Martín Equihua

Ometepec

Es inexplicable la exclusión de la Coordinadora General de la Nación Amuzga, del arranque oficial del Plan de Justicia que hará hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de haber sido la estructura organizativa que resultó de un amplio proceso de consulta y que por más de tres años fue soporte para decenas de eventos, incluidos congresos, asambleas comunitarias y reuniones técnicas, cuyos resultados se quieren desconocer.
Y aún cuando la coordinadora general no se ha inconformado públicamente, su exclusión es obvia, pues sus principales representantes, nombrados y ratificados en congresos generales, hasta la tarde de ayer no habían sido oficialmente contactados por enviados de gobierno.
Para el universitario Óscar Rocha Arango, lo mejor que puede pasar es “que la presidenta apoye un proceso real de reunificación amuzga”, pues ya no basta con galletas de animalitos y palabras bellas.
Uno de los referentes más visibles durante el proceso de gestión del plan de justicia amuzgo es el ex presidente municipal de Xochistlahuaca, Daniel Sánchez Nestor, quien a unas horas del arranque oficial del Plan se negó a opinar, diciendo que “por esta ocasión es mejor guardar silencio y esperar a ver qué es lo que nos propondrá nuestra presidenta”.
Para el promotor Óscar Rocha Arango, “lo que pasa es que esto parece un juego para algunos. Primero nos hacen creer que ahora sí atenderán las necesidades reales, nos preguntan qué queremos, y ya que les decimos que un hospital de primera, carreteras de primera, puentes y escuelas de primera… entonces ya se empiezan a torcer”, y asegura que su padre forma parte de la coordinadora general, y que lo ve con desánimo porque había llegado a creer que lo del hospital “de primer mundo” sería una realidad, y ahora cree que todo “terminará en fiesta y despensas”.
Los planes de justicia iniciaron en el periodo del ex presidente López Obrador con el pueblo yaqui y continuaron en 16 pueblos más de la geografía indígena nacional, mientras que la presidenta Sheimbaum Pardo se comprometió a continuar con ellos, poniendo énfasis en la participación comunitaria.
La mandataria ha dicho que “el objetivo de los planes es trabajar con las comunidades para determinar sus necesidades y en forma colectiva decidir los recursos que se necesitan”. Con suma claridad ha dicho, por ejemplo en Michoacán, en la presentación del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, que los planes “se construyen desde los pueblos indígenas, no desde el gobierno”, y que son instrumentos de “justicia social, justicia ambiental, de educación a todos los niveles, infraestructura en salud, lo que se requiera, en vivienda, apoyos al campo, fortalecimiento de cultura y lengua indígena”, y que los planes “los coordina quien decida la comunidad”.
Por parte del gobierno los planes son coordinados por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), y por otras dependencias que varían según las condiciones de cada región.

Reconstitución del pueblo amuzgo

La exclusión de la coordinadora general empezó hace algunas semanas, señala en entrevista telefónica Rocha Arango. “Salieron con otro plan de justicia”, y han tratado de “empezar de nueva cuenta”, con nuevos diagnósticos y nuevas demandas, para “presentarnos un mini plan que no se le puede llamar de justicia, si no va a fondo”.
En el plan original, procesado con la más amplia participación comunitaria, se registraron demandas como el saneamiento del río San Pedro, que cruza Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Ometepec; la ampliación de carreras de la Universidad Benito Juárez, cuando menos con medicina y enfermería; la construcción del hospital de especialidades; la continuidad de caminos y una línea permanente de generación de empleos.
Pero sobre todo, el plan contemplaba lo que fue una resolución de su primer congreso general, y que en verdad representaría una verdadera transformación cualitativa para el pueblo amuzgo y los pueblos indígenas de México: la unidad del pueblo y sus comunidades.
Como dice el documento que puede leerse en el sitio web del INPI, “uno de los agravios históricos que ha perdurado por casi dos siglos es la fragmentación del pueblo amuzgo en dos entidades federativas, pues desde la conformación del estado de Oaxaca (1823) y la de Guerrero (1849), la nación amuzga sufrió la separación de sus culturas, lengua e historia. La línea federativa cercenó tierra, territorio y recursos naturales”.