La consulta del IEPC sí escuchó a comunidades indígenas: CRAC

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Raúl de Jesús Cabrera, dijo que los partidos políticos son los que se oponen a que los indígenas ejerzan sus derechos políticos, y por eso el Congreso local desestimó las propuestas que plantearon en la reciente consulta en materia electoral organizada por el IEPC.
En respuesta a la exclusión de las propuestas que hicieron los pueblos indígenas en esa consulta, dijo que sabían que los partidos políticos se iban a oponer a través de sus representantes en el Congreso.
Confirmó que una de estas propuestas que fueron desdeñadas es que ya no sea una simple constancia de autoadscripción la que presente un aspirante a encabezar una candidatura indígena, sino que realmente sea el pueblo quien lo nombre y lo proponga.
De Jesús Cabrera fue consultado al respecto al término de la conferencia de prensa en la que cuatro casas de justicia de la CRAC recriminaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la consulta y las reformas a la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena que aprobó el Congreso local el año pasado.
El miércoles, entre los dictámenes que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso local, no tomó en cuenta la propuesta que plantearon los pueblos indígenas y afromexicanos en la reciente consulta en materia electoral, una de ellas la referente a la expedición de las constancias de autoadscripción.
“Ahora que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) sí nos tomó en cuenta a la CRAC, el Congreso desestimó nuestras propuestas que plantearon los pueblos en sus asambleas”, lamentó el vocero de la CRAC.
Explicó que esta vez los pueblos indígena y afromexicanos opinaron como quieren trabajar en sus municipios como indígenas, y añadió que pidieron que en los municipios donde haya una población indígena de más del 40 por ciento que sean estos los que encabecen las planillas de cualquier partido.
Dijo que también propusieron candados para que ya no sea una simple constancia la que se expida a quien aspire a representar en cargos públicos a los indígenas, “y ya no ocurran casos como los del actual diputado de Morena Alfredo Sánchez Esquivel quien se dice representante de los Me phaa, sin serlo”.
Explicó que la propuesta es que sea realmente el pueblo el que los elija y los proponga, además que hablen la lengua de la que se autoadscriben.
“Pero sabíamos que los partidos políticos se iban a oponer porque no les conviene esa propuesta”,

 

La Semujer llevará información a las reuniones de la CRAC sobre derechos de mujeres y niñas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Raúl de Jesús Cabrera, informó que la Secretaría de la Mujer (Semujer) llevará información sobre los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes a las reuniones que prepara la institución comunitaria, sobre la aplicación e implementación del reglamento interno, con un proyecto apoyado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
En consulta telefónica, aclaró que la última modificación del reglamento tiene varios puntos, entre ellos, la prohibición y sanciones de las partes que intervienen en las uniones tempranas, para evitar que otro caso se salga de control, como el de la policía comunitaria de Dos Ríos, que detuvo en 2021 a la niña Angélica, víctima de matrimonio forzado en Cochoapa el Grande.
Recordó que la institución de los pueblos fue muy golpeada por el error de los comandantes, por eso reforzaron su reglamento interno, para establecer sanciones a quien entregue y a quien reciba dinero por un acuerdo matrimonial.
Explicó que en una reunión, este lunes en la casa matriz de San Luis Acatlán, con los coordinadores de las casas justicia de Espino Blanco, del municipio de Malinaltepec; El Paraíso, del municipio de Ayutla y Caxitepec-Las Juntas, perteneciente al municipio de Acatepec, la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, explicó la estrategia integral para la justicia y el bienestar de las mujeres y las niñas, que se busca implementar en seis municipios de la Montaña y tres de Costa Chica.
Informó que el acuerdo unánime de los coordinadores fue coadyuvar con estas acciones de gobierno, en sinergia con los talleres que prepara la institución comunitaria. Además, la funcionaria se comprometió con llevar la información, si es necesario, a otras comunidades que señalen las autoridades de la CRAC y de los ayuntamientos de las regiones.
El vocero de la coordinadora indicó que es la segunda reunión que se realiza con Pino Girón, para organizar esta capacitación. Estuvieron también el alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernandez Martínez, y representantes de Atlamajalcingo del Monte.
Todos los actores coincidieron en la importancia de informar a las autoridades de la CRAC para combatir los matrimonios forzados, indicó.
Precisó que la CRAC aún está elaborando el programa de reuniones de capacitación, de unas dos horas, para que los comisarios tengan tiempo de exponer también los asuntos pendientes en sus pueblos. “Ya estamos preparando el calendario, para ir avanzando en las reuniones. Primero, en Zitlaltepec por los tiempos de lluvia, que ya tenemos encima, en las partes más lejanas”.
En tanto, adelantó que la Secretaría de la Mujer ya llevó la capacitación a la casa de justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, que no está entre los nueve municipios de la estrategia, pero es importante que los conozcan, en caso de que un hecho de esta naturaleza ocurriera en sus comunidades.
Este sábado, estará con comisarios de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, que sí está en la lista de atención del gobierno estatal.
Sobre la niña Angélica, recordó que los comandantes fueron detenidos por la coordinadora y se les ordenó dar una reparación del daño, pero la familia de la niña y otra mujer agraviada, están divididos y no han llegado a un acuerdo.
Añadió que en la primera reunión con Piño Girón le pidieron información sobre el seguimiento del caso, que tampoco avanza por asuntos externos al gobierno.

 

Reparte la CRAC su reglamento interno por primera vez a 28 años de su creación

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Con la presencia del delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vásquez Quintero, de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama y de presidentes municipales, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), comenzó a distribuir su reglamento interno en una asamblea regional realizada el sábado en San Luis Acatlán.
El reglamento fue consultado en asambleas que comenzaron el 14 de octubre y aprobado el 17 de diciembre, y por primera vez en 28 años de la creación de la CRAC y su Policía Comunitaria fue impreso en un libro.
Entrevistado por teléfono, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que de las cinco casas de la CRAC sólo la de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc no han recibido sus respectivos ejemplares debido a que no se han renovado los coordinadores por falta de quórum.
Informó que las otras casas de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, Las Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, El Paraíso, municipio de Ayutla y la casa matriz de San Luís Acatlán hicieron sus propias asambleas por separado para entregar los ejemplares a los comisarios municipales, coordinadores, comandantes y policías comunitarios.
Informó que se imprimieron mil ejemplares con recursos de un proyecto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) que además utilizaron para convocar a las reuniones, para la gasolina de quienes asistieron a las asambleas, alimentación, “papeleo”, y para el pago de los abogados que se encargaron de la redacción y la impresión.
Informó que en la asamblea de la casa matriz del sábado en San Luis Acatlán, estuvo como invitado el delegado del INPI, Manuel Vásquez Quintero y la consejera presidenta del IEPC, Matildes Gama, en respuesta a una petición de la consejera de que fuera invitada en una de sus asambleas por la CRAC.
“La consejera nos dijo con anticipación que si la invitábamos a una mesa de reunión asistiría con gusto”, explicó de Jesús Cabrera.
Informó que también asistieron el presidente municipal de Cochoapa, Bernardo Ponce García y el de Atlamajalcinco del Monte, Camilo Cano Guzmán. Así como el subsecretario para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos Pánfilo Sánchez Almazán.
El coordinador de la casa matriz de San Luis Acatlán recordó que la consulta para la reforma del reglamento interno de la CRAC comenzó el 14 de octubre como parte de los festejos por el 27 aniversario de la fundación de la institución comunitaria en San Luis Acatlán y fue aprobado el 17 de diciembre.
Dijo que los ejemplares fueron entregados a mediados de enero y el sábado comenzaron a distribuirse, en el caso de la casa de San Luis Acatlán a los comisarios de las 33 comunidades, de las que en la asamblea del sábado asistieron 28 comisarios municipales, así como comisariados ejidales y comunales.
El vocero de la casa matriz informó que lo destacable del reglamento reformado, son los cambios que se hicieron al artículo 34 en el que se establecen los tipos de casos que puede resolver la CRAC y su Policía Comunitaria.
Explicó que en este apartado se modificó que la CRAC ya no va a tener la intervención en los asuntos de deudas, es decir ya no van a recibir las quejas de los prestamistas parar que mediante la Policía Comunitaria se hagan los requerimientos de pagos, “porque nos han generado conflictos”, dijo.
Informó que también se modificó (ya estaba establecido pero se hicieron ajustes) con respecto a la prohibición de la venta de menores. En este caso se agregó que el castigo será severo tanto para el que compre como para el que venda.
Además, hubo ajustes con respecto al tipo de armamento que utilizará la Policía Comunitaria. Ahora se establece “claramente” que los policías comunitarios sólo utilizarán armas de bajo calibre, es decir el que está permitido por la ley.
Pero se agrega en el nuevo reglamento que “sólo en casos especiales”, como cuando las comunidades, la coordinadora, o los comités de enlaces tengan amenazas del crimen organizado, se convocará a una reunión para que se usen “calibres altos”.
“Nos parece que hubo bastantes avances gracias a que se pudo recorrer la mayoría de las comunidades para discutir el contenido. No fue en una sola reunión, o que sólo estuvieron algunos en una mesa discutiéndolos, se discutieron artículo por artículo para que se pudieran llegar a este tipo de conclusiones”, aseguró el coordinador de San Luis Acatlán.
Asimismo, destacó que por primera vez el reglamento de la CRAC se imprime en un texto.
Mencionó que el primer intentó de reformar el reglamento fue en 2017 y 2018, pero que tuvieron diferencias porque no hubo mayoría para aprobarlo, “pero en esta ocasión tuvimos mayoría y se aprobó sin discusión y de manera unánime.

 

No reconoce la CRAC a ningún grupo de la Comunitaria en Olinalá, aclara su vocero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) no reconoce a ningún grupo de la policía comunitaria en Olinalá, tampoco cuenta con comités de enlace ni con casa de justicia en ese municipio, aclaró vía telefónica el vocero de la organización, Raúl de Jesús Cabrera.
Reconoció que coordinadores de la casa de justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, acudieron a esa cabecera municipal el sábado, para revisar una solicitud que hizo un grupo de ciudadanos que quiere incorporarse a la CRAC, pero aclaró que para ello tienen que cumplir con el reglamento y los requisitos de la organización.
De Jesús Cabrera explicó que tampoco el otro grupo, del que informó que se formó en 2012, a expensas de la ahora senadora Nestora Salgado, está reconocido por la CRAC.
El Sur informó, en su edición de este lunes, que vecinos y el alcalde morenista de Olinalá, Miguel Reyes Patrón, rechazaron la toma de protesta clandestina de una nueva policía comunitaria, a la que calificaron de grupo armado con actividades ilícitas, que se haría el sábado y que, en cambio, ratificaron a la policía comunitaria que surgió con la ahora senadora Nestora Salgado.
El vocero de la CRAC informó que hay una comunidad de ese municipio que ha querido ingresar al Sistema de Seguridad y Justicia y que planteó la solicitud a la casa de justicia de Espino Blanco.
Explicó que derivado de ello, los coordinadores Zeferino Lorenzo de Jesús y Raciel Marín Sánchez fueron el sábado a verificar la información y a verificar los antecedentes de las personas que están haciendo la solicitud, para ver si cumplen con los requisitos para su integración al sistema.
Insistió en que deben cumplir con los requisitos, que van a revisar la lista y los antecedentes de los policías comunitarios que dicen que ya fueron nombrados, “porque sabemos que en esa zona hay muchas personas que tienen antecedentes (penales), incluso hay personajes que tienen órdenes de aprehensión”.
Adelantó que si este es el caso de quienes están haciendo la solicitud, “no se les va a permitir su ingreso”. Añadió que este es un proceso que debe cumplir todo grupo que solicita su ingreso y que los coordinadores de Espino Blanco fueron precisamente a verificar si cumplen con el reglamento y los requisitos, para darles respuesta, pero no a tomarles la protesta.
Aclaró que ni siquiera hay una casa de enlace, porque apenas plantearon la solicitud y que en dado caso de que llegaran a cumplir con los requisitos, pertenecerían a la casa de Espino Blanco, “pero hasta este momento no han sido aceptados y no se ha confirmado su integración, porque estamos esperando los resultados de los antecedentes de cada uno de ellos, para no caer en el error de estar protegiendo a personajes con antecedentes”.
De Jesús Cabrera precisó que la CRAC tampoco reconoce al otro grupo, que informó surgió en 2012 con el aval de la ahora senadora Nestora Salgado.
Recordó que antes tenían una casa de enlace en Huamuxtitlán, que agrupaba a la policía comunitaria de Olinalá, pero que después se desintegró esa casa de enlace y ya no le dieron seguimiento a la incorporación del grupo de Olinalá, “por lo tanto, no tienen el respaldo. A menos de que se activen y cuenten con sus actas de asamblea y sus nombramientos, pero mientras no exista esto, no pueden decir que son ellos los legítimos. Se tiene que decidir por asamblea”.
Con respecto a que ese grupo de 30 miembros, que vienen funcionando desde 2012 y que cuenta con el respaldo del alcalde Miguel Reyes Patrón, el vocero dijo que para la CRAC el presidente municipal no tiene nada que ver en el reconocimiento de las autoridades comunitarias ni de la CRAC, “eso (el reconocimiento) ya son cuestiones políticas. Él llegó a través de un partido político y representa a la Policía Municipal. A quien corresponde nombrar y reconocer a los policías comunitarios son los comisarios, en asamblea de cada comunidad”.
Insistió que la policía comunitaria y la CRAC no están bajo las órdenes de ningún presidente municipal ni de funcionarios de gobierno, “nos regula la asamblea y es la que decide qué es lo que se tiene que hacer, porque nuestro reglamento está aprobado por la asamblea, no por los ayuntamientos”.
Informó que hay en algunos municipios donde sí hay coordinación con los presidentes municipales, pero es una coordinación sólo para cuestiones de seguridad, “pero no con respecto al reconocimiento de nuestra legitimidad”.

 

Reconoce Tlachinollan a la CRAC por prohibir matrimonios forzados; urge al gobierno a actuar

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, reconoció el avance en el reglamento del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la CRAC que prohíbe los matrimonios forzados, pero advirtió que el problema no está resuelto sin una voluntad política de los gobiernos locales y de la Fiscalía del estado.
Señaló particularmente a Cochoapa el Grande y Metlatonoc, donde es frecuente este fenómeno, avalado por autoridades municipales, pese a los compromisos contraídos con el gobierno del estado.
Denunció que agentes del Ministerio Público de Tlapa intervienen como mediadores para el cobro de dote de mujeres entregadas en uniones matrimoniales, después de que ellas huyen de la violencia que padecen.
Informó que tienen identificados tres expedientes, pero estima que podrían más, clasificados como trata de personas para fines domésticos.
En consulta telefónica, la defensora subrayó que la actualización del reglamento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) es un buen avance para abordar esta problemática contra mujeres y niñas, que atentan contra la dignidad de todas.
“Vemos que las consejeras, consejeros, los mismos coordinadores y coordinadoras de la CRAC tienen esa preocupación para poder prevenir estos casos de violencia”.
Sin embargo, aclaró que es complicado erradicar esta práctica cultural compleja y antagónica de los derechos humanos, mientras no haya voluntad política de los municipios, principalmente.
Aseguró que siguen encontrando en los recorridos en Montaña mujeres detenidas por abandonar a la pareja de una unión acordada.
Si bien, el reglamento de la CRAC ya establece procesos de reeducación a padres de ambos contrayentes que sean denunciados en el sistema, está regla aplica sólo en las comunidades incorporadas a las Casas de Justicia y Comités de Enlace.
Destacó que en la discusión de esta medida, se estableció que las Casa de Justicia y de Comités no pueden intervenir en asuntos de localidades que no están integradas al sistema.
“En el caso del Comité de Enlace de Dos Ríos, en Cochoapa el Grande, donde estaban abordando el tema de matrimonios forzados de comunidades no incorporadas al sistema”.
Un caso sonado, fue el de la niña Angélica, que juntaron cuando tenía 11 años con un niño de 12, y la familia de ella recibió 120 mil pesos de los papás del novio, que durante cuatro años la llevaron a trabajar como jornalera a Michoacán y ellos cobraban el salario.
Fue encarcelada en octubre de 2021 por la Policía Comunitaria de Dos Ríos para obligar a su familia a devolver el dinero, hasta su rescate por la policía estatal, municipal y Comisión Estatal de Derechos Humanos. La CRAC también sancionó a consejeros que intervinieron.
Estimó que de unas 140 comunidades de Cochoapa El Grande, donde la mayoría pactan uniones matrimoniales, apenas diez participan en el sistema comunitario, además de comunidades de Metlatónoc.
Aunque las autoridades municipales públicamente dicen que darán atención para erradicar estas formas violencia, aseguró que “internamente hay un problema grave, los operadores, servidores públicos de los ayuntamientos no tienen este conocimiento básico del respeto a los derechos humanos con perspectiva de género. Si no están preparadas las autoridades municipales, menos los delegados que pertenecen a estos municipios”.
En las conversaciones con las síndicas de estos ayuntamientos, les dicen que son asesoradas por hombres abogados que deberían orientarlas. En su lugar apoyan las prácticas antagónicas, que están obligadas a detener.
Aseguró que siguen cobrando las actas de acuerdo matrimonial como parte de los usos y costumbres, igual que hace 20 y 30 años.

En Tlapa, presionan con juicios para recuperar dote

En cuanto a la Fiscalía del estado, Arias Vitinio informó que el MP de Tlapa está citando a mujeres, a fin de que la familia de la novia devuelva el dinero que recibió por este tipo de acuerdos, aunque la conciliación no es de su competencia. Hoy los medios alternativos de conciliación los resuelve el Poder Judicial.
“¡Lejos de que señale que son conductas que se castigan, las fomentan! ¿Cómo vamos a bajar el nivel (de la práctica), si eso no se radica? Ahora inician carpetas por el delito de trata de personas con propósito de servidumbre, para generar temor en las familias de que les manden citatorios”, recriminó.
En el Código penal del estado también se incluyó el delito de cohabitación forzada y otras conductas similares para sancionar los acuerdos matrimoniales y la venta de niñas.
La abogada detalló que en estos casos, el delito de trata de personas se entiende como una responsabilidad compartida de las familias y autoridades que intervienen, pero recae en los papás de las novias
Indicó que una carpeta de investigación documentada con esta figura, es de la niña Anayeli, que se rescató de Joya Real, de Cochoapa El Grande, el 25 de noviembre de 2021, y la mamá, una trabajadora de campos agrícolas, va a tener que enfrentar un proceso jurídico.
“Al rato tiene que comparecer en un proceso judicial, y la Fiscalía no considera los gastos de traslado que debe pagar”.

Pendientes con la FGE

La abogada de Tlachinollan denunció que hay muchos rezagos en casos pendientes de la Fiscalía que la asociación civil ha presentado en mesas de trabajo, como órdenes de aprehensión por feminicidios cometidos desde 2015.
Recordó que la Mesa se instaló mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres (Conavim) en la administración estatal anterior, que no tuvo continuidad.
“Las mismas carpetas ahí siguen, lentas porque han cambiado los titulares del MP, y nos dicen que esperemos a que conozcan los expedientes. La Conavim también envió oficios a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), para registrarlas en las listas de fondos de apoyo. Desde octubre la titular de CEAV dice que va a venir. Primero dijo no podía por la carga de trabajo. Ahora dice que va a pedir más presupuesto para atender a las víctimas de procesos que llevan años Solamente hemos registrado 6 o 7 personas entre los beneficiarios, de 72 víctimas”.
La asociación civil también ha buscado pláticas con la Comisión Nacional de Búsqueda, a través de Conavim, y los condicionaron a reunirse sólo tres o cuatro ocasiones, y nada más, denunció.

Prohíbe la CRAC la venta de niñas y el matrimonio forzado en su nuevo reglamento

Asistentes a la Asamblea General Comunitaria de la CRAC para la aprobación de su nuevo Reglamento Interno que se celebró en San Luis Acatlán el sábado Fotos: El Sur

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Autoridades de las cinco Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) aprobaron en asamblea general el sábado pasado la modificación de 18 de 80 artículos de su reglamento interno, de los que destacan la prohibición de la venta de niñas y el matrimonio forzado, además podrán utilizar armas de uso exclusivo del Ejército en “situaciones especiales” contra el crimen organizado, y en sus cárceles de reeducación habrá división entre mujeres y hombres, y sólo los hombres serán reeducados.
Los coordinadores de las casas de justicia intervendrán sólo en deudas económicas comunitarias y no en conflictos particulares o de empresas, porque en éstas últimas utilizan a la institución como cobradores.
Ayer en declaraciones vía telefónica, el vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera informó que el sábado se celebró la asamblea general en el auditorio del barrio de San Isidro, en San Luis Acatlán, a la que asistieron 133 autoridades de 216 de las cinco casas de justicia, así que hubo quórum legal para tomar acuerdos.
Mencionó que a las 9 de la mañana se abrió el registro de las autoridades asistentes y a las 10:20 se instaló legalmente la asamblea, en la que se entregó el resumen final de las propuestas de modificación discutidas en las reuniones previas en cada Casa de Justicia, como se acordó el 14 de octubre, cuando celebraron el aniversario 27 de la CRAC-PC.
Contó que se modificaron 18 de 80 artículos del reglamento interno, “se explicaron los motivos de las modificaciones, posteriormente se puso a consenso de las autoridades si las aprobaban para que entrara en vigor el nuevo Reglamento Interno y la votación a favor de las reformas fue unánime, no hubo ningún voto en contra”.

Expresa la gobernadora Evelyn su reconocimiento al cambio de reglamento

La tarde del sábado la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en su página oficial de Facebook expresó su reconocimiento a la CRAC-PC, “por la aprobación de los cambios en su Reglamento Interior, mismos que modificaron 80 artículos destacando la prohibición de la venta de niñas y los matrimonios forzados”.
“Todas y todos tenemos la responsabilidad de acabar con estas prácticas respetando los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Seguimos en la ruta de la transformación de Guerrero”, manifestó.
De Jesús Cabrera detalló que entre los cambios más relevantes está la modificación al artículo 33, en el que se determina que tienen tres meses para investigar los casos y sentenciar a los detenidos, o en caso contrario ponerlos en libertad si es que no hallaron pruebas, se añadió “que en los casos no graves continúan los tres meses, pero en los casos graves se hará una ampliación de hasta seis meses para determinar la sentencia o libertad”.
“De los derechos de las mujeres también se añadió al Reglamento Interno que está prohibida la venta de menores y también está prohibido el matrimonio forzado”, manifestó el vocero de la CRAC-PC.
Dijo que se agregó que las mujeres detenidas no serán sometidas a la misma reeducación que los hombres, “los hombres se someterán a reeducación en las comunidades 15 días en cada pueblo, mientras que las mujeres permanecerán en las casas de justicia, en el día harán labores de cocina, limpieza en el espacio y en las tardes deberán estar en sus cuartos”.
Además en cada Casa de Justicia se deberán de separar a las mujeres de los hombres detenidos en distintos espacios.

Del uso del armamento

Raúl de Jesús Cabrera destacó que otro de los cambios del reglamento es el manejo de armamento, detalló que normalmente portan armas que no son de uso exclusivo del Ejército, “pero se abrió una fracción por los tiempos diferentes que vivimos por el crimen organizado, ellos tienen otra tecnología, por eso se añadió que en el caso de que haya amenazas del crimen organizado en el territorio, en las casas de justicia, comités de enlace o comisarías, los coordinadores podrán autorizar el uso de armas de mejor calibre sólo para esa operación”.
–¿No generará esta decisión un conflicto con el Ejército o el gobierno del estado?–, se le preguntó.
–No lo creemos, porque todas las modificaciones y actualizaciones que se hicieron se aplicarán en el territorio, y no estamos haciendo operaciones como otras agrupaciones. Estamos hablando de casos especiales como amenazas del crimen organizado, mientras las cosas estén como ahora nuestra Policía Comunitaria se manejará con su armamento como lo hemos hecho hasta este momento.
–¿Un caso especial que haya ocurrido y en el que requerían usar otro tipo de armas de las que normalmente utilizan?
–Hemos recibido amenazas como en cualquier lugar, de extorsiones, pero se ha capturado a las personas que cometen estos delitos, pero que haya una confrontación o que lleguen a balacear el Ayuntamiento no hemos tenido esa situación, pero es lo que se está previniendo, en caso de que sucedan este tipo de amenazas habrá una reacción rápida de las casas de justicia, nos comunicaremos y se enfocarán todos en el lugar.
Mencionó que cuando se han reunido con el secretario de Seguridad Pública del estado, Evelio Méndez Gómez, le han informado que tienen armas de grueso calibre que decomisaron a los delincuentes detenidos por la CRAC, y que se quedan en las instituciones.
Aseguró que las armas de grueso calibre no las utilizan ni las exhiben, “son reservas de cada Casa de Justicia para cualquier emergencia”.
Dijo que en cada reunión con el gobierno del estado siempre han marcado distancia con otras agrupaciones que se hacen llamar policías comunitarias, pero que no son lo mismo que la CRAC-PC, y aseguró que con la Secretaría de Seguridad Pública estatal hay buena coordinación.
“Cruzamos información cuando es necesario, si es que hay una operación, ahora que hay muchas desapariciones de personas, si hay información también nosotros aportamos lo que tenemos, y si hay otra situación en diferentes lugares también pedimos información cuando es nuestra gente”, expuso.
El vocero mencionó que otra reforma fue precisar que los coordinadores no intervendrán en conflictos de deudas individuales con personas que se dedican a prestar dinero, porque “solo utilizaban a la institución”.
Manifestó que los coordinadores atenderán deudas comunitarias, por ejemplo conflictos con “los comités de la Iglesia que prestan dinero para generar intereses e invertir en las construcciones, también en las escuelas donde tiene un ahorro que se mueve, o los comisariados ejidales quienes manejan recursos por la venta de arena o madera”.
“Se autoriza que se atenderán asuntos que tienen que ver con las comunidades y se elimina la atención a los prestamistas o empresas particulares”, expresó.
Precisó que su artículo 41 decía que el demandante tendría que aportar el 10 por ciento del capital base de la deuda y el demandado el 5 por ciento, “esa parte se eliminó porque ya no se va a manejar la parte de deudas con personas que se dedican a eso, porque nos generó bastantes críticas, pues decían que estábamos haciendo negocio, que había un interés, lo más viable era que lo quitáramos”.

Una propuesta para el IEPC y otra para el poder Judicial

De Jesús Cabrera contó que además de las reformas durante la asamblea se informó que el 21 de diciembre se reunirá en San Luis Acatlán la CRAC-PC con representantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero, donde plantearán que sea en asamblea donde se nombre a los consejeros y representantes de los pueblos originarios.
Agregó que lo harán para que no se repita que personajes como Victoriano Wences Reza sea diputado federal por el PT, “porque un comisario le extendió una constancia como indígena”, y del diputado local por Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, que “está representando a los me’phaa de Ayutla sin ni siquiera ser indígena”.
“El interés es que no utilicen a los pueblos para que escalen (en cargos públicos) y fue un acuerdo unánime de los comisarios que nosotros presentaremos las propuestas de cómo queremos que sean las elecciones y levantar actas de asamblea, no una simple constancia que cualquiera puede conseguir”, mencionó.
Informó que en enero también plantearán al poder Judicial la creación de una Sala Penal Indígena, para “que atienda los casos de los ciudadanos de los pueblos originarios”.
Adelantó que imprimirán el nuevo reglamento interno y espera que “antes del cambio de los comisarios en enero (de 2023) lo difundan”.
Contó que a la asamblea no asistieron representantes del gobierno del estado, pero aseguró que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tenía conocimiento del trabajo que han realizado.
Entre los asistentes estuvieron el delegado de los programas del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz; el delegado en Guerrero del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), Manuel Vázquez Quintero; y el alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez.

Son “acusaciones sin sustento”, responde el diputado Bernardo Ortega al Cipog-EZ

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez afirmó que son “acusaciones sin sustento”, las que realizaron en su contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) ante el presidente de la República, de ser uno de los líderes del grupo criminal Los Ardillos.
Durante la última visita de Andrés Manuel López Obrador a Guerrero, éste fue interceptado por al menos 200 pobladores de Chilapa y José Joaquín Herrera. El líder del Cipog, Jesús Plácido, entregó un documento al mandatario, donde le expresó que “desde hace varios años, el grupo de Los Ardillos, que encabezan Celso Ortega y su hermano el diputado Bernardo Ortega, ha atacado a balazos sus pueblos en varias ocasiones, ha asesinado y desaparecido a mujeres y hombres, dejando huérfanos a los niños”.
Este domingo por la tarde, en un comunicado, el diputado Bernardo Ortega, hermano del líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega, de nuevo negó ser parte de la delincuencia organizada. En el escrito apunta su trayectoria en la política, desde 1996, cuando fue candidato por primera vez a presidente municipal de Quechultenango y hasta el actual cargo, como diputado local por el distrito 24, con cabecera en Tixtla.
Señala: “Soy humano. He tenido errores a lo largo de mi vida y me pueden señalar por ello, pero nunca de corrupto, criminal o que me dedique a actividades ilícitas. Yo soy responsable de mis actos y acciones”.
En ese sentido continuó su escrito, en el que se deslinda de las actividades de sus hermanos, “jamás seré responsable de lo que hagan con su vida terceras personas mayores de edad, así sean familiares o amigos”.
Lamentó que “por falta de información o por la razón que sea, se use mi nombre en acusaciones sin sustento”, en referencia a lo señalado por el líder Cipog ante el presidente de la República, Andrés Manuel López.
Bernardo Ortega insistió en que sólo es “responsable de mis actos y decisiones, no de las de otras personas. Y a las pruebas me remito”. En otros momentos, ante señalamientos similares, ha insistido en que se presenten las denuncias en su contra, para que sea investigado.
Para finalizar, señaló: “En México no es delito compartir un apellido. Cada quien construye el camino de su vida y la mía está dedicada a mi familia, a representar a la gente que más necesita. Así ha sido y así seguirá”.

Con la masacre de El Charco, el Ejército frenó la organización de los pueblos de Ayutla: ERPI

 

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Con el rostro cubierto, pantalón de mezclilla, camisa azul y botas desgastadas, en uno de los cerros más altos de Chilpancingo, Román, miembro del Comité Estatal de Guerrero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), contó a 24 años de la masacre de El Charco, cómo el Estado ese día frenó el avance de la organización de los pueblos, porque “temía que el pueblo se diera cuenta del poder que tiene”.
Argumentó que en 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto aún con el temor a la guerrilla, creó con el apoyo de un comandante militar con experiencia en Colombia, autodefensas como estrategia contrainsurgente en Michoacán y Guerrero, entre ellas a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pues buscó un grupo afín en la Montaña y sobre todo en la zona minera de Zitlaltepec.
Sostuvo que en la zona na’savi del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, en aquellos años los pobladores añoraban con la autodeterminación, el desarrollo de sus pueblos y la seguridad por la defensa de sus recursos y su territorio.
En este municipio se estableció el único gobierno comunitario por usos y costumbres en Guerrero y, apenas en su segundo trienio con este modelo, ha estado lleno de confictos por el poder, aunado a una división territorial por el surgimiento de un nuevo municipio, Ñuu Savi.
Román se toma un tiempo para cada respuesta, el encuentro se dio en una zona despoblada la mañana de un sábado, a mediados de mayo.
El ERPI tuvo su última aparición pública en una entrevista que dio meses antes de su asesinato, el comandante Ramiro en 2009, posteriormente son escasas las apariciones del grupo clandestino, salvo contados comunicados que ha difundido.
–¿En qué años inicia el movimiento armado revolucionario en Ayutla?
–Inicia a principios de la década de los noventa. El movimiento armado resurge con más fuerza tras la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, que da un impulso a la organización, que aún no se decía qué organización era, sólo se decía que era el Ejército del Pueblo o Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PdlP), sólo se sabía que te integrabas a lo clandestino, y sobre todo el movimiento armado se derivó de la guerra sucia que se vivió desde 1960 en adelante.
En ese momento el método de reclutamiento era lento, el convencer a las personas de que se unieran al movimiento tardaba seis meses o un año.
En ese tiempo se formaron células profesionales, y a inicio de los noventa ese proceso de cientos de personas pasó a miles que en los pueblos se incorporaron al movimiento armado.
Se transitó de una práctica política donde el secretismo de la compartimentación y la capactiación de cuadros militares y políticos tardaba meses, a una reflexión de que ya no eran posibles las mismas formas de trabajo, las prácticas y el contacto con los pueblos, y cambia la visión de la organización, entonces de Guerra Popular Prolongada se transita a otra estrategia política que es la “Construcción del Poder Popular”.
La Guerra Popular Prolongada plantea la utilización de las zonas rurales como bases de apoyo revolucionarias, un trabajo arduo entre los campesinos y la guerra de guerrillas.
Es decir que antes toda la preparación era para construir comandos, pelotones, cuadros de dirección políticos y militares, quienes iban a dirigir la guerra en un futuro hipotético, y se plantea que “desde el ahora” en ese momento, se deben cambiar las condiciones de vida sin la necesidad de aprovechar una coyuntura política o electoral que cree un descontento, el cual aprovechara el movimiento, y se plantea construir Órganos de Poder Popular.
En un primer momento las policías comunitarias nacen para eso, como un instrumento para servir al pueblo, pero fuera de la legalidad vigente, porque la legalidad qué es lo que hace, impone sus leyes a los pueblos para vender al mercado su cultura, sus tierras, y los somete.
La Construcción de Poder Popular quiere decir que se disputa el poder en cada territorio y que se puede construir desde abajo, con la gente que sufre en ese momento la represión y que no está contenta con el sistema de partidos.
Y en Ayutla se constituyeron Comités del Poder Popular, con los que se buscaba despertar que la misma población se convierta en rectora de su destino, fuera de los partidos políticos y los gobiernos, y fuera de figuras legales como comisarios y comisariados.
–¿Costó trabajo la organización?
–No fue fácil la organización por el hecho de que los pobladores se asumieran con el poder de su propio destino, porque le tenían miedo a los militares, y se les enseñó esa fortaleza que simplemente no sabían que tenían. En Ayutla unas 40 comunidades participaban, todas eran indígenas.
Se buscaba el desarrollo de los pueblos, en cuanto a salud, educación, las condiciones en ese entonces eran de pobreza, todos estaban igual. Con la masacre de El Charco, el Estado frenó el avance de la organización de los pueblos, porque temía que el pueblo se diera cuenta del poder que tiene.
–¿Qué es entonces la masacre de El Charco?
–El Charco era una reunión, de esos Órganos del Poder Popular, ahí estaban reunidos la Dirección Colectiva de esos 40 pueblos que participaban, acompañados de una columna que para ese entonces ya era ERPI, fundado en mayo de 1998, de una escición del EPR a nivel nacional.
–¿Cómo afectó al movimiento armado y la organización popular esta emboscada de El Charco?
–El Estado golpeó esta Dirección Colectiva, y afectó porque fueron perseguidos y sufrieron represión muchos compañeros, hubo muchos asesinados, dirigentes de organizaciones sociales perseguidos otros fueron comprados; incluso se aumentó el presupuesto de los ayuntamientos donde se llevó un proceso de contrainsurgencia.
El poder político siempre intentó romper la organización de los pueblos mediante grupos paramilitares como los Cantú, el Estado siempre ha comprado a la gente, le ha dado juego a los partidos políticos, y como Aguas Blancas, aún no ha habido justicia para los asesinados de El Charco, porque la intención (del Ejército) era exterminar a los compañeros en ese momento.
–¿Cómo entender entonces la organización de los pueblos y su unión al movimiento armado revolucionario, por qué lo hacían?
–Después del fraude de 1988, hay una emergencia electoral y renació en los pueblos la idea de que sí era posible cambiar el gobierno, luego surge el PRD, pero hubo sectores que no se sintieron representados en el PRD, y finalmente no satisface lo que la gente quería y ante esa situación de esas masas movilizadas, ocurre un hecho que es la toma de los ayuntamientos en 1991, porque en ese momento se piensa en algo más radical y no esperar hasta que se gane todo por la vía de los partidos y se asume como representantes populares, preocupados por el desarrollo de sus pueblos en un contexto de crisis y pobreza.
Por un lado tienes a la masa descontenta con el Estado, y por otro, los pueblos se organizan no nada más para andar armados y cambiar las cosas, primero se arman para no ser asesinados, para defender su vida, sus recursos naturales, sus territorios.
Porque Carlos Salinas convierte en mercancía la educación, el agua, se descuidan las normales y las escuelas públicas y hay un boom de universidades privadas en todo el país, hay una explotación masiva de los recursos naturales.
–Pero finalmente con El Charco se desorganiza a la población de Ayutla, ¿cómo entender que años después aún queda la concientización política en la búsqueda de un gobierno desde los pueblos?
–En 2012 hay un resurgimiento de los pueblos para constituirse con su policía comunitaria, tras El Charco y los engaños de los partidos políticos, los asesinatos por la violencia del crimen organizado, vuelven a organizarse esta vez usando figuras como los comisarios y comisariados, bajo la figura de las asambleas comunitarias.
En seis meses de asambleas, ya sin la presencia de la guerrilla en este movimiento, luego de que grupos paramilitares asesinaban a gente que no eran integrantes del movimiento armado, pero que lo hacían para mantener a la gente aterrorizada y ante el avance del crimen organizado, el cobro de cuotas, la gente se ve obligada a participar.
El Estado se entera de la organización de la policía comunitaria en Ayutla, y teme que sea un movimiento armado como años atrás y crea a la UPOEG, porque desde el Estado capacitó a líderes, y se les da poder, el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, el Congreso federal y estatal, el Senado y el Ejército colaboraron, porque cuál era el objetivo de la UPOEG, implantarlo en la zona de la Montaña, construir un ente diferente a la CRAC, aunque actualmente la CRAC es controlada por el gobierno del estado y los ayuntamientos a través de los recursos que periodicamente le otorgan, aún así se mantiene ese miedo a la guerrilla.
Con Peña Nieto llega el comandante (Oscar) Naranjo (como asesor) con amplia experiencia contrainsurgente en Colombia, donde bajo su mando se dieron casos de falsos positivos, como se les llama allá, que son asesinatos de presuntos guerrilleros, cuando en realidad eran simples civiles levantados por las fuerzas de seguridad. Además, él es el autor intelectual de la formación de las autodefensas en Guerrero y Michoacán como una táctica contrainsurgente, entre ellas, la UPOEG.
La UPOEG nace para que el Estado tenga un grupo afín en esa zona de las mineras, porque lo que le interesa es la explotación de los recursos naturales, las minas de Zitlaltepec, y Ayutla y San Luis (Acatlán) es parte del todo.
Entonces la UPOEG es un ente paramilitar no sólo con dirección y entrenamiento militar, entre ellos uno que ya fue asesinado, Ernesto Gallardo Grande.
Días antes de que se concrete la organización de la CRAC, la UPOEG controla parte de esos 40 pueblos que ya estaban, el gobierno dividió y mediatiza nuevamente un proceso social y para bloquear según a la guerrilla. El gobierno vio que nació una CRAC diferente a la que había en San Luis, que no sólo detiene al que roba, al que le pega a su mujer, sino que nace para liberarse del amasiato entre criminales y el poder político.
Además la CRAC de Ayutla cobija las revueltas populares en Huamuxtitlán, Olinalá, Tlatlauqui-tepec, parte de Tecoanapa y Tixtla, es una CRAC incluyente, sin color de piel, partidos o religión.
Las detenciones en 2013 (de líderes de la CRAC, entre ellos Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos, así como la toma de la Casa de Justicia de El Paraíso por el Ejército y la liberación de detenidos constituye un nuevo golpe contra los pueblos de Ayutla, del gobierno a la guerrilla, cuando no estábamos en ese proceso, y más bien es una respuesta del poder político a los pueblos organizados, con la visión de quien no piensa igual o al que no se somete al poder es un enemigo. Incluso la desaparición de Vicente Suástegui (el 5 de agosto de 2021 en Acapulco) es una muestra de que el gobierno ve a los luchadores sociales como enemigos, aún en este gobierno.
–La gestión fue principalmente de la UPOEG, para el primer gobierno comunitario por usos y costumbres, y tras el primer trienio, hoy Ayutla está en conflictos ¿a qué se debe?
–El Estado pone en una encrucijada a esa misma gente para que se desanime de su propio proceso, intentan joder su confianza, la UPOEG siempre ha controlado las drogas, quitó un cártel para poner otro, y no ha servido para emancipar al pueblo, y como su nacimiento es paramilitar siempre servirá al Estado.
La misma creación del nuevo municipio tiene la intención de que los pueblos se peleen por los recursos y se entretengan en peleas intestinas. Crear más municipios no significa que haya más recursos, ni significa que haya un mejoramiento de los pueblos.
Es un espejismo, al mismo tiempo el reconocimiento de un gobierno por usos y costumbres sin cambiar nada de fondo representa un engaño para los pueblos, y así no llegarán a un nivel de desarrollo los pueblos indígenas, si sólo se trata de darles juego político para desgastarlos, dividirlos, comprar a algunos con el objetivo de seguirlos manteniendo en la pobreza.
–¿Cuál es la opinión del ERPI del gobierno de Evelyn Salgado, sus políticas?
–Evelyn es más de lo mismo, es la continuidad de los gobiernos de Zeferino Torreblanca, Ángel Aguirre, Héctor Astudillo, no hay ningún cambio.
–¿Y de Andrés Manuel López Obrador, cómo se vislumbra su periodo?
–Es un gobierno que engaña pretendiendo ser de una falsa izquierda, cuando lo que está sentando son las bases para una etapa más agresiva del neoliberalismo, porque AMLO sí pudo profundizar la militarización en todos los sentidos, municipal, estatal y nacional, más con la creación de la Guardia Nacional, se ha militarizado la vida pública del país, bajo el pretexto de la narcoviolencia, pero no se ha controlado, se le da vía libre al crimen organizado y finalmente no se ha desmentelado el narco-gobierno.
–¿Sigue vivo el movimiento armado revolucionario en Guerrero y el país?
–Existe pero en diferentes vertientes, no sólo en una forma de lucha.
–¿La vía armada se justifica?, hace unos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas en Guerrero, pero destacó que ahora ya no se justifica la vía armada para buscar un cambio político.
–Es el pensamiento de la clase dominante que le niega a los pueblos el derecho a sublevarse, a querer cambiar sus condiciones de vida, y negarles incluso desde antes de darse, que tengan razón si algún día se rebelan.
Él sabe que las condiciones de los pueblos no van a cambiar, más con el periodo neoliberal que sigue como política de Estado.

 

Pide la CRAC que el nuevo gobierno con su Guardia Nacional respete a las policías comunitarias

 

El vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Sabás Aburto Espinobarros, expresó que el sistema comunitario no representa problema alguno para el gobierno federal, y consideró que las acciones del gobierno deben enfocarse hacia los grupos armados que se movilizan y operan sin ningún control como la Policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
En consulta telefónica el vocero solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador visitar el territorio comunitario para el próximo año, “donde es bienvenido”, porque él representa el sistema jurídico del país, mientras los pueblos originarios representan el sistema jurídico indígena. Aburto Espinobarros, dijo que la CRAC debe ser considerada por el nuevo gobierno como una “aliada” contra la inseguridad en los pueblos y comunidades indígenas.
Además de que el gobierno debe enfocar sus acciones de prevención y contención de delitos, con grupos armados que se movilizan y operan sin ningún control en el estado, como la UPOEG, y otros grupos, que “se mueven de un lugar a otro, irrumpiendo, generando más violencia y más inseguridad contra la población en general”. Del plan nacional de seguridad y la creación de la Guardia Nacional, donde participarán efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, dijo que el gobierno “va a experimentar” con esa alternativa, pero debe de respetar a los sistemas comunitarios como la CRAC.
Porque cualquier acción que perjudique los intereses de los pueblos originarios, va a tener una respuesta de defensa de su territorio y recursos naturales, que no está bajo negociación. “No vamos aceptar acciones que dañen el desarrollo, de la institución comunitaria”.
Aburto Espinobarros, indicó que entre las iniciativas que presentaron de reforma del Artículo 14 Constitucional del estado, y la reforma de la Ley 701, se estableció que a nivel de autoridades civiles de la CRAC, se reconozcan cuatro: la prevención del delito, la seguridad pública, la impartición de justicia y las acciones de reeducación de los detenidos.
Además de reconocer a la CRAC y a la Policía Ciudadana y Popular que tiene presencia en la parte alta de la Montaña.
“Nuestra posición, muy clara, es que en las reformas que se vayan a discutir en el Congreso local, se debe establecer que el grupo de las policías de la comunidad, esté nombrado y regulado por la asamblea general comunitaria, y sus autoridades civiles, no agrarias. Contar con un reglamento interno, y una estructura definida, porque de lo contrario hay un gran desmadre”. Así como que los policías tengan documentos claramente identificables, y no tengan antecedentes penales en el estado y federal.
El vocero indicó que el sistema mejorará la coordinación con los medios para informar de las acciones que realizan, y adelantó que se planteó al Ayuntamiento de San Luis Acatlán, la firma de un convenio para mejorar la seguridad en la cabecera municipal.