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Se planta UPOEG en el Congreso local; exige nueva consulta sobre la Ley 701

Integrantes de la UPOEG protestaron afuera del Congreso local en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este miércoles, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), exigió en el Congreso del Estado respeto a los derechos de las comunidades originarias.
En un plantón afuera de las instalaciones del Congreso, el dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, denunció que los diputados incumplieron con su derecho a la consulta en la elaboración de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio pasado.
Después, se reunieron por separado con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, con quienes programaron reuniones posteriores.
Un contingente de la organización, de pueblos de Costa Chica, llegó al Congreso a las 10 y media de la mañana y se plantó afuera.
“Queremos ser consultados y que el Congreso local y el gobierno estatal retomen la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, pero con una consulta previa a los pueblos”, declaró Bruno Plácido.
Denunció que el Congreso local violó el derecho a la consulta y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al no consultar a los pueblos indígenas para las reformas a la Ley 701, que en junio pasado avaló la SCJN.
El dirigente de la UPOEG informó que los pueblos están exigiendo que se reponga la consulta, que se tome en cuenta a la gente de los pueblos y después se realice una nueva reforma a la ley.
El dirigente indígena informó que otro de los derechos que exigen es tener un gobierno propio, “es decir, el derecho que tenemos a la construcción de un gobierno electo mediante asambleas de los pueblos”.
Denunció que no se les respeta el derecho que tienen a la salud, a la educación y a los servicios públicos, “por eso hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, estamos exigiendo que se nos respeten todos nuestros derechos”.
El contingente también pidió una mesa de diálogo con el gobierno estatal, para revisar las solicitudes que tienen para obras en las comunidades y planear las de 2024.
Plácido Valerio dijo que hay muchas comunidades que no tienen agua potable, drenaje, energía eléctrica y hay lugares que no tienen maestros, médicos o medicamentos.
La intención, según, dijo Plácido Valerio, es “ayudar al gobierno mediante la organización de los pueblos, porque ya vimos que solo no puede”.
Añadió que el objetico de la UPOEG es evitar que haya más bloqueos, “queremos actuar de una manera diferente, para evitar el desgaste de la gente, pero también exigimos que el estado garantice y facilite el diálogo con los diputados, así como con los funcionarios, para encontrar una salida a todos los problemas y conflictos que tenemos”.
El dirigente de la UPOEG informó que en su reunión con la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, ella les prometió que se va a reunir con los diputados, para que les den una respuesta la semana próxima.
En un breve boletín de prensa, el Congreso local informó que Domínguez Serna recibió a integrantes dela UPOEG, “que se manifestaban de forma pacífica frente al recinto legislativo”, en demanda de obras en distintas comunidades, y pidieron ser incluidos en los procesos de consulta que realiza el Congreso, en relación con los derechos de los pueblos originarios.
Agregó que la diputada ofreció buscar una mesa de trabajo entre diputados e integrantes de la Jucopo, funcionarios estatales y representantes de esta organización, para analizar un proyecto de desarrollo comunitario, en beneficio de los pueblos indígenas de Guerrero.
Plácido Valerio informó que con el secretario de gobierno, Marcial Reynoso, acordaron armar una agenda de desarrollo comunitario, entre el gobierno y las comunidades, para atender sus peticiones de carreteas, agua potable, vivienda, falta de maestros y médicos.
Dijo que el funcionario se comprometió con instalar una mesa de trabajo permanente, para programar las obras del próximo año.
Explicó que esto fue a cambio de un “pacto de gobernabilidad y orden, que nosotros ya no andemos bloqueando carreteras”.
Informó que acordaron volverse a reunir la tercera semana de septiembre, porque antes van a revisar sus demandas y darles respuesta.

Hubo diálogo abierto: gobierno
estatal

Por la noche, mediante un boletín, el gobierno estatal calificó la reunión con la UPOEG como un “ejercicio de diálogo abierto, con la presencia de más de 350 integrantes, y que se realizó en el auditorio José Joaquín de Herrera, del Recinto Oficial del Poder Ejecutivo”.
Agregó que asistieron, el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, y la coordinadora de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Lilia Taquillo López.
“El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, sostuvo una asamblea con representantes e integrantes de la UPOEG, encabezados por Bruno Plácido Valerio”, refirió el boletín.
De acurdo con el comunicado, el secretario de Gobierno les dijo que “se continuará trabajando en pro del desarrollo de las regiones, para que se mantenga el orden, la seguridad y el respeto a los sistemas de organización que cuentan con la aprobación de los pobladores”.
Añadió que como parte de los acuerdos, se establecieron mesas de trabajo para coordinar la recepción de documentación y solicitudes de obras para 2024, y celebrar una próxima asamblea en septiembre, para su análisis y seguimiento.

Acuerda la UPOEG reactivarse en toda la Costa Chica ante el avance de los grupos delictivos

Asistentes a la asamblea de este domingo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, votan para reactivarse ante “el avance de los grupos delictivos en las comunidades” Foto: El Sur

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó en una asamblea ayer en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, reactivarse ante “el avance de los grupos delictivos en las comunidades” y luego del enfrentamiento ocurrido la semana pasada en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa.
También acordó movilizarse el 9 de agosto en Chilpancingo para exigir a los tres órdenes de gobierno respeto a la organización y coordinación en materia de seguridad y justicia.
En declaraciones por teléfono, el dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio, informó que asistieron a la asamblea 80 autoridades de los municipios de la Costa Chica, que acordaron reactivar el sistema de las policías de la UPOEG “para hacer frente a la violencia e inseguridad”.
Dijo que acordaron iniciar asambleas en todos los municipios de la Costa Chica donde tiene presencia la organización para irla reactivando en los pueblos donde se habían replegado.
“El acuerdo es que la UPOEG va a entrar en todos los municipios y pueblos en donde se le requiera”, informó, aunque aclaró que esto no será de inmediato, sino que será un proceso.
Pero por lo pronto añadió que se reactivará en Tecoanapa y en Ayutla.
En Buenavista, municipio de Tecoanapa, la semana pasada policías de la UPOEG se enfrentaron con integrantes de un grupo delictivo con resultado de ocho muertos: cuatro de la UPOEG y cuatro del grupo delictivo, además de cuatro heridos; tres de la UPOEG y una mujer que circunstancialmente pasaba por el lugar del enfrentamiento.
“Nos vamos a ir reactivando donde la gente lo vaya pidiendo y vaya asimilando el problema de la violencia”, explicó el dirigente de la UPOEG.
Informó que las autoridades de las comunidades que se reunieron pidieron a la dirigencia de la organización que exija al gobierno respeto al sistema comunitario, y que en todo caso haya coordinación, “porque no podemos seguir viviendo perseguidos, mientras los grupos delictivos van penetrando en los pueblos indígenas”.
La Policía Ciudadana de la UPOEG comenzó a replegarse en los pueblos de la Costa Chica en julio del año pasado después de la detención de ocho de sus miembros, entre ellos el comandante de Marquelia Jesús Calleja, El Chucho.
Esa detención derivó en otras, además de enfrentamientos con elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en la carretera de Acapulco a Marquelia y en noviembre se dio la desaparición en Acapulco de cuatro de sus integrantes, entre ellos el coordinador Octavo Maganda Gallardo.
“Nos persiguieron, (el gobierno) y detuvieron a los compañeros porque decían que éramos nosotros los generadores de la violencia, por eso nos replegamos, y ya ven el problema de la violencia no se ha resuelto, va creciendo en nuestros pueblos, entonces vamos a volver a reactivarnos”, advirtió Plácido Valerio.
Informó que también acordaron participar en una movilización el 9 de agosto en Chilpancingo, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para manifestar su postura con respecto a la defensa de los de los derechos de los pueblos en materia de seguridad.
“Se aprobó la movilización para manifestar nuestra inconformidad y se dará a conocer nuestro manifiesto para exigir respeto del Estado a las comunidades y al derecho que tenemos como pueblos indígenas”.

Acuerda la UPOEG movilizarse contra el aval de la Corte a consultas del Congreso por Ley 701

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó movilizarse en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la consulta indígena y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas realizadas por el Congreso local el año pasado.
El dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que se reunieron 60 pueblos de Ayutla y Tecoanapa, en Atocutla, y con ello iniciaron las asambleas comunitarias para determinar las acciones en contra de la consulta que supuestamente realizó el Congreso local para las reformas en materia indígena.
En su fallo emitido el 5 de junio, la SCJN avaló la consulta realizada en mayo del año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, en la que se suprimen derechos de los pueblos indígenas, como las policías comunitarias y el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
El 12 de junio en conferencia de prensa la dirigencia estatal de la UPOEG anunció que realizaría asambleas en los pueblos indígenas donde tiene presencia para determinar las acciones a seguir en contra del fallo de la Suprema Corte.
Plácido Valerio informó que ayer se realizó la primera de estas asambleas en la que participaron autoridades comunitarias de 60 pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa y acordaron acciones jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).
Refirió que no se cumplió con la consulta a los pueblos indígenas para la aprobación de las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que aprobó el Congreso local y validó la Suprema Corte.
En cuanto a las acciones políticas, los pueblos van a nombrar en cada una de las comunidades un comité en defensa de la consulta y el desarrollo de las comunidades.
Informó que a partir de ayer comenzarían a nombrar los comités en los pueblos y sus integrantes van a trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en las leyes internacionales y en la propia Constitución Política federal.
El abogado Ricardo Beltrán Verdusco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, quien asistió a la asamblea y se hará cargo de atender la ruta jurídica, anunció que van a recurrir a los organismos internacionales como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por violación al Convenio 169 de la OIT, para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas.
Explicó que en este convenio se establecen los derechos culturales de los pueblos indígenas y que en la realización de la consulta se debieron haber atendido los usos y costumbres, así como la lengua de las comunidades indígenas a las que va dirigida dicha ley, aspecto que no se atendió en la consulta ni en la ley que fue aprobada, dijo.
El abogado declaró que el Congreso local no cumplió con la formalidad que establece dicho Convenio, y sin embargo fue avalado por la SCJN, “y eso es lo vamos a combatir ante la CIDH, porque hubo muchas omisiones”.
“Nosotros vamos a apoyar en todo lo que se refiere al aspecto jurídico y vamos a recurrir a las instancias que correspondan bajo el esquema que nosotros vamos a definir”.
Informó que van a hacer valer el derecho que corresponde a los pueblos originarios porque “a todas luces, así como han expuesto la situación, son actos violatorios a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas que hace alusión el Convenio 169.
“El principal argumento será la violación a la norma 169 en el que se prevé que las consultas deben ser culturalmente adecuadas, “y si no la hicieron de acuerdo a sus usos y costumbres, respetando su lengua, con una información precisa y de buena fe, se violó la norma y aun así fue avalada por la misma SCJN”, insistió.
Dijo que el convenio 169 es una protección importante para las comunidades indígenas y si la autoridad no la acata, es violatorio de los derechos humanos, “y en este caso, si el organismo internacional resuelve que se atienda este asunto, tendría que reponerse el procedimiento y realizar la consulta como corresponde, y como lo establece el convenio 169”.

También la UPOEG rechaza aval de la Corte a la consulta del Congreso sobre la Ley 701

El comisario del Mesón Sergio Gallegos; la representante de la comunidad Capulin Lizbeth González; el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido; el coordinador de las autoridades municipales civiles y agrarias Gonzalo Torres y el coordinador de 28 comunidades de Ayutla Jesus Pantoja en la conferencia de prensa ayer en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La coordinación estatal de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), se sumó al rechazó a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó la consulta del Congreso local y que derivó en la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas de mayo del año pasado.
En conferencia de prensa, al menos 28 comisarios municipales encabezados por dirigentes de la UPOEG anunciaron acciones de protesta para exigir una nueva consulta y otra reforma, porque “los pueblos tienen mucho que aportar”, dijo el dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio, en coincidencia con la postura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El coordinador de Autoridades Municipales, Civiles y Agrarias de la UPOEG Gonzalo Torres Valencia, denunció que la consulta que realizó el Congreso “fue una simulación” y que en muchas comunidades indígenas y afromexicanas se realizaron reuniones en las que se obligó a las autoridades comunitarias a firmar, si no, las amenazaron con dejarlas fuera de las obras y de los programas sociales.
Plácido Valerio agregó que con la consulta se violaron los artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el 2 dice que los pueblos tienen derecho a crear sus propias instituciones, y el 39 que el pueblo puede alterar o modificar su forma de gobierno, “pero cuando los pueblos se organizan para crear sus propias instituciones son perseguidos y divididos”, reprochó el dirigente indígena.
Agregó que también se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dice que para ser consultados los indígenas, tiene que haber de buena fe y ser previamente informados, lo que no ocurrió.
“La que hicieron no fue consulta, sólo se reunían con unas diez personas o se tomaban fotos en reuniones cuando iba la gobernadora y con eso quieren justificar sus consultas”.
Contó que en otras ocasiones le decían a la gente que se reuniera en algunos pueblos, en donde los amenazaban: “si no me firmas no habrá obras y programas sociales”.
Aseguró que no se levantaron actas de asambleas, ni se nombraron mesas de debates, tampoco firmaron los acuerdos de asamblea.
La UPOEG pide una nueva consulta en la que la gente realmente participe con sus opiniones para la reforma de sus leyes, “estamos de acuerdo en una reforma pero que se cumpla con la consulta”.
Propuso que no les pidan su opinión a los líderes, sino que sean los ciudadanos los que hablen, “son los pueblos los que tienen que ser sujetos y no objetos de derecho público”.
Denuncio que igual ocurrió con la reciente consulta que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para la representación de los pueblos indígenas.
Explicó que en San Luis Acatlán solo llegaron las autoridades comunitarias de la cabecera municipal y no invitaron a pueblos como Cuanacaxtitlán, Yoloxóchitl, Arroyo Cumiapa y Pascala del Oro, con lo que, denunció, nuevamente hubo racismo y discriminación.
“Ya estuvo sueve que a los indígenas nos sigan utilizando sólo para eventos o festejos y después nos dejen empobrecidos, divididos y confrontados”.
Informó que la UPOEG va a iniciar asambleas en los pueblos indígenas y afromexicanas para convocar a movilizarse
Anunció que pretenden terminarlas el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “y vamos a terminar con una acción concreta que nos lleve a ratificar nuestro camino como pueblos indígenas y afromexicanos”.
Admitió: “Si no logramos algo por lo menos estaremos evidenciado al Estado que todavía en el siglo XXI sigue discriminando y violando los derechos de los pueblos indígenas”.

El gobierno acorrala a la UPOEG y no resuelve la inseguridad, señalan

Gonzalo Torres Valencia, denunció que los ministros de la SCJN aprobaron algo que solamente les llevaron, “y eso que les llevaron fue una simulación de consulta, lo que queremos es que realmente se hagan las consultas en asambeas y que sean públicas, no solo que les lleven una hoja y les digan estos son los resultados de la consulta y ya”.
Declaró que buscarán que se respeten sus derechos, “porque de una u otra manera el gobierno nos quiere someter y no estamos dispuestos a eso, nosotros tenemos nuestras propios usos y costumbres y eso no va a estar a discusión, ellos (el gobierno) quiere que cumplamos la ley tal cual la especifica la Carta Magna, pero hasta ahora ni si quiera ellos la respetan a pesar de que está hecha a su manera.
Agregó que hay leyes consuetudinarias “y son a ellas a las que nos estamos apegando y las vamos a defender hasta con las uñas y dientes, hasta el último suspiro”.
Denunció que el gobierno ha estado acorralando a la UPOEG “de una manera muy vil, y nos utilizan como pretexto para hacer sus cosas, empezaron por decir que estamos infiltrados por el crimen organizado, cuando todas las instituciones lo están y no hacen nada”.
Informó que estuvieron de acuerdo en replegarse “para demostrarles que no somos nosotros, y como ejemplo, ahora en el corredor de Acapulco a Huatulco, (Oaxaca), hay muchas extorsiones, y si decían que éramos nosotros y nuestra gente ya se replegó, ¿por qué siguen los problemas entonces?
Informó que en la reciente consulta que realizó el IEPC los pueblos dijeron que quieren participar en cargos de elección popular, “pero ellos nos quieren obligar a que sea por partidos, es lo mismo de siempre: divide y vencerás, quieren obligar al que quiera un cargo a que se vaya con los partidos políticos y abandone la lucha por nuestros pueblos, pero la mayoría de nuestros compañeros están puestos en la lucha”.
Jesús Pantoja Mayo, coordinador de 28 comunidades de Ayutla, declaró que en ese municipio los pueblos se rigen por el sistema normativo propio, “pero aún allí hemos sido discriminados, y eso que hemos estado en pie de lucha, cada que hay elección hay impugnación, nos quieren someter porque las comunidades indígenas han querido tener su autogobierno”.
Aseguró que cuando fueron a hacer la consulta hubo solicitudes de varios pueblos que pidieron que los convocaran a las asambleas y les informaran de qué se trataba la consulta, pero no fueron; “no se nos informó a fondo, hemos sido discriminados en ese aspecto”.

Detuvo al líder de la UPOEG, José Deivy, por el asesinato de un periodista: Marina

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, reportó la detención de José Deivy, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y lo identificó como presunto integrante del grupo criminal Los Ardillos.
Durante el informe de seguridad en la conferencia de prensa matutina de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Marina dio a conocer que se le detuvo por el homicidio del periodista Fredid Román Román.
Añadió que la detención se llevó a cabo el 13 de febrero, en la carretera federal Puebla Tehuacán, .
José Deivy es identificado como líder comunitario de El Ocotito e integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). De acuerdo con la información publicada en El Sur, participó el pasado 23 de enero en la marcha del noveno aniversario de la organización.
Ojeda detalló que la detención la realizó personal naval, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Estatal.
El 13 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, dio a conocer la detención de Deivy en una operación coordinada entre las autoridades del estado de Guerrero, la Secretaría de Marina e integrantes de la Policía Estatal poblana.
“A través de labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina, agentes de la Policía Estatal detuvieron a José, identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal”, publicó la Secretaría poblana.
De igual forma señalaron que el detenido iba a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350, en el que encontraron 62 bolsas de “aparente cristal”, un arma de fuego calibre .380 milímetros y seis cartuchos, mismos que no tenían permiso, y 5 mil 500 pesos en efectivo.
En el comunicado especifican que el detenido iba acompañado de una mujer, que también quedó disposición de las autoridades. Agregaron que el imputado cuenta con vínculos con el grupo criminal Los Ardillos.
“De acuerdo con el análisis de información, el detenido está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero y tenía vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”, explica la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.
El 14 de febrero se informó que vecinos de El Ocotito bloquearon la carretera federal México-Acapulco, para solicitar un diálogo con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, buscando la liberación del dirigente de la policía ciudadana de la UPOEG en esa comunidad del municipio de Chilpancingo.

Bloquean la carretera en El Ocotito para exigir la libertad de un comandante de la UPOEG

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Vecinos de El Ocotito, municipio de Chil-pancingo, bloquearon ayer la carretera federal México-Acapulco para exigir una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la liberación del comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar, detenido en Puebla el pasado 13 de febrero en posesión de drogas y armas.
El comisario municipal Julio César Almanza Castro aseguró que en días pasados ingresaron a la localidad la Guardia Nacional y de la Policía Estatal que pretendían desarmar a su policía, pero confirmaron que no eran de la fuerza pública, y aseguró que hay zozobra en el pueblo y por ello bloquearon la carretera.
Ayer pobladores informaron que fueron citados a las 4 de la tarde a una reunión en la explanada de la Comisaría Municipal.
Según una ficha informativa del gobierno del estado, a las 5 de la tarde aproximadamente 250 ciudadanos encabezados por el comisario municipal, Julio César Almanza Castro acordaron en una reunión trasladarse a un costado de la carretera federal México-Acapulco, para retener a cualquier unidad de seguridad de los tres órdenes de gobierno que transiten por esa vía para exigir la liberación de José Deivy Barrientos Salazar.
Según la ficha del gobierno estatal “la mayoría de los ciudadanos no apoya dicha protesta, sólo unas 50 personas simpatizantes” de Deivy Barrientos.
En redes sociales de Internet circuló que se convocó a taxistas, maestros, comerciantes y ciudadano para bloquear la carretera para pedir la libertad del comandante detenido en Puebla por portación de armas y drogas, y que quienes no asistieran pagaría una cooperación voluntaria, además se informó que las escuelas y el comercio se suspenderían.
Vía telefónica el comisario municipal informó que en días pasados ingresaron a la localidad carros de agentes de la Guardia Nacional “que no son, ya fuimos a hablar con el Ejército y no son ellos, ayer (jueves) se metieron (a la comunidad) carros de la (Policía) Estatal que tampoco son estatales, hablé con el gobierno del estado y no son estatales, entonces sí está la zozobra del pueblo de qué está pasando entonces”.
Contó que el jueves también tuvo una reunión con funcionarios de la SSP en un restaurante de El Ocotito, donde pidió refuerzos para la seguridad.
Relató que incluso los supuestos agentes de la Guardia Nacional intimidaron a mucha gente, “la paraban muy groseros, no era la forma de hacer su trabajo, entonces recibimos muchos reportes de la ciudadanía el día de ayer (jueves) y nos dimos a la tarea de ir a ver el Ejército aquí a la base y nos dijeron que ellos no habían mandado ninguna camioneta de la Guardia, que ellos nada más tienen una”.
“Por la tarde el (funcionario de) gobierno que vino quedó de darme solución que me iba a mandar refuerzos, eran como las 8 de la noche cuando vimos seis camionetas que ya estaban activas de la (Policía) Estatal, entraron y querían desarmar a la Policía Comunitaria de aquí del pueblo, estábamos en la Comisaría en una reunión, esa es la situación”.
Dijo que este viernes hubo una reunión del pueblo en la que él informó de lo ocurrido, pero “me llegó la gente y pues decidieron bloquear por los resultados de la información que se les dio de las camionetas, yo tengo que informarle a mi comunidad”.
Agregó que el bloqueo inició a las 5:30 de la tarde y que a las 8:30 de la noche en que se dio la entrevista telefónica ninguna autoridad había llegado a El Ocotito para resolver el bloqueo, sólo se comunicó con él por teléfono el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “para preguntarme qué situación estaba pasando, yo le dije que yo no puedo controlar al pueblo”.
Dijo que en las redes sociales circulaba que él estaba convocando al bloqueo, lo que negó, y argumentó que él informó a las autoridades lo que estaba pasando, “pero ya ahorita anda la noticia amarillista que el comisario está convocando, yo no estoy convocando a nada y si quieren pueden venir y que comprueben, que constaten”.
Afirmó que en la población no dejaba de circular una camioneta del Ejército, pero intervino, “para que los dejaran pasar, para que llevaran el mensaje al gobierno del estado de que queremos una mesa de diálogo, nosotros no pedimos otra cosa más que eso”.
Se le preguntó si se estaba solicitando la liberación del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, Deivy Barrientos Salazar, y respondió que “se tocó en la reunión de pueblo, yo tenía que informar cuál es la situación, qué estaba pasando para que la información no se tergiverse, y ellos dijeron que se bloqueara todo y se suspenden escuelas, comercio, un relajo”.
Julio César Almanza aseguró que pidió ayuda al gobierno estatal porque “este problema ya no lo puedo solucionar”, y reiteró que se suspenderá toda la actividad económica y educativa, y que todo está bloqueado en la localidad.
Contactado por teléfono, el segundo comisario quien se identificó como Juan, expuso que la situación es tensa, que la ciudadanía se estaba organizando para bloquear durante la noche la carretera federal, hasta que algún funcionario de los tres niveles de gobierno llegara.
Aseveró que lo único que exigen es una mesa de diálogo en la que “se puedan tratar muchos asuntos de varios problemas de seguridad del pueblo, porque queremos la seguridad que estaba antes”.
Dijo que “cuando estaba el comandante (Deivy Barrientos Salazar) todo estaba tranquilo y ahorita se siente el temor, la gente, la policía está firme, está puesta, pero se siente el temor de muchas maneras que vayan a entrar otras personas a hacer su relajo o algo”.

Se reforzó la vigilancia en carreteras, dice Seguridad Pública

A las 6:41 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó en un comunicado que, “como parte de la estrategia integral en acciones de paz y prevención, autoridades civiles y militares ha reforzado su presencia en las principales vialidades carreteras de la entidad, como parte de acciones preventivas tras la detención en el estado de Puebla de un objetivo prioritario en Guerrero”.
Añadió que “esta estrategia tiene por objetivo prevenir posibles acciones como bloqueos carreteros o manifestaciones de civiles incitados por grupos de la delincuencia organizada, que pudieran desestabilizar o afectar el libre tránsito de la ciudadanía”.
“Con esta estrategia coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General del Estado se da atención y seguridad a visitantes y la ciudadanía”, dice el comunicado, el cual no hizo referencia a El Ocotito, y precisó que se trataba de un “objetivo prioritario detenido en Puebla”, como ocurrió con Deivy Barrientos Salazar.
El 13 de febrero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350, y al revisarlo le hallaron, “62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”.
Añade que Deivy Barrientos es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”, es relacionado con diversos hechos delictivos en Guerrero y es señalado de tener vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
Además en agosto de 2022 tras el asesinato en Chilpancingo de Fredid Román Román, sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante de la UPOEG José Deivy, quien en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
Pobladores contactados vía telefónica informaron a las 10:20 de la noche que el bloqueo continuaba y que se mantendría hasta que la gobernadora morenista o funcionarios de su gobierno acudan a una mesa de diálogo.

Detienen a líder de la UPOEG de El Ocotito en Puebla; llevaba drogas y un arma, reportan

El 23 de enero el comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, José Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creacio?n de su policía Foto: Lenin Ocampo Torres

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

El líder comunitario del Ocotito e integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar fue detenido en el estado de Puebla.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350.
“Al hacerle una revisión encontraron 62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”, según el boletín.
La SSP menciona que José B. es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”.
Al momento de la detención estaba acompañado de una mujer identificada como Betzaira Monserrat L. y ambos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.
El boletín indica que de “acuerdo con el análisis de información, el detenido está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero y tenía vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
José Deivy Barrientos fue fundador junto a Salvador Alanís Trujillo de la autodefensa en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, que se armó para combatir al grupo delictivo de Los Rojos y se unió en enero del 2014 a la UPOEG.
Luego de diferencias con el líder estatal de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, Alanís Trujillo fundó en noviembre del 2015 el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Gue-rrero (FUSDEG) y el segundo al mando era Deivy Barrientos.
En noviembre del 2016 el FUSDEG sufre una división y Deivy Barrientos se vuelve a unir a la UPOEG para desplazar al grupo que encabezaba Salvador Alanís, quien posteriormente en el 2018 fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
En agosto del año pasado fue asesinado en Chilpancingo Fredid Román Román y sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante Deivy, quien posteriormente en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
La última aparición pública de José Deivy Barrientos fue el 23 de enero, cuando encabezó la marcha del noveno aniversario de la UPOEG en el Ocotito.

Fueron asesinados en nueve años nueve policías de la UPOEG en El Ocotito, denuncian

El comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creación de su policía que nació para combatir la delincuencia en el Valle del Ocotito.Abajo, pobladores marchan en apoyo a la policía de esa organización Fotos: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Ocotito, Chilpancingo

La policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, celebró el noveno aniversario de su fundación con una marcha en la carretera federal México-Acapulco, a la que se sumaron comerciantes, transportistas y vecinos de la localidad.
Más de 300 personas, la mayoría con playeras o camisas y globos blancos, encabezadas por policías ciudadanos que portaban cadenas blancas de papel colgadas al cuello, marcharon de la entrada, al sur de la población, a la explanada de la comisaría municipal, donde participaron en un mitin.
En ese lugar, las autoridades locales, encabezadas por el comisario municipal, Julio César Almanza Castro, rindieron un homenaje a los nueve policías asesinados en estos nueve años, y se dio a conocer una reseña de esa policía.
La policía ciudadana de la UPOEG inició en el valle de El Ocotito, la comunidad más grande de Chilpancingo, el 23 de enero de 2014, en medio de un ambiente de asesinatos, secuestros, extorsiones y cobro de piso por parte de la delincuencia organizada.
En entrevista, el comandante y fundador de la corporación, Deivi Barrientos Salazar, informó que en nueve años fueron abatidos por el crimen organizado nueve policías de la UPOEG y un “sinnúmero” han resultado heridos, “algunos de gravedad y otros sólo con rozones”.
Sin embargo, declaró que “sólo organizados pudimos darle seguridad a nuestras familias, porque todos sabemos cómo está nuestro estado, en Acapulco y Chilpancingo a diario hay muertos, y nosotros no queremos eso para nuestro pueblo”, dijo.
Explicó que aquí, en ese pueblo, viven sus familias “y por ellas queremos que nuestro pueblo esté tranquilo, mientras nuestro pueblo lo quiera, va a seguir habiendo policía ciudadana”.
Barrientos Salazar aseguró que a diferencia de hace nueve años, ahora viven “sumamente diferente. Hace nueve años no podíamos salir a las calles, nuestras esposas y nuestros niños no podían salir libremente, porque les faltaban al respeto, raptaban a nuestros amigos, a la gente que miraban que era solvente, los secuestraban, los atemorizaban y los extorsionaban vía telefónica o presencialmente”, recordó.
Dijo que, en cambio, ahora tienen permanente comunicación con los comerciantes y que estos tienen sus números de teléfono personal, igual que el de la comisaría municipal, para que les llamen ante cualquier situación de riesgo, “y ellos (los ciudadanos) nos llaman cuando se ven en peligro. Hacemos recorridos para tener un mejor control de nuestro pueblo”, explicó.
Insistió en que ahora la situación “es tranquila”, aunque dijo que siguen las amenazas de los grupos delictivos.
Informó que actualmente el que quiere incursionar en El Ocotito es el grupo de Tlacotepec, pero que “hay gente de allá que nos informa y nos avisa cuando se organizan para venir a este lado. Así que siempre vivimos pendientes”.
Barrientos Salazar reconoció que la policía de la UPOEG ha sido infiltrada en algunos pueblos, pero aseguró que no en El Ocotito.
“Nosotros estamos conscientes que la organización es muy grande y reconocemos que hay muchos pueblos que están infiltrados por el crimen organizado. Hay muchos pueblos que su policía no es de ahí, y para que funcione como policía (sus integrantes) tienen que ser del pueblo, vivir en el pueblo y tener familia en el pueblo, para que puedan hacer las cosas bien”.
Aseguró que los policías que se encargan de la seguridad en El Ocotito, “todos somos de aquí” y que sus actuaciones se basan en los acuerdos de asamblea. Dijo que aunque pertenecen a la UPOEG, “cada pueblo y cada representante es autónomo y responsable de lo que hace”.
Admitió que la UPOEG ha sido infiltrada por los grupos delictivos, sobre todo en el corredor de Costa Chica a Acapulco “y aunque somos independientes, sentimos que eso nos está afectando”.
Explicó que por eso los policías que han querido la paz para sus pueblos y no se han alineado, los han matado o desaparecido, “por eso, nosotros tratamos de estar en comunicación constante con la ciudadanía, con nuestros comisarios y con los comités de cada sector, porque aquí es el pueblo el que solventa a la policía”, sostuvo.
Puso como ejemplo la desaparición del comandante regional Octavio Maganda, quien desapareció en noviembre pasado, junto con otros tres miembros de la UPOEG.
“Sabemos que apenas pasó un evento en Costa Chica, con nuestro compañero Maganda, quien se estaba impulsando para agarrar las riendas (de la UPOEG) en Costa Chica, pero yo creo que no se organizó bien, no se alineó y ahora lo tenemos desaparecido. Esos son golpes anímicos para los compañeros que realmente quieren hacer las cosas bien”, declaró.
En este ambiente de persecución, repliegue y desmantelamiento de la agrupación, tanto por los grupos delictivos como por el gobierno, informó que el coordinador general Bruno Plácido Valerio se encuentra delicado de salud, por su padecimiento de diabetes, que lo ha alejado “un poquito” en las últimas semanas.
A Plácido Valerio no se le ha visto en público desde diciembre pasado y este lunes no participó en la celebración del noveno aniversario de la entrada de la policía ciudadana al valle de El Ocotito, como sí lo hizo hace nueve años, cuando encabezó la movilización.
En la marcha de este lunes, algunos niños portaron pancartas con mensajes como “viva la paz, viva la policía comunitaria”; “marcha por la paz de El Ocotito. Gracias policía comunitaria”, “apoyo total a la policía comunitaria” y “viva El Ocotito, viva nuestra policía comunitaria”.
En todas las pancartas se escribió: “policía comunitaria”, aunque formalmente esta es parte del Sistema de Seguridad y Justicia, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Durante el mitin, el comandante Deibi Barrientos se refirió brevemente al diferendo que existe con la policía del pueblo vecino, de Buenavista de la Salud, también del municipio de Chilpancingo, donde el viernes pasado se informó que el grupo de autodefensa pasó a formar parte de la CRAC de los Pueblos Fundadores (PF), que en las comunidades de Chilapa se coordina con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Barrientos Salazar dijo: “Un pueblo vecino, hace unos días, se quitó la playera de la UPOEG y se puso la del Cipog. Además, invita a los ciudadanos a que pertenezcan a su sistema. Nosotros invitamos a los ciudadanos a que le demos educación a nuestros niños, no que los armemos como lo han hecho ellos”, dijo en referencia a que el Cipog-EZ y la CRAC-PF de Chilapa y Ayahualtempa, municipio de Hueycantenango, han capacitado y armado a los niños para que forman parte de su policía, para la defensa de sus pueblos y familias.
“Nosotros no traemos esa terapia, al contrario, vamos a respetar siempre la decisión del pueblo. Mientras el pueblo nos respalde, vamos a seguir las decisiones de nuestra asamblea”, dijo en el mitin el comandante.
Dijo que tampoco van a deponer las armas porque una presidente municipal o una gobernadora se los pida, “porque así como fuimos elegidos nosotros, así fue elegida nuestra gobernadora, nuestra presidente municipal y nuestro presidente de la República”.
El comisario municipal, Julio César Almanza, agradeció a los policías por la protección a la población.
Criticó: “Mientras los caciques están en sus casas descansando, estos hombres están arriesgando su vida, a pesar de que no saben si al otro día van a regresar vivos. Mientras, algunos ciudadanos se sienten conchas en sus casas”, reprochó.
A petición del comisario municipal, se depositó en la puerta de la comisaría municipal una corona, simbolizando los laureles “y la luz para las familias (de los policías caídos) que perdieron a un ser querido”. Con ello, explicó, se rendía homenaje a los policías “que cayeron por defender a su pueblo”.

Denuncian familiares de los desaparecidos de la UPOEG que la Fiscalía no les da información

Destrozos que provocaron policías estatales en las oficinas de la UPOEG de Cruz Grande el 8 de octubre, según el relato que el comandante desaparecido, Octavio Maganda, envió a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Foto: El Sur

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 15 días de la desaparición de los cuatro miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), los familiares no han recibido información de las autoridades respecto a los resultados de la búsqueda, declaró ayer el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio.
El comandante regional de la Policía Ciudadana de la UPOEG de Cruz Grande, Octavio Maganda Gallardo, la promotora de la organización del mismo municipio y viuda del coordinador Esteban Ramos Gallardo, Angélica López Cruz, así como Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo, desaparecieron aproximadamente a las 2 de la tarde del 17 de noviembre, después de que asistieron a una reunión de la organización en Barra Vieja municipio de Acapulco.
Según el dirigente de la UPOEG, las autoridades ya suspendieron las búsquedas y hasta ayer solo los miembros de la organización seguían realizando recorridos en los pueblos que se encuentran en el trayecto de Barra Vieja, municipio de Acapulco, a San Marcos.
Sin embargo informó que en 14 días de búsqueda (iniciaron un día después de su desaparición), no han hallado indicios de su paradero y ni si quiera el vehículo en el que viajaban el día que desaparecieron.
En declaraciones por teléfono, el dirigente de la UPOEG, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el gobierno estatal han informado de avances o hallazgos de las investigaciones a los familiares de los cuatro desaparecidos.
Incluso dijo que se sabe que desde el sábado pasado dejaron de realizar los operativos que mantenían supuestamente en busca de los miembros de la UPOEG en el tramo de la carretera de Barra Vieja a San Marcos.
“Todo está muy raro, ya suspendieron los operativos como si no les importara que sigan desaparecidos, a la organización no tienen por qué dar información, pero entiendo que es su obligación informar a los familiares y no lo han hecho”, reprochó.
Informó que a diferencia de otros casos que funcionarios de la FGE o del gobierno del estado buscan y se reúnen con los familiares de las víctimas para darles información, en este caso no los han buscado.
“No han informado nada, hay un silencio total y eso nos parece raro, no han informado de las sábanas (de las llamadas telefónicas), ni han informado de los videos, ni se han reunido con los familiares”, reclamó.
Denunció que a pesar de que hay una queja de Octavio Maganda que presentó ante las comisiones nacional y estatal de derechos humanos antes de que desapareciera, en la que advirtió que estaba en riesgo su vida por amenazas que dejaron en un mensaje policías estatales que allanaron las oficinas de la UPOEG el 8 de octubre, los organismos no han intervenido en el caso.
Reprochó que a diferencia de otros casos, en este se está viendo mucha impunidad.
Informó que los únicos que siguen buscando son los integrantes de la UPOEG, aunque explicó que lo hacen un día sí y otro no, porque tienen que recabar fondos para la gasolina.
Agregó que la dirigencia de la organización está convocando a una reunión para el sábado para tomar acuerdos del plan de acción de los próximos días.
Mientras tanto, los familiares cercanos de los desaparecidos desde la semana pasada se han negado a hablar públicamente del caso.
Algunos de ellos reconocieron que la impunidad, indiferencia y la apatía de las autoridades, los pone en riesgo ante quienes tienen privados de su libertad a sus familiares.

Denuncia Bruno falta de interés del gobierno para hallar a los desaparecidos de la UPOEG

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 12 días de la desaparición de los cuatro miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de Cruz Grande, sus familiares y la dirigencia de esa organización siguen sin indicios de sus paraderos, en tanto que las autoridades siguen “sin mucho interés para localizarlos”, declaró ayer el dirigente, Bruno Placido Valerio.
La dirigencia de esa organización dio a conocer un documento en el que desde el 8 de octubre uno de los desaparecidos, el comandante regional Octaviano Maganda Gallardo, advirtió a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón que estaba en peligro su vida, tras una irrupción de policías estatales a la comandancia en la que dejaron un “narcomensaje” y provocaron destrozos.
El ex coordinador y comandante regional de la UPOEG del municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande), Maganda Gallardo, la promotora de la organización en el mismo municipio, Angélica López Cruz, así como Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo, desaparecieron el 17 de noviembre después de una reunión en Barra Vieja, municipio de Acapulco.
El dirigente de la UPOEG, Plácido Valerio declaró ayer que los familiares y la dirigencia de esa organización no han recibido informes de las autoridades respecto a las búsquedas, aunque admitió que tampoco los miembros de la organización que siguen desplegados buscando a sus compañeros han obtenido resultados.
Insistió en sus sospechas de que fueron policías estatales los que se llevaron a los cuatro desaparecidos.
Dio a conocer un escrito de queja que Maganda Gallardo envió el 8 de octubre a la fiscal General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, así como a las comisiones nacional y estatal en el que denunció que policías estatales irrumpieron en la oficina de la UPOEG de Cruz Grande donde provocaron destrozos y se llevaron algunas cosas, además de que dejaron un “narcomensaje”.

La denuncia del desaparecido

El escrito dice: Licenciada, mi nombre es Octavio Maganda, soy el nuevo coordinador de la UPOEG nombrado por asamblea de Cruz Grande, municipio de Florencio Villarreal, para poner de su conocimiento está denuncia a su honorable persona”.
Enseguida la explica a la fiscal que su trabajo ha sido la gestión social “y voy empezando a organizar como consejero y coordinador”.
En su queja denuncia que ese 8 de octubre “llego la Policía del Estado a las 11pm y se metieron a la oficina rompiendo puertas y ventanas amenazando a los de civil que estaban cuidando, preguntaban por el encargado y las armas”.
Aclara que: “en mi trabajo de gestión no se están usando armas, nuestra organización, aparte de trabajar el problema de seguridad, también gestionamos la solución de los problemas de salud, educación y gestión social y se compone de consejeros que son gente grande y respetable de cada población de la Costa Chica de Guerrero”.
Refiere que después de la irrupción de los policías estatales a la oficina de la UPOEG en Cruz Grande, “temo por mi vida porque dejaron un narco mensaje en la mesa-escritorio”. En el escrito no se especifica el contenido del “narcomensaje”.
Agrega que los policías del estado llegaron a bordo de seis patrullas y que pertenecen al Cuartel Regional de Campanilla, municipio de Copala, quienes durante la irrupción cerraron las calles cercanas.
En su escrito enlista “los destrozos y robo de equipo, entre ellas una patrulla Nissan, un refrigerador de dos puertas, dos licuadoras, garrafones de agua, utensilios de cocina, el mobiliario de la oficina, una bomba de agua, una carrucha, refacciones automotrices, herramienta de electricidad y equipo de cómputo que tenían prestado”.
Además dice que se llevaron los nombramientos de los consejeros y autoridades de la UPOEG.
Por esa causa, Plácido Valerio insistió en que los policías estatales podrían estar implicados en la desaparición de los cuatro miembros de la UPOEG.