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Pide la ONU investigaciones serias y condena asesinatos de Matus y del activista de la UAG

Juan Luis Altamirano Uruñuela

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los asesinatos del periodista Nelson Matus y del jefe de Departamento de Diversidad Sexual, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Ulises Salvador Nava Juárez.
Mediante un comunicado de prensa, la ONU-DH pidió a las instituciones de justicia que se realice una correcta y eficaz investigación en ambos casos, teniendo en cuenta los intereses que se pueden tener por las labores de periodismo y activismo.
“La ONU-DH hace un llamado a las instituciones de procuración de justicia para llevar a cabo una investigación diligente y eficaz en ambos casos, considerando como una línea de investigación y prioritaria la relacionada con los intereses que podrían haberse visto afectados por las labores del periodismo y defensa de derechos humanos que desarrollaban las víctimas”.
De igual forma, expresó sus condolencias para los familiares y amigos de Nelson Matus y de Ulises Nava, pidiendo que se tomen medidas de prevención para finalizar la violencia contra periodistas y activistas.
“La ONU-DH insta al Estado mexicano a adoptar medidas de prevención eficaces y estructurales, que permitan poner fin a la violencia contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión a través del periodismo”.
Indicaron que en el caso concreto de Nelson Matus, ya había recibido amenazas previas pero no recibió ningún tipo de ayuda o protección por parte del gobierno federal.
“A pesar de haber sufrido previamente otras afectaciones a su seguridad, incluido un intento de asesinato que denunció ante las autoridades correspondientes, el periodista no era beneficiario de ningún esquema para su protección”, señalaron.
El pasado sábado 15 de julio Nelson Matus, director del portal de noticias Lo Real de Guerrero, fue atacado a balazos por sujetos en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Acapulco, provocando su muerte.
El mismo sábado, Ulises Salvador Nava fue asesinado al salir del Primer Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de la Cuota Arcoíris en México, realizado en Aguascalientes.
“Se trata de al menos el séptimo asesinato documentado por la ONU-DH, de una persona defensora en posible relación con sus actividades de defensa de derechos humanos en lo que va del año 2023”, precisaron.

Tiene intención mediática la llegada de más de 3 mil 500 militares a Chilapa, dice Tlchinollan

 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que la llegada de más de 3 mil 500 militares a Chilapa trata de generar un efecto mediático para que la población crea que se está combatiendo el crimen; sin embargo, el Ejército sólo llegó para seguir cometiendo violaciones “graves” a los derechos humanos y para proteger a las instituciones, porque hay un descontento social.
Consultado vía telefónica, Abel Barrera dijo que los más de 3 mil 500 militares enviados a Guerrero son una respuesta que busca generar un efecto mediático, para que la sociedad crea que el gobierno está tomando decisiones duras y fuertes para abatir el crimen.
Dijo que los operativos no sirven si no son parte de una estrategia integral para abatir los altos índices de inseguridad, las acciones impunes que prevalecen entre las autoridades y corporaciones policíacas, en el mismo órgano investigador de delitos, de acciones preventivas y de atención a víctimas, si no son para combatir a fondo a la impunidad.
“Lamentablemente, todo queda en apostarle al uso de la fuerza, a que se sigan consumando violaciones graves a los derechos humanos con la presencia del Ejército, que no tiene ningún control civil”, precisó Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan consideró que las autoridades no están atacando las causas de la inseguridad, que tienen que ver con la corrupción de las corporaciones policíacas, y que protegen a quienes violentan los derechos humanos, y que todo esto pasa porque hay desconfianza en el órgano investigador.
Además, expresó que se deberá tomar en cuenta la perspectiva de los derechos humanos en estos operativos y acciones que utilizan solamente al Ejército para inhibir a los grupos del crimen, porque son insuficientes y cuestionables en un contexto donde no hay control civil sobre las fuerzas armadas, y donde se han consumado violaciones a los derechos humanos, y principalmente que no se está aportando a que sean las policías comunitarias, que surgen de la misma sociedad, las que se preparen para las tareas de seguridad.
“Sabemos que estas acciones van en contracorriente a las recomendaciones de los organismos internacionales de los derechos humanos; en la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a México, una de las recomendaciones al gobierno mexicano fue que se pensara en el actuar de las fuerzas armadas, porque hay un alto grado de violaciones graves cometidas”, explicó.
De acuerdo con Barrera Hernández, pese a que ya hay cuarteles militares, no han abatido la impunidad ni la corrupción. Las políticas de seguridad en Guerrero contradicen las recomendaciones de las tendencias de los organismos internacionales de los derechos humanos, porque se ha documentado que la presencia militar va aparejada a graves violaciones, con un mayor grado de impunidad.
También, Abel Barrera consideró que los soldados están en la calle ante la crisis de gobernabilidad, la crisis y el desorden que hay de las policías, la desconfianza de la población en las instituciones encargadas de velar la seguridad de las personas.
Asimismo, señaló que es evidente que la militarización también sirve para contener la inconformidad social, para inhibir la organización ciudadana, para reprimir y generar miedo y terror.
Aseguró que la militarización en las calles es para resguardar a las instituciones, para desmovilizar a la población, es decir, es una estrategia más mediática, “para tener sometida a una población que está molesta, y exigiendo resultados, porque no hay verdad donde, a 16 meses que llevan los 43 normalistas desparecidos, no hay ningún indicio de que se ataque a los grupos de la delincuencia y que se investigue a las autoridades responsables de estas desapariciones”, indicó.