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Eligen en la CRAC a cuatro coordinadores regionales; rechazan a uno de Eliseo Villar

Autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) impidieron que un cercano al grupo de  Eliseo Villar Castillo —quien confrontó a miembros de la organización— se convirtiera en uno de los cinco coordinadores regionales y con 44 votos en contra y uno a favor el mixteco Pablo de la Cruz Emeterio quedó fuera de la terna. La elección del quinto coordinador y la de un quinto comandante será en una asamblea regional.
En la asamblea de ayer en San Luis Acatlán participaron 24 comisarios municipales, seis comisariados ejidales y 38 consejeros regionales de los municipios de San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, e Iliatenco y hubo un total de 200 personas entre policías comunitarios armados con sus escopetas que no participaron. Las autoridades elegidas estarán en el cargo por dos años como lo marca el reglamento interno de la CRAC.
Ayer se eligieron las autoridades entre inconformidades de algunos consejeros que habían solicitado aplazar el nombramiento de las autoridades comunitarias en 15 días. Los inconformes habían solicitado la ampliación del plazo para que todas las comunidades de las lenguas mixteca, tlapaneca y amuzga presentaran sus propuestas. Sin embargo por mayoría de votos se acordó en la asamblea seguir con la selección y votación de los coordinadores y comandantes.
Las propuestas de coordinadores presentadas por las autoridades de cada comunidad y que quedaron por mayoría de votos son de la comunidad de Arcelia del Progreso, Guadalupe Benigno Cortez con 56 votos a favor, de la comunidad de Tuxtepec, Marcelino García Mendoza con 43 votos a favor, de la comunidad de Potrerillo Coapinole, Isaac Estrada con 47 votos a favor y de la comunidad de Barranca Techale, Pedro Valdés con 66 votos a favor.
Mientras que Pablo de la Cruz Emeterio de la comunidad de Cuanacaxtitlán obtuvo 44 votos en contra y sólo uno a favor. Momentos antes de la votación varios consejeros se manifestaron en contra de su postulación porque afirmaron que fue una de las personas que apoyó al coordinador   Eliseo Villar Castillo en 2013 quien bajo el auspicio del defenestrado gobernador, Ángel Aguirre Rivero confrontó a los integrantes de la organización.
Sin embargo el señalado negó que el estuviera a favor de Villar Castillo y dijo que el apoyó a los integrantes que estaban contra el ex coordinador que dividió la CRAC. Actualmente Villar Castillo y la también ex coordinadora Adelaida Hernández se encuentran presos en la cárcel de Chilpancingo acusados del delito de secuestro. Ambos fueron detenidos el 30 de abril de 2015 por el Ejército en la ciudad de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero.
Los representantes de la mesa de debates encabezados por el consejero Abad García García dejaron pendiente la elección en una nueva asamblea regional del quinto coordinador, y lo mismo pasó con los comandantes donde sólo quedaron cuatro integrantes, pero ahí por la falta de propuestas.
En la terna de comandantes quedaron seleccionados de la comunidad de Zoyatlán, Félix Rosario Reyes con 58 votos a favor, de la comunidad de Posa Verde, Ulises Hernández Hernández con 50 votos a favor, de la comunidad de Nejapa, Arturo Torres con 57 votos a favor y de la comunidad de Potrerillo Coapinole, Celso Macedonio con 47 votos a favor.

Llaman a defender a los presos políticos

En la asamblea también fueron presentados los informes de los tres coordinadores que dejaron el cargo quienes son Joaquín Rentería, Felipe Claudio, León Ponce, los que fueron aprobados por mayoría. Ahora los tres ex coordinadores en automático pasan a ser consejeros de la organización.
En su informe los tres coordinadores llamaron a otras organizaciones de derechos humanos a dar seguimiento a las acciones para la defensa de los presos de la organización “quienes han caído en la prisión del gobierno por cumplir con el mandato de los pueblos para brindar seguridad a las comunidades”.
Recordaron que siguen presos Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, así como otros 25 integrantes del Comité de Enlace de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y la exigencia de justicia para los cinco policías comunitarios caídos y “asesinados por la Policía Estatal y ministerial” en la comunidad de La Concepción el pasado 7 de enero.
Los coordinadores informaron que atendieron en dos años 677 casos, de los que 489 se resolvieron y 139 de ellos fue necesario ordenar la detención de los acusados. Además dejaron a 34 detenidos en proceso de reeducación de los que 26 se les determinó su culpabilidad y 8 están en proceso de investigación.
Además se atendieron 10 casos de abigeato, cinco de homicidios, cuatro de intento de homicidios, tres de violencia y drogadicción, tres de violencia intrafamiliar, dos de violación, dos de extorsión, dos de agresiones físicas y lesiones, dos por robo y uno  por intento de violación.
También se informó a detalle el gasto de los 100 mil pesos de apoyo que entrega el Ayuntamiento a la CRAC al mes, más 30 mil pesos fueron en vales de gasolina para los operativos durante el 2017 y hasta febrero de 2018.
Además de  los 60 mil pesos que entrega el gobierno del estado también para los gastos operativos de la organización de manera mensual y desde el mes de abril de 2017 a febrero de 2018.

 

Marcha el Frente Popular de Tlapa; pide obras, justicia por Ayotzinapa y libertad a presos políticos

 

Integrantes y simpatizantes del Frente Popular de Tlapa (FPT) marcharon por su segundo aniversario y demandaron la construcción escuelas,  redes de agua potable y drenaje y  pavimentación de calles y carreteras  así como mayor apoyo al campo.
Además exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia para Antonio Vivar Díaz quien fue asesinado en el 2015 en la jornada electoral por policías federales, la libertad de los presos políticos y la desaprobación a la Ley de Seguridad Interior (LSI).
En la marcha participaron cerca de mil 500 personas de las comunidades de Zacualpan, Tlacuiloya, Tlatzala, Tenango Tepexi,  Xalatzala, Coachimalco y colonias de Tlapa como la 5 de Mayo, Loma Bonita, El Dorado, la Lázaro Cárdenas, Tepeyac y Miguel Hidalgo.
La marcha inició cerca de las 10:30 de la mañana en el mercado Nuevo Horizonte para Guerrero y avanzó por las calles principales de Tlapa y terminó en un mitin frente al Ayuntamiento de esta ciudad donde  los asistentes colocaron sus mantas con las demandas de cada comunidad y otras poblaciones como la de Ocotequila del municipio de Copanatoyac que pidió la pavimentación de su carretera.
En el mitin participó el integrante de la Organización Popular  Independiente de Guerrero (OPIG), Israel Jiménez Martínez quien dijo que  el sexenio peñista ha dejado pobreza y marginación en las comunidades indígenas.
Se pronunció contra la LSI y dijo que sólo servirá para reprimir a los movimientos sociales y además dijo que las leyes energéticas sólo han generado el aumento del gas, la gasolina, la energía eléctrica y también que las mineras buscan despojar a los pueblos de su territorio.
Llamó a la organización de los pueblos para impulsar las leyes que permitan defender los derechos, como la ley general de consulta de los pueblos indígenas.
Además pidió justicia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Antonio Vivar y libertad a los presos políticos.
También participó el integrante del a Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –Policía Comunitaria (CRAC-PC) de El Paraíso, en Ayutla, Arturo Campos Herrera quien pasó cuatro años en la cárcel y recientemente obtuvo su libertad tras acreditar su inocencia en los delitos que le imputaron, él pidió la libertad de sus compañeros Gonzalo Molina, Samuel Ramírez, Marco Antonio Suástegui y los más de 30 detenidos en la comunidad de La Concepción en Acapulco de quienes dijo su único delito fue organizarse para defender a su pueblo.
Llamó a la unidad de las luchas para enfrentar los embates del sistema.
Por separado, la integrante de la Organización de Comerciantes Ambulantes, Orquídea Aguilar Rodríguez lamentó la criminalización a su actividad en la ciudad la cual consideró que no era un delito ya que lo hacen para mantener a sus familias y se organizaban para exigir mejores aulas para sus hijos y no fueran de cartón y carrizos, se quejó de la falta de medicamentos y la atención de especialistas en los hospitales y falta de ambulancias.
Pidió seguridad para las mujeres y frenar los feminicidios porque tiene miedo de que sus hijas salgan a la calle y las maten.
También habló el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,  Abel Barrera Hernández  quien criticó a los políticos que ya  salieron de su madriguera a buscar los votos en este proceso electoral para seguir robando, pero no para buscar el bienestar de la gente.
Lamentó que los ayuntamientos estén vacíos y los presidentes, síndicos, regidores y trabajadores sólo se presenten a cobrar y no atiendan ni resuelvan las demandas de la población.
También el representante de la CETEG, Apolo Morán llamó a la unidad y a impulsar un gobierno popular porque hay políticos que no terminan su cargo y van para otro. Consideró que hay inseguridad en los pueblos y cuando éste se organiza para protegerse son reprimidos.

 

Cancelan otra vez la audiencia de Samuel Ramírez; no se presentó el perito de química forense

La penúltima audiencia que se tenía programada en el juzgado Séptimo de Distrito del preso de la Coordinadora Regional de autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Samuel Ramírez Gálvez, se canceló por segunda vez, ahora porque el perito de química forense no se presentó.
Mientras que el también  preso de la CRAC de El Fortín, Gonzalo Molina González exigió a las autoridades se agilice el proceso de su compañero del sistema comunitario para que salga con “libertad absolutoria”.
En un comunicado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero informó de las audiencias programadas para el policía comunitario y la cancelación de la de ayer.
Expone que se suspendió debido a que el perito de química forense no se presentó en el juzgado, que  son cuatro peritajes los que se van a efectuar durante su proceso, de los cuales ya se hicieron dos, el primero que se llevó acabo fue el de Tecnología y el segundo de Grafoscopía.
Agrega que el jueves 18 de enero se espera el cuarto de los peritajes, el de Dactiloscopía, y que por lo tanto como se suspendió el de ayer se tendrá que solicitar la nueva fecha este miércoles.
“Cabe señalar que el juez está obligado a presentar a dichos peritos incluso por medio de la fuerza pública. Así es como lo marca la ley, del debido proceso… Esta es la segunda ocasión que estos profesionales judiciales no se presentan a desahogar los puntos litigiosos que son materia de su dictamen, y retrasan en tiempo de esta manera el juicio de Samuel Ramírez”, señala.
Por su parte Molina González dijo “en este momento urge que el compañero salga, pero no queremos que salga por salir sino absuelto,  como debe de ser porque no hay delito que perseguir, hay pruebas suficientes que echan abajo todo porque sí se reconoce a la CRAC como institución, entonces todo eso más los jueces que han liberado a nuestros compañeros, pues ya es justo que Samuel salga”, expresó.
Recalcó que con su encarcelamiento y el de Ramírez Gálvez y los ataques en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, a la Policía Comunitaria, está demostrado que hay un gobierno fallido y autoritario, que trata de implementar a través de la fuerza militar los proyectos que van a beneficiar a las grandes empresas, no al pueblo de Guerrero ni a México.

La audiencia de Samuel Ramírez es hoy, corrige el Comité por la Libertad de los Presos Políticos

La representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, Enriqueta Chávez López señaló que la fecha de la penúltima audiencia del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) quien está preso en la capital, Samuel Ramírez Gálvez, es para este martes  y no para el 9 de diciembre como indicó en un comunicado.
El viernes se publicó en El Sur un comunicado que difundió el comité y decía que la penúltima audiencia del comunitario era para el 9 de diciembre del 2018, lo que indicaba que casi un año más seguiría preso.
En consulta telefónica Chávez López aclaró que hubo un error en la fecha que pusieron en el comunicado  y que la penúltima audiencia es este martes y que la última audiencia es el 18 de este mes.
Sin embargo dijo que al principio la penúltima audiencia estaba programada para noviembre, pero que ante la inconformidad el abogado apeló y es por eso que recorrieron las audiencias para este mes.
Por separado, en otro comunicado emitido por el comité se señaló que “él podría haber salido libre desde el mes de octubre del 2017 con una sentencia condenatoria la cual le ofrecían sus abogados aceptar para así acogerse a la misma y apelar (la sentencia) en el exterior, (pero) el hecho le implicaba salir bajo una pena de culpabilidad”.
Se informó que salir en libertad en esa situación era inadmisible tanto para él como para su familia.
“Simplemente no podrían tolerar una acción tan aberrante que implica el aceptar esa pena injusta y arbitraria que atenta no sólo en contra de sus derechos humanos sino también en contra de los derechos humanos de los pueblos originarios a tener el respeto por su proceso autonómico en lo que se refiere a sus prácticas de justicia y seguridad”.
Además en un audio difundido por el comité, el comunitario manda un mensaje en su lengua mixteca y en español y declaró que “me dieron sentencia con 4 años 100 días, metimos apelación porque yo estoy pidiendo libertad absolutoria con el juez porque yo no cometí ningún delito, yo soy inocente y lo estoy demostrando que yo no soy ningún delincuente, aquí estoy luchando hasta que salga absuelto”. (Beatriz García / Chilpancingo).

El 2018 será difícil pero se espera que salgan los presos de la CRAC, dice el comité por su libertad

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero manifestó que este año será “muy difícil” en lo político, social, económico y laboral pero se espera que sean liberados los presos políticos Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez porque se ha comprobado que sus casos son políticos y no jurídicos.
“Este año… como país se nos presenta un enorme reto para poder salir adelante ante una embestida salvaje por parte de la oligarquía en el poder. Pero a pesar de esos obstáculos tenemos la convicción que se obtendrá la libertad absoluta e incondicional de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, presos políticos indígenas de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC -PC “, decía un comunicado del comité.
Añadió que el Estado no tiene por qué seguir teniéndolos encarcelados porque nunca existió ningún delito qué perseguir, y que no se ha comprobado jurídicamente, “pues sus acusaciones han sido infundadas y absurdas”.
Indicó que sabe que el gobierno utiliza todos los recursos que tiene a su alcance para eliminar “piezas claves” y así poder destruir los movimientos y organizaciones de los pueblos.
“La única intención del gobierno es tenerlos detenidos porque trastocan grandes intereses de las mismas autoridades que incluso están coludidas con el crimen organizado”, manifestó.
Se señaló que el Estado viola impunemente las garantías colectivas de los pueblos que se rigen por usos y costumbres indígenas, y a sus luchadores sociales los criminalizan para impedir el derecho que tienen como comunidades a su libre determinación y autonomía. Y por lo tanto exigieron su libertad inmediata.
El coordinador de la  CRAC de la base del Fortín en Tixtla, Gonzalo Molina fue detenido el 6 de noviembre del 2013 en un retén de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa enfrente del internado Adolfo Cienfuegos y Camus, fue acusado de varios delitos como terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, secuestro, delincuencia organizada, lesiones y despojo.
Mientras que el policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre del 2013 junto con 13 policías comunitarios, de ellos siete obtuvieron su libertad absoluta y cinco fueron consignados, cuatro obtuvieron su libertad bajo fianza, y solo Ramírez Gálvez fue consignado y continúa preso.

Libre, Arturo Campos de la CRAC tras 4 años preso; no se acreditó que cometió secuestro

Después de 4 años y 13 días preso fue liberado la tarde de ayer el promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla, Arturo Campos Herrera, que los últimos dos años los pasó en el penal de esta cabecera municipal.
El promotor de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso de este municipio salió libre a las 4:15 de la tarde, luego de que el juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Tlapa le dictó auto de libertad absolutoria al no poder acreditarle el delito de secuestro del que lo acusaban las autoridades.
Al pisar la calle Campos Herrera declaró que seguirá luchando por la libertad de sus compañeros presos, Gonzalo Molina González, promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla y del policía comunitario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez, ambos en el penal de Chilpancingo.
Asimismo dijo que continuará en la lucha por la defensa de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y en contra de la Ley de Seguridad Interior y de la militarización del estado.
Afuera del penal lo esperaban su esposa Agustina García y la más pequeña de sus hijas, Amayeli de 4 años, a quien el promotor comunitario abrazó y la conmovida menor irrumpió en llanto junto a su hermana mayor y su madre.
También lo esperaban el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el sobreviviente de la masacre de El Charco ex coordinador de la CRAC de este municiplo y también ex preso, Bernardino García Francisco, y los policías comunitarios que estuvieron presos Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos.
Asistieron don Hermenegildo Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio uno de los 43 estudiantes de  Ayotzinapa desaparecidos, el asesor de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán Valentín Hernández Chapa, el consejero Sabás Aburto, así como una veintena de seguidores de Campos Herrera que al verlo salir estallaron en consignas como: “Libertad, libertad, a los presos por luchar”.
Campos Herrera salió de la cárcel acompañado por los abogados de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que llevaron la defensa de Arturo Campos.
Desde el umbral de la puerta del penal Campos agradeció a los organismos civiles, organizaciones sociales, a su familia y las personalidades que estuvieron con él y en la lucha por su libertad. También agradeció a los medios de comunicación, “y a las orejas (informantes del gobierno) que posiblemente se metan a escuchar, les pido que lleven el mensaje que nosotros somos inocentes y por eso logramos nuestra libertad”.
Aclaró que su libertad no se logró bajo ninguna negociación con el gobierno, “se logró porque demostramos con pruebas contundentes que nunca existieron los delitos por los que nos acusaron”.

La Ley de Seguridad Interior viola la Constitución

Después respiró hondo y exclamó, “ya estoy libre y ahorita lo que sigue es luchar por los compañeros que siguen presos. Vamos a seguir defendiendo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, a la Ley 701. Estamos en contra de la Ley de Seguridad Interior que está en la Cámara de Senadores. Estamos en contra de la militarización del país y vamos a unir fuerzas para exigir al gobierno que esa ley se tiene que echar para abajo, y si no de todos modos vamos a organizarnos para defendernos en contra de la militarización”, advirtió.
Denunció que la gente de las comunidades indígenas ha sido atropellada y que se han violado los derechos humanos de las mujeres y hombres por el Ejército, “y ahorita el gobierno federal está impulsando una ley en contra de la Constitución porque el Ejército ni la Marina deben andar en las calles, ellos deben estar encuartelados y eso lo dice la Constitución”, expresó.
Insistió que es violatoria a la Constitución “y por eso nosotros como luchadores sociales es nuestra obligación estar en contra, y organizar a la gente para defendernos como pueblos indígenas”.
El abogado Rosales Sierra informó que Campos salió en libertad absoluta porque en el procedimiento no se acreditó uno de los elementos fundamentales del secuestro.
Explicó que el secuestro se compone de dos elementos, la privación de la libertad y la finalidad con que se priva de la libertad a las personas, y que no se acreditó el segundo elemento, “porque la finalidad con la que estaban detenidas las personas en la Casa de Justicia de El Paraíso era para procesarlos en el Sistema de Justicia indígena debido a que habían cometido delitos”, aclaró.
Dijo que con esto los jueces federales han reconocido plenamente a la CRAC como autoridad plenamente establecida, que puede ejercer actividades de seguridad y justicia, ese criterio se logró a pulso con varios amparos de varios procesos que Arturo Campos enfrentaba, igual que en el caso de los seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso que fueron liberados anteriormente.
“Hay un caudal de resoluciones y de precedentes jurídicos que hoy tienen los tribunales, y que sirvieron de base para dictar la libertad a favor de Arturo Campos”, informó.
Añadió que quedó evidenciado que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero utilizó el sistema de justicia y los penales federales para criminalizar a la CRAC.
Antes, Abel Barrera denunció que el caso de Campos muestra el patrón de criminalidad que ha impuesto el gobierno del estado a través de la Fiscalía General, “se han fabricado pruebas y sobre todo, se han usado de manera desproporcionada las penas y los penales”.
Lamentó que Arturo Campos haya tenido que pagar más de cuatro años de encierro y uno de ellos en un penal de máxima seguridad, “esto habla de cómo las autoridades se empeñan en acallar voces críticas como la de Arturo Campos”.
Denunció que en esta situación están los casos de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez que igual que Arturo, lo que hicieron fue dar todo de sí para que hubiera seguridad y justicia en el estado.
Aprovechó para llamar a que los diputados locales aprueben la propuesta de Ley 701 que están impulsando la CRAC y organizaciones sociales, a fin de que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas.
En la noche en un boletín, Tlachinollan dijo que “para el movimiento de derechos humanos en Guerrero la libertad de Arturo Campos es el triunfo de una lucha histórica de los pueblos y, sobre todo, de los defensores que se ponen en la línea de fuego tratando de construir un nuevo escenario de respeto a los derechos humanos”.
Añadió que Arturo está libre gracias a la lucha de las comunidades indígenas, pero sobre todo “gracias a su trayectoria impecable, porque es una persona que siempre ha trabajado para construir justicia desde abajo”.

Pasó Campos Herrera 4 años en prisión por una interpretación desviada de la ley: abogados

El promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera fue detenido por agentes ministeriales el 1 de diciembre de 2013 después de un mitin por la exigencia de libertad de la comandanta de la organización comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García y  policías comunitarios de Ayutla.
Fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de dos secuestros.
Las acusaciones por los supuestos secuestros son en esencia señalamientos que hacen varias personas que estaban procesadas en el sistema de justicia de la CRAC-PC, por cometer delitos en sus comunidades, que van desde homicidio, violaciones, narcomenudeo y otros delitos contra la salud.
Estando en prisión se le instruyeron las siguientes causas penales:
Secuestro derivado en la causa penal 59-1/2015 (antes causa penal 191/2013-II que se encontraba radicada en el juzgado Cuarto Penal de Acapulco) radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende, en Ayutla de los Libres, Secuestro en la causa penal 196/2013-I radicada en el juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, en la ciudad de Tlapa.
Además obtuvo su libertad en los procesos penales por robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, derivado de la causa penal 007-I/2014 radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende de Ayutla. Se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar.
Asimismo delincuencia organizada derivado de la causa penal 76/2014 radicada en el juzgado Séptimo de Distrito, se interpuso apelación 47/2014 ante el Primer Tribunal Unitario de Chilpancingo, obteniendo su libertad.
Para los abogados de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que llevaron el caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado) hizo una interpretación “desviada” de la ley, y forzó el encuadramiento de secuestro, “estableciendo que un grupo de personas que se dicen policías comunitarias detuvieron a los supuestos agraviados, les pidieron dinero a cambio de su libertad y los maltrataron en los centros de detención”.
Sin embargo consideran que la dependencia soslayó que Arturo pertenece a un pueblo indígena y al sistema de justicia de la CRAC-PC, y que los detenidos habían cometido delitos en sus comunidades y estaban enfrentando un proceso en el Sistema de Justicia indígena de la referencia.
Los abogados de Campos Herrera expusieron que en las causas penales que se le instruyeron por los delitos de delincuencia organizada y robo calificado, los jueces le otorgaron su libertad absoluta, pues quedó acreditado que no pertenece a un grupo delincuencial ni que haya robado, por el contrario es integrante de un pueblo indígena que en el marco de la pluriculturalidad de nuestro país, poseen su propia forma de organizarse para cuidar su seguridad y sancionar las conductas ilegales en su territorio, derecho reconocido a los pueblos indígenas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Rechaza la CRAC el diálogo con la UPOEG; ha irrumpido en comunidades para asesinar, denuncian


Miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunciaron que integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que lidera Bruno Plácido Valerio, han irrumpido en comunidades, y su hermano Cirino Plácido está detrás de un conflicto agrario y por eso fue suspendida de sus derechos la comunidad de Río Iguapa.
En la asamblea de ayer donde se validaría el nuevo reglamento interno de la organización, consejeros regionales rechazaron el diálogo con la UPOEG mismo que fue propuesto en un foro el pasado 23 de octubre, por el coordinador de la Universidad del Sur, Bulmaro García Zavaleta, en Cuajinicuilapa.
Durante su participación el consejero regional Librado Vázquez, denunció que los policías de la UPOEG han entrado en dos ocasiones a la comunidad de Tierra Colorada, Malinaltepec, para asesinar a personas de la comunidad.
En la asamblea también fue expuesta la demanda que presentó el consejero regional de la CRAC, Melquiades Simón, debido a que el 14 de junio pasado, integrantes de la localidad Arroyo Hoja de Venado, colonia de Río Iguapa, pertenecientes al ejido de Buena Vista le destruyeron 600 plantas de piña y 150 de plátano, para ocupar el terreno como su cementerio.
Por esta situación fue llamado el delegado de la comunidad Hoja de Venado, Antonino Simón Moran, por el comisario de Buena Vista, quien le dijo que la comunidad tomó el terreno porque el consejero regional no tenía documentos del predio.
Así el pasado 1º de diciembre fue detenido el delegado, por la CRAC en San Luis Acatlán, por el incumplimiento de los acuerdos para pagar los daños por 25 mil pesos, de los 78 mil que pedía el afectado.
El 5 de diciembre la comunidad de Arroyo Hoja de Venado, junto a la Policía Comunitaria de Río Iguapa y otros anexos del Ejido de Buena Vista, acudieron a la comandancia en San Luis Acatlán a rescatar al delegado, y ahí detuvieron también a Melquiades Simón, quien fue rescatado en la comunidad de Buena Vista, por eso ayer Río Iguapa quedó suspendida del sistema comunitario.
La CRAC propuso que el problema sea resuelto en una asamblea del ejido, sin embargo la comunidad se niega, y ahora el hermano del líder de la UPOEG, Bruno Plácido, Cirino aconseja a las comunidades y está creando un conflicto.
La esposa del consejero regional denunció que ayer la comunidad de Arroyo Hoja de Venado había acordado detenerlo y encerrarlo el mismo tiempo que su delegado estuvo detenido.
Por estos temas, en su participación el consejero Juan Horta dijo que la UPOEG no respeta los acuerdos, y recordó que en otros momentos se ha tratado de dialogar con la organización pero siempre terminan por incumplir.

Reglamento Interno

Ayer por la falta de quórum y por la presencia de 12 comisarios en la asamblea, se pospuso la validación del nuevo reglamento interno de la organización para el 27 de enero.
La propuesta considera las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que integra delitos como robo de ganado, asesinatos, delincuencia organizada, separaciones de parejas, la exigencia de pensiones, y paternidad.

Entregan al gobierno en Cdmx 40 mil firmas para exigir la libertad de Arturo Campos

Abogados y activistas, así como su esposa Agustina García entregaron en la oficina representación del gobierno de Guerrero casi 40 mil firmas recabadas en la campaña electrónica de Avaaz, en cuya petición se exige la liberación del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera quien está preso desde hace cuatro años pese a que ha demostrado su inocencia.
Acudieron al encuentro con el titular de la oficina ubicada en Polanco, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado de la misma organización a cargo de la defensa del comunitario, Rogelio Téliz, junto a Agustina, así como los actores Daniel Giménez Cacho, Ofelia Medina y el activista Mardonio Carballo, y Ángel García García, un ex preso político de la CRAC.
El hijo del ex gobernador y actual subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, René Juárez Albarrán recibió alrededor de las 11 al grupo encabezado por Agustina García, quien a cuatro años de distancia pese a estar enferma de la columna y manteniendo a sus cuatro hijas e hijo tras el encierro de su esposo, acudió a la ciudad.
Rogelio Téliz quien lleva el caso de Arturo Campos preso en el penal de Ayutla, explicó que durante la campaña se lograron reunir 34 mil firmas, por la socialización de varios activistas. Ahí demandan al juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos en Tlapa, a agilizar el caso y dictar sentencia lo más pronto posible, así como tomar en cuenta las pruebas ofrecidas y decretar su libertad inmediata.
Juárez Albarrán aseguró que no conocía el caso y que Arturo Campos, así como otros comunitarios de la CRAC que fueron apresados en 2013 durante el gobierno del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el de la ex comandanta de Olinalá Nestora Salgado y el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González encarcelado en Chilpancingo, pero se comprometió a llevar su caso y las firmas al poder Judicial de Guerrero.
Rogelio Téliz informó que le entregaron las firmas por escrito y de manera electrónica, “para poderle exigir por su conducto puedan a la brevedad dictar una sentencia, platicamos con él para que le haga llegar la información al poder Judicial y agilizar el tema. Le expusimos que el proceso está cerrado, el viernes fue la última audiencia, el expediente está con el juez y éste está en condiciones de dictar sentencia, no esperarse hasta los 15 días que establece la ley”.
Arturo Campos está preso desde el 1 de diciembre de 2013 acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla y delincuencia organizada, ha quedado absuelto de tres causas penales pero está pendiente el delito de secuestro, por un expediente radicado en Tlapa.
Detalló que el único proceso que seguía vigente en su contra por secuestro en la causa penal 196/2013-1 ya fue desahogado.
Agustina García le dijo a Juárez Albarrán que no confían en el gobierno de Guerrero y pidió que no le fabriquen más delitos.
También preocupa a sus abogados, según dijo Téliz, “que la Fiscalía (General del Estado) no tenga otro expediente oculto, que pudiera sacarlo cuando ya esté en libertad o vaya a salir de la cárcel”.
Pidió que durante este proceso le puedan resarcir el daño causado a él y a su familia, “y hasta que esté libre sabremos si hubo voluntad política… Él no tiene ninguna culpabilidad, la gente que lo acusaba no logró mantener firme esa acusación, el gobierno nunca ha agilizado estos procesos pese a que tenemos expedientes completamente cerrados”.
Recordó que tanto Nestora Salgado como Bernardino García y otros cinco comunitarios presos por secuestro fueron absueltos por jueces de Guerrero, confía que esos criterios puedan emplearse en el caso de Arturo Campos y la sentencia salga antes dos semanas.
Mencionó que la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mantiene pendiente una propuesta de punto de acuerdo para que el Senado se pronuncie a favor de su liberación bajo los mismos criterios jurídicos que en el caso de Nestora Salgado García, apresada en agosto de 2013 y quien recuperó su libertad en abril de 2016, porque se reconoce a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a sus integrantes como autoridades.
Durante la reunión el activista Mardonio Carballo consideró que el gobierno de Guerrero, “debe asumir los derechos indígenas en tratados internacionales y legislación interna para reconocer a la Policía Comunitaria en el marco de la configuración multicultural de México. Es paradójico que como en el caso de los 43 a Arturo también lo acusen el mismo número de personas en el Estado. La Policía Comunitaria salvó al pueblo ante la inseguridad”.

Llevan 33 mil 416 firmas por la libertad de Arturo Campos

El abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, la actriz Ofelia Medina, el director de Tlachinollan Abel Barrera, el titular de la Oficina de la Representación del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México, René Juárez Albarrán, la esposa de Arturo Campos Herrera, Agustina García, el ex preso de la CRAC, Ángel García, el activista Mardonio Carballo y el actor Daniel Giménez Cacho luego de que entregaron las firmas para exigir la libertad del promotor de la Policía Comunitaria en Ayutla, Arturo Campos Herrera, preso desde 2013. Foto: Cuartoscuro
El abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, la actriz Ofelia Medina, el director de Tlachinollan Abel Barrera, el titular de la Oficina de la Representación del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México, René Juárez Albarrán, la esposa de Arturo Campos Herrera, Agustina García, el ex preso de la CRAC, Ángel García, el activista Mardonio Carballo y el actor Daniel Giménez Cacho luego de que entregaron las firmas para exigir la libertad del promotor de la Policía Comunitaria en Ayutla, Arturo Campos Herrera, preso desde 2013. Foto: Cuartoscuro

 

Entregan al gobierno en Cdmx 40 mil firmas
para exigir la libertad de Arturo Campos

Abogados y activistas, así como su esposa Agustina García entregaron en la oficina representación del gobierno de Guerrero casi 40 mil firmas recabadas en la campaña electrónica de Avaaz, en cuya petición se exige la liberación del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera quien está preso desde hace cuatro años pese a que ha demostrado su inocencia.
Acudieron al encuentro con el titular de la oficina ubicada en Polanco, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado de la misma organización a cargo de la defensa del comunitario, Rogelio Téliz, junto a Agustina, así como los actores Daniel Giménez Cacho, Ofelia Medina y el activista Mardonio Carballo, y Ángel García García, un ex preso político de la CRAC.
El hijo del ex gobernador y actual subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, René Juárez Albarrán recibió alrededor de las 11 al grupo encabezado por Agustina García, quien a cuatro años de distancia pese a estar enferma de la columna y manteniendo a sus cuatro hijas e hijo tras el encierro de su esposo, acudió a la ciudad.
Rogelio Téliz quien lleva el caso de Arturo Campos preso en el penal de Ayutla, explicó que durante la campaña se lograron reunir 34 mil firmas, por la socialización de varios activistas. Ahí demandan al juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos en Tlapa, a agilizar el caso y dictar sentencia lo más pronto posible, así como tomar en cuenta las pruebas ofrecidas y decretar su libertad inmediata.
Juárez Albarrán aseguró que no conocía el caso y que Arturo Campos, así como otros comunitarios de la CRAC que fueron apresados en 2013 durante el gobierno del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el de la ex comandanta de Olinalá Nestora Salgado y el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González encarcelado en Chilpancingo, pero se comprometió a llevar su caso y las firmas al poder Judicial de Guerrero.
Rogelio Téliz informó que le entregaron las firmas por escrito y de manera electrónica, “para poderle exigir por su conducto puedan a la brevedad dictar una sentencia, platicamos con él para que le haga llegar la información al poder Judicial y agilizar el tema. Le expusimos que el proceso está cerrado, el viernes fue la última audiencia, el expediente está con el juez y éste está en condiciones de dictar sentencia, no esperarse hasta los 15 días que establece la ley”.
Arturo Campos está preso desde el 1 de diciembre de 2013 acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla y delincuencia organizada, ha quedado absuelto de tres causas penales pero está pendiente el delito de secuestro, por un expediente radicado en Tlapa.
Detalló que el único proceso que seguía vigente en su contra por secuestro en la causa penal 196/2013-1 ya fue desahogado.
Agustina García le dijo a Juárez Albarrán que no confían en el gobierno de Guerrero y pidió que no le fabriquen más delitos.
También preocupa a sus abogados, según dijo Téliz, “que la Fiscalía (General del Estado) no tenga otro expediente oculto, que pudiera sacarlo cuando ya esté en libertad o vaya a salir de la cárcel”.
Pidió que durante este proceso le puedan resarcir el daño causado a él y a su familia, “y hasta que esté libre sabremos si hubo voluntad política… Él no tiene ninguna culpabilidad, la gente que lo acusaba no logró mantener firme esa acusación, el gobierno nunca ha agilizado estos procesos pese a que tenemos expedientes completamente cerrados”.
Recordó que tanto Nestora Salgado como Bernardino García y otros cinco comunitarios presos por secuestro fueron absueltos por jueces de Guerrero, confía que esos criterios puedan emplearse en el caso de Arturo Campos y la sentencia salga antes dos semanas.
Mencionó que la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mantiene pendiente una propuesta de punto de acuerdo para que el Senado se pronuncie a favor de su liberación bajo los mismos criterios jurídicos que en el caso de Nestora Salgado García, apresada en agosto de 2013 y quien recuperó su libertad en abril de 2016, porque se reconoce a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a sus integrantes como autoridades.
Durante la reunión el activista Mardonio Carballo consideró que el gobierno de Guerrero, “debe asumir los derechos indígenas en tratados internacionales y legislación interna para reconocer a la Policía Comunitaria en el marco de la configuración multicultural de México. Es paradójico que como en el caso de los 43 a Arturo también lo acusen el mismo número de personas en el Estado. La Policía Comunitaria salvó al pueblo ante la inseguridad”.