Marchan maestros y organizaciones en Acapulco y la capital contra las reformas y ley de seguridad

Maestros de educación básica, media superior y superior, trabajadores de Teléfonos de México y activistas, agremiados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), marcharon en Acapulco y Chilpancingo para rechazar las reformas estructurales, la Ley de Seguridad Interior y por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), las secciones 14 y 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), las secciones 21 y 69 del Sindicato de Telefonistas, el Frente Estatal de Preparatorias Populares, la Asociación Civil Cejobasa, el Frente Progresista Guerrerense y de la Asamblea Nacional Popular (ANP), como parte de un acuerdo de la UNT para defender los derechos laborales.
A las 5 de la tarde, en Acapulco, 800 personas marcharon por la avenida Costera, del Asta Bandera a la glorieta de la Diana, donde en un mitin de media hora se manifestaron en contra de las reformas estructurales y llamaron a los ciudadanos razonar el voto en el próximo proceso electoral.
En el trayecto, los participantes llevaban lonas y pancartas de rechazo a las reformas neoliberales, la educativa, laboral, Ley de Seguridad Interior, la cual dijeron será utilizada como “mecanismo perverso con miras al próximo proceso electoral”.
Uno de los participantes del contingente fue atropellado por un vehículo particular frente a un negocio, adelante del centro comercial Gran Plaza, y recibió atención de oficiales de la Policía Turística, mientras se resolvía la situación.
En el mitin, el representante de la sección 14 del SUSPEG, José Luis García Benítez, se pronunció porque en el próximo proceso electoral se elimine “el régimen corrupto, por eso en el sindicato estamos resueltos a que vamos apoyar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia”. Mientras que el secretario general de la sección 21 del Sindicato de Telefonistas, Roldofo Radilla Regalado, precisó que las organizaciones se habían manifestado por su lado, pero “a partir de este año, todas las organizaciones marcharemos por un solo bloque”.
La representante de la CETEG, Adolfina Bautista Vázquez, precisó que la marcha se hizo en todo el país para defender los derechos de los trabajadores y “las organizaciones populares, sociales y educativas nos estamos uniendo para defendernos de tanta agresión laboral, que nos da ese resultado de aplicación y derogación de las reformas estructurales”.
También habló Felipe Flores, quien fue uno de los voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y llamó a las organizaciones sociales a la unidad, a no permitir que sigan los “gobierno corruptos” que están saqueando México. “Tenemos que luchar juntos y hacer conciencia y la oportunidad de cambiar el régimen”.

Dos marchas en Chilpancingo

A las 5:30 de la tarde, unos 300 manifestantes marcharon de la alameda de Chilpancingo a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac. En el camino sus voces gritaban al unísono: “Trabajadores unidos, jamás serán vencidos”, “luchar, vencer, el pueblo al poder”, “el pueblo unido, jamás será vencido” y “no somos todos, nos faltan 43”.
Encabezaron el contingente el secretario general de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero; la secretaria general de la sección 18 del SUSPEG, María Adelita Radilla López; el secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes; la secretaria general de la sección 69 del Sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas, y el representante de la región Centro del Sutcobach, Odón Rodríguez Mendoza, quienes participaron en el mitin en el Zócalo capitalino, donde llamaron a las organizaciones a permanecer unidas.
Los dirigentes de las organizaciones coincidieron en que la Ley de Seguridad Interior fue creada para darle fin a las luchas sociales y magisteriales; además de que el Estado pretende imponer al precandidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, que forman el PRI, PVEM y Panal, José Antonio Meade Kuribreña, como el próximo presidente en el proceso electoral de este año.
Ramírez Perulero informó que la marcha se llevó a cabo por acuerdo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la UNT, para exigir que se respeten los derechos laborales de los trabajadores del país, así como fomentar la unidad de los sindicatos y organizaciones, pues en mayo se podría concretar una huelga nacional en contra de la represión, violaciones y hostigamiento laboral, así como para exigir seguridad.
Por la mañana, unos 500 integrantes de la CETEG y la sección 18 del SUSPEG marcharon y protestaron en la sede de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde desalojaron a algunos de los trabajadores y protestaron para exigir justicia para Misael Núñez Acosta, asesinado el 30 de enero de 1981 por hombres contratados por el SNTE, debido a que encabezaba la lucha por la defensa de la educación y su labor afectaba principalmente a Elba Esther Gordillo Morales.
Los maestros llegaron a la sede de la sección 14 del SNTE gritando “alerta, camaradas, alerta, profesores, que haremos una hoguera de charros y traidores”, mientras que una comisión indicó a los trabajadores que se encontraban en el estacionamiento y la explanada de las instalaciones que debían desalojar las oficinas; sólo los que estaban dentro del edificio se negaron a salir, aun cuando los manifestantes rompieron el vidrio de la puerta principal y trataron de forzarla.
En la acción, Ramírez Perulero aseguró que el SNTE está formado por “charros” y “simuladores” que “nunca nos han representado, nunca han visto por nuestros derechos”. Reprobó el Congreso que se avecina en el sindicato y aseguró que el magisterio disidente “digno”, no permitirá que se concrete.
También exigió justicia para Núñez Acosta y llamó a los agremiados de la sección 14 del SNTE a unirse a la lucha magisterial en contra de la reforma educativa. Advirtió que si los sindicalistas continúan sirviendo a las autoridades, los manifestantes volverán a las instalaciones y la siguiente visita “no será cordial”.
Después, los maestros marcharon a la Ciudad Judicial, donde se manifestaron en contra de la Ley de Seguridad Interior, exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y seguridad en Guerrero.

 

Rechazan organizaciones en Tlapa políticas del gobierno, aumentos y Ley de Seguridad Interior

Organizaciones de la Montaña emitieron una postura política y de protesta social contra las políticas calificadas de entreguistas del presidente Enrique Peña Nieto, de los senadores y diputados durante el año, y rechazaron la Ley de Seguridad Interior, y el alza de impuestos y la gasolina.
Las organizaciones, en un comunicado declaran que, haciendo uso de su derecho de asociación, de petición, de organización, llaman al pueblo a sumarse a la inconformidad por la política entreguista de los recursos naturales y la soberanía nacional.
Cuestionaron el régimen económico de riqueza excesiva para unos cuantos y pobreza extrema para más de 60 millones de mexicanos, así como contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción desmedida desde el poder y el encarcelamiento de los que se oponen o denuncian esas prácticas.
Rechazan el encarecimiento de la vida, que se recrudecerá con el aumento del costo de la canasta básica, el gas, electricidad y gasolinas, ante la aplicación de más impuestos a servicios e hidrocarburos que fueron plasmados en la Ley de Egresos aprobada por el congreso el 12 de diciembre, por lo que se manifestaron por un enérgico “no al gasolinazo” en 2018.
Además, señalan que los pueblos originarios se oponen a la Ley de Seguridad Interior promulgada por Peña Nieto el 21 de diciembre, a la que consideran anticonstitucional y que violenta los derechos humanos de todos los mexicanos, además de legalizar el actuar del Ejército en labores de seguridad pública, supliendo a las autoridades civiles con militares.
Remarcan que no aceptarán la militarización del país, porque el Ejército es el que más crímenes de Estado y lesa humanidad ha cometido en el país, y recordaron lo ocurrido en 1968, en 1971, el Charco, Acteal, Tlatlaya, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el asesinato de Antonio Vivar en 2015.
Enfatizan que no están de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior, que no es otra cosa que el fascismo del gobierno mexicano, y piden unidad para hacer frente de manera organizada a “la política criminal de la oligarquía extranjera y nacional”.
Asimismo, exigen la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la derogación de las reformas estructurales, y advierten que continuarán la defensa del territorio y la construcción del poder popular desde abajo.
Firman el texto el Frente Popular de Tlapa, la Organización de Popular Independiente de Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, colectivo El Grito, el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos, la CNCU, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC).

Insisten organizaciones capitalinas en que se prohíba la venta de alcohol en el Paseo del Pendón

Organizaciones civiles y presidentes de barrios exigieron a las autoridades municipales que se aplique ley seca durante el Paseo del Pendón, el próximo domingo, e informaron que el 6 de diciembre solicitaron al Cabildo capitalino la prohibición de la venta de alcohol, pero no les ha contestado por escrito.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, representantes de los barrios de San Mateo, San Francisco, San Antonio y Santa Cruz, así como del Club Rotario y el Grupo Cuicalli, entre las 22 organizaciones que piden ley seca, manifestaron que están contra la venta excesiva de alcohol en el Paseo del Pendón.
El presidente del Club Rotario de Chilpancingo, Rodolfo Kapila Calva Ortega dijo que, para rescatar las tradiciones crearon un grupo que se denominó “Pendón sin Alcohol”.
Manifestó que el Paseo del Pendón se ha ido “descomponiendo”, porque los jóvenes principalmente hacen “desfiguros graves”. Recordó que el Pendón es una tradición de tiempos pasados, que se ha ido “desvirtuando”.
Rodolfo Kapila Calva Ortega informó que hace cuatro años la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estaba interesada en que el Pendón fuera patrimonio cultural de la humanidad, “pero la desgracia tan grande fue hace cuatro años, cuando acudió la Unesco empezaron los desmanes y el alto consumo de alcohol, y dijeron que no podía ser parte del patrimonio cultural de la humanidad”.
Dijo que ellos no están “espantados” de que la gente tome, porque es una fiesta donde se puede tomar mezcal o cerveza, pero con moderación, para disfrutar y convivir con la familia y amigos, “que no nos excedamos”.
El presidente del Club Rotario pidió que las autoridades tengan control, promuevan una ley seca, “un Pendón sin alcohol es mejor”.
Las organizaciones civiles y representantes de los cuatro barrios manifestaron que es importante rescatar las tradiciones, y que la venta del alcohol sea supervisada, porque la venta también se hace a menores de edad.
Aseguraron que el consumo de alcohol de los jóvenes les preocupa, porque algunos quedan tirados en la calle, totalmente borrachos; consideraron que prohibir la venta de alcohol es por el bien de toda la juventud, y que no están en contra de la economía, sólo es para promover el rescate de las tradiciones, porque el Pendón “no es una gran cantina”.
Asimismo, informaron que el 6 de diciembre solicitaron al Cabildo y al alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas, que prohibieran la venta de alcohol durante el Paseo del Pendón, pero no han recibido una contestación formal.
Recriminaron que, por un lado el director de Gobernación municipal, Juan Manuel Valenzuela Ortiz dice que habrá ley seca, y por el otro el alcalde dice que si se venderá alcohol, y para evitar malos entendidos tienen que informarles por escrito.
También dijeron que iniciaron una campaña con calcomanías con la leyenda “Por un Pendón sin alcohol”; además colocaran lonas por donde pasa el recorrido en las casas de algunos integrantes de las organizaciones civiles. Asimismo instalarán módulos en el centro de la ciudad, para recibir firmas de apoyo a la ley seca.

El gobierno puso trabas para resolver problemas este año, señala el Frente Popular Francisco Villa

En el vigésimo cuarto aniversario del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, integrantes lamentaron que este año, aunque protestaron y exigieron al gobierno del estado que resolviera la inseguridad, éste no lo hizo.
La representante de la organización, Clemencia Guevara Tejedor expuso que este año el gobierno del estado fue el que les puso “un poco de trabas, porque tenemos el caso de San Jerónimo Palantla, los temas de seguridad…y que el ingeniero (Javier) Taja (de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero) nos dejó plantados cuando se había comprometido en las comunidades de Chilapa a arreglar esos espacios, y además él quedó como interlocutor con el gobernador (Héctor Astudillo Flores)”.
Este martes, se celebró el vigésimo cuarto aniversario del Frente en sus instalaciones en la colonia El Amate, al sur de la capital, donde tuvieron una actividad política-cultural, y ofrecieron una comida.
Como ejemplo de la inseguridad que no se ha resuelto, citaron el caso de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, donde no se han cumplido las órdenes de aprehensión contra pobladores a los que acusan de haber asesinado a sus compañeros en 2015; y agregaron que tampoco se cumplieron demandas del campo, viviendas y obras públicas.
Clemencia Guevara indicó que, además, la Secretaría de Desarrollo Social, no cumplió el compromiso de entregarles a quienes no entraron en el programa de vivienda federal, tinacos y un cuarto seguro.
La Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) tienen pendiente la entrega de 50 toneladas de fertilizante, de 250 que solicitaron, indican.
Con respecto a las órdenes de aprehensión de vecinos de San Jerónimo Palantla, pidió que no se cancelen, y que si responsabilizan del asesinato de sus compañeros al Frente, que se investigue minuciosamente, porque es grave que los acusen de pertenecer al grupo delictivo de los Rojos, cuando el trabajo de los integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, sólo ha sido público y haciendo gestión.
“Este año que concluye, le decimos a la ciudadanía que no los invitamos a la guerra, pero tampoco al conformismo, los seguimos invitando para que hagamos la unidad (para) que (en) nuestras familias haya armonía”, declaró.

Prevén organizaciones de guerrerenses en EU “días negros” ante amenazas de deportaciones

 

Representantes de organizaciones de migrantes guerrerenses radicados en Illinois, Texas y California, coincidieron en que la política del presidente Donald Trump infunde miedo entre los latinos.
Vaticinaron “días negros”, hasta para quienes tienen documentos de residencia porque el gobierno estadunidense busca acusarlos “de cualquier delito por pequeño que sea”, para las deportaciones.
Anunciaron la realización de una mega marcha para el día 9 de abril en la ciudad de Dallas, Texas, donde se manifestarán contra la política racista de Donald Trump, en la que esperan una asistencia de un millón de personas.
Además hablaron de la puesta en marcha de demandas en cortes internacionales, por la violación a derechos humanos de la política “con tintes hitlerianos” del presidente estadunidense.
Demandaron mayores recursos legales al gobierno mexicano, así como al de Guerrero, para impedir que los paisanos sean deportados como delincuentes, y pidieron apoyo para la defensa de los migrantes.
Exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Héctor Astudillo, y a los presidentes municipales a no quedarse impávidos, a limitarse en verbalizar su apoyo y solidaridad para con los paisanos, sino que deben evitar las deportaciones y ofrecer opciones de reintegración a quienes sean deportados.
En declaraciones telefónicas por separado, señalaron que los recursos asignados por el gobierno mexicano para los consulados en Estados Unidos son insuficientes, ante la demanda de asesorías, en caso de que haya deportaciones masivas como se esperan, pues apenas responden con el cumplimiento de algunos trámites para identificaciones de los migrantes.

Texas

El integrante de la organización Unidos por Tlapehuala, Carmelo Sánchez Nájera comentó: “tenemos temor, pero más por el desconocimiento sobre las leyes y su aplicación”.
Consideró que el presidente Donald Trump no está imponiendo nuevas leyes sino que busca alianzas entre los estados y las autoridades locales de ese país para apoyarse.
El también coordinador del Festival de la cultura Calentana, que se celebra desde hace siete años el primer domingo del mes de junio en Dallas, expresó: “afortunadamente en Dallas tenemos una resolución que aprobó el Consejo de la Ciudad y ésta ciudad no va a aplicar las medidas que promueve Trump porque vivimos en un país republicano”.
Pidió a los migrantes y a sus familiares a que se mantengan informados con fuentes fidedignas y a no promover rumores a través de las redes sociales, porque la gente sabe de supuestas redadas que nunca han resultado ciertas en esa ciudad ni en otras conocidas como “santuario” para los migrantes.
La organización de la cual forma parte Carmelo Sánchez tiene a unos 5 mil personas agremiadas.
El representante de origen calentano advirtió que otra estrategia del gobierno estadunidense es que sus autoridades buscan identificar a los líderes de los migrantes que pudiesen carecer de documentos “para callar el grito desesperado por justicia de nuestros paisanos”.
Recomendó a los migrantes solicitar la presencia de un abogado, no firmar documentos y pedir ayuda del consulado mexicano.
Al final detalló que la convocatoria a la mega marcha, es un esfuerzo coordinado entre líderes, concejales y abogados de migración, así como representantes de grupos religiosos.

California

El presidente de la Federación Guerrerense Binacional con sede en California, Gaudencio Vélez Catalán, lamentó la falta de una interlocución entre el gobierno de Guerrero con las organizaciones de migrantes en Estados Unidos, y aseguró que las versiones sobre las condiciones en las que viven los migrantes son diferentes a lo que se muestra en medios de comunicación, pues se han “magnificado” las amenazas de redadas en EU.
Sobre la advertencia que hizo Donald Trump de que recortaría los recursos de la federación a ciudades “santuario” como las del sur del estado de California, Gaudencio Vélez comentó que los migrantes están trabajando con barras de abogados y las ciudades comenzarán demandas.
Indicó que “cabe la posibilidad de que haya deportaciones masivas porque él (Donald Trump) ya lo dijo y eso está entre la constitucionalidad del Estado, que cualquier persona que esté en condición legal no favorable al país es deportable”.
No obstante, el representante de la organización que aglutina a unas 11 mil personas, consideró que la política actual estadunidense busca disminuir el número de prisioneros en las cárceles, de ahí que existan más deportaciones.
Criticó el anuncio de una serie de programas de la federación que semejan a los del gobierno estatal, pues preguntó cómo recibirán e integrar”expuso que los anuncios del republicano rump) o en Chicago,como se esperan.es municipales aán a la sociedad a un migrante que estuvo en prisión.

Chicago

El presidente de los Clubes Guerrerenses del Medio Oeste radicados en Chicago, Erasmo Salgado Jiménez, expuso que los anuncios del republicano “han sembrado el miedo, la gente está asustada pero es la que se informa. Nosotros nos acercamos más a la realidad, obviamente se acercan días negros, hasta para los que tenemos documentos porque están buscando cualquier delito por pequeño que sea, porque pueden culparnos de un delito mayor. Los que son ciudadanos, si cometen un delito mayor, también son candidatos a la deportación”.
Habló de que podría haber una demanda contra el gobierno estadunidense por la violación de derechos humanos, promovida por organizaciones civiles, sin distingo de alguna entidad o país, dado que hay representación de migrantes de todo el mundo.
Señaló a Donald Trump como un personaje impredecible que pareciera que “el espíritu de Hitler cabalgando en él porque no se sabe cuál es la verdadera situación”.
Salgado Jiménez dijo que se requiere de un programa de adaptación social para los repatriados y personas deportadas, porque de no haber opciones de trabajo serán presas fáciles del narcotráfico.
“El gobierno tiene que hacer algo y no solamente la canalización de los mil millones de pesos, porque los consulados carecen de capacidad para asesorar jurídicamente a todo deportado. Apenas pueden ser facilitadores de documentos de identidad”, dijo el representante de 120 grupos en EU, de los cuales 80 están registrados como lo exigen Relaciones Exteriores de México y que participar en el programa 3X1.
Lamentó que no haya ninguna ley que defienda a una persona indocumentada en EU ni en México.
Recordó la gran marcha de migrantes que exigía una reforma migratoria integral, sin embargo dijo que la estimación de personas afectadas en esta ocasión no se compara con las de entonces.
“Todavía hay esperanza de que las cámaras de Estado Unidos puedan vetar este decreto de Trump, aunque el ejecutivo aún tiene muchos recursos para poder seguir jodiéndonos la vida. Pero falta ver las resoluciones de esas dos cámaras, porque es obvio que este país se ha construido con la lucha de los migrantes”.
Al final, advirtió que a los migrantes radicados en Estados Unidos: “No nos van a detener los muros ni los perros rabiosos de migración”.

Fueron asesinadas 199 mujeres en Guerrero desde enero de este año; 96 son en Acapulco

Desde enero de 2016, 199 mujeres han sido asesinadas en distintos hechos de violencia en el estado, es decir, un promedio mensual de 16.58 víctimas, indica un recuento de la información publicada en El Sur.
En Acapulco fueron asesinadas 96, el mayor número en comparación con otras regiones, le siguen en mayor número de mujeres asesinadas Chilpancingo con 17, Iguala con 14 y Zihuatanejo con siete; Coyuca de Benítez, Chilapa, San Luis Acatlán, con cuatro casos en cada municipio; Huitzuco, Ayutla, Cocula, Atoyac, Tlapa, Tecpan y Eduardo Neri (Zumpango), con tres muertes en cada caso.
Continúan Copalillo, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Tixtla, Igualapa, Quechultenango, Pilcaya, Buenavista de Cuellar y Ajuchitlán del Progreso, con dos; y Arcelia, Tlapehuala, Taxco, Marquelia, San Miguel Totolapan, Pungarabato, Copanatoyac, Leonardo Bravo, Florencio Villareal (Cruz Grande), Ometepec, Azoyú, Apaxtla de Castrejón, La Unión y Zirándaro, con uno en cada demarcación.
El año pasado, al menos 162 mujeres fueron asesinadas en Guerrero, por lo que feministas y organizaciones de mujeres han demandado al gobierno del estado la declaratoria de alerta de género, pero el gobernador, Héctor Astudillo Flores se ha negado, argumentando que deben analizarse todos los casos y que no hay elementos para que en la entidad se emita tal declaratoria.

Amas de casa, comerciantes, estudiantes, empleadas y policías, entre las víctimas de la violencia

Las edades de las víctimas van de los 14 a los 88 años, y entre ellas hubo amas de casa, estudiantes, empleadas y funcionarias de gobierno, trabajadoras de la iniciativa privada, una policía municipal, mujeres que se dedicaban a la preparación y venta de alimentos, comerciantes, una guardia de seguridad, empresarias, una maestra de primaria, trabajadoras de centros de diversión, una coordinadora de taxis, una trabajadora doméstica, una estilista, y una checadora de autobuses del servicio público de transporte.

Los crímenes a lo largo del año

El 24 de enero de 2016, los cuerpos de dos mujeres fueron encontrados en una fosa clandestina en la carretera de Amojileca y Xocomanatlán, del municipio de Chilpancingo. Seis días después, dos mujeres y un hombre fueron ejecutados a balazos en la colonia 24 de Febrero, en Iguala, hecho en el que otro joven fue herido.
El siete de febrero, en el municipio de La Unión, en la carretera que conduce a la salida de la cabecera municipal hacia Coahuayutla, una mujer identificada como Adalberta Ocampo Rivera de unos 35 años, fue asesinada de nueve balazos.
El 22 de ese mes, en el paraje conocido como La Barranca del Salitre, en la comunidad de Nuevo Balsas, Cocula, se encontró el cuerpo lapidado de una mujer que había desaparecido días antes.
El 25 de febrero, una estudiante de 22 años de la Unidad Académica Preparatoria número 26 de Chilapa, fue encontrada desmembrada, degollada y semienterrada en un predio en el fraccionamiento Los Reyes, en la periferia de la cabecera municipal.
La noche de ese día, una pareja fue ejecutada a balazos por dos hombres armados, afuera de su casa en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa.
El 2 de marzo, hubo cinco asesinatos, entre ellos dos de mujeres, en Acapulco. El día 22, una mujer fue asesinada a machetazos en la colonia Emiliano Zapata, y el 12 de abril fue encontrado el cuerpo de una mujer desmembrada dentro de bolsas negras en la colonia Progreso, también del puerto de Acapulco.
El 28 de marzo en Tlapa, Arturo o Aurelio Castañón Ramírez de 38 años asesinó de cuatro disparos a su pareja, Cinthia Guadalupe Quiroz de 25 años, originaria de la comunidad de Plan de Guadalupe, Atlamajalcingo del Monte, donde se desempeñaba como policía municipal. El feminicida se suicidó.
En la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, la noche 8 de abril, hombres armados se metieron a una casa del barrio San Martín, donde asesinaron a una mujer de 30 años y su hijo de 10, a balazos en la cabeza.
El 13 de abril, el cuerpo de Yessica Salgado Ramos fue encontrado en una calle de terracería de la colonia Villas del Sol, en la periferia de Chilpancingo, con un balazo en la cabeza, apuñalada, semidesnuda y con huellas de tortura. Según reportes policiacos, días antes, hombres armados sacaron a la mujer de su casa en El Ocotito.
En otro caso similar, el 1 de mayo, la oficial de la Policía Municipal de Tecpan, María Antonio Romero de 20 años fue asesinada a balazos por su pareja, adentro de una casa en ese municipio. De acuerdo con el reporte oficial se trató de un femenicidio; el asesino es un policía federal del sector Caminos activo.
El 22 de mayo, un enfrentamiento a balazos entre policías estatales y presuntos delincuentes dejó una policía estatal y un civil muertos, así como tres heridos en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa.
El 26 de mayo, una mujer fue hallada muerta a pedradas en la colonia El Cayaco, en la zona conurbada de Acapulco. La víctima estaba en la zanja de una terracería. Los peritos informaron que la mujer, de unos 30 años, murió a consecuencia de golpes propinados con bloques de concreto y troncos de madera.
El 30 de mayo, la restaurantera y también vendedora de bienes raíces, María de Lourdes Maldonado de la Cruz fue ejecutada en la calle Gonzalo N. Ramírez, de la colonia Tribuna Nacional, en Chilpancingo, a unos 100 metros de la casa del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El 7 de junio, los cuerpos de dos hombres y una mujer fueron encontrados en fosas clandestinas en la colonia Nueva Orleans, de Chilapa.
El 28 de junio, fue asesinada a balazos una mujer en Acapulco. Unos días antes, el 24 de junio, en distintos hechos, cuatro hombres y dos mujeres fueron ejecutados en la cabecera municipal de Iguala y en la comunidad de Zacacoyuca en ese municipio. Cinco de las seis víctimas fueron halladas con el tiro de gracia y los ojos vendados, además de que dejaron junto a los cuerpos una narcomanta.
El 14 de julio, una joven de unos 20 años fue asesinada a balazos, su cuerpo fue hallado en el nuevo libramiento a Tixtla.
El 19 de agosto, dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en Tierras Prietas, a unos 500 metros del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo.
Seis días después, el 25 de agosto fueron asesinadas una mujer y una niña, junto con un hombre, durante el asalto a una tienda de la colonia 21 de Marzo, de Chilpancingo.
El 25 de septiembre, fueron ejecutados a balazos una estudiante de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación, un estudiante de la Preparatoria 33 de la UAG, una niña de dos años y un hombre, durante el asalto a una tienda de abarrotes en la colonia CNOP, en Chilpancingo.
El 4 de octubre, un hombre encapuchado ejecutó a una mujer afuera de su casa en la colonia Guadalupe, en la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar.
El 6 de octubre, ocurrieron tres asesinatos a balazos en distintos hechos de violencia en Acapulco, entre ellos el de una vendedora de jugos en el fraccionamiento Costa Azul. El día 12 de ese mes, el cuerpo de la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, quien estaba desaparecida desde el 22 de septiembre, fue hallado en un barranco de la playa La Majahua, en Zihuatanejo.
El 17 de octubre, tres cuerpos, el de una mujer y los de dos hombres, fueron exhumados de una fosa clandestina en la colonia Ampliación Miguel de la Madrid, en la parte alta de Las Cruces, en Acapulco.
El 3 de noviembre, una mujer fue ejecutada frente a sus hijos en su casa en la comunidad de Arroyo del Zapote, municipio de Ayutla.
Seis días después, la dueña de una cocina económica en Tecpan fue asesinada a balazos en la periferia de la cabecera municipal.
En Acapulco, el 19 y 20 de noviembre hubo 10 asesinatos, entre ellos los de una adolescente y de una mujer adulta.
El líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, y su esposa, Francisca Santos Delgado, desaparecieron el 24 de noviembre cuando se trasladaban a Chilpancingo, a una reunión en Palacio de Gobierno. El domingo 4 de diciembre, fueron encontrados sus cadáveres, envueltos con zarapes y lonas, cerca de Las Antenas, en Zumpango, a más de hora y media de camino de la carretera federal Chilpancingo-Iguala.
El cuerpo de una joven estilista de 20 años, que desapareció en octubre en Chilapa, se encontró entre los 32 cadáveres hallados en las 20 fosas clandestinas en el cerro Tenanchitla, en Zitlala, el 5 de diciembre.

Ofrendan organizaciones a los desaparecidos, activistas y luchadores en el Zócalo de la capital

 

La alternativa a la inseguridad agravada en los periodos de transición de los gobiernos, es la organización de la sociedad para obligar al Estado a cumplir con sus funciones señaló el director del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, en el altar de Día de Muertos para recordar a los desaparecidos, activistas y luchadores sociales, la mayoría de ellos asesinados, que instalaron organizaciones en el Zócalo de esta ciudad.
Denunció que los secuestros difundidos en los últimos días no representan ni el 10 por ciento en la capital, pues por medio del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero reciben información de otros casos.
Reconoció que estos datos no se pueden confirmar pero personas liberadas sin la intervención de las autoridades, dijeron que “hay muchos más en las casas de seguridad”, donde estuvieron retenidos.
También hay casos de secuestrados que fueron asesinados y no se denunciaron por temor, y de los rescatados recientemente, fueron encontrados en Morelos, dijo.
Javier Monroy expuso que el Tadeco ha denunciado hace mucho tiempo que en Guerrero existe una crisis humanitaria, pero en estos momentos la crisis mayor es de seguridad, “porque se incrementa y las autoridades no dan pie con bola”.
Resultado del monitoreo que hacen, señaló que la violencia se incrementa en los cambios de gobierno, como sucedió en la transición de René Juárez y Zeferino Torreblanca, y cuando éste último entregó a Ángel Aguirre Rivero.
Ocurre de nuevo con Héctor Astudillo Flores, “entendemos que no es gratis, porque hay un reacomodo de las empresas del narco a partir de compromisos que hacen con candidatos. Este reacomodo lleva a ajustes de cuentas y confrontaciones muy fuertes, donde lamentablemente cae mucha gente que no está vinculada”.
Señaló que hace 15 y 20 años sólo se hablaba de dos o tres cárteles, ahora en cada región hay muchos.
Añadió que no se puede aceptar que se enfrente el problema con más policías y militares, como propuso el nuevo gobernador, porque el problema está en la relación del crimen con el gobierno, “el narcotráfico sostiene la riqueza del país, y (las autoridades) no van a enfrentarlos porque se ponen la soga al cuello”.
Dijo que la presencia de policías y militares sólo pretende la contención social, porque en cualquier momento la población puede reaccionar y va a responder ante las injusticias y la impunidad. Pero opinó que sería un error de los ciudadanos hacer la tarea del Estado, si se arman para enfrentar a la delincuencia.
Aclaró que a quien le corresponde buscar en las fosas a los muertos y detener a los delincuentes es al Estado.
Agregó que la Policía Comunitaria es la solución en algunos lugares, pero un proyecto con principios no con intereses de grupo.
Reconoció también que son tiempos difíciles para las organizaciones, “cada uno piensa en si mismo”, y se estigmatiza a quien lucha por los presos, los asesinados y los desaparecidos.
Llamó a la población a organizarse y adoptar a un secuestrado, desaparecido o asesinado para reclamarlos, porque las autoridades tienen doble moral “dicen que casi no duermen por esta situación, pero todos los recursos y personas con las que cuenta el Estado se destinan a otra cosa, menos a proteger a la ciudadanía”.
Ayer hubo actividades culturales en el altar que colocaron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Nahuales de Ixtlitezcatl, el Comité Independiente de Solidaridad con los caídos del 60, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, el Frente Democrático Unitario en Lucha y el Tadeco.
La ofrenda se colocó frente a la catedral, donde pusieron fotografías de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa asesinados en 2011, la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, luchadores sociales asesinados en 2013 como Rocío Mesino, también la foto de Isidro Ortiz Bernal, Chilo, y el universitario Renato Ravelo Lecuona. d

Honran organizaciones con ofrendas en la explanada de Iguala a activistas y estudiantes asesinados

 

Normalistas de Ayotzinapa, activistas sociales y víctimas de desaparición forzada de Iguala fueron recordados en esta ciudad durante la exposición de tumbas y ofrendas que el Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala organizó en la explanada de las Tres Garantías, de forma paralela al acto oficial en el Zócalo.
Con la participación de escuelas de la zona Norte, tanto del nivel Básico como del Medio Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), así como de organizaciones sociales como la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), ofrendaron a los activistas, maestros y estudiantes asesinados durante represiones del gobierno.
En la actividad organizada en la explanada de las Tres Garantías por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) de la zona Norte y activistas del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, paralela a la actividad oficial, fueron colocadas 11 tumbas y ofrendas.
El ataque, ejecución de tres y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad se plasmó en la ofrenda colocada por la zona escolar 123 de Tetipac, en la que se muestra la persecución y ataque a los tres autobuses en los que iban los normalistas, y que fueron atacados a balazos por policías de Iguala y Cocula, y civiles armados.
La Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), que representa Soledad Hernández Meza, ofrendó a su padre y fundador, Arturo Hernández Cardona, desaparecido y asesinado el 30 de mayo de 2013, durante el gobierno del ex alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, a quien uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza señala directamente como el autor material del asesinato.
El Bloque Democrático de Organizaciones y ciudadanos de Iguala, ofrendó en la carpa de la explanada a los tres normalistas asesinados en esta ciudad, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes, así como al profesor Claudio Castillo Peña, asesinados el 24 de febrero de este año durante la represión de policías federales en Acapulco.
Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, también colocaron una ofrenda en la explanada, en memoria de los 104 cuerpos hallados en fosas clandestinas, que fueron escenificadas.
En ésta, fueron colocadas las fotografías de algunas de las víctimas de desaparición forzada en los últimos tres años, principalmente de esta ciudad y se solicitó en una cartulina el apoyo a la ciudadanía para dar información sobre la posible ubicación de fosas clandestinas en esta ciudad, “no buscamos culpables, sólo encontrarlos”, se lee en otra cartulina.
Después de las 6 de la tarde, activistas del Bloque Democrático entregaron reconocimientos a los participantes, y al término se llevó a cabo una actividad político-cultural con alumnos de la Preparatoria número 10 de la UAG, en el contexto de la conmemoración del aniversario de su creación.
Por otro lado, en la actividad oficial en el Zócalo participaron escuelas de la ciudad; de las cerca de 20 tumbas y ofrendas, ninguna aludió a Ayotzinapa, ni al ataque y desaparición de los 43 normalistas en esta ciudad.
En el Zócalo sólo fueron colocadas tumbas u ofrendas a personas fallecidas recientemente como el cantautor originario de Juliantla, Joan Sebastián, a quien se dedicaron tres tumbas, a personajes como Chespirito u ofrendas temáticas como la guerra, la violencia o el cáncer de mama.