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Avala Bruno Plácido la iniciativa sobre la amapola; advierte que no resolverá la violencia

El líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio avaló la iniciativa de los diputados locales para la legalización de la amapola, aunque dijo que no resolverá el problema de la violencia.
En un audio proporcionado tras una ponencia en la Barra de Abogados de Acapulco, Plócido Valerio expone que van a esperar a los nuevos diputados electos para modificar y revisar la Ley 701 de derechos y cultura indígena.
Explicó que la aprobación de la iniciativa en el Congreso del Estado para la legalización de la amapola con uso medicinal, será “un pequeño aporte para pacificar el estado, pero no resolverá todo el clima de violencia”.
Aseveró que la delincuencia organizada tiene distintas vertientes como el secuestro, extorsión, lavado de dinero, entre otros, por lo que la legalización de un solo enervante no contribuirá mucho.
“Es un aporte mínimo al cambio que se está buscando, yo creo que es válida la legalización, pero no significa que ya con un palomazo se vaya a resolver la violencia”, recalcó.
Agregó que con la legalización también deben ser previstos mayores apoyos al campo, con la finalidad de que los productores logren dar un valor agregado a su producto y mejore la economía local, sin que tengan que recurrir a intermediarios que aminoran las ganancias para el sector.
Sugirió a los senadores atender la legalización y que la aprueben, y que en caso de concretarse pueda tener una reglamentación que tome en cuenta la drogadicción como un tema de salud pública.
Por otro lado, dijo que el Estado no ha sido capaz de resolver algunos delitos en el nuevo sistema penal acusatorio.
El viernes, la Comisión Permanente del Congreso del Estado citó de manera urgente a los 46 diputados locales para aprobar la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los tres poderes del estado, así como el nombramiento del fiscal anticorrupción, además de presentar y votar seis iniciativas de ley en un tercer periodo de sesiones extraordinario que se agotó este viernes.
También aprobó la iniciativa de ley sobre la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales, que el Congreso de Guerrero enviará al Senado para su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva.

 

No se pasará por alto la masacre en Cacahuatepec, dice Astudillo a UPOEG

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no tiene interés de confrontase con nadie en los medios y que no se resuelve nada respondiendo a “provocaciones”, en alusión al pronunciamiento de la Unión de Pueblos y Organiza-ciones del Estado de Guerrero.
Consultado al concluir el acto de destrucción de armas, Astudillo señaló que ante la negativa de la UPOEG de desarmarse, no caerá en descalificaciones.
Pero también subrayó: “No podemos dejar pasar por alto los abominables crímenes que se cometieron recientemente en Cacahuatepec, a mí me parece que no se puede dejar de tener memoria frente acontecimientos que están ahí”, en referencia a la masacre de siete vecinos de esa comunidad de Acapulco, incluido un bebé, perpetrada a principios de junio por policías de esa organización.
Reiteró que los grupos de autodefensa han incurrido en acciones que son reprobadas, no sólo por le gobierno del estado sino por la sociedad.
De las críticas de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), dijo que se debe dialogar y debatir en torno a la Ley 701 para encontrar la base jurídica del nuevo ordenamiento sobre los derechos indígenas. (Anarsis Pacheco / Chilpancingo).

No permitirá que se le desarme, responde la UPOEG al gobernador y se declara en alerta

Ante un posible desarme de la Policía Ciudadana de su organización, la que advirtió el martes el gobernador Héctor Astudillo Flores, Bruno Plácido Valerio dijo que “la población sabrá inteligentemente qué hacer, allí no depende de Bruno, depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
Aclaró que los pobladores no van a pelear en un enfrentamiento, “solamente van a defender lo que es de ellos, van a defender sus derechos”.
De los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, donde fueron asesinadas a balazos siete personas, entre ellas dos niños y un bebé de cuatro meses que murió por traumatismo craneoencefálico, informó que están en la etapa de solicitarles amparos, pero no dio más detalles porque dijo que apenas está en pláticas con el abogado.
Independientemente de las declaraciones del líder de la UPOEG, la coordinación general de la organización dio a conocer un comunicado mediante su muro de Facebook en el que se declara en alerta a partir del miércoles, tras las declaraciones del gobernador Astudillo Flores en el sentido de que “lo más conveniente” es desarmar a los policías como los de la UPOEG.
“Después de tener una reunión con las distintas autoridades civiles y agrarias de los municipios donde la UPOEG tiene presencia, nuestra postura sigue igual; no se permitirá ni un tipo de desarme y en los pueblos estamos dispuestos a todo con tal de defender el derecho a la seguridad que tanto nos ha costado”, advirtió la coordinación mediante la red social.
Sin embargo, consultado después por teléfono, Plácido Valerio informó que la UPOEG tiene una asamblea el domingo para decidir cómo va a proceder. Pero de entrada opinó que el gobierno no puede generalizar, “porque los errores no son de todos los elementos”.
El coordinador general de la agrupación se dijo de acuerdo con que en donde se encuentren “abusos o gente infiltrada” y haya argumentos, es necesario el desarme.
Insistió en que no se puede generalizar a todo el sistema “porque no todos los grupos ni todos los elementos cometen errores”.
Dijo que se tiene que especificar exactamente a quiénes hay que desarmar, “porque generalizar quiere decir que hay una guerra y yo creo que nosotros hemos sido gente de diálogo y hemos contribuido a la tranquilidad de la población”.
Demandó que si hay errores que se corrijan, pero que no se justifica que se proceda “con un todo”.
Para Bruno Plácido “es importante mandarle el mensaje al gobierno, de que tiene esa autoridad, “pero no proceder con una amenaza, sino actuar con argumentos y delimitar a quiénes y no generalizar”.
Dijo que hay municipios que están muy tranquilos con su policía, hay buena coordinación y toda una tranquilidad. Por eso insistió, “el gobierno no puede generalizar”.
Dijo que tampoco se ha presentado una contrapropuesta de lo que se va a hacer después de que desarme a la gente, “¿qué se va a hacer para que se garantice la seguridad a la población?”, y demandó que se explique qué se va a ofertar después para la seguridad de la gente.
Agregó que debe de haber un proceso de diálogo entre el gobierno y la UPOEG, “debe haber una mesa para estar interactuando acuerdos”, porque declaró que todo se ha dicho mediante declaraciones en los medios de comunicación, pero que no hay una mesa de trabajo para conciliar los conflictos sociales en Guerrero.
A pregunta del reportero declaró que en caso de proceder el gobierno con el desarme, “la población sabrá inteligentemente qué hacer ante un riesgo de su vida. Allí no depende de Bruno, sino depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
En cuanto a los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, informó sigue en la etapa de solicitarles amparos, pero no abundó más porque apenas había hablado con el abogado.
Recordó que él los iba a presentar voluntariamente, pero que ni bien llegaban cuando ya los estaban acusando de participar en un hecho artero, “y es muy delicado que se quiera justificar un error de algunos compañeros, en el caso de que así fuera”.
Admitió que si hay pruebas y elementos, “los entregamos, porque todos estamos obligados a hacer mejor las cosas, independientemente de qué organización seamos”.
Insistió en que se cite también a quien les pidió el auxilio, a quienes están extorsionando, que investigaran sus números telefónicos, que revisaran los antecedentes de la familia y estudios profesionales de balística para que con pruebas y elementos se entregara a quienes son señalados, “pero no se puede generalizar a toda la Costa porque no toda la Costa participó”.
De Tierra Colorada donde está en conflicto con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, Plácido Valerio recordó que el gobernador Héctor Astudillo instituyó una comisión de diálogo y armonía y que ante esa comisión la UPOEG propuso asambleas comunitarias, en las que participaran la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en la vigilancia de la toma de decisión de los ciudadanos, pero se quejó de que el caso se quedó allí.
“Ahora todos se quejan de los conflictos pero no se acuerdan de los acuerdos”, reprochó y recordó que se trata de acuerdos que le hicieron del conocimiento al secretario de Gobierno, Florencio Salazar como responsable de la política pública del estado.
Insistió que ahora, por ejemplo, se quejan de los enfrentamientos, pero no han revisado los acuerdos a los que se llegaron en la instalación de las mesas de dialogo.
Informó que de estos acuerdos también estuvo enterado el presidente municipal de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, quien estuvo de acuerdo que para resolver el conflicto no interviniera ni la UPOEG ni el FUSDEG para que los ciudadanos decidieran en asambleas y así llegar a la tranquilidad y estabilidad en Tierra Colorada.

Marchan la UPOEG y comisarios; exigen que se regulen los grupos de seguridad ciudadana

Unos 400 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Consejo de Comisarios de Costa Chica, marcharon para exigir en el Congreso la regularización de los grupos armados de seguridad ciudadana y una interlocución para abrir mesas de trabajo con los gobiernos estatal y federal.
Los manifestantes esperaban ser recibidos por una comisión de diputados de las Comisiones de Justicia, Seguridad y Asuntos Indígenas, como se acordó una semana antes con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la priista Flor Añorve Adame.
Sin embargo, y después de que se le insistió, sólo fueron recibidos por la diputada del PRI, Beatriz Alarcón Hernández, quien atendió a una comisión en la sala José Francisco Ruiz Massieu, y adujo la tardanza de los manifestantes para justificar la ausencia del resto de los diputados.
En la reunión se estableció otra cita el miércoles, sólo para las demandas de la UPOEG. El Consejo de Comisarios de la Costa Chica, anunció que continuará su agenda por separado.
De manera extraoficial, se denunció que la UPOEG relegó los asuntos de los comisarios, para centrar la reunión en el problema de Tierra Colorada, donde tienen una pugna con el FUSDEG.
Por separado, el representante del Consejo de Comisionarios, Feciliano Santana Alonso, explicó vía telefónica que los representantes de los pueblos de Costa Chica llegaron a Chilpancingo a participar en una marcha por la dignidad en un frente común con la UPOEG, para hacer presión en el Congreso por atención a sus demandas.
Aclaró que son movimientos independientes con peticiones comunes, salvo en el tema de seguridad ciudadana, por lo que su gestión continuará por separado. De la reunión, sólo declaró que esperan la mediación de la diputada Añorve para tener comunicación directa con los secretarios y delegados de Gobierno en la gestión de servicios y beneficios de programas sociales.
Entregaron peticiones de sue-ro antialacrán y medicamentos para comunidades de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistla- huaca y ambulancias para Igualapa y Llano Largo. Confió en que la diputada Beatriz Alarcón los llame para dar seguimiento a sus planteamientos.
El “error” de la protesta

La marcha de hombres y mujeres campesinos comenzó después de la 1 de la tarde, en el crucero de la Autopista del Sol con la carretera federal Mexico-Acapulco, al sur de la ciudad, avanzó por la calle lateral del bulevar Vicente Guerrero y la avenida Lázaro Cárdenas. En el Congreso ya se había colocado una carpa para recibir a los manifestantes.
Llegaron a las 2 de la tarde, un retraso de dos horas para la cita con diputados, debido a la demora de los grupos de Costa Chica, el contingente más amplio.
Ya no había diputados, y el oficial mayor, en acuerdo con el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, salió a la explanada a recibir el documento dirigido al Congreso sobre la regulación de los grupos ciudadanos de seguridad.
Plácido explicó que los diputados ya no los atenderían porque llegaron tarde, y era necesario reconocer que cometieron un error.
El argumento no convenció a los promotores de la UPOEG ni al Consejo de Comisarios, que tomaron el micrófono para recriminar la desatención de los diputados: “Ese error de nosotros para ellos es terrible, y cuando ellos incumplen ¡no pasa nada!”, “los diputados piden a los pueblos que reconozcan su error, que llegamos tarde, cuando ellos estuvieron en los pueblos pidiendo el voto no les importaba si era mañana, tarde o noche”, “hemos venido de manera pacífica, no hemos alterado ninguna regla, cerramos nada. La tardanza se debe porque no venimos de aquí a la vuelta”, insistieron en quedarse en el lugar hasta ser atendidos por los legisladores.
Mientras esperaban respuesta, se anunció que llegaron representantes de colonias de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, donde el día anterior hubo otro altercado entre grupos de seguridad ciudadana de la UPOEG y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Plácido Valerio se apartó con ellos, antes de la reunión en la sala José Francisco Ruiz Massieu.

Por primera vez se reúnen el Cecop, la CRAC y Bruno Plácido para llegar a acuerdos

 

Ayer se llevó a cabo, por primera vez, un encuentro entre los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
El pasado 8 de marzo, integrantes de la Policía Ciudadana, con armas exclusivas del Ejército, irrumpieron en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Ayer los representantes de ambas organizaciones se reunieron en el Seminario de la Arquidiócesis de Acapulco, en el fraccionamiento Costa Azul, fungiendo la Iglesia y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan como mediadores.
La reunión fue privada en el auditorio del seminario.
A su salida, Plácido Valerio no quiso dar declaraciones argumentando que tenía otro asunto que atender y que iba a destiempo, mientras que el director de Tlachinollan, Abel Barrera, informó que la reunión era para “preparar un camino para el acuerdo” entre las organizaciones.
Indicó que en la reunión, a la que acudieron unos 10 representantes del Cecop y de la CRAC, le manifestaron al dirigente Plácido Valerio que se sienten invadidos por la UPOEG y reiteraron la petición de que la Policía Ciudadana se repliegue de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, lo que que deberá ser expuesto por el dirigente a las comunidades donde opera.
El defensor de derechos humanos dijo que Plácido Valerio planteó que se trabaja en las comunidades porque la gente lo solicitó, y porque no hay un territorio donde haya veto para que otras organizaciones entren y sean partícipes de la seguridad.
Las autoridades de la CRAC reiteraron que los problemas de secuestros, robos y cobro de extorsiones no ocurren dentro del territorio de los Bienes Comunales, sino en poblados colindantes.
Abel Barrera dijo que se realizará otra reunión la semana próxima, aunque no precisó el día, “porque hay la necesidad de seguir dialogando para clarificar los punto de conflicto y se puede dar la coordinación y apoyo mutuo”.
Agregó que además se hace un mapeo de actores interesados en crear un conflicto en los Bienes Comunales, entre estos los empresarios gravilleros, autoridades federales, y autoridades que han sido manipuladas para que estén a favor de la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
“La UPOEG debe ser muy clara de que no puede ser un actor que le haga el juego a quienes son una amenaza para el territorio comunitario y sobre todo a los Bienes Comunales de Cacahuatepec. La UPOEG tiene que deslindarse públicamente de ser un instrumento que sirva a quienes han atentado contra el territorio comunitario para dividir, imponer y cambiar la correlación de fuerzas”, demandó.
Abel Barrera recordó que la Iglesia está facilitando el diálogo entre las partes para poder llegar a acuerdos. “Para que se pueda trazar una ruta que lleve a acuerdos básicos de respeto, de coordinación en el tema de seguridad y de delimitación del territorio para que no haya confrontaciones y, sobre todo, alguna situación de violencia”.

El gobernador no puede ser sólo un espectador de cómo se pierden vidas, señala Salvador Alanís

 

El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo respondió al gobernador Héctor Astudillo Flores que debe de asumir su responsabilidad, que como mandatario él no es un espectador que puede sólo sentarse a ver cómo se pierden vidas.
Consultado por teléfono, Alanís Trujillo quien tuvo que salir de Guerrero tras ser amenazado por el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez de que sería detenido, expuso, “yo creo que más que quedar en medio de pleitos, el gobernador debe asumir su responsabilidad, como gobernador principalmente, él es responsable de mantener a un estado en orden, como él lo dice”.
Este viernes El Sur publicó que el corredor de Xaltianguis, municipio de Acapulco a Petaquillas, municipio de Chilpancingo, se utiliza para el trasiego de droga de la sierra por los grupos criminales Los Ardillos y Cártel del Sur, de los que el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio forma parte, y tienen acuerdos con el gobernador, según la denuncia del coordinador del FUSDEG.
“El gobernador lo que tiene que tener es mucho cuidado de no quedar en medio de estos pleitos que se dan entre grupos que están armados y que están fuera de la ley. El gobernador siempre lo que le corresponda para hacer que la mayoría pueda estar en condiciones de estar libre y evitar los menos conflictos posibles, el gobernador siempre lo que ha hecho es tratar de evitar conflictos y por supuesto cuidar no quedar en medio de estos pleitos que se han convertido casi en personales entre grupos armados que están fuera de la ley”, dijo el viernes Astudillo en respuesta.
Ayer, Salvador Alanís advirtió, “la delincuencia sigue avanzando y sigue sometiendo a pueblos, yo creo que debe de fajarse los pantalones y cumplir los acuerdos” que hizo con el FUSDEG, de desarmar a la UPOEG.
Reprochó que lo haya engañado, que si no quería intervenir en el conflicto debió evitar meterse desde el principio, “y ya veíamos nosotros como arreglar el conflicto, es cierto que la UPOEG desde San Juan del Reparo abrió la puerta a una situación de violencia”.
“Este no es un conflicto personal como él lo suaviza, más bien un conflicto entre la delincuencia y un grupo de la policía comunitaria que nació del pueblo”, precisó.
“Hay muchas familias que viven exiliadas, que están fuera de sus pueblos, y ahora sí, él no quiere quedar en medio, esto demuestra sólo la falta de ética del gobernador”, señaló.

Le ofrecieron 5 millones de pesos a cambio de irrumpir en Corral de Piedra, asegura

El coordinador del FUSDEG informó que el interés de los narcotraficantes era tan alto que el líder del grupo criminal Los Rojos, Ángel Villalobos Arellano, El señor de la A, le ofreció 5 millones de pesos a cambio de que la Policía Comunitaria del FUSDEG entrara a la comunidad Corral de Piedra.
“El FUSDEG no se creó para eso, y ese fue un problema que a la larga nos afectó por que quedamos como un movimiento pobre, porque no teníamos el recurso económico para poder comprar armamento más pesado como el que trae la UPOEG sierra”, expuso.
Mencionó que esta organización encabezada por Bruno Plácido llegó a El Ocotito con 400 hombres armados con cuernos de chivo y granadas.
“Entonces el interés económico es muy grande y no solo le interesa al estado, sino a la federación y por eso le echa la bolita al estado y la cosa es que no va a terminar esto, porque el interés económico es más grande que la verdadera responsabilidad de los gobernantes de querer solucionar esto”, consideró.
Agregó que los grupos delictivos apadrinan campañas políticas, y a cambio a los grupos del crimen organizado los dejan mover sus mercancías en el territorio.

Son “grilla” las acusaciones del FUSDEG, dice Bruno Plácido y no responde a los señalamientos

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio llamó a que las autoridades lo investiguen ante las acusaciones que hizo en su contra el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo con respecto a su presunta alianza con el Cártel del Sur y Los Ardillos para controlar el corredor de Petaquillas a Xaltianguis.
Consultado vía telefónica, el dirigente de la UPOEG dijo que las acusaciones del coordinador del FUSDEG son “grilla”, y no quiso responder a los señalamientos en su contra, pues dijo que él está trabajando por la seguridad y el desarrollo de los pueblos donde tiene presencia la UPOEG, y que contestar a los señalamientos que le hacen es “perder el tiempo”.
En la última entrega que se publicó ayer en éstas páginas sobre la toma del control del grupo criminal de Los Ardillos en Petaquillas, que es la puerta a la capital del estado, y la división del FUSDEG y la UPOEG que trajo como consecuencia el desplazamiento del Frente del corredor Petaquillas-Xaltianguis, con excepción de Tierra Colorada, Salvador Alanís acusó al dirigente de la UPOEG de tener vínculos con el grupo criminal del Cártel del Sur y Los Ardillos.
Alanís Trujillo dijo en la entrevista para El Sur que la Policía Ciudadana de la UPOEG fue un engaño y que ya traía acuerdos con gente de cárteles “que iban a meter un cártel para sacar a otro” en ese corredor; además de que recibió de Juan Jaleaco Guevara, el líder del Cártel del Sur, 4 millones de pesos para que llevara 300 gentes, “entonces Bruno ahí es donde entra a la sierra y le hace el paro a Juan Jaleaco para sacar (de la Sierra) a los de la A (Ángel Arellano Villalobos); entonces, desde 2014 ellos pactaron ese acuerdo, y sí, empiezan a avanzar y a sacar a todos los que ya habían entrado del lado contrario”, aseguró Alanís Trujillo.
“No tengo nada que contestar contra alguien que sólo se basa en sospechas y no es la primera vez que dice cosas, por eso yo no tengo nada que decir de este tipo”, dijo al respecto Plácido Valerio.
Declaró que él trae un objetivo concreto, organizar a la población para la seguridad “y lo que se diga, que si soy narco, que si estoy vinculado, que lo compruebe ante la PGR (Procuraduría General de la República), ante quien él quiera, porque ya no podemos caer en una declaración de medios”, respondió enfadado.
Y se quejó: “ustedes también tienen que ser un instrumento para difundir cosas más positivas en las condiciones como está Guerrero, porque unos estamos viendo la forma de cómo resolver los problemas de tanto muerto que hay, y los medios hablando de estas cosas”.
–Pero en los hechos, ustedes, la UPOEG, tienen el control en el corredor Ocotito Xaltianguis, –insistió el reportero.
–No, no es control, allí estamos buscando alternativas a los conflictos. Pero yo no puedo contestarle a él, porque voy a perder mucho tiempo cuando los problemas están y rebasan todos los límites, y hay que ponerles atención. Entre todos tenemos que ver cómo hacerle.
Después, dijo que, “caer en la contestación nomás por contestar, es amarrar navajas sin fundamento”.
–No se trata de amarrar navajas, te buscamos porque es una acusación grave en tu contra.
–Sí, pero no puedo dar una contestación a este tipo, pues.
–¿Entonces, todo que quede así?
–No, sí, que él diga lo que quiera y que las autoridades nos investiguen, que hagan lo que tengan que hacer. Ya estamos cansados de tanta grilla y de esas cosas. No hay tiempo para la grilla, hay que ser más propositivos.

Queda un mes de vigencia a la Ley 701 que reconoce a la CRAC; pide que se ratifique

A un mes de que la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena quede sin efectos y pierda vigencia, las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) manifestaron su preocupación porque a partir del 16 de marzo quedarán indefensos, y ante la persecución del gobierno.
En la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, los coordinadores Joaquín Rentería Guevara, León Ponce, y el vocero Sabás Aburto Espinobarros llamaron al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y a los diputados locales, a mantener la ley que reconoce los derechos y la cultura indígena, así como sus formas de seguridad en la Constitución.
Los integrantes de la CRAC señalaron que pese a que la ley será derogada y quedará “muerta”, la organización seguirá trabajando, como antes del 2011 cuando fue promulgada. Sin embargo son conscientes de que no tendrán ningún respaldo legal frente a las instituciones de justicia establecidas, es decir, el Estado los desconoce como autoridad y sus aprehensiones y reeducaciones serían un delito.
El coordinador Aburto Espinobarros dijo, “nosotros seguiremos operando, pero sin esa ley no se hubiera liberado a Nestora Salgado” y advirtió que si se deroga va a haber más problemas con los integrantes de la CRAC, “porque se van a facilitar órdenes de aprehensión en su contra, porque no va a haber una ley que los proteja”. Además se que podría aumentar la confrontación y la persecución del gobierno.
Mencionó que bajo la Ley 701 se exige la liberación de sus compañeros presos políticos,  Gonzalo Molina González, Arturo Campos y Samuel Ramírez, “en eso insistimos”.
Los coordinadores reclamaron que desde noviembre pasado acordaron con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, una reunión con el gobernador antes del periodo vacacional de diciembre, y hasta ayer no se había concretado, ahí solicitarían mantener la Ley 701 sin cambios.
Además plantearían un presupuesto para equipar a todas las casas de justicia, porque hay muchas carencias en los policías comunitarios que cumplen una función de seguridad en las comunidades.
El 1 de febrero luego de una protesta en el Congreso local una comisión de la CRAC entregó a los diputados locales 164 actas para que la Ley 701 quede como está.

Se reúne la UPOEG en Las Peñas, Copala; se coordinará con el gobierno “sin ser paleros”

El coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio informó que habrá una reunión regional en la zona Centro para hablar de la irrupción de sicarios en Chacotla, Mochitlán, donde cinco vecinos fueron ejecutados y testigos señalan a policías ciudadanos de la agresión.
Dijo que el miércoles se reunirán con el presidente municipal de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena, para hablar de asuntos de coordinación.
En la reunión privada en la comunidad de Las Peñas del municipio de Copala no se permitió la presencia del reportero, “por cuestiones de evitar filtrar información estratégica de las acciones de seguridad”, manifestó Plácido Valerio tras una breve consulta a los más de 200 asistentes en el astillero.
Consultado después vía telefónica indicó que la reunión se enfocó en la estructura de la UPOEG. Además de recordarle a los integrantes de la organización de los márgenes de acción de cada comisario, “para que se conduzcan con la asamblea comunitaria, o sea que ningún comisario pueda tomar decisiones si no convoca a asamblea”.
En la reunión de 5 horas se acordó el funcionamiento de un Consejo de la UPOEG y la coordinación con las autoridades, “sin que caigamos en ser paleros o chalanes del gobierno. Mantenernos en el diálogo con todos los sectores y buscar nuevos mecanismos en todos los municipios que están en este proyecto”.
Al encuentro que se trasladó minutos después a la cancha techada del municipio asistieron representantes de la UPOEG de Tierra Colorada, Copala, Marquelia, Cruz Grande, San Marcos, Ayutla, Tecoanapa y una comisión de la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de Barra Vieja, del municipio de Acapulco.
De la supuesta participación de la Policía Ciudadana de la UPOEG en Chacotla, reiteró que no fueron y que en la reunión de ayer se abordó ese tema, pero se profundizará en una reunión regional “el asunto de la seguridad, se planteó la renovación de estrategias de seguridad y acordamos que nos vamos a ir reuniendo para revisar todos los detalles de lo que está pasando en Xaltianguis, lo que está pasando en el valle de Chilpancingo, entre ellos incluido el asunto de Chacotla que nada tiene que ver con nosotros”.
Anunció que el miércoles se reunirán con el presidente municipal de Chilpancingo “y ahí vamos a tratar el tema de Chacotla”.
Afirmó que la Policía Ciudadana no ha entrado a la comunidad de Chacotla en el municipio de Mochitlán, pero sí tienen presencia en municipios cercanos a Mochitlán.
De la Policía Ciudadana de Lomas de Chapultepec, Acapulco, están por entrar en una tercera etapa que calificó como de “reordenamiento” en la zona”, adelantó que están en la búsqueda de mecanismos para evitar una confrontación con la delincuencia.

Algunos policías de la UPOEG tienen nexos con la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio reconoció que dentro de la Policía Ciudadana están ocurriendo cosas “muy delicadas”, como la vinculación de algunos policías con “la maña (la delincuencia organizada)” y otros que se “periquean (drogan)”.
Dijo que en otros casos, hay quienes “se hacen de la vista gorda” y permiten que entren a territorio de la UPOEG carros que son robados en Chilpancingo. Asimismo, admitió que en lugares controlados por la Policía Ciudadana siguen ocurriendo asesinatos, secuestros y extorsiones.
“Todo eso lo sabemos, estoy chaparrito pero lo alcanzo a ver”, dijo en una reunión en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo.
La reunión en esta localidad fue para elegir al comandante municipal de la Policía Ciudadana. Los resultados de la elección favorecieron a Moisés Reynoso y Mario Zamora, como primero y segundo comandante de la Policía Ciudadana para el municipio de Chilpancingo.
Antes de la elección, el dirigente hizo unos reclamos que sonaron a regaño ante más de 200 ciudadanos y policías armados que se reunieron en la cancha techada de la Comisaría Municipal y que venían de las comunidades del municipio de Chilpancingo incorporadas al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), a quienes Plácido Valerio pidió “poner orden” en la Policía Ciudadana.
Al encuentro asistieron comisarios y policías de las comunidades de Mohoneras, Dos Caminos, Acahuizotla, Cajeles, Valle del Ocotito, El Fresno, Mazatlán, Palo Blanco y de Buena Vista de la Salud.
Durante la reunión, el consejo municipal de la UPOEG hizo un balance de sus gestiones a tres años de su ingreso a las comunidades del Valle del Ocotito.
Antes, Plácido Valerio insistió que se deje de ver a la UPOEG como un asunto solamente policiaco, porque agregó que la organización surgió con miras que van más allá de ser una agrupación policiaca.
Explicó que sus objetivos además son el reordenamiento de los pueblos y las comunidades, la lucha contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), gestionar obras y promover el desarrollo de los pueblos.
Se quejó que a la UPOEG se le ha visto solamente como un asunto policiaco y dijo que esa ha sido también la confusión de los políticos, “esos que nos han hecho víctimas”.
Explicó que por eso la organización está promoviendo la integración de los consejos de autoridades comunitarias para que les ayuden a los comisarios a organizar y a gestionar el desarrollo de los pueblos, y reclamó la participación de la gente porque “todos nos quejamos del gobierno sin asumir la responsabilidad que nos corresponde”.
También pidió a los asistentes estar cerca de los policías ciudadanos, “porque luego no sabemos cómo vive (el policía ciudadano), no sabemos si come o no y sólo lo vemos cuando roba o abusa, cuando es la oveja negra, cuando nosotros tampoco asumimos nuestro papel como ciudadanos”, reprochó y pidió a los asistentes que se involucren más en la solución de sus propios problemas.
Antes de la elección de los comandantes, el consejo municipal presentó un balance de las actividades. En este espacio hubo quejas en contra del presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena, a quien denunciaron que no ha querido colaborar con la Policía Ciudadana, pues en poco más de un año que lleva sólo los ha apoyado con 600 litros de gasolina en dos ocasiones y con mil 200 en otra ocasión.
Los representantes del organismo se quejaron que en lo que va de enero el presidente Leyva Mena no ha querido recibirlos y les ha mandado decir que por el incremento al precio de la gasolina ya no les autorizará más.
El consejo ciudadano denunció que del total de las obras gestionadas para las comunidades donde tiene presencia la UPOEG, Leyva Mena ha dado respuesta, si acaso, a un 30 por ciento.
Las críticas al alcalde ocurrieron a cuatro días de que éste se quejó que la violencia en la capital “no es un asunto fácil de resolver” porque la ciudad está sitiada por organizaciones criminales y por comunitarios, en referencia a la Policía Ciudadana de la UPOEG que está en las comunidades del Valle del Ocotito.
En una segunda intervención, Plácido Valerio expresó la necesidad de cambiar y poner orden al interior de la Policía Ciudadana y dijo que la inseguridad es un problema serio en la entidad y es consecuencia de la pobreza y la corrupción.
Aceptó que tiene datos de que algunos policías ciudadanos están vinculados con la “maña”, de que hay carros robados en Chilpancingo que los meten en la zona (de influencia de la Policía Ciudadana).
“No nos engañemos, para qué nos hacemos tontos, toleramos algunas cosas, eso es cierto” expresó.
Dijo que también es cierto que hay algunos que se periquean, “a mí no me hacen tonto, estoy chaparrito, pero alcanzo a ver todo, me doy cuenta. Hay cosas muy delicadas que están pasando en el Valle del Ocotito”, admitió.
Expresó que es necesario poner orden porque el asunto de la seguridad es cosa seria, es consecuencia de la pobreza y la corrupción, y necesitamos ponerle orden a la policía y los invitó a combatir en su zona de influencia el robo de carros, las extorsiones y el secuestro.
Enseguida fueron electos los comandantes mediante voto libre de todos los asistentes, ciudadanos y policías. Los aspirantes solamente fueron Moisés Reynoso y Mario Zamora y fueron escogidos de entre más de 20 comandantes de las comunidades del municipio de Chilpancingo donde opera la Policía Ciudadana, la elección fue sólo para definir quién quedaría como primer comandante.
Después de la asamblea, el dirigente de la se reunió a puerta cerrada con los comandantes. Trascendió que allí se ventilaron las irregularidades que expuso Placido Valerio en el encuentro público.