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Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.

 

Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

En un homenaje en la capital entregan a sus familiares los restos de dos guerrilleros muertos en 1974 en Atoyac

Familiares del guerrillero Eliseo Flores Vázquez observan el féretro que les fue entregado por la extinta Comisión de la Verdad, al término del homenaje en el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Familiares del guerrillero Eliseo Flores Vázquez observan el féretro que les fue entregado por la extinta Comisión de la Verdad, al término del homenaje en el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Al centro del teatro hundido de la Alameda Granados Maldonado de esta ciudad llegaron los restos de dos combatientes de la guerrilla del comandante Lucio Cabañas Barrientos, muertos en un enfrentamiento contra soldados del Ejército el 8 se septiembre de 1974, y rescatados 40 años después en los límites de Atoyac y Coyuca de Benítez, cerca de la localidad El Posquelite, por la Comisión de la Verdad (Comverdad).
Con La Internacional (el canto más famoso del movimiento obrero) y el himno nacional mexicano, luchadores sociales, universitarios, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y exguerrilleros rindieron un sentido homenaje antes de entregar los cuerpos con sus pequeñas pertenencias a sus familiares, para que tengan una sepultura digna.
El comisionado de la Comverdad, Arquímides Morales Carranza destacó que los guerrilleros entregaron su vida por una sociedad justa, “aunque algunos digan lo contrario”.
Denunció que 43 años después, México está igual o peor porque “en un país donde la violencia se hizo cotidiana, lleva a la sospecha de que somos gobernados por un narcosistema político”.
Inicialmente los combatientes fueron identificados como G1 y G2, y a partir de análisis de ADN a familiares de los desaparecidos, fueron reconocidos como Eliseo Flores Vázquez de Acuentla, Chilapa, y Martín Nario Organes de la comunidad de San Andrés de la Cruz.
Los hallaron a unos 300 metros de distancia uno del otro en el cerro de Las Clavellinas entre junio y julio de 2014, detalló el también comisionado, Nicomedes Fuentes García.
Dijo que vecinos de El Posquelite indicaron que la balacera con los soldados del Ejército tardó unas 2 horas, “probablemente el último que cayó estuvo peleando por mucho tiempo”, porque para hallar los restos de G2 utilizaron un detector de metales, pues la versión de los pobladores que sepultaron los cuerpos es que uno llevaba metal en una prótesis dental, sin embargo, había sonido de metales por todos lados, de las esquirlas de las balas esparcidas en el suelo.
“Ahora tienen un nombre, tienen su identidad a salvo, eso es parte de un derecho, a esa identidad, a estar en un lugar donde su familia los pueda ver, los pueda visitar”, mencionó.
Un representante de la Normal Rural de Ayotzinapa, acompañado de una madre de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, dijo, “que se revuelque en su tumba (Rubén Figueroa) Figueroa porque en estos momentos estamos recordando a estos hombres valientes, porque hoy en día decimos: aquí seguimos los estudiantes de Ayotzinapa, sigue nuestra escuela con estos hombres que luchan, sigue en la lucha porque sigue poniendo sangre”.
Rindieron honores los combatientes del comandante Lucio Cabañas, formado en la Normal Rural “como un hombre libre, con conciencia. Eso le dio para organizar al pueblo, a la comunidad, impulsar a esto hombres y mujeres que en aquel tiempo lucharon contra el mal gobierno”.
La remembranza a los guerrilleros, leída por Morales Carranza comenzó con un texto de Eduardo Galeano, Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata.
Comenzó el reconocimiento “a dos mexicanos que lucharon por nosotros, defendiendo el sueño de vivir en una sociedad justa, donde no hubiera ricos ni pobres, poderosos ni don nadie, donde todos pudieran comer, vestir, estudiar, gozar de salud tener un trabajo digno y vivir en paz. A esos sueños le apostaron lo único que poseían, el bien más preciado que pueda existir: su vida”.
Añadió, “cayeron en el intento. Se podrá estar de acuerdo o no en el camino que siguieron para demostrar sus verdades, pero lo que no se puede negar es que aquel que ofrece su vida por un ideal noble es un humano verdadero, y debe ser respetado y admirado”.
Su sueño sigue vigente a más de 40 años, porque las condiciones no han cambiado, “aunque algunos digan lo contrario, seguimos padeciendo un gobierno corrupto y un pueblo en la miseria, vivimos en un país que se va a pique, donde 81 por ciento de los jóvenes no tienen posibilidades de matricularse en una licenciatura, donde la escolaridad promedio es de 8.3 años, de tercero de secundaria, inmerso en una severa crisis económica donde la Secretaría de la Función Pública (SFP) estima que se pierden de 70 a cien mil millones de pesos por cohecho, corrupción, sobornos e ineficiencia, ¡y no pasa nada!”.
Aclaró que con este acto “se recupera la dignidad de “los nadie” que alguna vez fueron tachados de robavacas, facinerosos, desadaptados sociales y bandidos, lo mismo que fue esgrimido contra Hidalgo, Morelos, Francisco Villa o Emiliano Zapata, por todo ello queremos decir: gracias por lo que intentaron hacer por los pobres y los oprimidos de este país, nuestra obligación y compromiso es seguir su ejemplo y lugar por hacer realidad el sueño que los hizo entregar el único tesoro que tenían”.

El traslado de los restos

La Comverdad informó que los trabajos previos de inhumación y traslado tuvieron todo el apoyo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, y que la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos ayudó a convencer a la Procuraduría General de la República que era importante devolver los restos a sus familiares.
Ayer los restos de los guerrilleros fueron devueltos a su estado natal, con sus familiares, “recuperaron su derecho a descansar en un lugar público”.
Los restos de Eliseo Flores fueron entregados a su viuda y a su hijo, y depositados en el panteón municipal de Chilpancingo. Los restos de Martín, a su hermana, y en la noche llegaron a Atoyac.

Entregarán los restos de los dos guerrilleros a sus familias este jueves, dice Nicomedes Fuentes

 

Los restos de dos integrantes de la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos finalmente serán entregados este jueves a sus familiares para que los sepulten, a casi tres años de exhumados de fosas clandestinas en el municipio de Atoyac.
Previamente los integrantes de la desaparecida Comisión de la Verdad (Comverdad) les harán un homenaje el 6 y 7 de abril, para reivindicar la memoria de los dos caídos en combate durante un cerco militar en septiembre de 1974.
Uno de los restos corresponde al de G-1, identificado como Eliseo Flores Vázquez originario de Chilapa. El segundo es G-2, Martín Arios Organis, de San Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac.
El 30 de marzo se publicó que a casi tres años de que fueron exhumados los restos de esos dos campesinos asesinados por soldados del Ejército, durante la guerrilla de Lucio Cabañas, no habían sido entregados a sus familiares debido a los trámites burocráticos.
El integrante de la desaparecida Comverdad, Nicomedes Fuentes García informó que los restos serán entregados este jueves, por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.
Los homenajes comenzarán a las 10 de la mañana del 6 de abril con la recepción de los cuerpos en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, a las 11 de la mañana realizarán un acto cívico y una conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
A la una y media de la tarde saldrán los restos de la Ciudad de México a Guerrero y a las 4 serán recibidos en Chilpancingo. A las 5 serán inhumados los restos de Eliseo Flores Vázquez en el panteón de Chilpancingo, al norte de la ciudad.
A las 5 con 40 minutos se tiene prevista la salida con los restos de Martín Arios Organis rumbo a Atoyac, y a las 8 de la noche está prevista la llegada a Atoyac en donde habrá un acto cívico, y la proyección del documental Guerrero memoria y verdad, y una velada.
El viernes 7 de abril a las 8 de la noche serán sepultados los restos de Arios Organis en el panteón Lomas del Sur de esa ciudad.
Los dos restos fueron exhumados a principios de junio del 2014, como parte de las investigaciones de la Comverdad para encontrar a los desaparecidos de la llamada guerra sucia.

 

No se han entregado a familiares los restos de dos campesinos asesinados en la guerra sucia

A casi tres años de que fueron exhumados los restos de dos campesinos que fueron asesinados por elementos del Ejército mexicano en el combate a la guerrilla de Lucio Cabañas en el municipio de Atoyac, no han sido entregados a sus familiares por trámites burocráticos.
“Tardaron 40 años desaparecidos y ahora por la burocracia no se los entregan a sus familiares”, denunció el ex integrante de la Comisión de la Verdad, (Comverdad) Nicomedes Fuentes García, quien se encuentra a cargo del seguimiento del caso.
Se trata de quienes en las investigaciones realizadas por la Comverdad fueron identificados como “G-1”, Eliseo Flores Vázquez, originario de Chilapa, y a quien le viven dos de sus hijos y su esposa y que a pesar de que aportaron las muestras para identificarlo y lo han reclamado, no han recibido los restos.
El otro es quien fue ubicado como “G-2”, Martín Arios Organis, originario de San Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac, a quien le sobreviven tres de sus hermanas, y las que aportaron muestras que sirvieron para su identificación genética.
Los restos de las dos personas fueron exhumados a principios del mes de junio del 2014 como parte de las investigaciones que los miembros de la Comverdad realizaron para encontrar a los desaparecidos de la llamada guerra sucia.
Nicomedes Fuentes informó que los dos fallecieron el 8 de septiembre de 1994 en la comunidad de El Posquelite municipio de Coyuca de Benítez, en un paraje que ahora se conoce como Las Claveyinas, en donde fueron exhumados.
“Tardaron 40 años desaparecidos y no es posible que ahora por trámites burocráticos todavía sus familiares no puedan recibir sus cuerpos para darles sepultura”, se quejó el ex integrante de la Comisión de la Verdad.
Explicó que después de que fueron exhumados los cuerpos fueron llevados a la Ciudad de México para que se realizaran los estudios y quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, a petición de los miembros de la Comisión de la Verdad.
Fuentes informó que en junio del 2016 se identificó la osamenta a la que identificaron como G-II y que creyeron que era muy sencillo el trámite para la entrega a sus familiares pero que en el 2016, casi dos años después de haber concluido el mandato de la Comisión de la Verdad no habían podido entregar los restos y pensaron que lo de menos era que el Gobierno del Distrito Federal entregara los restos a sus familiares.
Agregó que hicieron una petición utilizando el criterio de que los había recibido en resguardo y custodia la Comverdad como institución y que ahora tendrían que entregárselo a una institución y ellos (los integrantes de la Comverdad) visualizaron que tendría que ser al gobierno de Guerrero el receptor de los cuerpos para que los entregara a sus familiares, a pesar de que el gobierno de Guerrero no había apoyado ni participado en nada con respecto a la investigación y no tenía mayor intervención.
Explicó que lo que le pareció lógico a la Comverdad fue que la Procuraduría de la Cdmx entregara los restos directamente a su familia pero que eso no ocurrió, porque el gobierno de la Ciudad de México había establecido el convenio con la Comverdad.
Fuentes explicó que, incluso, de la Fiscalía le preguntaron que “cómo le entraban, porque no tenían ningún conocimiento del caso y que él les aclaró que tenía informaron de que la Ley de Salud señala que después de más de 5 años de estar los cuerpos en un lugar clandestino se consideran restos áridos y no tienen ninguna implicación en la ley de salud.
Pero dijo que la condición de la Procuraduría capitalina fue que debería de haber un oficio de colaboración de la Fiscalía de Guerrero en el sentido de que no había ningún problema para que ellos entregaran los restos.
Añadió que el problema fue que cambió el director de Averiguaciones Previas y llegó un elemento de la PGR, “entonces se negaron a firmar el oficio y el Ministerio Público que lleva a el caso se negó a realizar un trámite distinto”, dijo Fuentes García.
El integrante de la extinta Comisión de la Verdad dijo que, sin embargo apenas se están desahogando los trámites y que en los próximos días los restos de G-I y G-2 van a regresar a Guerrero para ser entregados a sus familiares.
“Lo complicado es la tramitología burocrática de los organismos de investigación y de impartición de justicia”, insistió el ex comisionado, quien denunció que por las irresponsabilidades no se han agilizado la entrega de los cuerpos.
Denunció que el retraso en la entrega de los cuerpos es por la actitud de las autoridades estatales, “y por otro lado es porque las autoridades federales no quieren tocar el tema, quisieran que estuviera olvidado, enterrar una etapa de mucho sufrimiento para la sociedad y quedar impune todo lo que hicieron”, dijo.
Agregó que ojalá “hubiera sido para bien, pero las cosas siguen igual, siguen utilizando los mismos actos represivos para atender las mismas demandas sociales”.
Denunció: “siguen maltratando a sectores de oposición, a líderes sociales, contra ellos se van, no han cambiado las cosas”.
Nicomedes Fuentes informó que será hasta la primera semana de abril cuando posiblemente sean entregados los dos cuerpos a sus familiares y que mientras tanto, están arreglando el caso de las fosas para que “a pesar de que ya pasó mucho tiempo se les devuelva su identidad, su personalidad, es decir mencionar de manera pública quienes son y llevarlos en a espacio público”.
Fuentes García agregó que después de tanto tiempo que estuvieron en la clandestinidad ahora ni siquiera se sepulten en un lugar público y anunció que por ello van a convocar a las organizaciones sociales para la inhumación pública de los dos restos.
“Pensamos que se debe hacer un evento con familiares, con medios de comunicación, con organizaciones de la sociedad civil y con organizaciones de derechos humanos”, dijo.
Anunció que hay una propuesta en el sentido de recibir los cuerpos en el parque hundido de la Alameda Granados Maldonado, en donde se dé a conocer su semblanza y de allí acompañar a los familiares a sepultarlos al panteón.

Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.

El encuentro se tornó ríspido

Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.

En Atoyac exigen seguridad

En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.