Valentín, Kenia Hernández y Arturo Campos promueven la división de la CRAC, dice el vocero

El vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Sabás Aburto Espinobarros, informó que el 18 de noviembres será la asamblea regional de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, donde se tratará el conflicto con el asesor Valentín Hernández Chapa y su posible expulsión.
Además dijo que quien está dividiendo a la CRAC es el propio Hernández Chapa, la consejera de la CRAC de Cochoapa, Ometepec, Kenia Hernández Montalbán, el ex preso político Arturo Campos, quienes promueven la creación de una nueva Casa de Justicia, en una comunidad de Ayutla, pese a que ahí ya existe la Casa de Justicia de El Paraíso.
Entrevistado al asistir al foro de consulta del Instituto Nacional Indígena, manifestó que Hernández Chapa violó del reglamento de la organización porque hizo campaña política a nombre de la CRAC, en su intento por ser síndico por Morena del Ayuntamiento de San Luis Acatlán.
Al vocero de le preguntó cuáles son los motivos de la exclusión de Hernández Chapa de la CRAC, y respondió que no hablaría al respecto y que sería en la asamblea del 18 de noviembre cuando se aborde el caso. “Hay varios puntos, que tienen que ver con la violación del reglamento interno.
Los detalles se van a ver en la próxima asamblea de la Casa de Justicia.
No quiero hacer más ruido”, expresó.
Además negó que el gobierno del estado esté detrás de este conflicto, como lo denunció Hernández Chapa el pasado 2 de noviembre, luego de la protesta que realizó en el 23 aniversario de la CRAC en Ayutla, por la presencia del asesor del gobernador, César Flores Maldonado.
Aburto Espinobarros indicó que la asamblea regional será pública, y en ella participarán las comunidades que pertenezcan a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, pero no los integrantes de otras casas de justicia como El Paraíso, ni de las casas de enlace como la de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).

 

Ve el asesor de la CRAC Valentín Hernández al gobierno estatal detrás del conflicto interno

El asesor de la CRAC, Valentín Hernández Chapa habla mientras lo escucha el ex preso político Arturo Campos Herrera, el 15 de octubre en Ayutla en el 23 aniversario de la Policía Comunitaria cuando criticó que se ha invitado al asesor del gobernador César Flores Maldonado .Foto: Rosendo Betancourt Radilla

 

El asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Valentín Hernández Chapa afirmó que está dispuesto a presentarse ante una asamblea regional para resolver su situación y la inconformidad de un grupo de ocho consejeros encabezados por el vocero, Sábas Aburto Espinobarros, y el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Julián Cortés Flores.
Consultado por teléfono el asesor sostuvo que no hay duda de la intervención del gobierno del estado para dividir a la CRAC, porque no hay un señalamiento contundente en su contra, sino varios y distintos, lo que resulta contradictorio por parte de los consejeros y el coordinador que impulsan su detención, del que desconoce si existe una orden de aprehensión y por qué delito.
Hernández Chapa, indicó que el martes pasado lo trataron de detener policías comunitarios, pero como no existía una orden de aprehensión se desistieron.
El asesor indicó que el conflicto viene de la protesta contra el asesor del gobernador Héctor Astudillo, César Flores Maldonado, en el 23 aniversario de la CRAC en la Ayutla.
Afirmó que está dispuesto a presentarse en una asamblea regional de la organización –que solicitó el miércoles pasado– y que sea la asamblea la que decida su situación, porque él no realiza acciones indebidas, y recordó que durante su participación en la campaña como síndico en San Luis Acatlán se ausentó de la organización.
El integrante de la CRAC señaló que detrás del nuevo conflicto está uno de los tres coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Julián Cortés Flores, y el vocero Sábas Aburto Espinobarros, quien dijo también participó en el proceso electoral de hace tres años, sin embargo no tiene problemas.
Dijo que el 29 de septiembre participó en una asamblea de consejeros, a solicitud de uno de los integrantes para rendir un informe del proceso de la reforma Constitucional al Artículo 14 y la Ley 701, pero ahí no se acordó ninguna orden de aprehensión en su contra, “la reunión de consejeros se ha reducido a un grupo de siete u ocho personas cercanas a Sábas, y otros 30 que no han sido citados”.
El ex coordinador consideró que se debe de encausar el proyecto en un sistema autonómico e integral de la región, donde los pueblos tengan la decisión de construir el desarrollo, “nunca nos hemos planteado ser una dependencia del gobierno”, y dijo que el conflicto parte del acercamiento al gobierno y el presupuesto que destina a la CRAC, “ese es el punto donde se está generando una diferencia, pero no se puede hacer a punta de pistola, persecución y encarcelamiento.”
“Por esta divagación en las causales que se han manejado para mi detención nosotros creemos que así se maneja el gobierno, cooptando gente, hoy sabemos que el gobierno del estado aportó un dinero para el aniversario, que fue muy pobre, sin mesas de trabajo, sin un posicionamiento político, como el tema de los presos políticos, los asesinatos de los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota”.

Comandantes y policías denuncian irregularidades

En una llamada telefónica a la redacción, un comandante regional de la CRAC de San Luis Acatlán que prefirió omitir su nombre por temor a ser encarcelado, a nombre de sus compañeros policías comunitarios dijo que están en contra de las arbitrariedades que ocurren en la Casa de Justicia, y no sólo contra Hernández Chapa.
Dijo que un grupo de ocho consejeros y un coordinador están tomando las decisiones que se deben de discutir en asamblea, e incluso los policías comunitarios han detenido a delincuentes y por causas que desconoce han sido absueltos, sin ser presentados en una asamblea.
Afirmó que por estas mismas irregularidades y a pesar de la advertencia de los consejeros y el coordinador de ser detenidos por incumplir órdenes, sus compañeros policías no quisieron detener al asesor de la CRAC, Hernández Chapa.
Responsabilizó a Sabás Aburto y Juan Horta como dos de los autores del conflicto que se vive, y se pronunció en contra de que sigan en el sistema porque ambos no pertenecen a comunidades donde la CRAC tenga presencia.
Se informó que este domingo fue suspendida una asamblea de consejeros porque sólo se presentaron nueve de 38, y se informó que posiblemente el 18 de noviembre se realice una asamblea regional, donde se discuta y se exponga el conflicto de Hernández Chapa.
Se marcó por la tarde al teléfono a Aburto Espinobarros pero no respondió a las llamadas.

Sustituyeron a los cinco coordinadores de la CRAC-PC de San Luis Acatlán; incumplieron el reglamento: vocero

Los cinco coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán elegidos en febrero, fueron sustituidos en la asamblea regional del 23 de julio porque incumplieron el reglamento y no dieron cuentas de sus reuniones con el representante del gobierno del estado y de los fondos que administran, informó el vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros.
En consulta telefónica confirmó que no concluye la integración de la nueva coordinación, pues en la asamblea anterior sólo eligieron a tres integrantes, uno del pueblo me’phaa y dos del pueblo mestizo. Falta el representante del pueblo na’ savi y de una mujer.
Explicó la intempestiva separación de los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, conocida como Casa Matriz de la CRAC. Aseguró que no aplicaron el reglamento interno, no convocaron a asambleas, no rindieron informes de los detenidos ni informaron de sus reuniones con el fiscal regional y con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, en tres ocasiones.
De manera extraoficial se supo que los consejeros regionales esperaban un informe sobre la detención de los priistas acusados de comprar votos y que fueron detenidos por la Policía Comunitaria.
Aburto Espinobarros añadió que los ex coordinadores tampoco rindieron cuentas de los fondos que aporta el gobierno municipal de San Luis Acatlán, ni de la cooperación por adeudos recuperados de personas físicas y morales.
Indicó que debido a que no rectificaron su conducta se aplicó el reglamento que señala la remoción de una autoridad en cualquier momento si existen elementos de peso. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

En “un mes y días” obtendrá su libertad, confía el preso de la CRAC Gonzalo Molina

El preso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC.P), Gonzalo Molina González, informó que en un mes y días obtendrá el auto de libertad, pues la siguiente semana cierra la causa en la que lo acusan de terrorismo, robo agravado y lesiones, y aunque hay otra por la misma razón al resolverse la primera se resuelve la segunda.
Llamó a las organizaciones sociales y de derechos humanos y al sistema de justicia comunitario a estar atentos, y mencionó que su liberación nunca ha estado sujeta a negociación.
En un enlace telefónico mediante el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Molina González quien lleva más de cuatro años preso, manifestó que le pusieron trabas para alargar su proceso jurídico y mantenerlo recluido.
“Ya estoy cerrando esta semana, ahorita acabo de hablar con mi abogado… no hay nada que hacer en la causa 59/13 que está en el juzgado de distrito… terminamos el proceso”, puntualizó.
Dijo que cerrando esta causa en una semana solicitaría su audiencia de vista, finalizaría y en mes y días le estarían entregando auto de libertad, pues se desahogaron todas las pruebas que lo señalan inocente.
Agregó que resolviéndose esa causa se resuelva la otra que queda, la 47/2017, porque la ley dice que no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Dijo que en mayo este proceso tenía que haberse resuelto, sin embargo el juzgado Séptimo expuso que había audiencias que desahogar, entre ellas un peritaje cultural, pero se desistió de todas las audiencias.
Abundó que considera con su abogado que las pruebas que tienen son suficientes para echar abajo los delitos de los que lo acusan.
Molina González manifestó a las autoridades que esta lucha que ha llevado “con dignidad”, es la lucha de las comunidades y pueblos indígenas, y que siempre ha dicho que su libertad no está en negociación.
Agregó que tiene siete causas penales y en todas está absuelto, sólo le quedan esas dos pero tampoco hay delito que perseguir, y tiene que salir en libertad.
“Desde este lugar quiero hacer un llamado a los compañeros para que estén pendientes de mi salida, esta salida, esta libertad no se la debemos a nadie más que a las personas, compañeros que me han apoyado siempre, que han estado cerca conmigo y que gracias a eso he aguantado toda esta injusticia que se ha cometido en mi persona, lo hago por el bien de los niños principalmente, lo hago por la lucha que han llevado nuestros pueblos y comunidades indígenas de más de 500 años resistiendo el saqueo, la explotación, la discriminación y el exterminio, por eso Gonzalo se ha mantenido firme”, expuso.
Resaltó que está contento porque pronto estará en libertad y saldrá con la frente en alto. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Respaldan mujeres indígenas del país y de América a Nestora contra la “violencia política”

La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) y Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) respaldaron a la ex comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y candidata a senadora por Morena, Nestora Salgado García, “ante la violencia política ejercida por el candidato a la presidencia Antonio Meade de señalarla como secuestradora”.
En un comunicado integrantes de las organizaciones levantaron la voz en defensa de la candidata, para manifestar su apoyo y respaldo.
Abundaron que es sabido y está demostrado que Nestora Salgado es inocente, que así lo han demostrado los juicios a los cuales fue sometida, así como recomendaciones de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.
Indican que les preocupa el actuar del candidato porque demuestra, “su voracidad, indolencia y falta de ética”, porque no le importa que al desacreditar al candidato a la presidencia de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ponga en riesgo la seguridad de ella, además de también desacreditarla.
Exponen que Meade Kuribreña no conoce los procesos organizativos en México y que la CRAC de la Montaña y Costa Chica opera bajo el marco legal establecido en el artículo 2 constitucional, el Convenio 169 de la OIT y la Ley 701, además de que no conoce los derechos de las mujeres indígenas.
Exigieron al candidato priista una disculpa pública “por su decir y proceder y que retire la propaganda presente en los distintos medios de comunicación que reiteran sus difamaciones, lo hacemos responsable de las agresiones y violencia que pueda sufrir la compañera Nestora y los integrantes de la CRAC”. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Asesinan a un ex policía comunitario de la CRAC y a su hijo en Jamiltepec, San Luis Acatlán

La tarde del domingo un ex policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de 63 años y su hijo de 45 fueron asesinados a escopetazos en la comunidad de Jamiltepec el Mango, San Luis Acatlán, y uno más resultó herido.
Las autoridades comunitarias informaron que pasado el mediodía tres hombres se hacían trabajos de campo en las cercanía de la comunidad cuando fueron atacados, en el lugar murió el señor Andrés de 63 años y su hijo Neftalí de 45, en tanto un tercer hombre resultó herido de un impacto de bala en el brazo.
Ambos cuerpos quedaron tirados en el suelo. Las víctimas presentaba impactos de bala en los brazos y el pecho. El lugar fue resguardado por policías comunitarios y agentes de la Fiscalía, que no pudieron realizar las diligencias debido a que los familiares se llevaron los cuerpos.

Liberan al policía comunitario Samuel Ramírez; seguirá luchando para que se le declare inocente, dice

El policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez salió en libertad después de 4 años 6 meses preso en el penal de esta capital.
Obtuvo su libertad porque cumplió la condena que le impusieron de 4 años 100 días de prisión, pero no fue considerado inocente de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
No pudo ser recibido por las organizaciones sociales ni por su familia, pues les informaron de la notificación de libertad dos horas después de que ésta se emitió, y no alcanzaron a llegar.
El 6 de octubre del 2013 el comunitario fue detenido junto con tres policías más, acusados de portación de arma de fuego; de los cuatro, Samuel fue acusado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por eso sus compañeros alcanzaron libertad bajo fianza y él no.
A las 4:35 de la tarde de ayer, por la puerta de acceso al penal, Ramírez Gálvez salió en libertad. Vestido con pantalón de mezclilla, playera azul marino con verde, con tres cajas de ajedrez en mano que hizo dentro del penal, que tenían la leyenda de “Samuel Ramírez Gálvez Preso Político CRAC-PC”, y una bolsa de plástico con sus pertenencias.
Fuera de las instalaciones se quitó la playera y quedó con una color gris que decía “Libertad, no son los rebeldes los que causan los problemas del mundo son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. La rebeldía es la vida la sumisión es la muerte”.
En consulta fuera del penal Samuel Ramírez expuso: “salí como culpable (…) vamos a pelear duro porque no me sacaron con libertad absolutoria, y vamos a seguir luchando”.
Dijo que le sorprendió la notificación de su libertad, pues estaba programada para la siguiente semana, luego de la audiencia de vista que tuvo la semana pasada.
Resaltó que antes de su salida, el preso político de la CRAC de la base del Fortín en Tixtla, Gonzalo Molina González, que también está en el penal de la capital, le dijo que no le gustó cómo salió.
Recordó que cuando lo aprehendieron tenía 18 años, y cuatro años seis meses estuvo en prisión por portar un arma “viejita, ni funcionaba”.
Samuel Ramírez manifestó que seguirá luchando en la CRAC porque Molina González está encerrado y tiene que salir.
Durante su prisión el policía comunitario hizo deportes como futbol, basquetbol y jugaba ajedrez, además aprendió el oficio de hacer balones y bolsas que su familia vendía en su comunidad.
La salida del preso estaba programada para que asistieran organizaciones sociales, como los normalistas de Ayotzinapa, la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc, la CRAC del Fortín en Tixtla, de Zitlaltepec, organizaciones de la Ciudad de México y Oaxaca, y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, quienes acompañaron su proceso, pero no fue posible pues su liberación fue repentina y se les complicó llegar a tiempo.
Al lugar sólo alcanzaron a llegar dos habitantes de la comunidad Emperador para recibirlo.
“Ya sabíamos que estaba en término de estos días, pero nos avisaron hace dos horas que lo iban a soltar pero hace un rato nos volvieron a decir que hasta en la noche, entonces hay descoordinación con las organizaciones sociales. Pues qué bueno, nos da mucho gusto verlo libre”, señaló el vecino de la comunidad Indígena Roberto Juárez.
Dijo que la forma en que las autoridades decidieron su libertad es parte del actuar del Estado, que no querían que las organizaciones estuvieran presentes en su liberación.
Añadió que está pendiente la liberación de Gonzalo Molina, que es similar al proceso de Ramírez Gálvez y que muchos delitos que le imputaron se han desvanecido; ya es cosa de días para que definan su sentencia y le den la libertad.
En una llamada telefónica la representante del Comité por la Libertad de los Presos, Enriqueta Chávez López lamentó que no pudieron llegar sus integrantes a recibir al preso, pues se encontraban en Oaxaca.
“Estamos haciendo el balance, y creo que todo fue como un tipo contubernio muy perverso, porque yo hablé con el director (del penal) y el director ya debería de comunicar un día antes, entonces él nos comentó que con 24 horas nos iba también a avisar y que el procedimiento tarda hasta 8 horas (para liberarlo)…a Samuel lo sacaron en una hora 40 minutos”, remarcó Enriqueta Chávez.
Dijo que esta situación sucede porque se vive en un país de impunidad, que con ello se demuestra que no hay respeto a la Ley 701 de Guerrero, y que por ende es una afrenta grande a los pueblos originarios que se rigen por sus usos y costumbres.
La representante recalcó que se buscará comprobar que no hay un delito qué perseguir, pues el juez determinó que es culpable por haber portado un rifle que le fue entregado por la comunidad junto con una licencia acreditada, y que la CRAC es una institución legal y legítima.
Abundó que les mintieron diciendo que el caso iba “muy bien”, que los documentos que se habían aportado garantizaban un proceso justo, pero que no le sorprende porque saben cómo trabaja el régimen, además de que finalmente sí les comentaron que no querían que hubiera organizaciones.
En abril del año pasado, el policía comunitario fue sentenciado a 4 años y 100 días y su condena terminaría en octubre, o también se podía conmutar, sin embargo, la familia y el preso decidieron apelar y buscar la libertad absolutoria, la cual no fue posible.
Apenas el 14 de diciembre también fue puesto en libertad el promotor de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Herrera, después de 4 años y 13 días en prisión, uno de ellos en un penal de máxima seguridad, pero todavía falta la liberación del promotor de la base del Fortín Gonzalo Molina.

 

 

Retrasan sentencia a un preso de la CRAC; señalan que el gobierno usa el caso políticamente

La mamá del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Samuel Ramírez Gálvez preso en la cárcel de esta ciudad, Beatriz Gálvez Macario, exigió a las autoridades la liberación de su hijo y la reparación del daño, luego de que se hicieron cuatro peritajes que terminaron en febrero y se debió emitir sentencia el mes pasado pero no fue así.
La representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Enriqueta Chávez López dijo que la organización considera que no emiten sentencia por la contienda electoral y que se está buscando cómo utilizar el caso políticamente.
En una llamada telefónica la madre del preso político expuso que a su hijo “desde hace años están que lo van a sacar y no hay salida y ya se cerró el caso… ahorita falta, estamos en espera pues para que ya lo tengamos afuera, yo exijo que reconozcan la Ley 701 y que reconozcan que mi hijo es comunitario, no es ningún delincuente, no es ningún secuestrador”.
Abundó que hay delincuentes peligrosos pero con dinero salen libres, desafortunadamente su familia es de bajos recursos y como el gobierno es corrupto todo lo hace con dinero, motivo por el que su hijo sigue preso.
Indicó que las autoridades deben reconocer que su hijo está en la cárcel sin ninguna culpa porque el arma que estaba utilizando cuando lo detuvieron la llevaba porque estaba en funciones de policía comunitario.
“Exigimos que los años que estuvo ahí se le recompensen porque ahorita yo estoy toda endeudada por ese encarcelamiento, y ahora si él sale, sale sin ningún recurso, es como si hubiera estado durmiendo cuatro años y cacho y qué va a hacer en su futuro, ese es el problema”, resaltó.
Enriqueta Chávez manifestó que con la organización consideran que el motivo por el que no se ha sentenciado a Ramírez Gálvez es que hay una situación electoral, que están esperando poder manejar el caso políticamente.
En el proceso de Ramírez Gálvez se realizaron cuatro peritajes, el primero fue el de Tecnología, el segundo de Grafoscopía, uno de Química Forense y el de Dactiloscopía que se terminaron en febrero y en marzo se debió emitir la sentencia.
Remarcó que es evidente la inocencia de Samuel Ramírez, que los familiares y activistas que lo apoyan van a esperar pero que jurídicamente están presionando.
Agregó que se enviaron al Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo dos recursos de inconformidad porque no resuelven nada.
“El proceso terminó pero todo salió favorable a Samuel, entonces lo único que quedaba era presentar obviamente documentos que estuvieran a nuestro cargo, evidentemente estaría en la Fiscalía, eso ya se cerró y solamente estamos en espera de que nos den la sentencia”, dijo.

Nueve detenidos en una operación en Ometepec; los acusan del asesinato de un comandante de la CRAC

El gobierno de Guerrero dio a conocer la detención de nueve presuntos integrantes de un grupo delictivo y quienes presuntamente participaron en el asesinato del comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Dos de los detenidos son mujeres, según un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR).
El domingo en la carretera Ometepec-Tlacoachistlahuaca hombres armados mataron al comandante de la CRAC del segundo municipio, Salvador quien viajaba en un taxi del servicio público.
Según el boletín del gobierno vecinos de la comunidad de La Soledad a 10 minutos de la ciudad de Ometepec alertaron el domingo que en la entrada de la comunidad estaban hombres armados y cuando la policía llegó éstos huyeron y se atrincheraron en una casa.
Fue hasta la noche del lunes luego que un juez emitió una orden de cateo que soldados de la Marina, del Ejército, agentes de la PGR, la Policía Ministerial y estatal detuvieron a las nueve personas de las que no se dieron más detalles.
Según el gobierno del estado los detenidos pertenecen a un grupo delictivo que operaba en la región de Costa Chica y portaban 4 armas largas y 10 cortas, 28 cargadores y más de 2 mil cartuchos de distintos calibres.
Además tenían un Nissan Sentra blanco con placas de circulación HBW274A del estado de Guerrero, una camioneta GMC tipo Sonoma roja cabina y media con placas RD98618 del estado de Nuevo León y una camioneta marca Chrysler tipo Country gris con placas C64AHB del Distrito Federal. Además traían dos paquetes confeccionados con cinta canela con marihuana y un peso total aproximado de 2 kilos.
El gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señalaron que seguirán trabajando para garantizar la seguridad de la ciudadanía, prevenir la comisión de delitos con pleno respeto a los derechos humanos.

 

Sitian policías un pueblo de Ometepec; buscan a los asesinos de un comunitario de la CRAC

Luego del asesinato del comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Región de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tlacoachistlahuaca, fuerzas de seguridad mantienen sitiada la comunidad de La Soledad a 10 minutos de Ometepec donde están refugiados tres presuntos asesinos del policía comunitario.
El alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos informó vía telefónica que desde la mañana en la comunidad hay un intenso operativo de policías ministeriales y estatales en espera de una orden de cateo por parte de un juez para entrar a una casa donde se encuentran los presuntos asesinos.
La tarde de este domingo el comandante de CRAC, Salvador fue bajado de un taxi del servicio público en la carretera Ometepec-Tlacoachistlahuaca y después ejecutado por hombres armados.