No será fácil tener el dinero para aplicar la alerta de género, advierte Florencio Salazar

Las alertas por violencia feminicida que declararon el gobernador Héctor Astudillo Flores y la Secretaría de Gobernación (Segob), tendrán que complementarse, dijo ayer el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame en la sesión extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, que se llevó a cabo ayer sin la presencia de reporteros en Casa Guerrero.
En la grabación de su intervención a la que tuvo acceso El Sur, el funcionario ratificó la posición de no recibir la alerta de Segob hasta que se hayan corregido tres errores de escritura, pero ya reconoce que será una “tarea colosal” a la que “no es fácil darle soporte presupuestal” ante la severa crisis de las finanzas del gobierno.
La feminista y ex secretaria de la Mujer, Rosa María Gómez Saavedra informó después que el gobierno del estado ya trabaja las tres líneas que planteó la Segob mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el dictamen de la Alerta por Violencia Feminicida en ocho municipios del estado.
Indicó que en una presentación que se mostró en la sesión como parte del programa de trabajo del gobierno del estado se habló de la seguridad, la prevención, la justicia y la reparación del daño como ejes centrales.
Dijo que allí propuso que se incorpore a las comisiones de seguimiento del Sistema estatal las organizaciones que impulsaron la solicitud de Alerta ante el gobierno federal.
Las comisiones creadas desde que se instaló el sistema son alerta de género, órdenes de protección, atención a las mujeres víctimas de violencia, prevención, radicación, de enlace y promoción de la participación ciudadana, de reformas legislativas y de seguimiento y atención a feminicidios.
Florencio Salazar dijo que el gobierno de Héctor Astudillo está obligado a jerarquizar programas porque abordar los problemas en su conjunto “nos pueda paralizar por la escasez de los recursos”.
Agregó que nadie ignora la “severa crisis” en las finanzas públicas luego de que se supo que el gobierno federeal ha recortado en el primer semestre del año 830 millones de pesos, “sumado a recortes que iniciaron prácticamente con el año, más el enorme déficit recibido por la administración anterior por 32 mil millones de pesos”.
Aclaró que la escasez de recursos no lo exenta de sus deberes y propuso a funcionarios de Tribunal Superior de Justicia, del Congreso, del Ejecutivo y de los ayuntamientos que se informen de las posibilidades de cada uno para avanzar y dar resultados.
Insistió en que no pueden comprometer todos los recursos para atender las diferentes propuestas y las acciones que se han planteado en la alerta, “esto no sería posible, y sería además irresponsable”, subrayó.
A algunas organizaciones de mujeres integradas al sistema pidió que no vean al gobierno como adversario, sino que trabajen coordinadamente y se orienten por los mismos objetivos, porque las autoridades las necesitan y “ustedes sin el gobierno van a hacer muy poco”.
A la sesión llegaron sólo representantes de los titulares de diversas dependencias, de acuerdo con el ingreso controlado (con lista en mano) que se observó en la puerta 2 de la residencia oficial.

Sólo acudieron dos alcaldes de los ocho que incluye la Alerta

A la sesión sólo acudieron los alcaldes de Ometepec y Tlapa, dos de los ocho en los que se declaró la alerta, pero los ocho municipios (Acapulco, Chilpancingo, Zihua-tanejo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla) se integraron al Sistema Estatal.
Salazar Adame propuso reuniones de trabajo en los ochos municipios este mes, “para redoblar los compromisos en cada orden de gobierno”.
Adelantó que ya solicitó a la Secretaría de Finanzas una reasignación para atender “al menos las cuestiones más urgentes de la alerta este año, y en 2018 puedan tener una partida especial para atender el programa”.
Pidió a la diputada del PRD, Yuridia Melchor Ocampo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, “que nos ayude a disponer, sino todos los recursos deseables, de una partida que nos permita avanzar”.
A las comisiones que confirman el sistema estatal les dijo que sesionen con regularidad, que visiten las casas de atención a las mujeres y que informen cómo están operando.
Estimó que en ocasiones solventar necesidades básicas o administrativas son suficientes para que las instituciones funcionen, y se pueden atender a la brevedad.
En el último punto del orden del día se abordó el tema de la alerta de la Segob, y Salazar Adame ratificó su posición en el sentido de que es necesaria una comunicación debidamente soportada de la Conavim para atender la declaratoria.
En las grabaciones también se supo de intervenciones de una funcionaria del Poder Judicial que destacó los avances en capacitación, aún sin concluir, y quejas ante la falta de atención apropiada en las agencias de Ministerio Público, donde las víctimas deben comprar hojas de papel bond para levantar una denuncia.
Entre las participaciones, Gómez Saavedra pidió una respuesta para la Conavim. Luego en declaraciones a este diario confirmó que para evitar confusión en Guerrero se deben de integrar las acciones de las dos declaraciones de alerta, pues el gobernador planteó ocho temas de trabajo y la Conavim más de 20.

Piden que se resuelva el conflicto en Ciudad de las Mujeres

En la sesión la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar urgió a las autoridades a resolver el conflicto laboral del Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa, sin despidos ni reducción de salarios.
En un escrito entregado a Salazar Adame, Reyna explicó que el Centro fue inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto para dar atención integral a mujeres víctimas de violencia, como un modelo de atención interinstitucional y en respuesta a recomendaciones de organismos internaciones para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres.
Indicó que en la sesión leyó el documento en el que pide que se solucione el conflicto de un proyecto que debe garantizar el derecho de acceso a la justicia de más de mil 500 mujeres indígenas de La Montaña, que son atendidas mensualmente en este centro.