Reparar tramo Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, pues “está muy deteriorado”, pide empresario

Gravilla arrastrada a la playas Tamarindos y Hornos de Acapulco por las lluvias causadas por John Foto: Jesús Trigo

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El empresario restaurantero de la comunidad ecoturística Troncones, en el municipio de La Unión, Francisco Manzanarez Maldonado, denunció que la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, del tramo de Feliciano, “al menos hasta Troncones está muy deteriorada” por la gran cantidad de baches que hay a lo largo de la vía, los cuales representan un peligro para los automovilistas.
Vía telefónica, el también ex comisario municipal de Troncones, dijo que él regresaba de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y que en el tramo mencionado “hay cuatro carros con familia, ahí tirados, ponchados, aparte con lo que significa nuestro estado, nuestra región, con lo que se habla y aparte yo no sé el gobierno por qué no hace nada: ¿no habrá alguna persona allegada a la gobernadora y a la presidenta Claudia Sheinbaum que les diga cómo está en nuestra región la carretera?”, cuestionó.
“De verdad, qué mal está la carretera, creo que nunca habíamos visto tan peor cosa como ésta, al menos de cuando menos 15 años para acá y no lo digo con el afán de crear una controversia o reclamo hacia el partido gobernante. Yo lo diría de forma en el sentido de que ya estamos en la temporada invernal, mucho turista que viene aquí a la región y por qué no decirlo, también a nosotros nos causa mucho problema el estado de la carretera porque se dañan la suspensión, las llantas y todas las consecuencias que traen el tener una carretera en mal estado”.
Agregó, “lo digo en el afán de que el gobierno haga su trabajo, yo no quiero que rectifiquen toda la carretera, sólo el bacheo de Feliciano a Zihuatanejo no les cuesta más de medio millón de pesos, y es mucho; sin embargo, yo veo mucha falta de interés en querer arreglar algo tan sencillo pero que causa un daño enorme a la ciudadanía y a los turistas”, apuntó.

Impiden el desalojo de campesinos que invadieron un predio en Zihuatanejo

 Brenda Escobar Zihuatanejo Habitantes de la colonia Ampliación 3 de Diciembre, ubicada a un costado de la carretera nacional Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, impidieron que policías municipales los desalojaran del lugar, luego de una orden del juez primero penal, José Jacobo Gorrostieta Pérez.

Ayer por la mañana, unos 45 policías preventivos y 15 agentes judiciales, encabezados por el director de Seguridad Pública, Fernando Barrientos Llanes, y el comandante de la PJE, Francisco Javier Cortés Osorio, acompañaron al juez para desalojar las 12 hectáreas, las cuales son propiedad del empresario gasolinero Ignacio González Cuevas.

En 1999, 87 campesinos invadieron 12 de las 26 hectáreas de un predio que –argumentan– “no es de Ignacio González, él ni siquiera es ejidatario ni tiene documentos que comprueben que es dueño, mucho menos campesino; estas tierras son del ejido de Barrio Nuevo”.

Ayer, los policías llegaron con máquinas y vehículos y empezaron a derribar una casa que no estaba habitada, y después se dirigieron a la escuela primaria, cuya construcción es un pequeño cuarto de madera y techo de lámina de cartón, de donde sacaron a los niños y los pupitres.

En tanto, en parejas o en grupos de tres, los policías se dispersaron por todo el predio en la espera de la orden para proceder al desalojo.

Las mujeres, al ver a los agentes formaron una valla humana para impedir que derribaran la escuela y acusaron a los policías de haber causado “un daño psicológico irreversible a los niños, porque los espantaron y se fueron llorando”.

La señora Lucía Molina consideró que la manera de actuar de los policías “no es la correcta, debieron de habernos avisado, no nomás llegar así como lo hicieron”.

El representante de los presuntos invasores, Guillermo Martínez, y algunos hombres se apartaron para platicar con el apoderado legal del empresario González Cuevas, José Luis Cuevas Agüero, y después de algunos minutos acordaron que la diligencia se suspendería hasta dentro de dos meses, mientras el Tribunal Unitario Agrario resuelve la controversia, “y nosotros nos vamos a salir de manera voluntaria”.

Al llegar a este arreglo temporal, los jefes policiacos y demás autoridades se retiraron.