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Reportan la desaparición de una niña de 5 años de edad

Una niña de 5 de años fue reportada como desaparecida en Acapulco y se activó la Alerta Violeta para su pronta localización.
En un documento por el gobierno del estado, informa que la niña de llama Ángeles Yalitza Calvario Téllez y fue vista por última vez el 6 de este mes.
Vestía un short azul, playera amarilla y sandalias, y no se sabe de su paradero desde hace nueve días.
Como características físicas es de complexión delgada, tez morena y estatura pequeña y cabello corto, lacio y negro.
Familiares piden la colaboración de las autoridades para buscarla de manera exhaustiva para dar con el paradero de la niña. (Redacción).

 

Trasladan al Instituto Nacional de Pediatría a la niña acapulqueña con tumor cerebral

Karina Contreras

La Secretaría de Salud del estado informó que la menor de 9 años que padece un tumor cerebral fue trasladada al Instituto Nacional de Pediatría (INP), un hospital de tercer nivel, en la Ciudad de México.
Como se informó en la edición de este martes de El Sur, la señora Alina Delgado Reyes, madre de la menor de 9 años de nombre Sofía, solicitó con urgencia a la Secretaría de Salud federal el traslado de la menor a un hospital de tercer nivel para su atención.
En un boletín de prensa se informó que el traslado de la menor, originaria de Acapulco, al INP fue vía terrestre y que fue coordinado por el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Se informa que la paciente tiene “probable ependimoma pontobular central y lateral izquierdo” por lo que recibirá tratamiento médico especializado en ese nosocomio de tercer nivel que cuenta con el equipo médico que el padecimiento de la menor requiere para su recuperación.
La menor se encontraba internada en el área de urgencias en el hospital Donato G. Alarcón de Ciudad Renacimiento, donde el lunes su madre, la señora Alina Delgado Reyes, pidió por medio de una conferencia de prensa, la intervención de la Secretaría de Salud federal para llevar a su hija a un hospital de tercer nivel donde haya un neurólogo y un neurocirujano.
En esa conferencia indicó que no cuenta con seguridad social y recordó que su hija hace una semana comenzó a presentar fuertes dolores de cabeza, y después parálisis en la mitad del cuerpo, por lo que la trasladó al hospital de la colonia Ciudad Renacimiento, donde le dijeron que sería enviada al nosocomio de El Quemado para que le hicieran una tomografía, pero finalmente la hizo en un laboratorio particular donde pagó 2 mil pesos para que los doctores le dijeran qué tenía y es donde le dijeron que le detectaron un tumor cerebral.
La niña fue trasladada la noche del martes a la Ciudad de México al hospital de tercer nivel para su atención y fue acompañada por su madre en la ambulancia.

Dan de alta en el hospital de El Quemado a la niña arrastrada por Otis infectada de tétanos

Andrea García Hernández, la niña de 12 años infectada de tétanos después de que fue arrastrada por el huracán Otis en su casa en la colonia La Mira, fue dada de alta del hospital El Quemado este martes después de 57 días de hospitalización.
El Sur publicó su historia el 5 de enero, día en el que dejaría el área intensiva, contó su mamá Hernández López, quien destacó durante su relato que los gastos por la medicina especializada ascendían a 70 mil pesos aproximadamente.
Sin trabajo y una casa propia, la joven madre de 27 años dejó de comer por varios días para costear el periodo de hospitalización de su hija Andrea, cuyo diagnóstico inicial es que tenía 80 por ciento de probabilidad de morir.
Andrea estaba en su casa en la calle 18 de Julio, cerca del Fortín de la histórica colonia La Mira en la madrugada del 25 de octubre, junto con su mamá y su hermano Santiago, de 10 años. Los niños fueron arrastrados por los fuertes vientos del huracán y cayeron afuera de su casa; pasaron algunas horas y regresaron a su vivienda.
Días después del paso del meteoro que destrozó Acapulco, Andrea se hizo una herida en un dedo de un pie con una lámina, de las tantas que volaron, pero fue curada inmediatamente por su mamá Yesenia.
El 21 de noviembre, la niña de 12 años tuvo dolores que se intensificaron, por lo que fue internada en el hospital El Quemado, donde permaneció hasta este martes, informó en un mensaje de WhatsApp su mamá Yesenia. (Ramón Gracida Gómez).

 

Asesinan a dos hombres a balazos y fallece la niña herida por accidente en ataque a policías

Policías municipales y agentes de la Guardia Nacional resguardan el lugar donde fue asesinado ayer un motociclista en la avenida Farallón Foto: El?Sur

Redacción

Dos hombres fueron asesinados a balazos y la niña de 9 años herida de bala como daño colateral tras el ataque a los custodios del Penal de Las Cruces, murió en el hospital.
Ayer en la mañana, un hombre fue asesinado a balazos en la avenida Farallón, frente a la agencia automotriz Ford.
El crimen fue reportado minutos antes de las 8 de la mañana frente a la agencia automotriz, cerca de la colonia Garita, informaron policías municipales.
El reporte policiaco indica que hombres armados persiguieron a su víctima, que iba en su motocicleta y al darle alcance le dispararon adentro del establecimiento vacío.
El cadáver estuvo adentro de la ex agencia automotriz, junto con la motocicleta propiedad de la víctima.
El hecho generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno, encabezados por la Guardia Nacional.
Después de las diligencias, el cadáver en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Semefo.
En otro caso, un hombre fue asesinado a balazos adentro de su casa en la colonia Ex Campo de Tiro, ubicada en la zona poniente.
El hecho violento fue reportado en los primeros minutos de este martes en la calle Pez Vela, indica el informe ministerial.
Testigos dijeron a la policía que hombres armados irrumpieron en la casa de la víctima y sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco, encontraron seis casquillos percutidos de pistola calibre .09 milímetros.
El Ministerio Público sector Jardín abrió una carpeta de investigación por el crimen.
Por otro lado, la niña de 9 de años baleada tras el ataque a dos policías del estado y una agente donde ellos murieron en el acto y ella quedó herida, falleció en el hospital.
La niña de 9 años se llamó Génesis y murió en el hospital Donato G. Alarcón, ubicado en la colonia Ciudad Renacimiento, de acuerdo con la Policía Ministerial.
La niña murió luego de las heridas de bala que recibió tras el ataque a policías del estado.
El lunes pasado, dos policías del estado habilitados como custodios del penal de Las Cruces fueron acribillados a balazos y una mujer de la misma corporación policiaca resultó lesionada tras un ataque adentro de un automóvil, en el bulevar Vicente Guerrero, cerca de la tienda Aurrerá.

Asesinan a cuatro hombres, dos de ellos custodios del penal de Las Cruces

Patrullas resguardan la escena donde quedó el automóvil en el que viajaban los custodios del penal de Las Cruces que fueron atacados a balazos en el bulevar Vicente Guerrero Foto: Jacob Morales

Redacción

Cuatro hombres fueron asesinados, dos de ellos policías adscritos como custodios del penal de Las Cruces, adentro de un automóvil y resultaron heridas una agente y una niña de 9 años como daño colateral, ayer en diferentes hechos de violencia en Acapulco.
Dos policías del estado fueron acribillados a balazos y dos mujeres heridas, una agente y la otra una niña de 9 años como daño colateral, en el bulevar Vicente Guerrero.
El hecho violento fue reportado a las 11 de la mañana, frente a un sitio de taxis de ruta alimentadora en la colonia Las Cruces, cerca de la tienda Aurrerá, informaron policías estatales.
El reporte indica que hombres armados atacaron a balazos un automóvil negro Volkswagen-Jetta cuando estaba estacionado frente a un sitio de taxis de ruta alimentadora que va de Las Cruces a la colonia Las Parotas, ubicada atrás del penal de Las Cruces.
El ataque dejó dos hombres muertos al instante e hirieron a una agente que estaba con ellos, así como a una niña de 9 años que iba pasando por el lugar al momento del ataque.
Se supo que los agentes estatales salieron de descanso del cuartel de esa corporación policiaca, ubicado a un costado del penal de Las Cruces.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco, encontraron 25 casquillos percutidos de pistola calibre .09 milímetros.
El hecho causó un fuerte despliegue policiaco, encabezado por efectivos de la Guardia Nacional.
En un boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que que los hombres asesinados a balazos y la mujer herida eran policías de esa corporación.
Explicó que los dos policías del estado estaban asignados como custodios del penal de Las Cruces.
Se indicó que la Policía del Estado en coordinación con efectivos de la Secretaría de Defensa Nacional y Guardia Nacional reforzaron sus patrullajes en distintas zonas del municipio.

Los otros dos casos

En otro caso, un joven fue encontrado asesinado a balazos en la batea de una camioneta propiedad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), en la avenida Constituyentes.
El hallazgo fue reportado a las 4:30 de la tarde, en las inmediaciones de la colonia Santa Cruz, informaron policías ministeriales.
Mediante una llamada de emergencia, agentes fueron alertados de una camioneta blanca rotulada de CAPAMA abandonada.
Los agentes durante la revisión encontraron en la batea el cadáver de un joven asesesinado a balazos.
El reporte policiaco indica que hombres armados robaron la camioneta de la paramunicipal y después la abandonaron con el cuerpo del joven.
Por otro lado, un hombre fue localizado asesinado con torniquete en el cuello en la colonia Postal, en las inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata.
El crimen fue reportado a las 7 de la noche en la calle segunda, a metros del bulevar Vicente Guerrero, de acuerdo con la Policía del Estado.
Testigos dijeron a la policía que hombres armados arrojaron el cuerpo desde un automóvil en movimiento.
Peritos informaron que la causa de muerte del hombre fue el torniquete en el cuello, elaborado de cuerda y pedazo de madera.
Después de las diligencias, el cadáver en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Semefo.

 

Activa la FGE la alerta Amber tras la desaparición de una niña de 14 años en la capital

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber ante la desaparición, el lunes en Chilpancingo, de la niña Karla Guadalupe Archila Valentín de 14 años.
La Fiscalía publicó en su cuenta de Facebook el documento con el reporte número AAGRO-058-2018, por la desaparición de la niña Archila Valentín de 14 años.
La niña tiene cabello negro, tez morena, ojos grandes, boca mediana, complexión delgado, nariz afilada, cejas pobladas, viste suéter guinda con el logo del instituto patria, falda gris y tenis blancos.
La dependencia señaló que se desconoce su paradero y se teme que pueda ser víctima de algún delito; pidió a la población que, en caso de tener información para dar con el paradero de la niña, llame al número de emergencia 911.

Demandan a tres magistrados que desecharon la declaración de una niña víctima de abuso

La integrante de la asociación civil Renacer, Yolanda Domínguez presentó una demanda penal por el delito de prevaricato contra tres magistrados que, a cargo de la segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), desestimaron la declaración de una niña de dos años y ocho meses de edad que señaló abuso sexual, y exoneraron al agresor, pero sus argumentos fueron desechados en un tribunal colegiado en febrero de este año.
Acusaron a los magistrados Vicente Rodríguez Martínez, Miguel Barreto Cedeño y Alfonso Vélez Cabrera, entonces titulares la Sala penal, de dictar una resolución arbitraria para favorecer a una de las partes, a sabiendas que la resolución era injusta.
El abogado, Pedro Ramírez Millán, indicó que los elementos de prueba contra los magistrados son sus propias valoraciones de la resolución de la Sala, donde se acredita la forma en que los magistrados favorecieron al inculpado, así como la sentencia del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, que desechó uno a uno sus argumentos.
Subrayó que los tintes de la resolución de la Sala penal son inmorales, de favorecimiento y de negociación, que son más difíciles de probar en un juicio penal.
El principal argumento de los denunciantes es que los magistrados desestimaron la declaración de la niña, argumentando que la denuncia se dio en medio de un conflicto de guardia y custodia, y que la menor habría sido manipulada por sus familiares, indicó Yolanda Domínguez.
Sin embargo, aclaró que la resolución de la Sala evidencia una falta de conocimiento e incapacidad de ser juzgadores, ya que pasaron por alto la jurisprudencia del Poder Judicial que señala que los delitos sexuales son de realización oculta, por lo tanto, la declaración de la víctima prevalece por encima de cualquier prueba, aun cuando su declaración tenga inconsistencias, porque debe atenderse a la naturaleza del hecho traumático.
Ramírez Millán precisó que, cuando los familiares de la niña se dieron cuenta del abuso sexual y presentaron la denuncia contra el agresor, el novio de la mamá, ya había acuerdos sobre la guardia y custodia de la pequeña, por lo tanto no había otros conflictos de interés.
Ahora toca a la Fiscalía General del Estado (FGE) integrar la carpeta de investigación y llevar a cabo las diligencias para acreditar el cuerpo de delito y, de confirmar una responsabilidad, solicitar al Congreso local el desafuero de los magistrados para someterlos a un juicio.
No obstante, reconoció que la mayor parte de la impunidad la generan precisamente los procuradores y administradores de la justicia, que “se vende como en un mercado, es la realidad que observamos durante años, como abogados, podemos advertir en una resolución, cuando hay equivocación de criterio, y las que llevan tendencias de favorecimiento. El mal está dentro”.
También lamentó que los magistrados tienen asegurada su estancia en el Poder Judicial, hasta que se jubilen o fallezcan, mediante la ratificación, y sólo se les puede separar del cargo hasta en tanto no haya una causa de responsabilidad.
El abogado, José Ramírez Villalba advirtió que la protección hacia los magistrados viene de los propios gobiernos que “no quieren más escándalos sociales, con tanto problema ya no pueden”; sin embargo, aseguró que van a insistir en que se analice esta denuncia porque los familiares de la víctima están muy interesados en dejar un precedente para otros casos.
Aclaró que en éste, es evidencia la tendencia a favor del inculpado, aclaró que es muy aventurado decir que hubo dinero de por medio, aunque no lo descarta.
Yolanda Ramírez insistió en que 80 por ciento de las denuncias de niños violentados quedan en la impunidad, debido a la corrupción en los sistemas de procuración y administración de justicia, “nosotros le damos seguimiento a este caso en contra los magistrados para demostrar cómo se tuerce la ley en Guerrero”, agregó.
Concluyó que, “el caso que nos llevó a esto no es de una disputa de guardia y custodia, no se trató de disputa familiar, tampoco es político, es un caso de un derecho humano de una niña que tiene que ser ejemplo para muchas familias de no quedarse calladas, hay que cuidar y defender a los niños en contra de quien sea”.

 

Tres magistrados y una jueza no hicieron justicia a una niña víctima de abuso sexual, denuncian

Una juez y tres magistrados del Poder Judicial del Estado, encabezados por Vicente Rodríguez Martínez, desecharon el testimonio de una niña de 2 años y 8 meses que detalló el abuso sexual del que era víctima por la pareja de su madre; así los servidores públicos absolvieron al acusado.
Pero la justicia federal dio un revés a la decisión de los magistrados del estado, y les ordenó dar valor a la declaración de la niña y que se pronuncien por la responsabilidad penal del acusado, que finalmente fue condenado a cinco años de prisión con algunos beneficios.
El abogado de la víctima, Pedro Ramírez Millán, anunció que demandará penalmente junto con la familia de la niña ante la Fiscalía General del Estado, a los tres magistrados de la Primera Sala Penal por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de justicia.
Más aun porque se trata de un tema muy sensible, porque es una niña de menos de 3 años a la que le negaron la justicia, y porque los casos de abuso sexual pueden concluir con un feminicidio.
Como integrante de la organización Renacer, que trabaja en defensa, orientación y apoyo para las niñas y los niños víctimas de abuso sexual, Yolanda Domínguez Flores denunció en entrevista que en el estado, el 80 por ciento de los casos de abuso sexual que se comenten contra niños y niñas quedan en la impunidad.
Narró que el abuso sexual de la niña ocurrió hace cinco años, la víctima que tenía 2 años 8 meses contó a su padre y abuela detalles de cómo la pareja de su madre Saúl Andoni Quintana Campos abusaba sexualmente de ella. Lo acusó a de frotar su pene en sus genitales hasta lastimarla.
En su declaración ante un Ministerio Público que consta en expedientes certificados, la niña con las limitaciones de leguaje por su edad, narró que Quintana Campos le tocaba y besaba la vagina, y la obligaba hacer lo mismo con su pene.
La familia paterna de la niña informó a la madre, pero no le creyó incluso le dijo a la niña que “si la lastimó fue por accidente”.
La madre de la víctima desestimó la acusación de la niña; sin embargo el padre y abuela denunciaron ante la entonces Procuraduría General del Estado (PGE), y el caso pasó al Juzgado Tercero Penal.
La juez a cargo era Rosalinda Sáenz Rodríguez, y pasaron tres años (de 2013 a agosto de 2016) para que emitiera una sentencia y ésta fue absolutoria para el violador.
De inmediato la defensa de la víctima apeló la resolución y el caso pasó a la Primera Sala Penal del Poder Judicial del Estado.
Yolanda Domínguez comentó que buscaron al diputado local perredista Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, que es presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte y secretario de la de Derechos Humanos del Congreso local, quien afirmó que buscaría a “su amigo” el magistrado Vicente Rodríguez Martínez quien presidía la sala para que revisara el caso.
La diputada priista Beatriz Alarcón Adame, que es la presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso local, les dijo que acompañarían el caso, pero ambos legisladores “cerraron las puertas y ya no nos recibieron ni la llamada”.
La defensa de la víctima también visitó al magistrado Vicente Rodríguez Martínez, quien minimizó la denuncia penal por el delito de abuso sexual contra la niña, a simplemente un tema por la guarda y custodia.
En ese encuentro, Yolanda Domínguez y los abogados le pidieron al magistrado “únicamente que revisaran el caso y tomaran en cuenta la declaración de la niña, porque existían dos dictámenes por peritos en psicología, uno de la Procuraduría y otro de la Secretaría de la Mujer, además de la declaración ministerial de la víctima”.
Después la casa de la familia paterna de la niña fue atacada por hombres armados acompañados de tres mujeres.
El ataque fue a consecuencia de que retuvieron a la víctima para que no tuviera que regresar a casa de su madre donde se habían cometido los abusos sexuales.
Tras la agresión, la abuela y los abogados buscaron a la juez Norma Leticia Méndez Abarca (recientemente ratificada en el cargo el 31 de octubre pasado por el Congreso local, a propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores), a quien pidieron la guarda y custodia provisional como medidas cautelares.
Domínguez Flores presume una amistad muy cercana de la juez y la madre del agresor de la niña, “me consta que se saludan como comadres, así lo hicieron en una audiencia”. Norma Leticia Méndez negó la medida precautoria.
Pero finalmente la jueza tercera de lo familiar con residencia en Acapulco, Irma Graciela Lee González, concedió la guarda y custodia de la niña a la familia paterna. “Ella tuvo la sensibilidad de escuchar a la pequeña de viva voz decir lo que había sucedido, la forma en que fue objeto de abuso sexual, le mencionó cómo el agresor le tallaba su pene en la vagina y cómo el agresor la obligaba a que le besara su miembro y acariciara con sus manitas”, relató la integrante de Renacer.
La jueza Lee fue reconocida en julio de 2016 por el gobierno del estado con el Premio al Mérito Jurídico “Licenciado Alberto Vázquez del Mercado”, por su trayectoria y méritos como abogada.
La sentencia definitiva de la sala penal del Poder Judicial del Estado se dio el 16 de agosto del 2016, en la que los magistrados desecharon la acusación de la víctima.
En la resolución los magistrados dicen que la agraviada “por su corta edad, repite lo que escucha, pues es fácil que se grabe con facilidad lo que le dicen que diga; por lo que, al no estar asistida la menor en el momento de su declaración por un profesionista en psicología infantil, carece de veracidad su declaración; máxime que tampoco se tiene la certeza que también haya tenido la asistencia de un representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia”.
La resolución se dio en esos términos a pesar de que una de las declaraciones de la niña se realizó ante un perito en psicología de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, y representantes del DIF Guerrero, quienes presenciaron el temor y las reacciones de la víctima que intentaba ocultarse cuando había hombres cerca de ella, relató Yolanda Domínguez.
Con esa resolución, los magistrados acusaron a la familia paterna de manipular a la niña para que mintiera en su declaración ministerial sobre los abusos sexuales cometidos por la entonces pareja de su madre.
La defensa a cargo del abogado Pedro Ramírez Millán interpuso una demanda de amparo directo ante la misma sala responsable, y conoció el caso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Acapulco.
Después de un año el tribunal colegiado federal resolvió y revocó la resolución emitida por los integrantes de la sala penal del Poder Judicial local.
En su resolución, la justicia federal desechó todas las argumentaciones de los tres magistrados sobre la valoración que hicieron de las pruebas.
Señaló que contrario a lo que afirmaron los magistrados del estado, la declaración de la niña abusada sí tiene valor probatorio, y ordenó a la sala responsable que dicte nueva resolución en la que se pronuncie sobre el cuerpo del delito, y la responsabilidad penal del acusado.
Además la justicia federal apunta en su resolución que no se da margen para valorar las pruebas, sino que ordena a los magistrados que sigan los lineamientos de la ejecutoria de amparo, que se refiere a que debe darse valor a la declaración.
Después del revés que les dio la justicia federal, los magistrados de Guerrero tuvieron que resolver la existencia del cuerpo del delito de abuso sexual y la responsabilidad penal del acusado.
En consecuencia, en sesión ordinaria del 18 de enero pasado los magistrados tuvieron que condenar al abusador a una pena de prisión de 5 años más multa.
Sin embargo la Segunda Sala Penal del Poder Judicial en la sentencia de 5 años, otorgó dos beneficios a favor del violador.
Porque no tomaron en cuenta la agravante de que el abusador tenía una posición privilegiada de relación que le permitía la cercanía a la menor porque él era pareja de la madre de la víctima.
El abogado explicó que al abusador le correspondía aplicar una mitad más de la pena a la que era acreedor.
Entonces tendrían que ser una pena de 7 años y medio, pero los magistrados decidieron dar la de 5 años para que pudiera acceder a los beneficios en su favor, que son trabajo a favor de la comunidad y tratamiento en semilibertad, con lo que podría decidir qué días de la semana se interna en el penal.
El abogado de la víctima Pedro Ramírez Millán explicó que el siguiente paso será analizar las resoluciones para determinar si existe responsabilidad por faltas o delitos, cometidos por los integrantes de la sala penal.
Los magistrados aplicaron una atenuante de la pena, con lo cual benefician al acusado.
El abogado Pedro Ramírez afirmó que el análisis de la responsabilidad penal fue “emitido bajo cánones de intereses”.
Ante este problema, adelantó que presentará denuncia penal ante la Fiscalía contra los tres magistrados que integraban la sala que absolvió como inocente al violador.
La denuncia penal será por presunta responsabilidad contra la administración de justicia y prevaricato.
“Con este caso se demuestra que la justicia en Guerrero está podrida, no existe, una niña pequeña no por ser pequeña, su voz y su cuerpo vale menos que le de un adulto”, reprochó Yolanda Domínguez.
Recordó que fueron 5 años de lucha, “para que esa niña sepa que se hizo justicia, y para mostrarle a las familias guerrerenses que se puede hacer justicia y que se puede castigar a quienes hacen daño a nuestros niños”.
Lamentó que ninguno de los tres poderes del estado se interesó por una niña de 2 años y 8 meses que fue abusada sexualmente por un hombre de 25 años.
El caso lo conoció la Secretaría de la Mujer, el DIF Guerrero, diputados del Congreso entre ellos la astudillista presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Beatriz Alarcón, organismos defensores de derechos humanos, organizaciones feministas, una juez y tres magistrados que integraban en ese momento la Primera Sala Penal del Poder Judicial.
“Ninguna autoridad es sensible ante este tipo de situaciones, no sirven”, por eso Yolanda Domínguez adelantó que se iniciará una “batalla legal hasta que se castigue a los responsables”.
Después de que se consiguió la sentencia contra el violador, Yolanda Domínguez afirmó que con los abogados demandarán un nuevo proceso legal, ahora contra los magistrados, quienes ignoraron la declaración de la niña para no procurar justicia y dieron impunidad a Saúl Andoni Quintana.
Señaló como responsables de violar los derechos de la víctima a los tres magistrados encabezados por Vicente Rodríguez Martínez que en ese momento era el presidente de la Primera Sala Penal y ahora lo es de la sala civil.
También a Miguel Ángel Barrero Bello y Alfonso Vélez Cabrera que eran integrantes de la sala que absolvió al violador.
“Se tiene que hacer justicia, tienen que quedar exhibidos como corruptos que se encargan de torcer la ley”, comentó Yolanda Domínguez y advirtió que puede ser víctima de represalias por parte de los magistrados o del violador.
Pidió también la sensibilidad del gobernador Héctor Astudillo Flores, su esposa Mercedes Calvo Elizundia y el fiscal general del estado Javier Olea Peláez para que se investigue a los magistrados por vulnerar los derechos de una niña de apenas 2 años y 8 meses, al decidir que su declaración explícita del abuso sexual que sufría no era verdad.

 

 

Desaparece una niña de 11 años en la capital; activan la Alerta Amber

La niña Itzel Rodríguez Sánchez de 11 años  desapareció el pasado lunes en Chilpancingo y familiares colocaron pancartas en las Urvan del transporte público para pedir ayuda para localizarla.
Asimismo la Fiscalía General del Estado  (FGE) activó la Alerta Amber con el número de reporte AAGRO-08-2018.
Una hoja blanca con la fotografía de la niña que está adentro de una Urvan del transporte público dice: “Hola buenas tardes les pido su ayuda para localizar a la niña, desapareció el lunes se llama Itzel Rodríguez Sánchez (tiene) tan sólo 11 años por favor si alguien la ha visto por favor comuníquense conmigo y les pido que compartan esta publicación. Por favor”, sin embargo la hoja no tiene algún número de contacto.
En el documento de la Alerta Amber se indicó que la niña tiene el cabello lacio, es de tez morena, boca chica, complexión delgada, ojos cafés oscuros, tiene nariz ancha y cejas pobladas.
“La menor Itzel Rodríguez Sánchez como seña particular en la ceja izquierda tiene un remolino, se desconoce su paradero y se teme que pueda ser víctima de algún delito”, indicó la FGE y pidió a la población dar información sobre ella al número 911.

 

Este año, el de más asesinatos en dos décadas en Guerrero; sigue primero

Este año, el de más asesinatos en dos décadas; Guerrero sigue como primero en ese delito

El Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Segob reporta un promedio de siete homicidios diarios, y en 10 meses suman 2 mil 85 casos, de los cuales 227 se cometieron en octubre

Lourdes Chávez

Chilpancingo

De enero a octubre de 2017 se registró el mayor número de homicidios dolosos de los últimos 20 años en Guerrero, con 227 asesinatos el mes pasado, con lo que suman 2 mil 85 casos, el doble de lo reportado en el mismo periodo de 1997.
El reporte es del informe de víctimas de homicidios dolosos en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad, que actualiza cada mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Según los datos oficiales en diez meses se superó el total anual de homicidios dolosos cometidos en 2015, que cerró el año con 2 mil 16 casos. Aunque 2016 cerró en 2 mil 213 homicidios dolosos para octubre había mil 832 asesinatos.
Las bases de datos indican que de enero a octubre de 2007 en Guerrero se registraron mil 14 homicidios dolosos, que representa 48 por ciento de los registrados este año, y 87.7 por ciento de los ocurridos en 2016. Incluso 2011, uno de los años más violentos en dos décadas, se encuentra 8.7 por ciento abajo de las muertes dolosas de 2017, en un comparativo de diez años.
Con un promedio de siete homicidios diarios se confirma como el estado con más homicidios dolosos de la República mexicana, por encima del Estado de México, que del primero enero al 31 de octubre registró mil 954, Baja California mil 914 y Chihuahua mil 640.
De acuerdo con la estadística del informe de víctimas en enero se documentaron en Guerrero 165 homicidios dolosos, en febrero 175, en marzo 210, en abril 189, en mayo 216, en junio 206, en julio 250, en agosto 232 y en septiembre 215 casos y octubre 227.
De 227 asesinatos en octubre, 125 fueron cometidos por arma de fuego (55 por ciento), siete con arma blanca y en 66 (29 por ciento) no hay datos precisos, sólo se clasifican como otros.
Se reportan 46 casos de homicidios culposos, que suman 475 en diez meses, 12 denuncias de extorsión en el mes, 145 en lo que va del año y seis secuestros, que dan 50 casos en 2017.
Por otro lado, el reporte de Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017, señala 198 homicidios dolosos ocurridos en octubre, que acumulan mil 924 casos en lo que va del año. Con estos datos se estima una tasa de 53.34 homicidios en la entidad por cada 100 mil habitantes.
Guerrero mantiene el primer sitio de asesinatos encima de Baja California donde se registran mil 733 homicidios dolosos en el año.
La entidad está en el sexto lugar del país con más robo de vehículos, abajo del Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa y Puebla. Tiene reportes de 2 mil 186, de los cuales 905 fueron en asaltos violentos. La mayoría ocurren en robos sin violencia. En octubre, se reportaron 459 robos de vehículos, 395 sin violencia.
Con 54 secuestros en lo que va del año, las cifras oficiales indican una tasa de 1.5 secuestros por cada cien mil habitantes. Asimismo en extorsión, con 144 casos, se habla de una tasa de 3.99 en este delito.
Los datos se presentan con una advertencia en las dos bases de datos, que la incidencia delictiva “se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de los datos”.

Asesinan a la niña de 13 años desaparecida hace 10 días en Chilapa; hallan el cuerpo en una carretera  de terracería

Luis Blancas

Chilpancingo

La niña Diana Paulina Rendón Alcaraz de 13 años quien desapareció hace 10 días fue encontrada sin vida en Chilapa en la orilla de la carretera de terracería que conduce a la comunidad de Acazacatla.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que minutos después de las 7 de la mañana recibieron un reporte del hallazgo del cuerpo de una mujer en esta carretera.
Al lugar llegaron policías estatales que confirmaron la presencia del cuerpo en la orilla de la carretera, vestía una blusa con manga larga verde con rayas blancas, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros.
Después de las 2 de la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo encontrado era de Diana Paulina.
El jueves la FGE público en su cuenta de Facebook la Alerta  Ámber número AAGRO-115-2017 por la niña que desapareció el 12 de noviembre en Chilapa.
Policías estatales, municipales y ministeriales acordonaron la zona y peritos de la FGE hicieron las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que la FGE pondrá todos los recursos humanos para investigar la muerte de niña y llevar ante la justicia a los responsables.
Álvarez Heredia difundió la noche de ayer un comunicado en el que expresó su repudio y consternación por el crimen de la niña.
El vocero de seguridad aceptó “que casos como éste generan indignación y lastiman a la sociedad guerrerense, por lo que la Fiscalía dará prioridad a la carpeta de investigación 12040190100505211117 que se integró por el delito de homicidio”.

El comerciante de Tlapehuala desapareció con cinco montadores de toros de Iguala
En la última comunicación por teléfono dijo que se iba detener en un retén de la Policía Comunitaria de Teloloapan, informa su hermano
Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Al comerciante de Tlapehuala Armando García González, que desapareció el 16 de noviembre, lo acompañaban cinco montadores de toros originarios de Iguala que también están desaparecidos, informó su hermano, Alejandro García.
Armando es también hermano del perredista y simpatizante de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, José Francisco García González, que dio a conocer el caso este lunes.  Ayer, Alejandro informó que a la fecha las autoridades no han localizado a los seis.
Expuso Alejandro García que Armando  salió de Chilpancingo el 16 de noviembre rumbo a Iguala y ahí se encontró con los montadores que participarían en la feria de una comunidad de Tlapehuala.
En su última llamada que fue entre las 7 y 7:30 de la noche, Armando García se comunicó con una de sus sobrinas y le informó que estaba por salir de Teloloapan, colgó porque iba a detenerse en un retén de la Policía Comunitaria de ese municipio, desde entonces no se sabe nada de él ni de sus acompañantes, sus familiares tampoco recibieron llamadas para pedir rescate.
Alejandro García estuvo ayer en la conferencia de prensa de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales y Estudiantiles en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), ahí dio a conocer la desaparición de su hermano y los montadores que viajaban en un vehículo tipo Chevy verde.
Según Alejandro García su hermano Carlos denunció ante el Ministerio Público (MP), la Fiscalía General del Estado (FGE) e incluso la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) sin que a la fecha las autoridades informen algún avance en la localización de los desaparecidos, “se echan la bolita” con la Policía Comunitaria.
Expresó que su familia se ha dedicado al comercio y a la lucha social además de que es conocida en la región Tierra Caliente, sospechó que su hermano y sus acompañantes pudieron ser confundidos por la delincuencia organizada.
Dijo que contrario a lo que presume el gobernador, Héctor Astudillo Flores, la seguridad en la región Tierra Caliente no está garantizada, la zona es intransitable y la sociedad está a manos de los delincuentes, por lo que lo llamó a intervenir para mejorar la situación.

Rompen homicidios récord en octubre
Antonio Baranda/Agencia Reforma

Ciudad de México

En octubre pasado se iniciaron 2 mil 371 carpetas de investigación por homicidio doloso, la cifra mensual más alta de que se tenga registro en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Hasta ahora, el récord histórico era de junio de este año, que sumó 2 mil 238 asesinatos intencionales.
El número de homicidios dolosos durante los primeros 10 meses de este año es 23.6 por ciento mayor al registrado en el mismo periodo de 2016, con 16 mil 881.
Además, la cifra del periodo enero-octubre ya supera en 1.6 por ciento la registrada durante todo el año anterior.
De mantenerse el promedio mensual de 2 mil 87 homicidios dolosos en el último bimestre, 2017 se convertirá en el año más violento.
Incluso podría superar la barrera de los 25 mil casos anuales, siendo hasta ahora 2011 el año más violento al sumar 22 mil 855.
La espiral de violencia comenzó a mediados de 2016 y no ha podido ser frenada pese al despliegue de miles de elementos de fuerzas federales en puntos considerados como focos rojos.
Tampoco han funcionado las estrategias emergentes, como el plan de seguridad en los 50 municipios más violentos del país.

Suben otros delitos de impacto

El homicidio doloso no es el único delito considerado de alto impacto que ha aumentado este año.
Los secuestros, en el fuero común, subieron 4.8 por ciento en los primeros 10 meses de 2017, respecto al mismo periodo de 2016.
Datos del SESNSP indican que el robo de vehículo con violencia aumentó 40.9 por ciento en el mismo lapso, e incluso ya superó la cifra de todo el año pasado.
En tanto, el robo de vehículo sin violencia creció 7 por ciento, al pasar de 96 mil 704 a 103 mil 521.
El Gobierno federal ha justificado el aumento de la violencia con la fragmentación de los grupos delictivos, enfrentamientos entre bandas, debilidad de las Policías, liberación de detenidos con armas de fuego e incluso los cambios de Gobierno.

Repudian en la sesión del Congreso el asesinato de una adolescente de 13 años en Chilapa

Guardan un minuto de silencio por Diana Paulina a propuesta del diputado Ricardo Mejía quien preguntó: “Hasta dónde hemos llegado como sociedad? Además los diputados locales exhortan al ayuntamiento de Coyuca de Benítez a que “a la brevedad posible implemente mayores y más efectivas acciones de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social”

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Pleno del Congreso de Guerrero guardó un minuto de silencio en memoria de la adolescente Diana Paulina Rendón Alcaraz, desaparecida desde el 12 de noviembre y que fue hallada asesinada este martes en Chilapa, en un camino que conduce a la comunidad de Acazacatla.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, subió a tribuna donde dijo “vengo profundamente conmovido”, por el asesinato de la adolescente, y recordó que tras su desaparición se emitió una alerta Amber.
La víctima fue encontrada sin vida en Chilapa en la orilla de la carretera de terracería que conduce a Acazacatla, “tirada, arrojada, asesinada, exhibida… una niña de 13 años”.
El diputado de MC subió a tribuna porque manifestó que el episodio no solamente es un caso de impunidad o afectación a las mujeres, “sino ¿por qué hasta dónde estamos llegando como sociedad? Yo creo que el Congreso no puede sólo generar una reprobación o llamar la atención de la autoridad cuando se trata de asesinatos o hechos brutales cometidos contra políticos o luchadores sociales”.
Ayer por la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública recibió un reporte de que había el cuerpo de una mujer tendida en la carretera que conduce a Acazacatla.
Y en el el transcurso de la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo encontrado en Chilapa correspondía a la adolescente.

Se han cometido 239 homicidios en el municipio de Costa Grande desde 2015

También se aprobó por unanimidad un exhorto al ayuntamiento de Coyuca de Benítez, para que “a la brevedad posible implemente mayores y más efectivas acciones de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social”, y que realice “programas y proyectos en el que se fortalezca los valores de la familia que permitan contener el incremento de los índices de inseguridad en el municipio”
El coordinador de los diputados de MC presentó la propuesta como asunto de urgente y obvia resolución. Argumentó que de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante 2015, 2016 y 2017, en Coyuca de Benítez se han cometido 239 homicidios dolosos.
Y que representa el 4.2 por ciento de los homicidios que se cometen anualmente en Guerrero, en contraste, la población de Coyuca de Benítez representa sólo el 2.1 del total estatal.
En el mismo municipio van a la alza otros delitos del fuero común “de alto impacto social”, como las lesiones dolosas, el robo, el secuestro y la extorsión.
“Algo no se está haciendo bien en Coyuca de Benítez. En materia de seguridad pública, es claro que ahí, no se ha podido contener la actividad de la delincuencia y al contrario parece ir en aumento”, dijo en tribuna Mejía Berdeja.
En el punto de acuerdo consideraron los diputados de MC que Coyuca de Benítez, tendrá que atender la inseguridad y realizar una plataforma de desarrollo social, de bienestar humano y de crecimiento económico y que, por tanto, requiere de atención prioritaria, eficaz y constante”. Coyuca de Benítez es gobernado por el priista Javier Escobar Parra.
Ricardo Mejía relacionó la violencia en el municipio a la cercanía con Acapulco, “la ciudad más violenta del país, y que, consecuentemente, debería de realizar mayores esfuerzos las autoridades para contener la expansión de la delincuencia que opera en el puerto, hacia los municipios circunvecinos y hacia la Costa Grande del Estado, mejorando la coordinación institucional en la materia, incrementando su estado de fuerza policial y previniendo el delito, en su territorio, dentro del marco constitucional que le corresponde”.
Originalmente en el orden del día, el exhorto estaba dirigido al secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, pero tras un acuerdo de la fracción de MC y la del PRI, únicamente se dirigió al alcalde.
Por su parte el perredista, Ociel García, señaló que no se puede transitar “como si nada” en Chilpancingo, Acapulco, Tierra Caliente y Costa Grande.
En el caso de la Costa Chica dijo que “todavía se puede andar”, aunque señaló que en el municipio de Cuajinicuilapa ya se están “complicando las cosas”.
Reconoció que muchos diputados no hablan del tema de la violencia por temor, pero recordó que como legisladores deben tener el compromiso con la sociedad, y coadyuvar con las autoridades para que se pueda resolver el problema de la inseguridad.
“Si hoy no alzamos la voz, vamos seguir rebasados en temas de seguridad, hoy los legisladores tenemos un compromiso real con la ciudadana, de velar por lo menos por el concepto mínimo que debe tener la gente, la seguridad, pero pocos diputados lo hacen  por temor, ¿quien no tenga temor?”.
El perredista afirmó que “Guerrero está siendo rebasado”, por ello llamó al gobierno federal, estatal y municipal para que “redoble los esfuerzos para que se logre una paz en el estado y no se tenga mas muertes por gente que no tiene escrúpulos en este estado, y que han optado por andar asesinando y hacer desorden en Guerrero, mano se tiene que hacer, no es con miedo, ni con marcha atrás como se va  avanzar”, dijo Ocie García.

Solicita la alcaldesa 2 millones para familias de policías acribillados en Cualac

Al pleno se le notificó de la llegada de un oficio de  la alcaldesa de Cualac, Evelia González Ortega, quien solicita que se autorice una partida especial por 2 millones de pesos para pagar indemnizaciones por muerte y lesiones en cumplimiento del deber de los policías acribillados en el robo del pago de Prospera el 1 de junio pasado.
Fueron tres los policías asesinados y tres más quedaron heridos al igual que una empleada que llevaba los recursos para pagar, en la comunidad de Coatlaco del municipio de Cualac.
Al Congreso también llegó otro oficio por el alcalde de Apaxtla de Castrejón Salvador Martínez Villalobos, por el que solicitó autorización de una partida presupuestal extraordinaria para “dar cumplimiento al pago de laudos condenatorios”, pero no se especificó la cantidad en la sesión. En ese mismo sentido el municipio de San Marcos pidió ampliación presupuestal de pagos de laudos laborales.
También la directora, presidenta, y consejeras del jardín de niños “Estado de Chihuahua”, de Juan R. Escudero, Estela García Morales, Laura Lizet Bedolla Puente, Olivia Sandoval Castañón, Laura Grizell Rivera Garcoa y Elizabeth Bibiana Gallegos Contreras, que pidieron dos millones de pesos, para la compra de un predio que servirá como áreas de seguridad para evacuar en caso de un siniestro.
De primera lectura quedaron los dictámenes con proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de los municipio de Ometepec, Florencio Villarreal, Alcozauca, Ajuchitlán del Progreso, General Canuto Neri, Copala, San Miguel Totolapan, Olinalá, La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos, Pilcaya, Cuajinicuilapa y Tixtla.
Todas las primeras lecturas fueron obviadas, entre ellas la del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base a los ayuntamientos La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos y Pilcaya para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018.
También se aprobó la licencia por tiempo indefinido a los regidores de Tepecoacuilco, Pascasio López Nava, Luisa Pineda Matías.

Derogan artículos para dar más autonomía a la Codehum

Y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso derogó los artículos 100, 101, y 102 de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), propuesta que enviaron Ramón Navarrete Mag-daleno, Nancy Bravo Gómez, Manuel García Guatemala, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Ángel Miguel Sebastián Ríos, presidente, consejeros y secretario técnico respectivamente del Consejo Consultivo de la comisión.
La comisión argumentó en su propuesta que los artículos derogados no aseguraban el ejercicio y protección de los derechos humanos de las personas, debido a que en estos se establecía la oportunidad de las autoridades en las que recaían las recomendaciones para ampararse.
Y con la derogación se fortalecen “las atribuciones, independencia, y la autonomía de este organismo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos”.
Con la derogación aprobada ayer en el Poder Legislativo las recomendaciones que se consideran “como documentos de carácter moral y definitivo, pero no son obligatorias para las autoridades o servidores públicos a las que se dirigen, es decir, que pueden o no aceptarse, lo que hace innecesaria su impugnación, además no se está en presencia de una resolución de carácter jurisdiccional, por lo que no constituyen instancia que pudiera dar lugar a medios de impugnación”.