Carmen González Benicio
Tlapa
El Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña entregó la agenda de trabajo para la atención integral de las familias jornaleras migrantes al secretario de Desarrollo Rural (Sagadegro), Juan José Castro Justo, en la primera reunión de acercamiento con el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores.
Ahí acordaron que la semana entrante, iniciarán acciones de atención a los jornaleros, y se enviará la agenda a las instituciones para iniciar el trabajo y la coordinación para la atención de los jornaleros, incluyendo a presidentes municipales y a los titulares de las secretarías, para que tomen decisiones.
Se espera que en la próxima semana se active el comedor y que la comisión intersecretarial sea instalada por el gobernador el 23 de septiembre, pero se iniciará con las acciones más urgentes.
La entrega y revisión de la agenda fue este viernes 9 de septiembre, en la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la Secretaría de Desarrollo Social, fecha límite que puso el Consejo de Jornaleros al gobierno del estado para atenderlos antes de movilizarse.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien acompaña en la gestión al Consejo de Jornaleros, entregó la agenda a Castro Justo, en la que se especifican los problemas a atender y las instancias responsables de cada área.
Barrera Hernández recordó que los planteamientos son añejos y cada año tienen que volver a exigirlos ante la indiferencia de las autoridades, por lo que esperan políticas públicas concretas.
Un programa de 19 puntos para atender a campesinos
La agenda se compone de 19 puntos jerarquizando de acuerdo a la urgencia de atención que deben recibir los jornaleros en sus localidades, en Tlapa (donde abordan los autobuses), y el trayecto. Desde el punto 13 se refiere al apoyo que deben tener en los campos y especifica cuál es la institución responsable de atenderlo.
El punto principal fue la conformación de la Comisión Intersecretarial de Atención y Apoyo a los jornaleros y sus familias, que es la agencia rectora encargada de implementar un plan integral y permanente de atención; se acordó buscar las condiciones para que haya una respuesta el próximo 23, cuando será la siguiente reunión.
Se especificó que las instituciones estatales que deben integrar la Comisión son las secretarías de Desarrollo Social, Salud, Educación, Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Migrantes y Asuntos Internacionales, el DIF estatal, la Secretaría del Trabajo, Registro Civil y Desarrollo Rural; mientras que en el ámbito federal quedaría la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En la agenda se pide al gobierno del estado que se pronuncie públicamente por la protección del salario mínimo de los jornaleros, que debe ser de 200 pesos, que se respete la jornada de ocho horas y asuma el compromiso de velar por sus derechos ante la explotación laboral en los campos agrícolas.
Exigen mantenimiento a las USI
El otro asunto en la discusión fue el deterioro de la USI, que se ha inundado de manera recurrente en esta temporada, los espacios se ha restringido a las familias que no cuentan con dormitorios ni camas suficientes, además de que los espacios son ocupados por programas de Sedesol, y las alumnas de la escuela de parteras desplazan a los jornaleros de los espacios.
Se recordó habilitar estacionamientos y que se registren los autobuses, así como la formalización del terreno entregado en comodato por la Cdi, y que no se ha concretado.
Se pidió el servicio médico permanente en la USI para atender a las familias jornaleras, mujeres embarazadas y niños desnutridos que necesitan auscultación antes de migrar, así como módulos de Registro Civil para la expedición de actas de nacimiento y matrimonio.
También se exige la rehabilitación del comedor comunitario y la necesaria dotación del gobierno de insumos para dar de comer a los jornaleros que acuden a la USI antes de abordar el autobús y donde se registran.
Reactivar el seguro de vida Fopresol para los jornaleros ya que se desconoce si continua por lo que se acordó que se buscará que se reactive y sea un fondo mixto con recursos municipales, estatales y de empresarios.
Se pidió garantizar que el Seguro Popular sea efectivo en los estados receptores de migrantes, ya que al requerirlo tienen que hacer las gestiones nuevamente y muchas veces no llevan sus documentos oficiales, les retrasa la atención o sale muy cara.
Pidieron que la ayuda de movilidad laboral que otorga el Servicio Nacional de Empleo sea de al menos mil 200 pesos para trasladarse a los campos de trabajo, y 600 para regresar y que sea en efectivo, porque con las tarjetas bancarias, “muchas veces se quedan con el dinero, porque cuando vamos al banco ya no podemos sacarlo, que lo den cuando salimos y no dos o tres meses después en los campos porque lo necesitamos para irnos”, explicaron.
Castro Justo dijo que se revisarían las demandas y que en la próxima reunión habría algún representante de la institución para que explicara el monto, los beneficiarios y cobertura.
Pidieron también que se reactive la ayuda en especie, como las despensas para las familias que se registran en la USI y consumen en su recorrido de dos a tres días, hasta los campos, así como los paquetes de limpieza que daba la Sedesol estatal.
Sobre el apoyo a las familias una vez que están en los campos, piden estancias en condiciones dignas, servicios educativos en los campos, seguridad social y servicios de salud, contratos de trabajo, inspección en los campos, y proyectos productivos y programas para jornaleros, así como que que se garantice el respeto a las jornaleras que son víctimas de acoso y explotación sexual.
Se acordó que en el marco de colaboración se hablará con los secretarios federales y estatales para que revisen las condiciones laborales en los campos.
