruir casas dañadas en la Montaña en 2013, anuncia

 

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que buscarán gestionar los recursos para atender el problema de las casas dañadas en 2013 en la región, porque no hay presupuesto asignado para atenderlas, a más de dos años de las afectaciones de la tormenta Manuel.
Barrera Hernández, en entrevista telefónica dijo que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reconoció que los datos del padrón que le entregó el Consejo de Damnificados de La Montaña es real en un 80 por ciento, ya que lo confirmaron en los recorridos que hicieron en las comunidades, de agosto a diciembre de 2015.
“Ahora ya está claro que hay un sub registro y que en su momento no se programó el presupuesto correcto porque desde el Fonden se hizo otro registro, y más de dos años y medio se ha complicado la entrega”, explicó Barrera Hernández.
Barrera Hernández precisó que se reunió con Armenta Tello en las instalaciones de Tlachinollan, este miércoles 23 de marzo, en lo que llamó una reunión ejecutiva para darle seguimiento a la vivienda que no han podido resolver porque no hay avances claros y porque se retrasó el cambio de delegados en la Sedesol y la Sedatu.
Agregó que la Sedatu ya tiene resultados del padrón de viviendas que el Consejo les presentó y que las autoridades no aceptaban, “pero ya hicieron los recorridos y ahora saben que la información que presentó el Consejo es veraz (…) aunque no sea al 100 (por ciento)”.
Dijo que 896 casas se tienen que construir en las comunidades; 287 se tienen que reubicar, es decir, conseguir el terreno y construirlas; 392 viviendas tienen daños parciales, y mil 134 daños menores, en los 12 municipios que se deben atender; “pero no hay fondos”, lamentó.
Barrera Hernández dijo que era bueno que la Sedatu reconociera el sub registro, aunque ahora viene el desafío de, “como conseguir esos recursos, y que son aproximadamente 185 millones de pesos” según valoraciones.
Agregó que se tendrán que buscar en el gobierno federal, en instituciones como el Consejo Nacional de Población (Conapo); “el consejo tendrá que gestionar y tocar puertas para resarcir esos daños”, explicó Barrera Hernández.
Dijo que buscarán reunirse con el subsecretario de Asuntos Políticos, Luis Enrique Miranda, para que los atienda como lo hizo en diciembre, cuando se habló del programa Que llueva maíz en La Montaña, que se entregaría en seis meses, pero se entregó más de un año después.
Agregó que volverán a plantear la necesidad del suministro de maíz, ante la crisis del precio del café, la plaga de roya en los cafetales, los fuertes vientos y las lluvias que siguen afectando las tierras de los indígenas.
Manifestó que era un compromiso político y social la dotación de granos básicos para las 185 comunidades afectadas, que ahora son más de 200.
Remarcó que la tarea será la búsqueda de fondos, las reuniones de alto nivel para que les resuelvan, ya que no hay un presupuesto asignado para construir viviendas rezagadas en los municipios de Acatapec, Malinaltepec, Copanatoyac, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Metlatónoc, San Luis Acatlán y Cochoapa el Grande, entre otros.

Con la detención el gobierno busca desgastar a la CRAC y a los pueblos, considera Tlachinollan

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández condenó la detención del ex comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso, Antonio Leobardo Galeana, detenido este viernes en Chilapa.
Dijo que las autoridades estatales y federales se colocan en una postura de confrontación a los policías comunitarios para seguir desgastando la relación de los pueblos y la CRAC.
Consultado vía telefónica mencionó que la Ley 701 reconoce al sistema de los policías comunitarios, y consideró que de nada sirven las leyes y compromisos que se asumen con las autoridades cuando se tienen reuniones regionales, entre la Policía Comunitaria, jueces y agentes de los ministerios públicos, porque en los hechos siempre existe una postura de sometimiento, de no reconocimiento y de criminalización contra quienes trabajan a favor de la comunidad.
Manifestó que es preocupante que las autoridades tengan una postura ambigua, que digan una cosa y hagan otra, “las autoridades no son coherentes con lo que dicen y hacen,  es lo que ha dañado y desgastado al movimiento social”.
Agregó que  “en estos momentos que se logró la libertad de Nestora Salgado y que se cometió una injusticia por parte de las mismas autoridades, quienes hicieron la investigación y dictaron la orden de aprehensión, haya consigna política, es desafiar al movimiento y lucha legítima de la Policía Comunitaria, es como decir que el gobierno tiene el control de la ley y que no va a reconocer y a ceder a las conquistas que han logrado los pueblos indígenas”.
Indicó que las autoridades echan por la borda los esfuerzos de la Policía Comunitaria, por lo que las autoridades se colocan en una postura de confrontación para seguir desgastando la relación con los pueblos y la CRAC.
Expuso que con la detención de Leobardo Galeana “se está viviendo más de lo que se conquistó este viernes, del gran triunfo que se obtuvo del caso de Nestora”.
Su liberación ayudaría a allanar el camino para establecer una nueva ruta de diálogo y de búsqueda de acuerdos, dentro del marco legal y procedimientos jurídicos pero con voluntad política, indicó.
Aseveró que no hay voluntad de las autoridades, ya que hay una postura de fuerza y de intolerancia, que no se quiere abonar para que haya un ambiente de distención y que las autoridades deben de reconocer las conquistas y avances de la sociedad, y la detención no abona para que la autoridad adquiera ese reconocimiento y legitimidad que se necesita.
El defensor reiteró que lo que sucedió con la liberación de Nestora marca un momento clave para demostrar que la Policía Comunitaria está haciendo un trabajo ejemplar, “ya quisiéramos que eso hicieran los policías de los tres niveles, pero estamos viendo que son los mismos policías municipales y estatales los que están violentando los derechos de la población”.
Dijo que las violaciones de los policías municipales y estatales está demostrado como en el caso Ayotzinapa, donde se utilizaron policías para reprimir a la población, por lo que el gobierno debe entender que se debe cambiar la política que no funciona.
El director agregó que las autoridades tienen que terminar con el pacto de impunidad que prevalece para proteger a los policías municipales y estatales, y por otro lado darle el reconcomiendo y respeto a la Policía Comunitaria.
Sin embargo la manera en la que actúa el gobierno es mediante el uso de la fuerza y la detención de los defensores, pero no de los delincuentes, criticó.

Tiene intención mediática la llegada de más de 3 mil 500 militares a Chilapa, dice Tlchinollan

 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que la llegada de más de 3 mil 500 militares a Chilapa trata de generar un efecto mediático para que la población crea que se está combatiendo el crimen; sin embargo, el Ejército sólo llegó para seguir cometiendo violaciones “graves” a los derechos humanos y para proteger a las instituciones, porque hay un descontento social.
Consultado vía telefónica, Abel Barrera dijo que los más de 3 mil 500 militares enviados a Guerrero son una respuesta que busca generar un efecto mediático, para que la sociedad crea que el gobierno está tomando decisiones duras y fuertes para abatir el crimen.
Dijo que los operativos no sirven si no son parte de una estrategia integral para abatir los altos índices de inseguridad, las acciones impunes que prevalecen entre las autoridades y corporaciones policíacas, en el mismo órgano investigador de delitos, de acciones preventivas y de atención a víctimas, si no son para combatir a fondo a la impunidad.
“Lamentablemente, todo queda en apostarle al uso de la fuerza, a que se sigan consumando violaciones graves a los derechos humanos con la presencia del Ejército, que no tiene ningún control civil”, precisó Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan consideró que las autoridades no están atacando las causas de la inseguridad, que tienen que ver con la corrupción de las corporaciones policíacas, y que protegen a quienes violentan los derechos humanos, y que todo esto pasa porque hay desconfianza en el órgano investigador.
Además, expresó que se deberá tomar en cuenta la perspectiva de los derechos humanos en estos operativos y acciones que utilizan solamente al Ejército para inhibir a los grupos del crimen, porque son insuficientes y cuestionables en un contexto donde no hay control civil sobre las fuerzas armadas, y donde se han consumado violaciones a los derechos humanos, y principalmente que no se está aportando a que sean las policías comunitarias, que surgen de la misma sociedad, las que se preparen para las tareas de seguridad.
“Sabemos que estas acciones van en contracorriente a las recomendaciones de los organismos internacionales de los derechos humanos; en la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a México, una de las recomendaciones al gobierno mexicano fue que se pensara en el actuar de las fuerzas armadas, porque hay un alto grado de violaciones graves cometidas”, explicó.
De acuerdo con Barrera Hernández, pese a que ya hay cuarteles militares, no han abatido la impunidad ni la corrupción. Las políticas de seguridad en Guerrero contradicen las recomendaciones de las tendencias de los organismos internacionales de los derechos humanos, porque se ha documentado que la presencia militar va aparejada a graves violaciones, con un mayor grado de impunidad.
También, Abel Barrera consideró que los soldados están en la calle ante la crisis de gobernabilidad, la crisis y el desorden que hay de las policías, la desconfianza de la población en las instituciones encargadas de velar la seguridad de las personas.
Asimismo, señaló que es evidente que la militarización también sirve para contener la inconformidad social, para inhibir la organización ciudadana, para reprimir y generar miedo y terror.
Aseguró que la militarización en las calles es para resguardar a las instituciones, para desmovilizar a la población, es decir, es una estrategia más mediática, “para tener sometida a una población que está molesta, y exigiendo resultados, porque no hay verdad donde, a 16 meses que llevan los 43 normalistas desparecidos, no hay ningún indicio de que se ataque a los grupos de la delincuencia y que se investigue a las autoridades responsables de estas desapariciones”, indicó.

Desesperada por su proceso penal detenido, anuncia Nestora nueva huelga de hambre

 

Después de que se cancelaron por sexta vez sus careos con quienes la acusan, porque no acuden a la diligencia, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, se dijo desesperada y dispuesta a comenzar otra huelga de hambre a costa de su salud, porque no tiene otra opción para alzar la voz.
Ante la violencia en aumento en todas las regiones y la permanencia en la cárcel de líderes del movimiento por la seguridad que se expandió en Guerrero de 2012 a 2013, consideró que el pueblo se está acostumbrando a vivir con la criminalidad.
Desde la torre médica de la prisión de Tepepan en la Ciudad de México, donde está recluida desde mayo luego de casi dos años en el penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, anunció que prepara una segunda huelga de hambre, el primero de enero, por su libertad, y consideró que México “no puede ser un país de agachados”.
Dijo que los mexicanos “tenemos el poder, como pueblo, de organizarnos, y no podemos conformarnos a vivir con esto. Nos merecemos una vida digna, ya basta de este gobierno corrupto y represor”.
Vía telefónica anoche, la luchadora social dijo que por los activistas que la visitan ha conocido la violencia e inseguridad que parece acrecentarse en Guerrero, y que se agrava en la región Montaña.
Por ejemplo Chilapa, por el conflicto entre dos bandas de narcotraficantes, y hace dos días en el municipio vecino de Zitlala, que sumó cuatro personas degolladas a la larga lista de muertes en la entidad.
“Es muy fuerte, es algo inaceptable, yo siento que nos hace falta más lucha, por eso nos falta más unidad, unificarnos en este tema por lo que está pasando, que no sólo es en el estado, (también) Oaxaca, Chiapas, somos muchos los que estamos en la lucha por esta paz, por esta justicia. Cómo me gustaría que los estados, las organizaciones se unifiquen, no debemos, no podemos permitirnos ni darnos el lujo de quedarnos sentados o callados”, expuso.
Nestora Salgado se unió al movimiento de seguridad ciudadana que surgió en Olinalá en octubre de 2012, tras la desaparición de un taxista que se pensaba secuestrado, y las extorsiones y cobros de piso que mantenían en zozobra a la población. En 2013 el grupo de seguridad de Olinalá se unió a la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Detenida desde agosto de 2013, consideró que hay “tibieza” en la defensa de los presos políticos, “no solamente por mí, somos muchos los que estamos encerrados injustamente, esto es imparable y debemos detenerlos. Los pueblos podemos”.
Anunció que prepara una segunda huelga de hambre, el primero de enero, por su libertad. La primera fue en mayo y principios de junio de este año, durante un mes, de acuerdo con la información que transmitió por medio de sus representantes y familiares.
Después de que se cancelaran por sexta ocasión sus careos con quienes la acusan, porque no acuden a la diligencia, se dijo desesperada y dispuesta a comenzar otra huelga a costa de su propia salud, porque no tiene otra opción para alzar la voz. Hace diez meses, su condición física deteriorada motivó la emisión de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su traslado del penal de máxima seguridad a la torre médica de Tepepan.
Mencionó que su salud fue tema recientemente en una mesa de trabajo de gobierno y organismos que la acompañan, pero la nueva jornada es por su libertad y la de sus compañeros de la CRAC y otros presos injustamente en México.
Denunció que en la última audiencia de testigos y víctimas que la acusaron de secuestro, ninguno se ha presentado a los careos, pese a los citatorios del Poder Judicial. Ayer se informó que la parte ofendida no se presentó a la primera serie de audiencias programadas en el Juzgado 67 de Santa Martha Acatitla, y que habría diligencias del lunes a este miércoles, y lunes y martes de la siguiente semana.
Desde la cárcel, denunció que sus acusadores no se presentaron, “¡porque las autoridades no lo han exigido, ni su gente que se supone que secuestré!, no estoy dispuesta a seguir siendo la burla y el símbolo de la represión. Estoy cansada, si tengo que morir por eso, lo voy a hacer; no quiero seguir dando el gusto de seguirme usando”.
Dice que la inasistencia de sus acusadores a los careos confirma que fueron usados para llevarla a prisión, porque en un estado machista se castiga a la mujer que deja su hogar para unirse a un movimiento; “confié en que esto le daría fuerza a las mujeres para una lucha necesaria por la paz, por la humanidad, por el respeto a los derechos y la dignidad”.
Reveló que la consejera de la CRAC, Felicitas Martínez Solano la visitó para refrendar el respaldo de la organización, pero opinó que hace falta más trabajo por los presos. “Sé que ha habido muchas divisiones que lejos de ayudarnos nos están perjudicando, no sólo en la Coordinadora, en muchas organizaciones que se están desviando, y hago un llamado a cada padre con un hijo injustamente encerrado a que hagan conciencia de lo que está pasando, no podemos permitir que el gobierno siga haciendo detenciones arbitrarias”.
Al gobernador Héctor Astudillo Flores, le dijo que él no buscó este problema, pero tiene que resolverlo y darse cuenta de que el gobierno anterior se equivocó, que los integrantes de la CRAC presos en cárceles de Chilpancingo, Ayutla y la Ciudad de México actuaron en el marco de la ley y no cometieron los delitos de los que los acusan.
A familias con desparecidos, como a los padres de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, pidió que sigan luchando. “Es la parte dolorosa y vergonzosa, cuando toco ese tema para mí es lo más desgarrador en lo emocional, es una gran vergüenza, atroz, que no debió pasar, ni palabras tengo para describir emociones y sentimientos, como madre, hermana, hija, sé que en estos momentos (de fin de año) es tremendo para los familiares, pero les puedo pedir que no dejen de luchar, que sigamos, podemos avanzar”.
Informó que ayer le permitieron una comida con sus familiares, a propósito de la Navidad, en la que estuvo en director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Ante ellos, ratificó que emprenderá una nueva huelga de hambre por todos los presos y sus compañeros, “si tengo que dar la vida, lo haré, estoy decidida; mi familia cree que es algo así como una presión nada más, pero estoy decidida”.
Pasó dos años de fiestas de Navidad y Año Nuevo en la prisión de máxima seguridad de Tepic, y este año en la cárcel estatal de Tepepan, que tampoco la ilusiona; “estas fechas son de soledad, encierro, la tristeza de no estar con la familia, la cárcel es horrible”.
Aunque dijo que en la torre médica hay mejores condiciones que en el penal federal y entre la población penitenciaria de Tepepan, donde ha recibido como visitas a decenas de activistas sociales de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Jalisco, e incluso del extranjero, de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Costa Rica.
Lamentó que la solidaridad nacional e internacional no diga nada a las autoridades que la mantienen en prisión, “yo estoy en contra de la violencia, pero creo que necesitamos ser un poco más fuertes, tenemos que hacer más presión y el único medio al alcance es la huelga, no puedo hacer más, mi única arma soy yo”.

Irreal, el conteo del INEGI sobre el crecimiento poblacional: Tlachinollan




El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández consideró ayer que no es “real” que en Guerrero haya un crecimiento anual de casi el cero por ciento en la población, como reporta en su Segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); afirmó que más bien “hay un crecimiento mayor” que por “el fenómeno de expulsión de alta densidad” hacia Estados Unidos, éstos no son registrados.
Dijo que ante esa situación, dicho sector “no forma parte en las políticas públicas (del gobierno del estado), ni de una estrategia de cómo garantizar que los que estén naciendo se queden en el lugar de donde son originarios”.
Este miércoles, el INEGI dio a conocer los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2005, mediante el cual informa que en los últimos años la tasa de crecimiento anual en la entidad disminuyó de 1.6 en el 2000, a 0.2 en el 2005; sin embargo, reporta que la tasa de natalidad es de las más altas en el país y que la migración hacia Estados Unidos y otros estados del norte del país la contrarrestan.
Entrevistado al término de la sesión del IFE ayer en Chilpancingo, Barrera Hernández aseguró que “esta baja (poblacional) no es real, más bien se tendría que hablar de un fenómeno de expulsión, de alta densidad hacia Estados Unidos y que no está siendo registrada, y por lo tanto al no ser registrada no forma parte en las políticas públicas ni de una estrategia de cómo garantizar que los que estén naciendo se queden en el lugar donde viven”.
Indicó que por eso, más bien “hay un crecimiento mayor, porque si checamos, las familias indígenas y campesinas siguen teniendo más de cinco hijos; esto no ha bajado realmente, a pesar de todas las campañas de esterilización simulada, campañas de control natal. La gente ha visto que los hijos es el único capital que pueden tener para poder tener un ingreso. Es una fuerza de trabajo, que puede ayudar a paliar las necesidades, entonces es alta la población, está creciendo”.
Dijo que “lo delicado es que ahora ya no se registra, es invisible, ya no aparece en la estadística nacional, porque lo que menos controla la información es el flujo migratorio; y al llegar a Estados Unidos o al llegar a los campos de Sinaloa, ya no hay forma de contabilizarlos o no existen porque son ilegales; en Sinaloa por ser gente flotante, pues tampoco los documentan”.
Indicó que lo único que está documentando el INEGI es que “hay baja población”, pero no investiga cuál es la causa; “no tiene el dato duro, lo infiere y se está infiriendo en esta información, que se debe a la migración pero hace falta mayor trabajo de campo, se han desmantelado los pueblos y ahora no existe otra forma más que la migración”.
Señaló que es precisamente ese fenómeno el que “está creando una gran crisis entre los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero; primero, porque no están encontrando en el estado alternativas para poder trabajar y sobre todo para tener condiciones de educación, de salud. Eso es grave, es un foco rojo que nos indica que la población sigue creciendo en Guerrero, pero no están encontrando en el estado las oportunidades propicias para poder desarrollarse”.
Dijo que esto refleja además que “hay desinterés, poca visión pro parte de las autoridades, sobre todo para arraigar a la población, para generar alternativas y para entender el fenómeno demográfico. No hay una planeación, ni previsión para poder evitar crisis”.
Barrera manifestó que el fenómeno de la migración “es una violencia silenciosa en la que se está expresando; como ocurre con la muerte que encuentran ya sea en campos agrícolas de los estados del norte o de Estados Unidos, esas son muertes que no se cuentan. Desgraciadamente ahora los guerrerenses son invisibles a las estadísticas”.
Más tarde, destacó que “el otro factor en esta expulsión y salida masiva de la población, es la expresión del fracaso de los programas de gobierno; son programas de gobierno inmediatistas, que no están pensados para producir, para desarrollar capacidades, son meramente consuelo de gente que está indefensa, es una de paliar y maquillar la pobreza”.
“No se le ha apostado al desarrollo serio de los pueblos, se sigue dando caridad gubernamental y yo creo que en ese sentido es un llamado a las autoridades. Se tiene que hacer una autocrítica del por qué siguen fracasando los poderes, no sólo echar la culpa a otros gobiernos, porque si la gente ha puesto a las nuevas autoridades es para que con responsabilidad histórica vean en donde está la raíz y también ver hasta donde están los desafíos y retos”, apuntó.
Las estadísticas según Barrera “no perciben el dolor, el sufrimiento, la muerte, el hambre, el estomago vacío y son frías; en cambio, las políticas que pudieran enaltecer la vida tiene necesariamente que partir de las necesidades básicas. Hoy vemos un gran distanciamiento entre los tres niveles de gobierno y la población más pobre, por eso cada comunidad, cada individuo busca como paliar sus necesidades”.
A pregunta expresa, Barrera indicó que “el compromiso (del gobierno de Zeferino Torreblanca) que se ha visto ahora es, sobre todo pensar que sí se va a invertir, sí se va a apoyar a las organizaciones, a las comunidades, es que, a quiénes se les va a dar el dinero, primero, sean garantes de que lo va a ejercer, segundo de que realmente pueda ayudar a resolver determinados problemas. Eso es lo que estamos viendo en los principios básicos de su acción política”.
Pero la “realidad”, según dijo “es que hay mucha buena voluntad, pero no hay realmente un pulso y una ubicación de los problemas que padece la gente; es decir, sigue habiendo este alejamiento de la autoridad hacía los problemas concretos de la gente, se trata más bien de trabajar todavía desde el escritorio”.
Sobre el diagnóstico que realizará la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, afirmó que “la autoridad dijo que no le puede apostar a que una investigación va a detonar una política social, eso es un elemento que puede contribuir, pero no podemos pensar que ahí está la varita mágica”.

René Juárez apoya su ley sobre desapariciones, dicen miembros de ONG

Exigen activistas al Congreso aprobar su propuesta sobre desapariciones

 Teresa de la Cruz Chilpancingo Representantes de organismos civiles de derechos humanos exigieron al Congreso del Estado que “dictamine y apruebe”, en este periodo ordinario de sesiones, la Ley Especial para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada de personas, que “respete los estándares más altos” de protección a los derechos humanos”.

En conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, expuso que ayer jueves los representantes organismos civiles de derechos humanos y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos se reunieron en Casa Guerrero, con el gobernador René Juárez Cisneros.

En la reunión –según Barrera Hernández– plantearon al mandatario estatal “la necesidad” de tener una ley especial para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada de personas, que contenga “los más altos estándares de protección de derechos humanos”.

Acompañado por representantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Barrera Hernández dijo que también solicitaron al gobernador “su adhesión” a la propuesta que hicieron llegar al Congreso del Estado en abril de este año, y que actualmente se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos.

Barrera Hernández aseguró que el planteamiento que el gobernador hizo llegar al Congreso del Estado, en enero del año pasado, y que establecía sólo reformas al Código Penal, “se nos hace importante porque reconoce la situación delicada sobre desaparición forzada, pero le pedimos que se apropie de nuestra propuesta y que la impulse desde su competencia”.

Producto de la reunión, el gobernador se comprometió con los organismos civiles a “impulsar y a hacer todo lo necesario” como Poder Ejecutivo para que la propuesta de Ley Especial sea aprobada por el Congreso del Estado.

Mencionó que el gobernador durante la reunión remarcó que a pesar de las diferencias que hay con los organismos de derechos humanos, “hay un punto de coincidencia y es el tema de la Ley Especial” sobre desaparición forzada.

Entonces, dijo “si el gobernador se comprometió a impulsar la propuesta, pues ahora le pedimos al Congreso del Estado que dictamine y apruebe la iniciativa de Ley Especial durante este periodo ordinario de sesiones, misma en la que deben respetar los estándares que otorgan mayor protección a las victimas de desaparición así como mayor protección de los derechos humanos”, concluyó Barrera Hernández.

Buscan ONG que las embajadas vigilen el respeto a los derechos en Guerrero

 * Que se cumpla el compromiso de México, exigen

Organizaciones no gobernamentales de derechos humanos (ONG) tienen interés en que se establezca un mecanismo de monitoreo del respeto a los derechos humanos en Guerrero, para que México cumpla sus compromisos ante el mundo en esta materia, como la cláusula democrática que es parte del acuerdo comercial con la Unión Europea, dijo el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Informó que esa finalidad tuvo la visita el 19 y 20 de mayo de representantes de 12 embajadas a Cihilpancingo: Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Alemania, España, Canadá, Delegación de la Unión Europea en México, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Noruega y Suecia.

Informó que los representantes de las embajadas dialogaron con representantes de organismos de derechos humanos y con víctimas de violaciones, con el propósito de monitorear la situación de los derechos humanos en Guerrero, para informar a sus gobiernos, la mayoría integrantes de la Unión Europea, con la que México tiene un acuerdo comercial que incluye una cláusula democrática en la que el gobierno mexicano se compromete a respetar los derechos humanos.

Explicó que representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) han visto una situación muy delicada en Guerrero, por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y han cabildeado con las embajadas para buscar establecer algún mecanismo de monitoreo.

Explicó que el convenio comercial de México con la Unión Europea (UE) implica que se debe tomar en cuenta la situación de los derechos humanos, y están preocupados porque Guerrero es de los estados donde las ONG documentan más casos de violaciones a los derechos humanos.

Por eso, la visita, que incluyó una reunión con el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), el ombudsman, Juan Alarcón, y por separado una reunión con ONG y representantes de organizaciones sociales afectadas por las violaciones, dijo Abel Barrera, es una forma de crear mecanismos de verificación del cumplimiento del respeto a las garantías por parte de México, para que la cláusula democrática y de derechos humanos no quede en letra muerta.

Con ese fin, dijo, las ONG han pedido mecanismos de verificación sobre el respeto a los derechos humanos, y en esa perspectiva es importante la visita de los representantes de las embajadas, que escucharon testimonios de las organizaciones sociales y de derechos humanos.

A la reunión con las ONG asistieron los representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de la Conami (Comisión Nacional de Mujeres Indígenas), de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y vecinos de la colonia Rodríguez Alcaine de Acapulco.

Además, los integrantes de la Red Guerrerense; el Centro de Derechos Humanos de La Montala Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Comisión de Derechos Humanos la Voz de los Sin Voz, la Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, el Comité de Derechos Humanos Sembrador de la Esperanza, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Auténticos Colonos de la Unidad Obrera (Colonia Leonardo Rodríguez Alcaine de Acapulco), y el Frente Popular Revolucionario (FPR).