La secretaria de la Mujer en el estado, Violeta Pino Girón, dijo que es preocupante el nivel de violencia hacia las mujeres, datos oficiales nacionales indican que 44 de cada 100 mujeres es víctima de agresiones en el hogar y se requiere trabajar para disminuir esos indicadores.
En la cuarta reunión ordinaria del Sistema Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que se llevó a cabo en la sala de Cabildo Juan R. Escudero, las integrantes se pronunciaron por establecer cero tolerancia a la violencia de género, hostigamiento y acoso sexual.
Otra de las acciones es que se formaron 20 unidades de género en las dependencias, direcciones y secretarías para prevenir ese tipo de violencia.
“Tenemos que cambiar el sistema patriarcal y eso implica que lo cambiemos todas, hombres y mujeres, empezando por las instituciones”, dijo la funcionaria estatal, que mencionó que en el estado la violencia hacia ese sector sigue siendo preocupante a pesar del esfuerzo de más de 75 años por organizaciones feministas, gobiernos y partidos.
Abundó que la violencia contra las mujeres es universal, los feminicidios, las uniones tempranas de niñas y niños en matrimonio, la violencia sexual que ocurren en las zonas urbanas es producto de la cultura patriarcal que se debe de cambiar.
“Están los indicadores de la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, estamos hablando que en los últimos 12 meses del 2021, 44 de cada 100 mujeres dijo que vive violencia y necesitamos trabajar, porque esto no puede ser eterno”, indicó.
Sostuvo que en la medida en que las instituciones y las personas “nos comprometamos y la población masculina a cambiar sus comportamientos vamos a ir mejorando”, para que las mujeres sean tratadas con respeto.
En la sesión que encabezó el secretario General del Ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor, los asistentes firmaron una carta compromiso para respetar el pronunciamiento de cero tolerancia a la violencia de género, hostigamiento y acoso sexual.
Durante su mensaje el funcionario municipal exhortó a los representantes a ser vigilantes de los derechos de las y los trabajadores en cada una de las dependencias, y de las ciudadanas y ciudadanos que acuden a hacer sus trámites en las oficinas municipales.
La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del estado, Cecilia Narciso Gaytán, celebró el pronunciamiento del gobierno y se sumó a la iniciativa.
La titular de la Secretaría de la Mujer Violeta Pino Girón en la glosa del segundo informe de Evelyn Salgado Foto: Jessica Torres Barrera
Jacob Morales Antonio
La secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón informó a los diputados como parte de la glosa del segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que en un año pasó de 32 a 55 el número de familias tutoras que recibirán un apoyo económico, luego de que la madre fue víctima de feminicidio, y afirmó que no hay una sola mujer presa por el delito de aborto según los expedientes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Este miércoles, Pino Girón y la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social María del Carmen Cabrera Lagunas comparecieron durante cinco horas ante los diputados de las Comisiones para la Igualdad de Género, de Desarrollo y Bienestar Social, de Atención a Adultos Mayores, de Atención a las Personas con Discapacidad y de Vivienda, en el sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso del Estado.
En su intervención Pino Girón detalló que la Semujer ejerció 33 millones 262 mil pesos en cuatro programas, y se entregaran 55 apoyos a igual número de familias donde la mujer fue víctima de feminicidio.
Detalló que los cuatro programas son: Alerta de Género, en donde se destinaron 6 millones 500 mil pesos; Prevención, atención, sanción y educación de la violencia contra las mujeres operó con 12 millones 557 mil pesos; a Fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género se asignaron 9 millones 485 mil pesos, y Apoyo a madres solteras 4 millones 720 pesos.
Dijo que según un estudio que se hizo el año pasado en cuatro de los 12 cárceles del estado, encontraron la necesidad de hacer una revisión de los procesos jurisdiccionales y determinar si existe algún beneficio para la liberación de mujeres.
Respecto a los matrimonios forzados, informó que por segundo año se implementó la justicia para las mujeres en 24 comunidades de 9 municipios de la Costa Chica y Montaña. Dijo que se crearon 148 acciones de planes comunicativos, 24 consejos comunitarios, con 126 autoridades participando, además se capacitó a 383 mujeres, niñas y adolescentes, y hubo 7 ferias de servicios integrales.
A pregunta de la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, Pino Girón respondió que el mayor obstáculo que se ha detectado en las localidades respeto a la prevención de los matrimonios forzadas de menores, fue hace un año con las autoridades municipales, desde los alcaldes, regidores, directores de los ayuntamientos, y autoridades de las localidades, pero con la estrategia de participación de todos se logró avanzar. “El reto fue en el 2022, sobre todo a las autoridades municipales, hoy pueden hablarlo al público. Vamos en buen camino, hemos logrado ir consolidando”, agregó.
Abundó que para poder avanzar hubo el acercamiento de servicios a las 24 comunidades, y con las autoridades con quienes se dialogó porque “no podemos ir desde afuera a poner orden” y así se conformaron los 24 consejos comunitarios con quienes se hizo un plan de trabajo comunitario y con lo cual se elaboró el plan de trabajo 2023.
Destacó el trabajo que se ha hecho con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y el cambio a su reglamento interno donde se castiga a las personas que promuevan el matrimonio infantil con penas de entre 10 a 15 años de reeducación. Dijo que esto ayudó a contener lo que sucede en muchas comunidades donde la organización tiene presencia, además de que se realizaron capacitaciones en 110 comunidades.
“Yo creo que vamos caminando bien, tenemos dos año apenas. Es un tema desafiante que rebasa a las secretarías en general, que tenemos que trabajar como gobierno y ciudadanos, pero se necesita cambiar la cultura donde se valora más a los hombres”, dijo.
Pino Girón respondió al diputado del PRI, Jesús Parra Gómez que se ha apoyado a los municipios de la Montaña baja como Chilapa y José Joaquín de Herrera, este último tiene una alta fecundidad en adolescentes y donde se realizan trabajos de capacitación y atención.
No hay mujeres presas
por aborto
En este mismo contexto, pero sin dar cifras de cuántas mujeres fueron víctimas de feminicidios en Guerrero, indicó que en 2022 se entregaron 32 apoyos económicos para tutores de menores que se quedaron sin la mamá, y antes de que se termine el año se entregarán 55 apoyos a igual número de familias tutoras. Precisó que estos apoyos se definen a partir de la participación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La diputada del PRD, Patricia Doroteo Calderón señaló que a pesar de que el 17 de mayo de 2021 el Congreso local aprobó la despenalización del aborto, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, (integrada por organizaciones y colectivas de la Entidad) destacó que hasta mayo del 2023 en Guerrero continúan presas 10 mujeres por haber abortado, además han acompañado 250 procesos de mujeres que decidieron acercarse a ellas ante la ineficacia institucional.
En su respuesta Pino Girón dijo que de acuerdo con los datos del Tribunal Superior de Justicia, “no hay mujeres presas por aborto, se ha dicho en medios públicos, pero si revisamos los expedientes no lo hay, nos han pedido algunas mujeres que se encuentran con obstáculos” y han sido acompañadas por la Semujer.
Respecto a la Alerta de Género, por violencia feminicida emitida en 2017, la funcionaria comentó que en junio se creó una comisión de todos los entes que deben de atender las 21 medidas de violencia feminicida e indicó que cuatro están parcialmente cumplidas y 17 en proceso de cumplimiento, y que se está ayudando a los municipios que no tienen recursos.
Respecto a la Alerta por agravio comparado de 2020, dijo que hay 13 medidas cumplidas y 11 en proceso de cumplimiento, y recordó que el Congreso levantó una medida por la modificación del artículo 158 del Código Penal para garantizar el derecho al aborto gratuito.
Ante la situación de desapariciones forzadas de mujeres informó que hay una persona sentenciada, que es un hombre, y “estamos en contacto con todas las dependencias con el Poder Judicial y con la Fiscalía”.
Violeta Pino, expresó que a pesar de la política de prevención, la cultura patriarcal prevalece, en comunidades indígenas pero también en zonas urbanas, “he reiterado que el tema es desafiante, que está muy arraigada, que parece natural y se promueve en diferentes formas” y remató: “hay dos cuestiones fundamentales, la violencia y la falta de ingresos hacia las mujeres” .
El diputado del PRI, Esteban Albarrán Mendoza se pronunció a favor de poder destinar más recursos adicionales a los refugios de mujeres porque este año según el informe de la Semujer no fueron suficientes los 2 millones destinados.
La secretaria comentó que en la gran mayoría de los casos de las mujeres que llegan a los albergues, no pueden regresar a sus casas o comunidades, y se tiene que ir a otros municipios o estados con el apoyo de la Secretaría, porque está en riesgo su vida.
El diputado del PRD, Raymundo García Gutierrez, reprochó que no se haya presentado un informe de las evaluaciones de las políticas públicas con datos específicos de la eliminación de la discriminación de las mujeres indígenas y afromexicanas. Pero en su intervención la secretaria comentó que se ha avanzado ahora en los ejidos y bienes comunales donde las integraciones de los comisariados deben de ser paritarias.
La titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), Violeta Pino Girón, informó que ya entregó el Diagnóstico Estatal de Tipos y Modalidades de Violencia contra las Mujeres en Guerrero, con lo que espera que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) levante la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Adelantó que el estudio será publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado cuando termine su evaluación.
El diagnóstico, elaborado por un equipo de expertos de la UNAM, es una de las medidas que establece la declaratoria por violencia feminicida emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en 2017 y que incluyó a los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec, Tlapa y Chilapa.
La titular de la Semujer fue entrevistada al concluir la presentación del plan colaborativo de la Casa de la Mujer Indígena Zihuachikahuac, en Chilapa.
Consultada acerca de la Alerta de Violencia de Género en Guerrero, la funcionaria dijo que una de las medidas que se estableció en la declaratoria fue la elaboración de un diagnóstico estatal, sobre los tipos y las modalidades de violencia.
“Es un documento que ya entregamos, como Semujer al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, que por ley califica si la medida está satisfecha, que se puede levantar, que se puede palomear al gobierno estatal por la realización de este diagnóstico.
El GIM, agregó, está integrado por la Conavim, Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y académicas, quienes analizan la manera en que los gobiernos van cumpliendo con las medidas.
“Espero que pronto nos levanten la medida de este diagnóstico, que es muy parecido a los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), del Inegi, en término de los indicadores de la violencia, porque la violencia no cambia de la noche a la mañana”.
A pregunta, dijo que el estudio de la UNAM en Guerrero se va a publicar en el Diario Oficial del Estado cuando concluya el proceso de conformidad del GIM.
Sin dar detalles, calificó el estudio como adecuado y profesional.
“Fue un equipo de la UNAM el encargado de hacer este documento, metodológicamente está bastante fortalecido, se trabajó en bastantes municipios, con personas expertas de Guerrero, entrevistas a distintos espacios del territorio”.
“Creo, desde la perspectiva de la Semujer, y a eso apostamos, que próximamente esta instancia llamada GIM, que le da seguimiento a las alertas, nos diga que ya está levantada esa medida para Guerrero”.
–Se entiende que no son alarmantes los resultados del estudio–se le preguntó.
–No sé cómo consideras alarmante, pero a mí me parece que cualquier incidente de violencia contra las mujeres es grave y tenemos que atenderlo–escabulló la funcionaria.
La Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres ha registrado, hasta este mes, 69 asesinatos contra mujeres en el presente año. Los municipios que encabezan la lista son Acapulco, con 18 casos; Chilpancingo, con 14 e Iguala, con ocho.
El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatla?n, Rau?l de Jesu?s, el delegado del INPI, Manuel Va?zquez y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino en la firma del convenio Foto: Jessica Torres Barrera
Chilpancingo
Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), firmaron con la delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y el gobierno del estado, un convenio para difundir, capacitar, aplicar su reglamento y prevenir la venta de niñas y el matrimonio forzado.
Ayer se firmó el convenio en las instalaciones del INPI, en la colonia Burócratas, en Chilpancingo, donde la secretaria de la Mujer del gobierno estatal, Violeta Pino Girón, agradeció a la CRAC por establecer un diálogo para alcanzar fines comunes como son la prevención de las violencias hacia la mujer y el matrimonio en uniones tempranas de niños.
Comentó que el gobierno estatal busca alianzas con la federación, los gobiernos municipales y con la CRAC, esta última una organización con influencia desde hace muchos años en los pueblos de la Costa Chica y la Montaña. Afirmó que desde el año pasado se desarrolla la estrategia integral para el bienestar y la justicia de las mujeres y las niñas en nueve municipios y en 24 localidades de esas regiones.
Aseguró que juntos avanzarán en el proceso de sensibilización y capacitación de los derechos de las mujeres y de las niñas, y celebró que las reformas al reglamento de la CRAC, entre ellas el castigo a la venta de menores y al matrimonio forzado. “Ya en sí es un paso trascendental” que debe difundirse y dársele la importancia, porque significa una voluntad clara y expresa de la CRAC para avanzar en los derechos humanos de las mujeres.
Por su parte, el delegado del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, aseguró que hace un año se implementó un proyecto para fortalecer, construir y adecuar el reglamento interno de la CRAC, y destacó que el INPI ha sido muy respetuoso de las actividades organizativas de la organización comunitaria.
Dijo que el año pasado la CRAC trabajó en la prevención de la violencia de las mujeres indígenas en las comunidades donde tienen jurisdicción y aplican su sistema comunitario, así como la prevención del matrimonio infantil, por lo que los comisarios municipales le planteraron junto a los coordinadores la continuidad del proyecto para la difusión, capacitación, prevención y la aplicación del reglamento.
Expuso que el apoyo será económico, aunque no precisó la cantidad, pero manifestó que la CRAC administrará el recurso, por lo que pidió les ayuden a transparentarlo, y se aplique para lo que se destinó.
El vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raul de Jesús Cabrera, agradeció que por segundo año consecutivo el INPI apoye a la CRAC con un nuevo proyecto.
Precisó que en 2022 el apoyo del INPI sirvió para la modificación de 18 artículos de su reglamento interno, del que destacó la prohibición de venta de menores o matrimonios forzados, que lograron con 10 reuniones y recorriendo las cinco Casas de Justicia: Zitlaltepec, Espino Blanco, Las Juntas-Caxitepec, El Paraíso y San Luis Acatlán.
Dijo que este año la idea es difundir, capacitar, y la aplicación del reglamento interno, para prevenir el matrimonio forzado, su objetivo, destacó, será tener 15 reuniones, recorrer y capacitar todas las autoridades y las comunidades, consensuar, y esperan que en octubre próximo, cuando cumpla 28 años la organización, presenten el proyecto y entreguen todos los resultados.
Al concluir la firma, en declaraciones a El Sur, Raúl de Jesús Cabrera, añadió que el reglamento interno de la CRAC indica que se aplicará un castigo de 15 años de reeducación a quienes realicen venta de menores o matrimonios forzados.
Expuso que los reglamentos ya se entregaron a las autoridades de todas las comisarías que pertenecen al sistema comunitario, a los consejeros y los comandantes, y la idea es explicar el contenido, por eso las reuniones serán abiertas para toda la comunidad, además de que tendrán en una versión digital que difundirán.
Añadió que después de que en octubre de 2021 se dio a conocer el caso de la niña Angélica, encarcelada 11 días por la Policía Comunitaria de Dos Ríos, Cochoapa de Grande, luego de que sus suegros exigían que sus padres devolvieran el dinero, pues la habían vendido a los 11 años para forzarla al matrimonio, “hasta la fecha no se han presentado situaciones iguales, eso no quiere decir que se haya acabado, quiero pensar que existe el temor de los delitos que se está contemplando”.
