Bruno Plácido fue fundador de la CRAC y de la autodefensa que ocupó Ayutla en 2013

El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido y el coordinador del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo, también asesinado, encabezan una asamblea en Tierra Colorada el 24 de noviembre de 2013, en los albores de la organización Foto: Archivo de El Sur

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El controvertido, temerario y a veces atrabancado dirigente indígena Bruno Plácido Valerio fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995, de la que por diferencias con el entonces coordinador Pablo Guzmán Hernández, salió en el 2010 para crear el 24 de enero del 2011 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social.
La organización surgió exclusivamente para la gestoría social y la defensa de los usuarios de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en la región de la Montaña, que se quejaban de las altas tarifas de la paraestatal.
Sin embargo, el 6 enero del 2013, Plácido Valerio se convirtió en el líder del primer grupo de autodefensa en Guerrero, cuando irrumpió en la cabecera municipal de Ayutla con aproximadamente 500 indígenas y mestizos armados, para enfrentar al crimen organizado que, según dijo Bruno entonces, cometía secuestros, levantaba y cobraba cuotas a los comerciantes y transportistas de la región.
El dirigente indígena denominó al grupo de civiles armados Policía Ciudadana de la UPOEG y la uniformó con playeras verdes similares a las de la Policía Comunitaria de la CRAC, la diferencia eran las siglas SSyJC (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana) que regía a la autodefensa de la UPOEG.
Plácido Valerio, indígena na’ savi de 54 años nació el 4 de marzo de 1969 en Azoyú, donde estudió hasta la secundaria. Después, a los 24 años, tras contraer matrimonio, se fue a vivir a algún lugar de la región de la Montaña.
En 1993 llegó a radicar a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. En una entrevista para El Sur contó que era diciembre y traía una camioneta “y algo de dinero” para instalar una tienda de abarrotes, lo que le sirvió para darse cuenta, dijo, de que la gente de la región no sólo era pobre, sino explotada y robada por los delincuentes.
Fue así que se involucró con otras autoridades agrarias y municipales de la región de la Montaña y la Costa Chica, entre ellos el Padre Mario Campos, para fundar la Policía Comunitaria de la CRAC.
Por su activismo, Plácido Valerio fue detenido y torturado durante dos días en el gobierno del priista René Juárez Cisneros junto con el padre Mario Campos y otras autoridades de la CRAC.
El dirigente indígena se convirtió en uno de los más polémicos y controvertidos dirigentes del movimiento social en Guerrero a partir de que formó la Policía de la UPOEG y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana en enero del 2013, primero en Ayutla y después se amplió a 12 municipios de la región de la Costa Chica e incluso llegó en el 2014 y 2015 al Valle del Ocotito y hasta Petaquillas, municipio de Chilpancingo.
Sin embargo, en el 2016 surgió una división y un grupo de dirigentes encabezados por Salvador Alanís, ahora líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, a la que se señala de tener vínculos con el grupo delictivo de los Tlacos, constituyeron el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y desplazó a la UPOEG que después sólo recuperó el control en El Ocotito.
Plácido Valerio fue señalado en su momento de que fortaleció a la UPOEG a partir del 2012 con el respaldo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.

La retención de militares en El Pericón

Encabezada por Plácido Valerio, desde su fundación la Policía Ciudadana se vio involucrada en acciones temerarias.
En agosto de 2013 miembros de la UPOEG y policías ciudadanos armados retuvieron durante dos días en El Pericón, municipio de Ayutla, a 100 militares en respuesta a la detención y el desarme por los soldados de cinco miembros de la autodefensa.
También retuvieron durante tres horas a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y federal que habían ido a negociar la liberación de los soldados. Ellos fueron el entonces secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo; el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y el operador político del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.
Además, al delegado de la entonces PGR Salvador Anaya del Carmen y al delegado de Gobernación federal Juan Salgado Brito. La liberación de los militares y de los funcionarios ocurrió hasta que se convino una reunión de la dirigencia de la UPOEG con el gobernador Aguirre Rivero.
El 18 de mayo 2014, policías ciudadanos de la UPOEG atacaron al convoy de la entonces alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, en uno de los retenes de la autodefensa en esa cabecera municipal, lo que derivó en un enfrentamiento y dos de los escoltas de la presidenta resultaron heridos.

El 7 de mayo del 2022, elementos de la Marina fueron retenidos y amenazados por integrantes de la autodefensa. “La verdad pensábamos manearlo y colgarte del puente carnal, pero por el presidente municipal (Lincer Casiano Clemente) que es nuestro amigo y de nuestra banda, vamos a dejar esto así·, le dijo al mando de los militares el comandante de la UPOEG Jesús Calleja, Chucho Calleja.
El jefe de la Policía Ciudadana fue detenido el 28 de junio con seis de sus elementos, después de un enfrentamiento con militares y efectivos de la Guardia Nacional que participaron en la detención.
La detención del jefe de la autodefensa, generó bloqueos en diferentes puntos de Acapulco y la carretera hacia la Costa Chica.

El declive de la Policía Ciudadana

El 3 de agosto del 2022, integrantes de la policía de la UPOEG atacaron a balazos a la caravana del ahora ex vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, cuando se desplazaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, cerca de Tres Palos en Acapulco, dejando como saldo dos presuntos agresores heridos, uno de ellos que murió dos días después y otros tres detenidos.
A partir de entonces la Policía Ciudadana de Plácido Valerio marcó su declive, semanas después fue replegada del corredor desde Acapulco hasta Marquelia donde mantenía el control.
El 9 de agosto, Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por agentes ministeriales por robo específico y daños, hechos que habían ocurrido desde el 2016 en Tlapa por un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, y Buenavista, de San Luis Acatlán, donde Plácido Valerio había fungido como comisariado de Bienes Comunales. El dirigente social fue liberado bajo fianza dos días después.
El 17 de noviembre del año pasado, cuatro coordinadores de la organización, Octavio Maganda Gallardo, Angélica Cruz López, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo desaparecieron al salir de una asamblea en Acapulco en la que habían asumido el cargo y hasta la fecha sigue sin saberse de su paradero.
Plácido Valerio había declarado que en el último año al menos 40 coordinadores, comandantes regionales y de ruta de la Policía Ciudadana habían sido asesinados o desaparecidos para descabezar, replegar y desaparecer a la organización desde el Gobierno estatal y desde la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por militares.
En reiteradas ocasiones denunció en los últimos meses que las autoridades estatales y federales habían iniciado una persecución en contra de la organización social en vez de actuar en contra del crimen organizado.
El 13 de julio pasado, el activista encabezó una asamblea en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, a donde asistieron 80 autoridades de la Costa Chica que acordaron reactivar a la Policía Ciudadana de la UPOEG, “ante el avance de los grupos delictivos en las comunidades indígenas”.
El acuerdo se tomó tras un enfrentamiento una semana antes en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa, que dejó un saldo de ocho muertos; cuatro miembros de la Policía Ciudadana y cuatro presuntos integrantes del crimen organizado.
Apenas el domingo pasado otro de los fundadores de la UPOEG, Carlos González Olivar, originario de San Marcos, fue asesinado frente a su familia cerca del mercado de esa cabecera municipal.
El dirigente victimado ya se había retirado de la agrupación y recientemente había salido de la cárcel acusado por el delito de homicidio, que según sus compañeros, no cometió.
Con el asesinato de Plácido Valerio, ocurrido la tarde de ayer, quedó descabezada y desarticulada totalmente la organización y su grupo de autodefensa.
Plácido Valerio contaba con medidas de seguridad; una camioneta blindada y el resguardo de una patrulla de policías estatales a partir del atentado que sufrió el empresario de Chilpancingo Pioquinto Damián Huato el 28 de enero del 2014, en el que murió la nuera del empresario, Laura Rosas Brito, en tanto que Damián Huato y su hijo resultaron heridos cerca de El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.
El atentado ocurrió después de que regresaban de una reunión en El Ocotito en la que Damián Huato y Plácido Valerio señalaron al entonces alcalde Mario Moreno Arcos de tener vínculos con los grupos delictivos que operaban en Chilpancingo y en el Valle del Ocotito.
Sin embargo, las medidas de seguridad con las que contaba el ahora finado se las retiró la Secretaría de Seguridad Pública estatal al inicio del actual Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron ayer fuentes de la agrupación.

 

Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

 

Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

El ataque ocurrió a las 5 de la tarde, cuando el dirigente indígena también fundador de la CRAC había acudido a solicitar audiencia con la titular Aidé Ibarez. Dos hombres que llegaron en motocicleta le dispararon 15 balazos. También murió acribillado su chofer. Estaba amenazado por grupos diversos de la delincuencia organizada, comenta un familiar. A?medianoche, cuando salía de una reunión de la Normal de Ayotzinapa fue atacado a balazos el párroco y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez, quien resulta ileso

 

 

 

Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, 18 de octubre de 2023. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo, afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud estatal.

El ataque se dio cerca de las 5 de la tarde, cuando Bruno Plácido salió del lugar y dos hombres que llegaron en una motocicleta le dispararon en la cabeza. También, mataron a su chofer Abad Ruiz García, que lo acompañaba.

Plácido Valerio quedó tirado boca abajo en la rampa para minusválidos que se encuentra a 2 metros de la salida principal de la Secretaría de Salud. Vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Su acompañante quedó tirado boca arriba a 5 metros de distancia del dirigente indígena, entre la rampa y la banqueta que da a la avenida Ruffo Figueroa.

La ambulancia llegó 10 minutos más tarde, pero los dos cuerpos ya se encontraban sin vida.

Una fuente de la Fiscalía del Estado informó que en el lugar quedaron al menos 15 casquillos percutidos de calibre 380.

En las oficinas se encontraban pocos trabajadores, que abandonaron el lugar luego de escuchar los balazos. La zona fue acordonada por policías estatales, que pusieron una cinta amarilla desde el estacionamiento hasta la avenida que fue cerrada.

Al hecho llegaron más tarde los peritos de la Fiscalía que realizaron las diligencias, mientras que la Policía Ministerial tapó con sus patrullas el lugar para evitar que reporteros tomaran graficas.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio fue levantado a las 6:15 y subido a la camioneta del Servicio Médico Forense. El de su compañero fue levantado 20 minutos antes y depositado en el mismo vehículo.

Abad Ruiz era chofer del dirigente de la UPOEG desde hace 5 años y también eran originarios de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán en la Costa Chica del estado.

Una fuente de Salud reveló que Bruno Plácido llegó una hora antes a las oficinas, para solicitar una audiencia con la secretaria, Aidé Ibarez Castro, que se encontraba en reunión y el dirigente optó por esperar.

La versión es que Plácido Valerio salió del lugar y en ese momento fue atacado.

Dos horas antes salió en una fotografía en la página Web de El Sur, donde se encontraba en el centro comercial en el que fue asesinado el trabajador activo de la Secretaría de Salud y químico, Hugo Miguel Morales Sánchez, quien también vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Bruno Plácido Valerio fue fundador y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hasta el año 2010 que se dividió y fundó la UPOEG, una organización que luchó contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los cobros justos de luz en las comunidades de Costa Chica y Montaña.

En 2013 fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), que en enero del 2013 levantó en armas a 5 mil pobladores para expulsar de la Costa Chica hasta Petaquillas al grupo delincuencial de Los Rojos.

Un familiar cercano comentó a El Sur que Bruno Plácido “estaba amenazado prácticamente por todos los grupos de la delincuencia”, en especial por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos que son los que pelean las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla donde sigue habiendo presencia de policías de la UPOEG a los que les pretenden quitar su territorio.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio será llevado a su pueblo natal Buenavista, donde será sepultado.

 

 

 

 

Bruno Plácido fue fundador de la CRAC y de la autodefensa que ocupó Ayutla en 2013

 

El controvertido, temerario y a veces atrabancado dirigente indígena Bruno Plácido Valerio fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995, de la que por diferencias con el entonces coordinador Pablo Guzmán Hernández, salió en el 2010 para crear el 24 de enero del 2011 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social.

La organización surgió exclusivamente para la gestoría social y la defensa de los usuarios de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en la región de la Montaña, que se quejaban de las altas tarifas de la paraestatal.

Sin embargo, el 6 enero del 2013, Plácido Valerio se convirtió en el líder del primer grupo de autodefensa en Guerrero, cuando irrumpió en la cabecera municipal de Ayutla con aproximadamente 500 indígenas y mestizos armados, para enfrentar al crimen organizado que, según dijo Bruno entonces, cometía secuestros, levantaba y cobraba cuotas a los comerciantes y transportistas de la región.

El dirigente indígena denominó al grupo de civiles armados Policía Ciudadana de la UPOEG y la uniformó con playeras verdes similares a las de la Policía Comunitaria de la CRAC, la diferencia eran las siglas SSyJC (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana) que regía a la autodefensa de la UPOEG.

Plácido Valerio, indígena na’ savi de 54 años nació el 4 de marzo de 1969 en Azoyú, donde estudió hasta la secundaria. Después, a los 24 años, tras contraer matrimonio, se fue a vivir a algún lugar de la región de la Montaña.

En 1993 llegó a radicar a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. En una entrevista para El Sur contó que era diciembre y traía una camioneta “y algo de dinero” para instalar una tienda de abarrotes, lo que le sirvió para darse cuenta, dijo, de que la gente de la región no sólo era pobre, sino explotada y robada por los delincuentes.

Fue así que se involucró con otras autoridades agrarias y municipales de la región de la Montaña y la Costa Chica, entre ellos el Padre Mario Campos, para fundar la Policía Comunitaria de la CRAC.

Por su activismo, Plácido Valerio fue detenido y torturado durante dos días en el gobierno del priista René Juárez Cisneros junto con el padre Mario Campos y otras autoridades de la CRAC.

El dirigente indígena se convirtió en uno de los más polémicos y controvertidos dirigentes del movimiento social en Guerrero a partir de que formó la Policía de la UPOEG y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana en enero del 2013, primero en Ayutla y después se amplió a 12 municipios de la región de la Costa Chica e incluso llegó en el 2014 y 2015 al Valle del Ocotito y hasta Petaquillas, municipio de Chilpancingo.

Sin embargo, en el 2016 surgió una división y un grupo de dirigentes encabezados por Salvador Alanís, ahora líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, a la que se señala de tener vínculos con el grupo delictivo de los Tlacos, constituyeron el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y desplazó a la UPOEG que después sólo recuperó el control en El Ocotito.

Plácido Valerio fue señalado en su momento de que fortaleció a la UPOEG a partir del 2012 con el respaldo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.

 

La retención de militares en El Pericón

 

Encabezada por Plácido Valerio, desde su fundación la Policía Ciudadana se vio involucrada en acciones temerarias.

En agosto de 2013 miembros de la UPOEG y policías ciudadanos armados retuvieron durante dos días en El Pericón, municipio de Ayutla, a 100 militares en respuesta a la detención y el desarme por los soldados de cinco miembros de la autodefensa.

También retuvieron durante tres horas a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y federal que habían ido a negociar la liberación de los soldados. Ellos fueron el entonces secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo; el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y el operador político del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.

Además, al delegado de la entonces PGR Salvador Anaya del Carmen y al delegado de Gobernación federal Juan Salgado Brito. La liberación de los militares y de los funcionarios ocurrió hasta que se convino una reunión de la dirigencia de la UPOEG con el gobernador Aguirre Rivero.

El 18 de mayo 2014, policías ciudadanos de la UPOEG atacaron al convoy de la entonces alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, en uno de los retenes de la autodefensa en esa cabecera municipal, lo que derivó en un enfrentamiento y dos de los escoltas de la presidenta resultaron heridos.

El 7 de mayo del 2022, elementos de la Marina fueron retenidos y amenazados por integrantes de la autodefensa. “La verdad pensábamos manearlo y colgarte del puente carnal, pero por el presidente municipal (Lincer Casiano Clemente) que es nuestro amigo y de nuestra banda, vamos a dejar esto así·, le dijo al mando de los militares el comandante de la UPOEG Jesús Calleja, Chucho Calleja.

El jefe de la Policía Ciudadana fue detenido el 28 de junio con seis de sus elementos, después de un enfrentamiento con militares y efectivos de la Guardia Nacional que participaron en la detención.

La detención del jefe de la autodefensa, generó bloqueos en diferentes puntos de Acapulco y la carretera hacia la Costa Chica.

 

El declive de la Policía Ciudadana

 

El 3 de agosto del 2022, integrantes de la policía de la UPOEG atacaron a balazos a la caravana del ahora ex vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, cuando se desplazaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, cerca de Tres Palos en Acapulco, dejando como saldo dos presuntos agresores heridos, uno de ellos que murió dos días después y otros tres detenidos.

A partir de entonces la Policía Ciudadana de Plácido Valerio marcó su declive, semanas después fue replegada del corredor desde Acapulco hasta Marquelia donde mantenía el control.

El 9 de agosto, Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por agentes ministeriales por robo específico y daños, hechos que habían ocurrido desde el 2016 en Tlapa por un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, y Buenavista, de San Luis Acatlán, donde Plácido Valerio había fungido como comisariado de Bienes Comunales. El dirigente social fue liberado bajo fianza dos días después.

El 17 de noviembre del año pasado, cuatro coordinadores de la organización, Octavio Maganda Gallardo, Angélica Cruz López, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo desaparecieron al salir de una asamblea en Acapulco en la que habían asumido el cargo y hasta la fecha sigue sin saberse de su paradero.

Plácido Valerio había declarado que en el último año al menos 40 coordinadores, comandantes regionales y de ruta de la Policía Ciudadana habían sido asesinados o desaparecidos para descabezar, replegar y desaparecer a la organización desde el Gobierno estatal y desde la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por militares.

En reiteradas ocasiones denunció en los últimos meses que las autoridades estatales y federales habían iniciado una persecución en contra de la organización social en vez de actuar en contra del crimen organizado.

El 13 de julio pasado, el activista encabezó una asamblea en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, a donde asistieron 80 autoridades de la Costa Chica que acordaron reactivar a la Policía Ciudadana de la UPOEG, “ante el avance de los grupos delictivos en las comunidades indígenas”.

El acuerdo se tomó tras un enfrentamiento una semana antes en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa, que dejó un saldo de ocho muertos; cuatro miembros de la Policía Ciudadana y cuatro presuntos integrantes del crimen organizado.

Apenas el domingo pasado otro de los fundadores de la UPOEG, Carlos González Olivar, originario de San Marcos, fue asesinado frente a su familia cerca del mercado de esa cabecera municipal.

El dirigente victimado ya se había retirado de la agrupación y recientemente había salido de la cárcel acusado por el delito de homicidio, que según sus compañeros, no cometió.

Con el asesinato de Plácido Valerio, ocurrido la tarde de ayer, quedó descabezada y desarticulada totalmente la organización y su grupo de autodefensa.

Plácido Valerio contaba con medidas de seguridad; una camioneta blindada y el resguardo de una patrulla de policías estatales a partir del atentado que sufrió el empresario de Chilpancingo Pioquinto Damián Huato el 28 de enero del 2014, en el que murió la nuera del empresario, Laura Rosas Brito, en tanto que Damián Huato y su hijo resultaron heridos cerca de El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.

El atentado ocurrió después de que regresaban de una reunión en El Ocotito en la que Damián Huato y Plácido Valerio señalaron al entonces alcalde Mario Moreno Arcos de tener vínculos con los grupos delictivos que operaban en Chilpancingo y en el Valle del Ocotito.

Sin embargo, las medidas de seguridad con las que contaba el ahora finado se las retiró la Secretaría de Seguridad Pública estatal al inicio del actual Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron ayer fuentes de la agrupación.

 

 

 

 

No se descarta que la disputa entre grupos delictivos esté detrás del crimen: Ludwig

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, no descartó que el asesinato del dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, tenga relación con la disputa de grupos delictivos, como Los Tlacos y Los Ardillos, con ese grupo de autodefensa comunitaria.

En tanto, el líder de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, y dijo que si el dirigente de la UPOEG se sentía amenazado, debió de pedir protección.

La presidenta de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, ofreció acompañamiento a la familia del dirigente, para que puedan tener acceso a la justicia.

En declaraciones al finalizar el segundo informe de actividades de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, realizado en Acapulco, Ludwig Reynoso calificó como un hecho “muy lamentable” el asesinato del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones.

“Es un hecho muy lamentable, nosotros con Bruno teníamos muy buena comunicación y con él estábamos en el proceso de trabajar para que la UPOEG tuviera más orden, avanzamos en muchas cosas con él, lamento yo en lo personal, muy profundamente el asesinato de Bruno. La Fiscalía tendrá que hacerse cargo de las investigaciones y vamos a seguir muy puntualmente los hechos”, abundó el funcionario.

También a pregunta de reportero, aceptó que el crimen “podría” estar relacionado con la disputa que hay entre los grupos delictivos de Los Tlacos y  Los Ardillos con la UPOEG, “hay una probabilidad de que sea eso pero no tengo mas elementos en este momento para poder señalar a alguien en particular”.

También a pregunta de que ya son cuatro los líderes de la UPOEG asesinados en el último mes, recordó que hay divisiones y diversos grupos en esa organización, “vamos a revisar muy bien lo que está sucediendo ahí”.

Rechazó que el asesinato de un líder tan reconocido sea una muestra de la ingobernabilidad del estado.

 

“Debió pedir medidas cautelares”: Jacinto

 

El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, luego del asesinato de Bruno Plácido Valerio.

“Creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, pero también nosotros los que nos dedicamos en la lucha social debemos de tomar precauciones. Creo que el compañero Bruno Plácido si tenía amenazas o temía por su vida debió de pedir medidas cautelares antes de que sucediera esto”, dijo el diputado morenista tras el informe de Yoloc-zin Dominguez, .

Y solicitó a la Fiscalía y a las instancias de gobierno encargadas de la seguridad a reforzarla y que las víctimas y sus familias accedan a la justicia. González Varona, dijo que a pesar de que este crimen ocurrió en las inmediaciones de oficinas de gobierno del estado, el Congreso y la Fiscalía General de la República, no es por la impunidad.

“Creo que no podemos tener un soldado en cada esquina, eso es evidente, eso no se puede, que estemos cuidando a cada guerrerense”.

–¿Está fallando la estrategia de seguridad entonces?

–Habría que estar revisando la coordinación que hay entre los niveles de gobierno, y pues ponderar la protección a los guerrerenses.

–¿Crees que este crimen pone en riesgo a más dirigentes sociales?

–Pues todo estamos en riesgo en el estado.

Respecto a lo sucedido en San Jerónimo, dijo que no fue una agresión a la  casa de  la alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente,  sino contra la casa  del director de Re-glamentos y Espectáculos.

Indicó que en el video se aprecia la camioneta que usa la alcaldesa y no es atacada, y que la confusión pudo venir porque ambas viviendas colindan, pero que será la Fiscalía la que informe al respecto.

 

Apreza: es “preocupante lo que sucede” en el estado

 

El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón quien también asistió al informe de Yoloczin manifestó que “es preocupante lo que está sucediendo en el estado, el asesinato de cualquier persona es lamentable, yo hago votos por que pueda reestablecerse la seguridad en nuestro estado”.

Pero dijo que la situación de seguridad no está fuera de control “evidentemente se requiere una mayor coordinación” entre “el gobierno y la ciudadania”.

 

Reconoce presidenta de la Codehum labor de Bruno

 

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, lamentó y reprobó el asesinato.

Al término de la misma actividad, reprobó la ejecución del fundador de autodefensas.

Indicó que la Codehum dará acompañamiento a la familia del dirigente para que pueda tener acceso a la justicia, “era un defensor de los derechos de la policía comunitaria de nuestro estado”, pero también era un ser humano.

La defensora de los derechos humanos expresó su solidaridad y envió su pésame a los familiares de Bruno Plácido.

 

 

 

 

Atacan a balazos en Tixtla al director del Centro Minerva Bello cuando salía de Ayotzinapa

 

El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), José Filiberto Velázquez Florencio fue atacado a balazos en la carretera Tixtla-Chilpancingo.

El ataque se dio a la 1 de la mañana cuando el padre salió de una reunión de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, rumbo a Chilpancingo.

La versión del defensor de derechos humanos es que a 500 metros del arco de Ayotzinapa, hombres armados le dispararon.

Filiberto Velázquez viajaba en una camioneta y logró bajar y escapar corriendo a una de las entradas de la normal Rural Raúl, donde fue auxiliado por los estudiantes.

Hasta el cierre de la edición no había llegado ninguna autoridad.

El padre Filiberto Velásquez se ha destacado principalmente por visitar las zonas de ataques con drones en la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, y dar refugio a los familiares de enfermos del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo.

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Lenin Ocampo Torres, Zacarías Cervantes, Daniel Velázquez y Jacob Morales Antonio/Foto: El Sur

Matan a un fundador de la UPOEG en el mercado de San Marcos; ya no estaba en la organización

 

Carlos González Olivar acababa de salir de prisión y fue asesinado frente a su esposa y algunos de sus familiares el domingo

Uno de los fundadores de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Carlos González Olivar fue asesinado la noche del domingo en el mercado de San Marcos, informaron ayer miembros de esa organización.
El dirigente social, quien ya se había retirado de la agrupación y del activismo por un padecimiento de diabetes y luego de un encarcelamiento del que acababa de salir libre, fue asesinado frente a su esposa y algunos de sus familiares a las 7 y media de la tarde del domingo.
González Olivar de 54 años había sido acusado de un asesinato “que no cometió”, recordaron miembros de la UPOEG, quienes dijeron que tenía apenas meses de haber salido libre.
Además de haber sido uno de los fundadores de la UPOEG, en el 2015 fue candidato a la alcaldía de San Marcos por el Partido Humanista, ya desaparecido.
Fuentes de la agrupación a la que perteneció informaron que cuando se encontraba con su familia llegaron gentes de un grupo armado y lo asesinaron.
En la noche el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapa (Cipog-EZ), Jesús Placido Galindo responsabilizó de la muerte al gobierno del estado, dijo que las autoridades saben cómo y dónde operan los grupos armados en Guerrero, y no actúan para contenerlos o eliminarlos.
Dijo que Carlos Olivar fue un luchador social y defensor de derechos humanos en la entidad.
Mencionó que desde el 2012 y 2013 “alzó la voz y las manos para defender a los hermanos afromexicanos”, cuando se levantaron los grupos de autodefensa en la Costa Chica para defender a los pueblos de los grupos delictivos.
Informó que tenía menos de un mes de que había salido libre después de casi un año de haber estado en la cárcel, acusado por el delito de homicidio que no cometió, “y que le fue fabricado por el gobierno municipal de San Marcos”.
Informó que desde el año pasado cuando los gobiernos federal y estatal desmantelaron la UPOEG en la región de la Costa Chica, él se había retirado de la agrupación, además de que padecía de diabetes.
“Nosotros repudiamos esos actos cometidos por grupos del crimen organizado que son tolerados por el gobierno”, señaló.
Demandó justicia y que el crimen se esclarezca, además de que se investigue al alcalde perredista de San Marcos, Tomás Hernández Palma y a sus funcionarios del área de seguridad “porque ellos saben cómo se mueve la delincuencia y no hacen nada”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Se planta UPOEG en el Congreso local; exige nueva consulta sobre la Ley 701

Integrantes de la UPOEG protestaron afuera del Congreso local en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este miércoles, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), exigió en el Congreso del Estado respeto a los derechos de las comunidades originarias.
En un plantón afuera de las instalaciones del Congreso, el dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, denunció que los diputados incumplieron con su derecho a la consulta en la elaboración de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio pasado.
Después, se reunieron por separado con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, con quienes programaron reuniones posteriores.
Un contingente de la organización, de pueblos de Costa Chica, llegó al Congreso a las 10 y media de la mañana y se plantó afuera.
“Queremos ser consultados y que el Congreso local y el gobierno estatal retomen la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, pero con una consulta previa a los pueblos”, declaró Bruno Plácido.
Denunció que el Congreso local violó el derecho a la consulta y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al no consultar a los pueblos indígenas para las reformas a la Ley 701, que en junio pasado avaló la SCJN.
El dirigente de la UPOEG informó que los pueblos están exigiendo que se reponga la consulta, que se tome en cuenta a la gente de los pueblos y después se realice una nueva reforma a la ley.
El dirigente indígena informó que otro de los derechos que exigen es tener un gobierno propio, “es decir, el derecho que tenemos a la construcción de un gobierno electo mediante asambleas de los pueblos”.
Denunció que no se les respeta el derecho que tienen a la salud, a la educación y a los servicios públicos, “por eso hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, estamos exigiendo que se nos respeten todos nuestros derechos”.
El contingente también pidió una mesa de diálogo con el gobierno estatal, para revisar las solicitudes que tienen para obras en las comunidades y planear las de 2024.
Plácido Valerio dijo que hay muchas comunidades que no tienen agua potable, drenaje, energía eléctrica y hay lugares que no tienen maestros, médicos o medicamentos.
La intención, según, dijo Plácido Valerio, es “ayudar al gobierno mediante la organización de los pueblos, porque ya vimos que solo no puede”.
Añadió que el objetico de la UPOEG es evitar que haya más bloqueos, “queremos actuar de una manera diferente, para evitar el desgaste de la gente, pero también exigimos que el estado garantice y facilite el diálogo con los diputados, así como con los funcionarios, para encontrar una salida a todos los problemas y conflictos que tenemos”.
El dirigente de la UPOEG informó que en su reunión con la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, ella les prometió que se va a reunir con los diputados, para que les den una respuesta la semana próxima.
En un breve boletín de prensa, el Congreso local informó que Domínguez Serna recibió a integrantes dela UPOEG, “que se manifestaban de forma pacífica frente al recinto legislativo”, en demanda de obras en distintas comunidades, y pidieron ser incluidos en los procesos de consulta que realiza el Congreso, en relación con los derechos de los pueblos originarios.
Agregó que la diputada ofreció buscar una mesa de trabajo entre diputados e integrantes de la Jucopo, funcionarios estatales y representantes de esta organización, para analizar un proyecto de desarrollo comunitario, en beneficio de los pueblos indígenas de Guerrero.
Plácido Valerio informó que con el secretario de gobierno, Marcial Reynoso, acordaron armar una agenda de desarrollo comunitario, entre el gobierno y las comunidades, para atender sus peticiones de carreteas, agua potable, vivienda, falta de maestros y médicos.
Dijo que el funcionario se comprometió con instalar una mesa de trabajo permanente, para programar las obras del próximo año.
Explicó que esto fue a cambio de un “pacto de gobernabilidad y orden, que nosotros ya no andemos bloqueando carreteras”.
Informó que acordaron volverse a reunir la tercera semana de septiembre, porque antes van a revisar sus demandas y darles respuesta.

Hubo diálogo abierto: gobierno
estatal

Por la noche, mediante un boletín, el gobierno estatal calificó la reunión con la UPOEG como un “ejercicio de diálogo abierto, con la presencia de más de 350 integrantes, y que se realizó en el auditorio José Joaquín de Herrera, del Recinto Oficial del Poder Ejecutivo”.
Agregó que asistieron, el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, y la coordinadora de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Lilia Taquillo López.
“El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, sostuvo una asamblea con representantes e integrantes de la UPOEG, encabezados por Bruno Plácido Valerio”, refirió el boletín.
De acurdo con el comunicado, el secretario de Gobierno les dijo que “se continuará trabajando en pro del desarrollo de las regiones, para que se mantenga el orden, la seguridad y el respeto a los sistemas de organización que cuentan con la aprobación de los pobladores”.
Añadió que como parte de los acuerdos, se establecieron mesas de trabajo para coordinar la recepción de documentación y solicitudes de obras para 2024, y celebrar una próxima asamblea en septiembre, para su análisis y seguimiento.

 

Acuerda la UPOEG reactivarse en toda la Costa Chica ante el avance de los grupos delictivos

Asistentes a la asamblea de este domingo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, votan para reactivarse ante “el avance de los grupos delictivos en las comunidades” Foto: El Sur

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó en una asamblea ayer en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, reactivarse ante “el avance de los grupos delictivos en las comunidades” y luego del enfrentamiento ocurrido la semana pasada en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa.
También acordó movilizarse el 9 de agosto en Chilpancingo para exigir a los tres órdenes de gobierno respeto a la organización y coordinación en materia de seguridad y justicia.
En declaraciones por teléfono, el dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio, informó que asistieron a la asamblea 80 autoridades de los municipios de la Costa Chica, que acordaron reactivar el sistema de las policías de la UPOEG “para hacer frente a la violencia e inseguridad”.
Dijo que acordaron iniciar asambleas en todos los municipios de la Costa Chica donde tiene presencia la organización para irla reactivando en los pueblos donde se habían replegado.
“El acuerdo es que la UPOEG va a entrar en todos los municipios y pueblos en donde se le requiera”, informó, aunque aclaró que esto no será de inmediato, sino que será un proceso.
Pero por lo pronto añadió que se reactivará en Tecoanapa y en Ayutla.
En Buenavista, municipio de Tecoanapa, la semana pasada policías de la UPOEG se enfrentaron con integrantes de un grupo delictivo con resultado de ocho muertos: cuatro de la UPOEG y cuatro del grupo delictivo, además de cuatro heridos; tres de la UPOEG y una mujer que circunstancialmente pasaba por el lugar del enfrentamiento.
“Nos vamos a ir reactivando donde la gente lo vaya pidiendo y vaya asimilando el problema de la violencia”, explicó el dirigente de la UPOEG.
Informó que las autoridades de las comunidades que se reunieron pidieron a la dirigencia de la organización que exija al gobierno respeto al sistema comunitario, y que en todo caso haya coordinación, “porque no podemos seguir viviendo perseguidos, mientras los grupos delictivos van penetrando en los pueblos indígenas”.
La Policía Ciudadana de la UPOEG comenzó a replegarse en los pueblos de la Costa Chica en julio del año pasado después de la detención de ocho de sus miembros, entre ellos el comandante de Marquelia Jesús Calleja, El Chucho.
Esa detención derivó en otras, además de enfrentamientos con elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en la carretera de Acapulco a Marquelia y en noviembre se dio la desaparición en Acapulco de cuatro de sus integrantes, entre ellos el coordinador Octavo Maganda Gallardo.
“Nos persiguieron, (el gobierno) y detuvieron a los compañeros porque decían que éramos nosotros los generadores de la violencia, por eso nos replegamos, y ya ven el problema de la violencia no se ha resuelto, va creciendo en nuestros pueblos, entonces vamos a volver a reactivarnos”, advirtió Plácido Valerio.
Informó que también acordaron participar en una movilización el 9 de agosto en Chilpancingo, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para manifestar su postura con respecto a la defensa de los de los derechos de los pueblos en materia de seguridad.
“Se aprobó la movilización para manifestar nuestra inconformidad y se dará a conocer nuestro manifiesto para exigir respeto del Estado a las comunidades y al derecho que tenemos como pueblos indígenas”.

Acuerda la UPOEG movilizarse contra el aval de la Corte a consultas del Congreso por Ley 701

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó movilizarse en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la consulta indígena y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas realizadas por el Congreso local el año pasado.
El dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que se reunieron 60 pueblos de Ayutla y Tecoanapa, en Atocutla, y con ello iniciaron las asambleas comunitarias para determinar las acciones en contra de la consulta que supuestamente realizó el Congreso local para las reformas en materia indígena.
En su fallo emitido el 5 de junio, la SCJN avaló la consulta realizada en mayo del año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, en la que se suprimen derechos de los pueblos indígenas, como las policías comunitarias y el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
El 12 de junio en conferencia de prensa la dirigencia estatal de la UPOEG anunció que realizaría asambleas en los pueblos indígenas donde tiene presencia para determinar las acciones a seguir en contra del fallo de la Suprema Corte.
Plácido Valerio informó que ayer se realizó la primera de estas asambleas en la que participaron autoridades comunitarias de 60 pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa y acordaron acciones jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).
Refirió que no se cumplió con la consulta a los pueblos indígenas para la aprobación de las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que aprobó el Congreso local y validó la Suprema Corte.
En cuanto a las acciones políticas, los pueblos van a nombrar en cada una de las comunidades un comité en defensa de la consulta y el desarrollo de las comunidades.
Informó que a partir de ayer comenzarían a nombrar los comités en los pueblos y sus integrantes van a trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en las leyes internacionales y en la propia Constitución Política federal.
El abogado Ricardo Beltrán Verdusco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, quien asistió a la asamblea y se hará cargo de atender la ruta jurídica, anunció que van a recurrir a los organismos internacionales como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por violación al Convenio 169 de la OIT, para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas.
Explicó que en este convenio se establecen los derechos culturales de los pueblos indígenas y que en la realización de la consulta se debieron haber atendido los usos y costumbres, así como la lengua de las comunidades indígenas a las que va dirigida dicha ley, aspecto que no se atendió en la consulta ni en la ley que fue aprobada, dijo.
El abogado declaró que el Congreso local no cumplió con la formalidad que establece dicho Convenio, y sin embargo fue avalado por la SCJN, “y eso es lo vamos a combatir ante la CIDH, porque hubo muchas omisiones”.
“Nosotros vamos a apoyar en todo lo que se refiere al aspecto jurídico y vamos a recurrir a las instancias que correspondan bajo el esquema que nosotros vamos a definir”.
Informó que van a hacer valer el derecho que corresponde a los pueblos originarios porque “a todas luces, así como han expuesto la situación, son actos violatorios a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas que hace alusión el Convenio 169.
“El principal argumento será la violación a la norma 169 en el que se prevé que las consultas deben ser culturalmente adecuadas, “y si no la hicieron de acuerdo a sus usos y costumbres, respetando su lengua, con una información precisa y de buena fe, se violó la norma y aun así fue avalada por la misma SCJN”, insistió.
Dijo que el convenio 169 es una protección importante para las comunidades indígenas y si la autoridad no la acata, es violatorio de los derechos humanos, “y en este caso, si el organismo internacional resuelve que se atienda este asunto, tendría que reponerse el procedimiento y realizar la consulta como corresponde, y como lo establece el convenio 169”.

 

También la UPOEG rechaza aval de la Corte a la consulta del Congreso sobre la Ley 701

El comisario del Mesón Sergio Gallegos; la representante de la comunidad Capulin Lizbeth González; el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido; el coordinador de las autoridades municipales civiles y agrarias Gonzalo Torres y el coordinador de 28 comunidades de Ayutla Jesus Pantoja en la conferencia de prensa ayer en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La coordinación estatal de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), se sumó al rechazó a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó la consulta del Congreso local y que derivó en la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas de mayo del año pasado.
En conferencia de prensa, al menos 28 comisarios municipales encabezados por dirigentes de la UPOEG anunciaron acciones de protesta para exigir una nueva consulta y otra reforma, porque “los pueblos tienen mucho que aportar”, dijo el dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio, en coincidencia con la postura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El coordinador de Autoridades Municipales, Civiles y Agrarias de la UPOEG Gonzalo Torres Valencia, denunció que la consulta que realizó el Congreso “fue una simulación” y que en muchas comunidades indígenas y afromexicanas se realizaron reuniones en las que se obligó a las autoridades comunitarias a firmar, si no, las amenazaron con dejarlas fuera de las obras y de los programas sociales.
Plácido Valerio agregó que con la consulta se violaron los artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el 2 dice que los pueblos tienen derecho a crear sus propias instituciones, y el 39 que el pueblo puede alterar o modificar su forma de gobierno, “pero cuando los pueblos se organizan para crear sus propias instituciones son perseguidos y divididos”, reprochó el dirigente indígena.
Agregó que también se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dice que para ser consultados los indígenas, tiene que haber de buena fe y ser previamente informados, lo que no ocurrió.
“La que hicieron no fue consulta, sólo se reunían con unas diez personas o se tomaban fotos en reuniones cuando iba la gobernadora y con eso quieren justificar sus consultas”.
Contó que en otras ocasiones le decían a la gente que se reuniera en algunos pueblos, en donde los amenazaban: “si no me firmas no habrá obras y programas sociales”.
Aseguró que no se levantaron actas de asambleas, ni se nombraron mesas de debates, tampoco firmaron los acuerdos de asamblea.
La UPOEG pide una nueva consulta en la que la gente realmente participe con sus opiniones para la reforma de sus leyes, “estamos de acuerdo en una reforma pero que se cumpla con la consulta”.
Propuso que no les pidan su opinión a los líderes, sino que sean los ciudadanos los que hablen, “son los pueblos los que tienen que ser sujetos y no objetos de derecho público”.
Denuncio que igual ocurrió con la reciente consulta que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para la representación de los pueblos indígenas.
Explicó que en San Luis Acatlán solo llegaron las autoridades comunitarias de la cabecera municipal y no invitaron a pueblos como Cuanacaxtitlán, Yoloxóchitl, Arroyo Cumiapa y Pascala del Oro, con lo que, denunció, nuevamente hubo racismo y discriminación.
“Ya estuvo sueve que a los indígenas nos sigan utilizando sólo para eventos o festejos y después nos dejen empobrecidos, divididos y confrontados”.
Informó que la UPOEG va a iniciar asambleas en los pueblos indígenas y afromexicanas para convocar a movilizarse
Anunció que pretenden terminarlas el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “y vamos a terminar con una acción concreta que nos lleve a ratificar nuestro camino como pueblos indígenas y afromexicanos”.
Admitió: “Si no logramos algo por lo menos estaremos evidenciado al Estado que todavía en el siglo XXI sigue discriminando y violando los derechos de los pueblos indígenas”.

El gobierno acorrala a la UPOEG y no resuelve la inseguridad, señalan

Gonzalo Torres Valencia, denunció que los ministros de la SCJN aprobaron algo que solamente les llevaron, “y eso que les llevaron fue una simulación de consulta, lo que queremos es que realmente se hagan las consultas en asambeas y que sean públicas, no solo que les lleven una hoja y les digan estos son los resultados de la consulta y ya”.
Declaró que buscarán que se respeten sus derechos, “porque de una u otra manera el gobierno nos quiere someter y no estamos dispuestos a eso, nosotros tenemos nuestras propios usos y costumbres y eso no va a estar a discusión, ellos (el gobierno) quiere que cumplamos la ley tal cual la especifica la Carta Magna, pero hasta ahora ni si quiera ellos la respetan a pesar de que está hecha a su manera.
Agregó que hay leyes consuetudinarias “y son a ellas a las que nos estamos apegando y las vamos a defender hasta con las uñas y dientes, hasta el último suspiro”.
Denunció que el gobierno ha estado acorralando a la UPOEG “de una manera muy vil, y nos utilizan como pretexto para hacer sus cosas, empezaron por decir que estamos infiltrados por el crimen organizado, cuando todas las instituciones lo están y no hacen nada”.
Informó que estuvieron de acuerdo en replegarse “para demostrarles que no somos nosotros, y como ejemplo, ahora en el corredor de Acapulco a Huatulco, (Oaxaca), hay muchas extorsiones, y si decían que éramos nosotros y nuestra gente ya se replegó, ¿por qué siguen los problemas entonces?
Informó que en la reciente consulta que realizó el IEPC los pueblos dijeron que quieren participar en cargos de elección popular, “pero ellos nos quieren obligar a que sea por partidos, es lo mismo de siempre: divide y vencerás, quieren obligar al que quiera un cargo a que se vaya con los partidos políticos y abandone la lucha por nuestros pueblos, pero la mayoría de nuestros compañeros están puestos en la lucha”.
Jesús Pantoja Mayo, coordinador de 28 comunidades de Ayutla, declaró que en ese municipio los pueblos se rigen por el sistema normativo propio, “pero aún allí hemos sido discriminados, y eso que hemos estado en pie de lucha, cada que hay elección hay impugnación, nos quieren someter porque las comunidades indígenas han querido tener su autogobierno”.
Aseguró que cuando fueron a hacer la consulta hubo solicitudes de varios pueblos que pidieron que los convocaran a las asambleas y les informaran de qué se trataba la consulta, pero no fueron; “no se nos informó a fondo, hemos sido discriminados en ese aspecto”.

 

Detuvo al líder de la UPOEG, José Deivy, por el asesinato de un periodista: Marina

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, reportó la detención de José Deivy, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y lo identificó como presunto integrante del grupo criminal Los Ardillos.
Durante el informe de seguridad en la conferencia de prensa matutina de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Marina dio a conocer que se le detuvo por el homicidio del periodista Fredid Román Román.
Añadió que la detención se llevó a cabo el 13 de febrero, en la carretera federal Puebla Tehuacán, .
José Deivy es identificado como líder comunitario de El Ocotito e integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). De acuerdo con la información publicada en El Sur, participó el pasado 23 de enero en la marcha del noveno aniversario de la organización.
Ojeda detalló que la detención la realizó personal naval, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Estatal.
El 13 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, dio a conocer la detención de Deivy en una operación coordinada entre las autoridades del estado de Guerrero, la Secretaría de Marina e integrantes de la Policía Estatal poblana.
“A través de labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina, agentes de la Policía Estatal detuvieron a José, identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal”, publicó la Secretaría poblana.
De igual forma señalaron que el detenido iba a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350, en el que encontraron 62 bolsas de “aparente cristal”, un arma de fuego calibre .380 milímetros y seis cartuchos, mismos que no tenían permiso, y 5 mil 500 pesos en efectivo.
En el comunicado especifican que el detenido iba acompañado de una mujer, que también quedó disposición de las autoridades. Agregaron que el imputado cuenta con vínculos con el grupo criminal Los Ardillos.
“De acuerdo con el análisis de información, el detenido está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero y tenía vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”, explica la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.
El 14 de febrero se informó que vecinos de El Ocotito bloquearon la carretera federal México-Acapulco, para solicitar un diálogo con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, buscando la liberación del dirigente de la policía ciudadana de la UPOEG en esa comunidad del municipio de Chilpancingo.

Bloquean la carretera en El Ocotito para exigir la libertad de un comandante de la UPOEG

Pobladores de la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, bloquean la carretera federal Acapulco-Ciudad de México la tarde de ayer con un tráiler y otros vehículos para exigir una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: El Sur

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Vecinos de El Ocotito, municipio de Chil-pancingo, bloquearon ayer la carretera federal México-Acapulco para exigir una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la liberación del comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar, detenido en Puebla el pasado 13 de febrero en posesión de drogas y armas.
El comisario municipal Julio César Almanza Castro aseguró que en días pasados ingresaron a la localidad la Guardia Nacional y de la Policía Estatal que pretendían desarmar a su policía, pero confirmaron que no eran de la fuerza pública, y aseguró que hay zozobra en el pueblo y por ello bloquearon la carretera.
Ayer pobladores informaron que fueron citados a las 4 de la tarde a una reunión en la explanada de la Comisaría Municipal.
Según una ficha informativa del gobierno del estado, a las 5 de la tarde aproximadamente 250 ciudadanos encabezados por el comisario municipal, Julio César Almanza Castro acordaron en una reunión trasladarse a un costado de la carretera federal México-Acapulco, para retener a cualquier unidad de seguridad de los tres órdenes de gobierno que transiten por esa vía para exigir la liberación de José Deivy Barrientos Salazar.
Según la ficha del gobierno estatal “la mayoría de los ciudadanos no apoya dicha protesta, sólo unas 50 personas simpatizantes” de Deivy Barrientos.
En redes sociales de Internet circuló que se convocó a taxistas, maestros, comerciantes y ciudadano para bloquear la carretera para pedir la libertad del comandante detenido en Puebla por portación de armas y drogas, y que quienes no asistieran pagaría una cooperación voluntaria, además se informó que las escuelas y el comercio se suspenderían.
Vía telefónica el comisario municipal informó que en días pasados ingresaron a la localidad carros de agentes de la Guardia Nacional “que no son, ya fuimos a hablar con el Ejército y no son ellos, ayer (jueves) se metieron (a la comunidad) carros de la (Policía) Estatal que tampoco son estatales, hablé con el gobierno del estado y no son estatales, entonces sí está la zozobra del pueblo de qué está pasando entonces”.
Contó que el jueves también tuvo una reunión con funcionarios de la SSP en un restaurante de El Ocotito, donde pidió refuerzos para la seguridad.
Relató que incluso los supuestos agentes de la Guardia Nacional intimidaron a mucha gente, “la paraban muy groseros, no era la forma de hacer su trabajo, entonces recibimos muchos reportes de la ciudadanía el día de ayer (jueves) y nos dimos a la tarea de ir a ver el Ejército aquí a la base y nos dijeron que ellos no habían mandado ninguna camioneta de la Guardia, que ellos nada más tienen una”.
“Por la tarde el (funcionario de) gobierno que vino quedó de darme solución que me iba a mandar refuerzos, eran como las 8 de la noche cuando vimos seis camionetas que ya estaban activas de la (Policía) Estatal, entraron y querían desarmar a la Policía Comunitaria de aquí del pueblo, estábamos en la Comisaría en una reunión, esa es la situación”.
Dijo que este viernes hubo una reunión del pueblo en la que él informó de lo ocurrido, pero “me llegó la gente y pues decidieron bloquear por los resultados de la información que se les dio de las camionetas, yo tengo que informarle a mi comunidad”.
Agregó que el bloqueo inició a las 5:30 de la tarde y que a las 8:30 de la noche en que se dio la entrevista telefónica ninguna autoridad había llegado a El Ocotito para resolver el bloqueo, sólo se comunicó con él por teléfono el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “para preguntarme qué situación estaba pasando, yo le dije que yo no puedo controlar al pueblo”.
Dijo que en las redes sociales circulaba que él estaba convocando al bloqueo, lo que negó, y argumentó que él informó a las autoridades lo que estaba pasando, “pero ya ahorita anda la noticia amarillista que el comisario está convocando, yo no estoy convocando a nada y si quieren pueden venir y que comprueben, que constaten”.
Afirmó que en la población no dejaba de circular una camioneta del Ejército, pero intervino, “para que los dejaran pasar, para que llevaran el mensaje al gobierno del estado de que queremos una mesa de diálogo, nosotros no pedimos otra cosa más que eso”.
Se le preguntó si se estaba solicitando la liberación del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, Deivy Barrientos Salazar, y respondió que “se tocó en la reunión de pueblo, yo tenía que informar cuál es la situación, qué estaba pasando para que la información no se tergiverse, y ellos dijeron que se bloqueara todo y se suspenden escuelas, comercio, un relajo”.
Julio César Almanza aseguró que pidió ayuda al gobierno estatal porque “este problema ya no lo puedo solucionar”, y reiteró que se suspenderá toda la actividad económica y educativa, y que todo está bloqueado en la localidad.
Contactado por teléfono, el segundo comisario quien se identificó como Juan, expuso que la situación es tensa, que la ciudadanía se estaba organizando para bloquear durante la noche la carretera federal, hasta que algún funcionario de los tres niveles de gobierno llegara.
Aseveró que lo único que exigen es una mesa de diálogo en la que “se puedan tratar muchos asuntos de varios problemas de seguridad del pueblo, porque queremos la seguridad que estaba antes”.
Dijo que “cuando estaba el comandante (Deivy Barrientos Salazar) todo estaba tranquilo y ahorita se siente el temor, la gente, la policía está firme, está puesta, pero se siente el temor de muchas maneras que vayan a entrar otras personas a hacer su relajo o algo”.

Se reforzó la vigilancia en carreteras, dice Seguridad Pública

A las 6:41 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó en un comunicado que, “como parte de la estrategia integral en acciones de paz y prevención, autoridades civiles y militares ha reforzado su presencia en las principales vialidades carreteras de la entidad, como parte de acciones preventivas tras la detención en el estado de Puebla de un objetivo prioritario en Guerrero”.
Añadió que “esta estrategia tiene por objetivo prevenir posibles acciones como bloqueos carreteros o manifestaciones de civiles incitados por grupos de la delincuencia organizada, que pudieran desestabilizar o afectar el libre tránsito de la ciudadanía”.
“Con esta estrategia coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General del Estado se da atención y seguridad a visitantes y la ciudadanía”, dice el comunicado, el cual no hizo referencia a El Ocotito, y precisó que se trataba de un “objetivo prioritario detenido en Puebla”, como ocurrió con Deivy Barrientos Salazar.
El 13 de febrero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350, y al revisarlo le hallaron, “62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”.
Añade que Deivy Barrientos es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”, es relacionado con diversos hechos delictivos en Guerrero y es señalado de tener vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
Además en agosto de 2022 tras el asesinato en Chilpancingo de Fredid Román Román, sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante de la UPOEG José Deivy, quien en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
Pobladores contactados vía telefónica informaron a las 10:20 de la noche que el bloqueo continuaba y que se mantendría hasta que la gobernadora morenista o funcionarios de su gobierno acudan a una mesa de diálogo.

Detienen a líder de la UPOEG de El Ocotito en Puebla; llevaba drogas y un arma, reportan

El 23 de enero el comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, José Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creacio?n de su policía Foto: Lenin Ocampo Torres

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

El líder comunitario del Ocotito e integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar fue detenido en el estado de Puebla.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350.
“Al hacerle una revisión encontraron 62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”, según el boletín.
La SSP menciona que José B. es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”.
Al momento de la detención estaba acompañado de una mujer identificada como Betzaira Monserrat L. y ambos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.
El boletín indica que de “acuerdo con el análisis de información, el detenido está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero y tenía vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
José Deivy Barrientos fue fundador junto a Salvador Alanís Trujillo de la autodefensa en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, que se armó para combatir al grupo delictivo de Los Rojos y se unió en enero del 2014 a la UPOEG.
Luego de diferencias con el líder estatal de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, Alanís Trujillo fundó en noviembre del 2015 el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Gue-rrero (FUSDEG) y el segundo al mando era Deivy Barrientos.
En noviembre del 2016 el FUSDEG sufre una división y Deivy Barrientos se vuelve a unir a la UPOEG para desplazar al grupo que encabezaba Salvador Alanís, quien posteriormente en el 2018 fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
En agosto del año pasado fue asesinado en Chilpancingo Fredid Román Román y sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante Deivy, quien posteriormente en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
La última aparición pública de José Deivy Barrientos fue el 23 de enero, cuando encabezó la marcha del noveno aniversario de la UPOEG en el Ocotito.