Lourdes Chávez

Chilpancingo

La abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, reconoció el avance en el reglamento del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la CRAC que prohíbe los matrimonios forzados, pero advirtió que el problema no está resuelto sin una voluntad política de los gobiernos locales y de la Fiscalía del estado.
Señaló particularmente a Cochoapa el Grande y Metlatonoc, donde es frecuente este fenómeno, avalado por autoridades municipales, pese a los compromisos contraídos con el gobierno del estado.
Denunció que agentes del Ministerio Público de Tlapa intervienen como mediadores para el cobro de dote de mujeres entregadas en uniones matrimoniales, después de que ellas huyen de la violencia que padecen.
Informó que tienen identificados tres expedientes, pero estima que podrían más, clasificados como trata de personas para fines domésticos.
En consulta telefónica, la defensora subrayó que la actualización del reglamento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) es un buen avance para abordar esta problemática contra mujeres y niñas, que atentan contra la dignidad de todas.
“Vemos que las consejeras, consejeros, los mismos coordinadores y coordinadoras de la CRAC tienen esa preocupación para poder prevenir estos casos de violencia”.
Sin embargo, aclaró que es complicado erradicar esta práctica cultural compleja y antagónica de los derechos humanos, mientras no haya voluntad política de los municipios, principalmente.
Aseguró que siguen encontrando en los recorridos en Montaña mujeres detenidas por abandonar a la pareja de una unión acordada.
Si bien, el reglamento de la CRAC ya establece procesos de reeducación a padres de ambos contrayentes que sean denunciados en el sistema, está regla aplica sólo en las comunidades incorporadas a las Casas de Justicia y Comités de Enlace.
Destacó que en la discusión de esta medida, se estableció que las Casa de Justicia y de Comités no pueden intervenir en asuntos de localidades que no están integradas al sistema.
“En el caso del Comité de Enlace de Dos Ríos, en Cochoapa el Grande, donde estaban abordando el tema de matrimonios forzados de comunidades no incorporadas al sistema”.
Un caso sonado, fue el de la niña Angélica, que juntaron cuando tenía 11 años con un niño de 12, y la familia de ella recibió 120 mil pesos de los papás del novio, que durante cuatro años la llevaron a trabajar como jornalera a Michoacán y ellos cobraban el salario.
Fue encarcelada en octubre de 2021 por la Policía Comunitaria de Dos Ríos para obligar a su familia a devolver el dinero, hasta su rescate por la policía estatal, municipal y Comisión Estatal de Derechos Humanos. La CRAC también sancionó a consejeros que intervinieron.
Estimó que de unas 140 comunidades de Cochoapa El Grande, donde la mayoría pactan uniones matrimoniales, apenas diez participan en el sistema comunitario, además de comunidades de Metlatónoc.
Aunque las autoridades municipales públicamente dicen que darán atención para erradicar estas formas violencia, aseguró que “internamente hay un problema grave, los operadores, servidores públicos de los ayuntamientos no tienen este conocimiento básico del respeto a los derechos humanos con perspectiva de género. Si no están preparadas las autoridades municipales, menos los delegados que pertenecen a estos municipios”.
En las conversaciones con las síndicas de estos ayuntamientos, les dicen que son asesoradas por hombres abogados que deberían orientarlas. En su lugar apoyan las prácticas antagónicas, que están obligadas a detener.
Aseguró que siguen cobrando las actas de acuerdo matrimonial como parte de los usos y costumbres, igual que hace 20 y 30 años.

En Tlapa, presionan con juicios para recuperar dote

En cuanto a la Fiscalía del estado, Arias Vitinio informó que el MP de Tlapa está citando a mujeres, a fin de que la familia de la novia devuelva el dinero que recibió por este tipo de acuerdos, aunque la conciliación no es de su competencia. Hoy los medios alternativos de conciliación los resuelve el Poder Judicial.
“¡Lejos de que señale que son conductas que se castigan, las fomentan! ¿Cómo vamos a bajar el nivel (de la práctica), si eso no se radica? Ahora inician carpetas por el delito de trata de personas con propósito de servidumbre, para generar temor en las familias de que les manden citatorios”, recriminó.
En el Código penal del estado también se incluyó el delito de cohabitación forzada y otras conductas similares para sancionar los acuerdos matrimoniales y la venta de niñas.
La abogada detalló que en estos casos, el delito de trata de personas se entiende como una responsabilidad compartida de las familias y autoridades que intervienen, pero recae en los papás de las novias
Indicó que una carpeta de investigación documentada con esta figura, es de la niña Anayeli, que se rescató de Joya Real, de Cochoapa El Grande, el 25 de noviembre de 2021, y la mamá, una trabajadora de campos agrícolas, va a tener que enfrentar un proceso jurídico.
“Al rato tiene que comparecer en un proceso judicial, y la Fiscalía no considera los gastos de traslado que debe pagar”.

Pendientes con la FGE

La abogada de Tlachinollan denunció que hay muchos rezagos en casos pendientes de la Fiscalía que la asociación civil ha presentado en mesas de trabajo, como órdenes de aprehensión por feminicidios cometidos desde 2015.
Recordó que la Mesa se instaló mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres (Conavim) en la administración estatal anterior, que no tuvo continuidad.
“Las mismas carpetas ahí siguen, lentas porque han cambiado los titulares del MP, y nos dicen que esperemos a que conozcan los expedientes. La Conavim también envió oficios a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), para registrarlas en las listas de fondos de apoyo. Desde octubre la titular de CEAV dice que va a venir. Primero dijo no podía por la carga de trabajo. Ahora dice que va a pedir más presupuesto para atender a las víctimas de procesos que llevan años Solamente hemos registrado 6 o 7 personas entre los beneficiarios, de 72 víctimas”.
La asociación civil también ha buscado pláticas con la Comisión Nacional de Búsqueda, a través de Conavim, y los condicionaron a reunirse sólo tres o cuatro ocasiones, y nada más, denunció.