Padres de familia y maestros de la secundaria federal 9 Alfonso Ramírez Altamirano, ubicada en Renacimiento, exigieron a la Secretaría de Protección Civil del estado que entregue el dictamen de la escuela con base en la inspección que hizo el 11 de octubre, pues desde el 19 de septiembre que se dio el sismo no tienen clases, debido a que varias de las aulas tienen grietas y se cayeron pedazos de concreto, así como que la barda tiene fisuras.
Otros daños están en el área administrativa, donde una pared está a punto de caerse, así como daños en el taller de estructuras metálicas. En un recorrido por la escuela se observó que efectivamente las aulas presentan varias fisuras y en lo que son los soportes se encuentra la varilla expuesta.
En conferencia de prensa en la secundaria, el director Francisco Jesús Flores Velázquez, acompañado de la presidenta del comité de padres de familia, Erika Eugenia Lagunas; el dirigente sindical, Gilberto Terrazas Gómez, así como maestros y padres de familia, pidió la intervención de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para que les den una solución, porque la Dirección de Protección Civil municipal les dio un dictamen, luego de dos revisiones, en donde el inmueble no se puede ocupar mientras “no se realice la reconstrucción, obras de reforzamiento o mitigación necesarias para garantizar la seguridad”.
Informó el director que esa situación se la hicieron saber a la SEG, donde les respondieron que mandarían a revisar el edifico a un Director Responsable de Obra (DRO) de parte de Protección Civil estatal, lo cual sucedió el 11 de octubre y que les harían llegar luego los resultados, pero eso no ha sucedido, pues “las autoridades no nos han dicho cuáles son los daños y los padres no quieren exponer a sus hijos”.
Añadió el director que en la escuela la matrícula es de 650 alumnos en el turno matutino y 600 en el turno vespertino, quienes están sin clases porque las autoridades no han hecho llegar el dictamen.
Mientras que la presidenta del comité de padres de familia de la secundaria 9, Erika Eugenia, dijo que nada más quieren que les entreguen el dictamen, pues como padres están preocupados por la seguridad de sus hijos.
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Urgen PRD, MC y Morena al PRI que dictamine la reforma en materia de derechos indígenas
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, el perredista Ociel García Trujillo, pidió en tribuna a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos dictamine la iniciativa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que presentaron el PRD, MC y Morena y que reforma los artículos 8 y 14, que conservan y amplían los derechos de los pueblos originarios.
En la sesión, el diputado perredista Ociel García Trujillo dijo en tribuna que ha enviado tres exhortos para que se dictaminen las reformas constitucionales en materia indígena.
En el Poder Legislativo, las fracciones del PRI y PVEM pretenden que primero sea dictaminada y aprobada la reforma constitucional a los artículos 8 y 14 enviadas por el gobernador, y después se realice la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la ley federal a la Constitución local.
La iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 14 constitucional enviado por el gobernador al Congreso local elimina las palabras “Policía Comunitaria o Rural” y se elimina el reconocimiento y garantiza las acciones de seguridad pública prevención del delito de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a través de su Policía Comunitaria. En tanto, circunscribe su accionar a la Constitución federal. Mientras que la propuesta de la CRAC presentada por PRD, MC y Morena, conserva y amplia los derechos de los pueblos originarios y reconoce a las policías comunitarias.
El diputado perredista pidió a la comisione de Asuntos Constitucionales y Jurídicos que presiden los priista Cuauhtémoc Salgado Romero, para que “ya dictamine” las iniciativas de las fracciones de MC, PRD y Morena así como la que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Ahí recordó que la Comisión de Asuntos Indígenas, Justicia y de Estudios Constitucionales acordaron que antes de realizar la homologación de la Ley 701, esperarían la reforma constitucional del artículo 14.
Sin embargo, adelantó que “si continúa la demora, el rezago, como comisión realizaremos las adecuaciones pertinentes que nos tocan y de una vez dictaminar lo consecuente, lo que apelamos es que caminemos en una ruta de buenas voluntades, donde ponderemos sean los derechos reales y específicos de la gente que más lo necesita”.
El perredista lamentó que los partidos políticos utilicen a la población indígena como generadores de votos “pero ya para hacerles justicia en este recinto legislativo, son los mas olvidados”.
En el mismo tema, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros reprochó que se mantenga en “la congeladora” la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, a los artículos del 8 al 14.
Lamentó que en el Congreso local se insista en no dictaminar la iniciativa que de manera conjunta presentaron las fracciones del PRD, MC y la representación de Morena, que fue exactamente la que les presentó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
“Le han puesto hielo al resultado de un esfuerzo extraordinario de pueblos de la Costa Chica y Montaña, que buscan la legalidad para no continuar en estado de indefensión y dejar de ser presa de arbitrariedades y persecuciones derivadas del vacío e incertidumbre jurídica”, dijo María de Jesús Cisneros.
Afirmó que en ese tema, el gobierno de Guerrero y esta Legislatura “se han convertido en un estorbo para las legítimas aspiraciones de los pueblos indígenas, por su actuar discriminatorio y fascista”.
A los priistas les dijo que aún están a tiempo de rectificar y realizar las reformas constitucionales que los pueblos originarios del estado han planteado al Congreso local.
“Para liquidar la deuda histórica con nuestros hermanos y estar a la altura de lo que mandata el artículo segundo de la Carta Magna y también reconocer que ante la falta de gobiernos eficientes, solo el pueblo puede salvar al pueblo”.
Por su parte el coordinador de la bancada de MC Ricardo Mejía Berdeja le dijo al presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos Cuauhtémoc Salgado romero que “ya no hay tiempo que perder, hacemos una respetuosa excitativa a la comisión para desahogar de inmediato este tema”.
En el mismo tema intervino la diputada del PVEM Carmen Iliana Castillo Ávila y también condenó los hechos ocurridos ayer el municipio de Juan R. Escudero y pidió a la Fiscalía General del Estado que a la brevedad inicie las investigaciones y se castigue a los responsables. Además hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que “a través del diálogo se busque una solución al problema”.
La sesión
En la sesión se presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada para Prevenir e Investigar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como establecer medidas específicas de atención, asistencia y protección integral de las víctimas de estos delitos.
La iniciativa de reforma al Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado fue presentada la diputada priista Isabel Rodríguez Córdoba.
Explicó que La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado prevé la creación de Fiscalías Especializadas o Unidades Administrativas que se encarguen de prevenir y sancionar temas particulares de interés general, ya sea por iniciativa social, por mandamiento constitucional o legal.
Al pleno se le informó del acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la designación de Citlali Díaz Fuentes, Edmar León García y Vicenta Molina Revuelta como nuevos consejeros del IEPC.
El alcalde de Alcozauca Nicolás Diego Herrera solicitó al Congreso local que le autoricen al municipio una partida presupuestal especial para el pago de laudos laborales.
También se informó de que comisarios auxiliares y comisariado de bienes comunales de la zona indígena de Temalacatzingo en Olinalá, por el que exhortan a “diversos ciudadanos a efecto de que se abstengan de inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia”, además de que rechazan cualquier gestión que no tenga el consenso y el respaldo de la totalidad de comunidades del área náhuatl.
También comerciantes del mercado de Ayutla de los Libres solicitaron la intervención del Congreso para solucionar “la problemática” en la entrega del nuevo mercado así como un dictamen que avale el cien por ciento la seguridad estructural o en su defecto la ejecución de algunas obras complementarias.
En 15 días, el dictamen sobre los 20 policías viales suspendidos por corrupción: Ilich
El presidente del Consejo de Honor y Justicia, el síndico Ilich Lozano Herrera, informó que en 15 días se presentará el dictamen sobre los 20 policías viales que fueron suspendidos al ser sorprendidos en actos de corrupción.
El pasado 19 de mayo, en conferencia de prensa en la sala de Cabildo, el gobierno municipal informó que 20 policías viales de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, estaban sometidos a proceso administrativo y suspendidos de sus actividades porque el Ejército entregó 100 videos en los que se les observa en actos de corrupción.
El material video gráfico fue entregado al gobierno municipal el 26 de abril, y casi un mes después se informó del procedimiento iniciado contra los agentes.
En declaraciones antes de dar continuidad a la sesión de las comisiones unidas de Hacienda y Gobernación y Seguridad Pública, Lozano Herrera informó que ya concluyó la comparecencia de los 20 agentes.
A pregunta expresa sobre cuál es el siguiente paso en el proceso, respondió que viene el análisis de las pruebas que ofrecieron los policías en caso de que las hubieran presentado, las cuales se contrastan con los videos que tiene el gobierno municipal.
Recordó que el Consejo de Honor y Justicia se puso como plazo un mes, mismo que vence el próximo 19 de junio, y confió que en esa fecha o antes se presente el dictamen.
Diputados pasan ahora para después de Semana Santa el dictamen sobre el desafuero de su colega Saúl Beltrán
La Comisión Instructora encargada del juicio de procedencia al diputado acusado de homicidio, el priista Saúl Beltrán Orozco, dará un plazo de cinco días hábiles para que éste revise la información entregada por la Fiscalía y en su caso aporte más pruebas en su defensa, y esperan dictaminar “después de Semana Santa”.
La reunión de la Comisión Instructora que el presidente el diputado panista Iván Pachuca Domínguez dijo a El Sur que sería el martes, en realidad fue este miércoles. En ese encuentro sus integrantes acordaron notificar a Saúl Beltrán que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya entregó la información para que éste pueda revisarla y en su caso entregar más pruebas a su favor.
Después de que la comisión dictaminadora concluyera que el juicio de procedencia que establece la Ley de Responsabili-dades de los Servidores Públicos “está mal” porque tiene lagunas y no garantiza el derecho de audiencia del enjuiciado, no se está acogiendo a ningún plazo y se está autorizando sus propios tiempos y prórrogas.
Desde el pasado 1 de febrero, la Fiscalía solicitó al Congreso iniciar el juicio de procedencia contra Beltrán, 23 días después de que una jueza liberara una orden de aprehensión en su contra. Así, al final sus compañeros legisladores habrán demorado casi tres meses una decisión que debieron tomar en 10 días a partir de la demanda formal de la Fiscalía, de acuerdo con la ley y los reglamentos del Congreso.
La fuente consultada por El Sur comentó, en jerga de abogados, que en la reunión de ayer el presidente Iván Pachuca les confirmó la llegada de las “documentales y testimoniales” que le requirieron a la Fiscalía.
Según Pachuca Domínguez, desde el jueves llegó al Congreso la información que le requirieron a la Fiscalía. Con eso la Comisión Instructora ya tendría todo lo necesario para revisar el caso y poder dictaminar si le quita o le mantiene la inmunidad constitucional al diputado priista.
Iván Pachuca dijo también que el diputado Beltrán ya no tendrá derecho a réplica en la Comisión, a menos que los integrantes decidieran lo contrario.
Sin embargo la fuente consultada precisó que hoy la presidencia de la Comisión “notificará al diputado (Beltrán) para que él revise el expediente, porque tiene cinco días hábiles para completar lo que a su juicio crea que sea importante”.
Con eso confirmó que la Comisión Instructora está ampliando aún más el plazo para dictaminar, y ahora está otorgando al diputado acusado de homicidio calificado cinco días hábiles para que pueda entregar información en su defensa. Si se notifica hoy a Beltrán, el plazo correrá a partir del viernes y concluirá hasta el próximo jueves.
Pero después de los cinco días hábiles “la Comisión va a pedir a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) los testimoniales de la policía y del papá de la víctima”, en referencia a la agente detenida, Perla García Navarro, quien acusó a Beltrán de ordenar el homicidio del trabajador del ayuntamiento de San Miguel Totopalan José Antonio Ceferino Gil.
La Fiscalía entregó a la Comisión Instructora más de 2 mil fojas, en las que se supone que deberían de estar las declaraciones ministeriales de la policía municipal y las del padre de José Antonio Ceferino, porque en un comunicado la Comisión Instructora anunció que el requerimiento que hicieron a la Fiscalía fue de copias certificadas de todo el expediente de la averiguación previa contra el diputado .
La fuente comentó que la comisión previó que el dictamen podría estar para abril; “seguramente después de las vacaciones de Semana Santa”. El calendario oficial de las vacaciones marca que inician el lunes 10 de abril y concluye el viernes 21, pero las actividades se reanudan hasta el lunes 24 de abril.
Por ausencia de tres diputados no se elaboró ayer el dictamen sobre Apango
Por falta de quórum este lunes se suspendió una sesión de la Comisión de Examen Previo del Congreso local, en la que se elaboraría el dictamen correspondiente a la solicitud de revocación de mandato que presentaron ediles de Mártir de Cuilapan (Apango) en contra de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez.
De los cinco diputados convocados sólo asistieron el presidente de la Comisión, el priista Saúl Beltrán Orozco, y el secretario, el panista Iván Pachuca Domínguez; faltaron las perredistas Rosa Coral Mendoza Falcón y María del Carmen Cabrera Lagunas, y el priista Héctor Vicario Castrejón.
Consultado al respecto, Beltrán Orozco informó que se convocó a todos los integrantes y expresó que la intención era elaborar ya el dictamen para el caso de Apango, donde el grupo opositor a la alcaldesa, que encabeza el síndico Benito Sánchez Ayala, un regidor y dos regidoras, y que mantienen tomado el Palacio Municipal, piden la revocación de Muñiz Gómez, de Movimiento Ciudada-no, a quien acusan de nepotismo, corrupción y desvío de recursos.
Dijo que la sesión de la Comisión se reprogramó para el miércoles, por lo que el resto de los integrantes serán convocados a fin de que para ese día ya haya un dictamen que posteriormente será presentado ante el pleno.
Se le preguntó si ya había un acuerdo respecto al sentido en que se dictaminaría, pero respondió que no y que para ello es necesario sesionar y que cada uno de los diputados exprese su opinión para construir un dictamen unánime.
Escucharán diputados a las partes y emitirán otro dictamen sobre Apango
Por errores en el procedimiento al no tomar en cuenta a la parte denunciada, la Comisión de Examen Previo del Congreso local repondrá el dictamen de la solicitud de revocación de mandato que la disidencia del cabildo de Mártir de Cuilapan presentó en contra de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez.
Este martes el presidente de la Comisión de Examen Previo, el priista Saúl Beltrán Orozco, y el secretario de la misma, Iván Pachuca Domínguez, se reunieron con la presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve Ocampo, y la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, Erika Alcaraz Sosa, para tratar ese caso.
La reunión estaba convocada a las 11 de la mañana, sin embargo comenzó poco después de la una de la tarde y sólo estuvieron presentes dos de los cinco diputados que integran la Comisión de Examen Previo, que tiene en su turno la solicitud de revocación de mandato.
Los ausentes fueron el priista Héctor Vicario Castrejón y las perredistas María del Carmen Cabrera Lagunas y Rosa Coral Mendoza Falcón.
El encuentro fue a puerta cerrada en la sala José Bajos Valverde y al concluir los diputados dieron una conferencia de prensa en la que informaron los acuerdos a los que llegaron.
En su intervención, el presidente de la Comisión, Saúl Beltrán, recordó que ya se había emitido un dictamen respecto a ese caso, como se informó en estás páginas el pasado 19 de julio, sin embargo dijo que hubo observaciones en el proyecto, por lo que se tendrá que reponer.
Entre las observaciones están que los diputados no habían visitado Apango, cabecera de Mártir de Cuilapan, para certificar las presuntas irregularidades señaladas por la disidencia del cabildo, que encabeza el síndico Benito Sánchez Ayala, además de que la alcaldesa, que milita en el partido Movimiento Ciudadano, no había dado su postura ni presentado pruebas en su defensa.
“Nosotros no hemos verificado con certeza lo que dicen los denunciantes. Ustedes ya saben, habla siempre el que denuncia a su favor y el que es el perjudicado también tiene que defenderse”, dijo.
Por esta razón, informó que se integró una comisión especial, que estará conformada por él, el diputado del PAN Iván Pachuca, la del PRD Erika Alcaraz y se incluiría a un diputado de la fracción de Movimiento Ciudadano, quienes harán una inspección ocular en ese municipio.
Se le preguntó si citarían a comparecer a la alcaldesa de Apango para que presentara pruebas a su favor, pero respondió que se valoraría esa posibilidad hasta después de tener un nuevo dictamen.
Sin embargo, la diputada Erika Alcaraz lo corrigió y dijo que sí es necesario que comparezca Felícitas Muñiz ante la Comisión de Examen Previo.
Incluso informó que la semana pasada la Comisión de Gobierno se reunió con ella, presentó documentos en su defensa y expuso a los legisladores la situación que se vive en el municipio que gobierna.
“Es necesario que la Comisión (de Examen Previo) coteje ambos elementos probatorios que presenta tanto la parte acusadora y la parte de la presidenta municipal, nosotros hicimos lo propio (…) La presidenta sí tendría que venir, estaría obligada pero ya ante la comisión dictaminadora”, señaló.
El diputado Iván Pachuca respaldó la postura de Erika Alcaraz en el sentido de que sí comparecerá la alcaldesa, pues es necesario contar con su versión y que ella presente documentos antes de que se emita el segundo dictamen.
“No puede haber un dictamen si ambas partes no han acudido, entonces la presidenta va a tener que acudir también ante la Comisión de Examen Previo a desahogar sus pruebas y la comisión que visitará el municipio lo hará para analizar las quejas”.
Por su parte, Flor Añorve indicó que se le notificará a la fracción de Movimiento Ciudadano de la conformación de la comisión especial que visitará Apango para que designe a uno de sus miembros y participe, pues al tratarse de una autoridad municipal de su partido consideró que es necesaria su presencia.
Por la tarde, vía telefónica, Añorve Ocampo explicó que sí comparecerá la presidenta municipal, sin embargo no se ha definido cuándo ni cuál será la dinámica.
Explicó que podría ser una entrevista con ella el día en que se realice la inspección ocular por parte de la Comisión Especial o citándola a comparecer ante la comisión dictaminadora.
Informó que se agilizará todo el procedimiento para que el dictamen salga cuanto antes y reconoció que se cometieron errores en la elaboración del primero, del que no quisieron explicar en qué sentido se emitió bajo el argumento de que ya no tenía validez y que darlo a conocer podría alterar el nuevo procedimiento.
Informaron que en la sesión de la Comisión Permanente que se celebrará hoy en el Congreso se definirá la fecha de la visita que los diputados harán a Apango.
Aprueban el dictamen del Plan Estatal de Desarrollo, que hoy será discutido en el pleno del Congreso
Diputados locales firmaron ayer de manera unánime el dictamen por el que se aprueba el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021 que presentó el gobernador Héctor Astudillo Flores al Congreso, así como las propuestas y modificaciones que presentaron nueve legisladores de diferentes partidos.
La mañana de ayer sesionó la Comisión Especial para el Análisis del dictamen del PED, en la biblioteca Siervo de la Nación del Congreso, presidida por el priista Irving Adrián Granda Castro, reunión en la que presentaron propuestas que se añadirán al documento que entregó el gobernador.
Los diputados perredistas Sebastián de la Rosa Peláez, María del Carmen Cabrera Lagunas, Isidro Duarte Cabrera y Yuridia Melchor Sánchez; el de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja; del PRI, Rosaura Rodríguez Carrillo; del PVEM, María Luisa Vargas Mejía, Rossana Agraz Ulloa y Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz; y la de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, fueron quienes presentaron propuestas y modificaciones al PED, sin embargo las de esta última se desecharon.
La propuesta que presentó la diputada de Morena planteaba una reducción del 50 por ciento en los salarios de los altos funcionarios, incluido el gobernador, a fin de que el presupuesto se distribuya “con justicia” y los ahorros generados por la aplicación de la “austeridad republicana” se concentren en un fondo especial que se destinaría a educación, salud e inversión pública productiva estatal.
“La aplicación de esta propuesta de austeridad republicana permitiría ahorrar cientos de millones de pesos, sin afectar en lo más mínimo las funciones sustantivas del gobierno. Esas cantidades se obtendrían básicamente con la reducción a la mitad de los salarios de los altos funcionarios públicos y con la eliminación o reducción de los privilegios y gastos superfluos del gobierno”, se lee en la propuesta que presentó Cisneros Martínez a la comisión.
En el documento, la diputada de Morena explica que mientras el gobernador pretende incrementar impuestos, castigar programas sociales y la inversión productiva, “generando más desigualdad y pobreza”, ese partido plantea ahorros, disminuir salarios elevados y “prebendas de la alta burocracia”.
Otro planteamiento de Cisneros Martínez es el combate “frontal” a la corrupción, pues asegura que en el PED que presentó el Ejecutivo no existe “ni una sola propuesta creíble y viable, no hay una propuesta seria y consecuentemente se mantendrá la impunidad en relación a este lastre institucional que padece Guerrero y el resto del país, que es la corrupción”.
Por ello, propuso que se realicen investigaciones a las administraciones anteriores y del actual gobierno a fin de que se logren consignaciones, detenciones y castigos en contra de quienes generaron el déficit financiero que enfrenta el estado.
“Pero también se definan todas las acciones legales encaminadas a la recuperación del desfalco multimillonario causado por otras administraciones, en tal virtud deberá precisarse el monto real y exacto del daño económico, así como los rubros que fueron afectados”, plantea.
A decir del presidente de la Comisión, Irving Adrián Granda, las propuestas de la diputada de Morena fueron descartadas porque el gobernador plantea en el PED acciones de austeridad.
“En el plan estatal se menciona una línea de acción por la que se pudiera ver la forma de un gobierno más austero, de hecho ya viene en el plan estatal, el gobernador ha manifestado que está viendo el mecanismo, habla de una línea de acción que propone buscar equilibrio y austeridad en este gobierno”, dijo.
En el caso del diputado Isidro Duarte, la mayoría de sus propuestas están relacionadas con la redacción del PED, principalmente en el rubro agrícola, aunque planteó también diseñar un programa de producción de biofertilizante o fertilizante orgánico para mitigar la contaminación del suelo y medio ambiente que provoca el fertilizante químico.
En tanto, Sebastián de la Rosa propone incluir estrategias de atención y fortalecimiento “de la organización social productiva y la empresa agropecuaria”, además de conformar un sistema estatal de abastecimiento, acopio, almacenamiento y comercialización de maíz.
Como lo hizo el diputado Isidro Duarte, De la Rosa propuso también instrumentar progresivamente el proceso de cambio de uso de fertilizantes químicos por el de fertilizantes orgánicos.
El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, propuso la creación del Instituto de Lenguas Indígenas Originarias del Estado de Guerrero.
Al respecto, argumentó que el problema de las lenguas indígenas es el desconocimiento e incumplimiento de los derechos humanos indígenas y lingüísticos por parte de la sociedad y las autoridades, las concepciones hegemónicas, el racismo y la discriminación.
Otro de sus planteamientos fue impulsar y fortalecer el Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito; también la creación de la Plataforma de Transparencia Guerrero, toda vez que el Sistema Nacional de Transparencia está proyectado entrar en funcionamiento en mayo de este año.
De igual forma plantea “ampliar la cobertura” de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), al considerar que no cuenta con la capacidad, infraestructura y los recursos necesarios para llegar a los municipios y a la población de escasos recursos económicos.
“El estado de Guerrero es considerado a nivel nacional e internacional, como una entidad con alto grado de violación a las garantías individuales de las personas”, se lee en el documento que entregó a la comisión.
La diputada priista Rosaura Rodríguez consideró necesario tomar en cuenta el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.
“Hace falta afinar con rigor el uso de conceptos; a lo largo del PED se utilizan de forma indistinta los conceptos de “perspectiva de género” y de “igualdad de género”, como si fueran análogos”.
Vargas Mejía, del PVEM, propuso dignificar con equidad y perspectiva de género las condiciones de empleo de las mujeres, como una de las principales acciones a implementar por el gobierno; también impulsar programas de autoempleo integrales que incluyan desarrollo emocional, determinación de vocación productiva, capacitación, financiamiento y acompañamiento.
Además planteó aumentar la participación femenina en el mercado laboral en coordinación entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de la Mujer, utilizando programas de capacitación laboral para el autoempleo, en donde las mujeres al término de su capacitación reciban una evaluación y acreditación que las certifique como autorizadas para la puesta en marcha de negocios.
Neil Cueva Ruiz, también del PVEM, propuso garantizar la existencia de bebederos suficientes y con suministro de agua potable en cada inmueble de uso escolar, conforme a la Ley General de Infraestructura Educativa.
Otra propuesta fue promocionar el turismo regional interior y desarrollar el turismo alternativo en Guerrero, así como establecer fuentes alternativas de abastecimiento de agua con pozos artesianos y bombas solares como un método de combate a la sequía en el estado.
A excepción de las propuestas de Morena, el resto de los planteamientos (modificaciones y acciones) fueron incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, y se espera que en la sesión de este martes se dé primera lectura al dictamen que presentará la Comisión Especial.
Aún no reciben vecinos de Joyas de Brisamar del dictamen de daños por el Macrotúnel
Vecinos del fraccionamiento Joyas de Brisamar siguen sin tener información de los dictámenes elaborados por la aseguradora de la constructora ICA-Carso, encargada de las obras del Macrotúnel, y tampoco han tenido ninguna reunión con autoridades para ver los de los daños causados a las 55 viviendas.
En declaraciones por teléfono, el representante de los condóminos, Carlos Reyes Paris, dijo que “los vecinos están en el limbo ni para un lado ni para el otro”, y que siguen en espera de que les reparen los daños que causaron las detonaciones para la excavación del túnel.
El 4 de enero pasado, el subdirector de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), Eduardo Iglesias Aragón, informó que según la fecha establecida por la empresa constructora, el 20 de enero se les entregaría a los vecinos de Joyas de Brisamar el dictamen que hizo la aseguradora del estado sobre las viviendas.
Ese día, el funcionario estatal indicó que por errores en proyecto ejecutivo se retrasaron las obras del Macrotúnel.
Sin embargo, desde el 20 de enero ya han pasado 18 días en que se cumplió la fecha para la entrega del informe y la reunión con los vecinos para resolver los daños en las viviendas, y los afectados no han tenido información al respecto.
Reyes Paris recordó que representantes de la aseguradora de la constructora pasaron cuatro meses revisando las viviendas afectadas, pero no les han dicho qué daños se van a reparar.
El representante de los condóminos agregó que del gobierno del estado tampoco se han comunicado con ellos para informarles cuáles son los acuerdos con la constructora para la reparación de las viviendas.
Piden damnificados por un deslizamiento que se dictamine si tienen que ser reubicados o no
Damnificados por el deslizamiento de tierra en la colonia Héroes de Guerrero insistieron al gobierno estatal y federal que se haga el dictamen de riesgo de la zona, para saber si serán reubicados o pueden construir sus casas en ese asentimiento.
A la Casa de Juntas de la colonia donde está la cancha de futbol, acudieron trabajadores de vectores de la Secretaría de Salud estatal, quienes fumigaron el área en contra del alacrán.
Además acudió una brigada médica de la dependencia, que atendió a más de 60 afectados.
Una de las afectadas quien vive en el refugio, Dominga Bravo Castro, informó que ha vivido en esa colonia desde hace 15 años, “pero de la noche a la mañana mi casa se colapsó por el deslizamiento de tierras, y pedimos que nos informen la situación, si nos reubicarán o nos quedaremos en la colonia”.
Comentó que en el refugio los han dotado de agua, despensas, medicamentos, colchonetas y equipo de limpieza para atender a los más de 60 refugiados en el albergue.
Dijo que debido al poco espacio de la casa de usos múltiples, varios afectados rentan en casas particulares pero no reciben apoyo económico del gobierno del estado.
“Esperaremos las respuestas del dictamen que realizará geólogos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para saber si nos reubicarán o nos quedaremos en la colonia”, expuso, y pidió un baño portátil.
Por su parte, la damnificada Elizabeth Arellano García informó que del último censo tiene 28 casas afectadas por el deslizamiento de tierra en la colonia Héroes de Guerrero.
Dijo que hoy acudirán geólogos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para hacer el dictamen y saber las causas del agrietamiento del suelo, “pedimos el estudio geológico para que nos puedan decir lo que se va hacer, y no vamos a descansar para saber el motivo por el cual se deslizó la tierra”.
Desde el domingo 60 personas se encuentran refugiadas en la Casa de Usos Múltiples de la colonia Héroes de Guerrero, al poniente de la capital, debido al agrietamiento de tierra en la calle principal, donde colapsaron seis casas y otras 23 están en riesgo.
No me han notificado del dictamen de la Contraloría, dice Arquelao de la Cruz
El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arquelao de la Cruz Piza, aseguró que no ha sido notificado de la resolución de la Contraloría municipal ni por la Comisión Regional de Defensa de los Derechos Humanos sobre los resultados que han emitido respecto a la acusación de hostigamiento sexual en su contra.
Dijo que ambas instancias actuaron “en forma dolosa” porque la recomendación de la Codehum se entregó en vacaciones y no le permitió defenderse.
“Yo también tengo derecho a defenderme, a que la comisión me escuche porque es la comisión para todos, pero se dio en forma dolosa y yo no estoy de acuerdo con eso vamos a apelar y no aquí sino a nivel nacional”, aclaró.
El 29 de diciembre, la Contraloría municipal dictaminó que De la Cruz Piza debe ser destituido del cargo y lo inhabilita por tres años “para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio publico”, por la queja de hostigamiento sexual, despido injustificado y abuso de autoridad que presentó el 15 de agosto la ex trabajadora Raquel Alonso.
En entrevista en su oficina, de la Cruz Piza dijo que se defenderá jurídicamente de la resolución y de la acusación de acoso sexual por parte de la ex trabajadora.
“La Contraloría emitió una recomendación sin fundamento, lo siento muy doloso, muy visceral porque hemos cumplido con responsabilidad y esa recomendación se hace en Contraloría cuando hay casos de corrupción pero no me señala por corrupto sino que hace señalamientos sin fundamento y que no ameritan nada, simplemente que se vayan solventando algunos expedientes”, lamentó.
Indicó que aún no hablado sobre el tema con el alcalde pero que “él tiene la última palabra y las facultades para determinar lo que considere pertinente, yo me siento orgulloso de haberle servido al presidente y estamos trabajando”.
“Estoy acusado por un juego de papeles que el señor contralor emite sin fundamentos”, reiteró.
De la Cruz Piza manifestó que la acusación de hostigamiento sexual “no es comprobable” y la información que emite en su recomendación la Codehum es “infundada y dolosa porque no hay argumentos para probar una situación de esa naturaleza”.
Dijo que Alonso Trani no tuvo una relación de trabajo con él, “ella pertenecía a otra área, hubo encuentros con ella pero con trabajadores dentro de la oficina, es como tratar con cualquiera, no depende de mí, de mí depende mi secretario particular y mi secretaria, ella pertenece a otra área de trabajo y por eso no hay concordancia en lo que dice, ella depende de otro departamento, de Desarrollo Urbano”.
“Todos lo saben menos yo que soy el afectado o el acusado como ellos presumen y desde ahí está mal, ya le llegó la recomendación a Raquel Alonso y al presidente municipal y a mí no me llega nada, no tengo argumentos para defender mi posición”, señaló.
A pregunta expresa del porqué no se presentó a la comparecencia a la que lo citó la Contraloría municipal el 23 de agosto de 2006, De la Cruz Piza indicó que no atendió el llamado porque la Contraloría “no tiene facultades para eso”.
Agregó que la acusación que se le imputa “es muy grave y eso se ventila en los juzgados, en el Ministerio Público porque son las que van a investigar si hubo tal situación”.
“Entonces yo no voy a ir a que me juzgue un contralor que no sabe de leyes y por eso no lo hice, porque no tiene la facultad para hacerlo y tampoco iba yo exponerme a que alguien que no sepa de leyes me interrogue”, explicó.
De la Cruz Piza opinó que el dictamen de la Contraloría “no amerita” la destitución ni la inhabilitación por tres años a ocupar cargos públicos porque no está acusado de actos de corrupción, “no soy corrupto y no se me está tachando de desvío de recursos”.
Comentó que al contralor José Guillermo Navarrete Magdaleno le faltó “responsabilidad y sensibilidad” porque antes de emitir una resolución debió hablar con el alcalde, “debe verlo primero con él y después emitir una resolución de ese tipo, entonces quiere decir que el señor está mal”.