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El Estado no cumple la sentencia de la Coidh en el caso Radilla ni con la Comverdad: activistas

 

El gobierno mexicano no ha cumplido la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre la detención y desaparición de Rosendo Radilla Pacheco a 8 años de que se emitió la sentencia, denunciaron ante el Tribunal Internacional de Conciencia la hija del desaparecido, Tita Radilla, y el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata.
Mientras tanto los integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) denunciaron que el gobierno de Guerrero no ha cumplido las recomendaciones que emitieron en su informe en 2014, entre las que se encuentra la publicación y distribución del mismo.
En el segundo día de actividades del organismo internacional en el ex seminario del Padre Humberto Osorio Refino, se dijo que la impunidad provoca que las desapariciones forzadas se sigan cometiendo, con la diferencia de que durante la guerra sucia las cometían directamente los militares y policías y ahora es el crimen organizado en colusión con el gobierno.
Dentro del tema: El fenómeno de la desaparición forzada, los ex comisionados de la Comverdad presentaron su informe, mientras que Tita Radilla y Julio Mata presentaron el caso de la detención y desaparición de Rosendo Radilla. Al final se trató el tema: La desaparición forzada en Iguala y Chilpancingo, en donde familiares de víctimas narraron sus testimonios.
Encabezaron el jurado James Smit, José Luis Fuentes, Gilberto Saucedo, Stefany Bello, Carmen Matus y Raymundo Díaz Taboada.
De la desaparecida Comverdad estuvieron los cinco comisionados, José Enrique González, Nicomedes Fuentes, Pilar Noriega, Arquímedes Morales e Ilda Navarrete.
González Ruiz dijo que la Comverdad se creó “ante la ineficacia y la corrupción” de las instancias gubernamentales y a instancias de familiares de víctimas de desapariciones que pedían una justicia alternativa.
Sin embargo el gobierno estatal no cumplió las recomendaciones que emitió, ni la publicación del informe.
Arquímedes Morales comentó a los integrantes del Tribunal Internacional de Conciencia que sobre el derecho a la justicia el gobierno no cumplió, por ejemplo, con las averiguaciones previas de casos de desaparición forzada pendientes por resolver en la Coordinación General de Investigación. En cuando a las medidas legislativas, tipificar la desaparición forzada conforme al artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y establecer la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada.

En cuanto a las medidas preventivas, el retiro de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública, en cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como que se sancione a los cuerpos policiacos o de seguridad pública que no pongan inmediatamente al detenido a disposición del Ministerio Público, y establecer en toda agencia del ministerio público un registro de personas detenidas.
En cuanto a las medidas de reparación no ha cumplido la reparación económica de acuerdo a los estándares internacionales a familiares de desaparecidos y sobrevivientes, simplificar y agilizar los trámites para que las víctimas y sus familiares reciban los recursos lo más pronto posible, así como suprimir como requisito la acreditación de violación a los derechos humanos de la Recomendación 26/2001 de la CNDH.
De las medidas administrativas o institucionales la Comverdad recomendó exentar a las víctimas o familiares del pago de derechos en los trámites administrativos, especialmente en el Registro Civil, y que en aquellos casos en que debe realizarse la modificación de actas del Registro Civil en los casos de errores del propio registro, modificar las actas sin mayor trámite.
También recomendó que se retiren los nombres de las personas que intervinieron en desapariciones forzadas de los lugares públicos, y que se retire el nombre del Ejército del lugar de honor del Congreso del Estado.
Pilar Noriega dijo que la conclusión a la que llegó la Comverdad es que en la etapa de la guerra sucia se ejerció una represión sistemática y generalizada, y que es la misma que se sigue viviendo en la actualidad, “la diferencia es que en aquellos años no había duda de que los responsables fueron el Ejército y la policía, y todos los detenidos-desaparecidos tienen nombre y apellidos”.
Nicomedes Fuentes agregó que en efecto, no ha habido cambios entre lo que sucedió en aquellos años y lo que pasa en la actualidad, que, dijo, “es la continuación de la guerra sucia”, y añadió que lo que ocurrió en la década de 1970 no sirvió como experiencia para evitar que se volviera a repetir. Dijo que la ventaja es que hoy se ha vencido el miedo.
Enseguida, Morales Carranza advirtió que las cosas van a seguir igual mientras no haya un cambio de régimen.
Entonces, el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, José Filiberto Velázquez preguntó que si lo que se vivió en las elecciones del 1 de julio es realmente un cambio o una simulación, y el ex comisionado dijo que para él “sólo es un cambio de caras y falta ver el comportamiento del nuevo gobierno”, y añadió, “esto dependerá de lo que podamos hacer como ciudadanos”.

A 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco

Julio Mata Montiel presentó el caso de Responsabilidad Internacional del Estado por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.
Explicó que el caso resulta paradigmático en el derecho mexicano por establecer la obligación de adoptar estándares del derecho internacional en relación con la investigación y sanción de la desaparición forzada.
Denunció que a 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla la impunidad perdura no sólo en este caso, sino en todos los de ese periodo y los de a partir del 2006 a la fecha en el que es evidente el exterminio contra el pueblo, y la notoria simulación que ha mantenido el Estado mexicano para cumplir las obligaciones nacionales e internacionales.
Agregó que a casi 9 años de que la Coidh emitió la recomendación del caso Rosendo Radilla, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones, entre éstas que haga una investigación exhaustiva de todos los casos de ese periodo, que son más de 850 en todo el país.
Asimismo que se recupere la memoria, la verdad y pleno acceso a la justicia para todos los familiares y para todo el pueblo de México.
Que se hagan y entreguen a las universidades todos los archivos del accionar del Ejército mexicano y de los funcionarios públicos de entonces, de diferentes cuerpos paramilitares que han actuado al cobijo del Estado y que sólo es una parte los que están en el Archivo General de la Nación.
Además el reconocimiento de la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la desaparición forzada para recibir denuncias individuales, fortalecimiento, y la implementación de sus acciones urgentes y permitiendo la realización de la visita in situ solicitada.
Expuso que la desaparición forzada de personas en México ha sido utilizada como forma de presión desde la década de 1970.
Denunció que para los familiares y las victimas no hay acceso a la justicia, “los perpetradores de las desapariciones son protegidos por las autoridades de todos los órdenes”, y que la impunidad permea todas las instituciones del Estado.
Agregó que en la actualidad a finales de 1990 y a pesar de cientos de denuncias ante la PGR y a las comisiones de derechos humanos, “no se ha revelado el paradero de uno solo de los detenidos-desaparecidos, y menos existe un solo enjuiciado o condenado por el delito de desaparición forzada en el periodo reciente”, tampoco hay protección a los familiares que denuncian.
Agregó que, por el contrario, el gobierno divide a los colectivos de víctimas ofreciéndoles prebendas y los que las rechazan son amenazados, encarcelados, desaparecidos o asesinados.
Tita Radilla expuso que lo que pasa hoy es consecuencia de que las violaciones del pasado quedaron en la impunidad, denunció que “el gobierno solamente simula que hace las cosas, por ejemplo dijo que en el caso de Rosendo Radilla se hacen excavaciones en busca de su cuerpo pero no hay resultados, y todavía no existe una sola persona sancionada”.

 

Suprema Corte, impedida para frenar Comisión de la Verdad por Ayotzinapa, responde a la PGR

El gobierno de Enrique Peña Nieto debe cumplir con la Comisión de la Verdad ordenada por la justicia federal y, sólo en caso de entrar en desacato, podrá intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) que el máximo tribunal del país carece de competencia para conocer las quejas que interpuso en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
La PGR argumentó imposibilidad “real, jurídica y material” para cumplir con el fallo que ordenó al Ejecutivo gestionar ante el Congreso presupuesto para el funcionamiento de la Comisión.
Los magistrados del Tribunal determinaron además que esa Comisión de la Verdad deberá estar integrada por familiares de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quienes da la prerrogativa de fijar las líneas de la nueva investigación.
La PGR se quejó ante la SCJN por considerar que el fallo invade la facultad constitucional del Ministerio Público de encabezar la investigación de los delitos.
El ministro presidente de la Corte respondió que la PGR y el propio presidente de la República deben fundamentar al Tribunal Colegiado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, si existe una imposibilidad jurídica para el cumplimiento del fallo. Les dio tres días para que le contesten. La decisión del presidente de la Corte se conoció este lunes 9.
En caso de que el Ejecutivo y la PGR incumplan con el fallo del Tribunal Colegiado, éste podría iniciar un juicio por inejecución y hacérselo saber a la Suprema Corte.
Sólo en esas condiciones el máximo tribunal del país podría intervenir si considera que debe atraer el caso y entonces analizar la constitucionalidad de la sentencia del Colegiado anunciada el 4 de junio pasado.

Ocho dependencias del gobierno federal presentaron recursos jurídicos contra la comisión de la verdad

El gobierno federal inició una ofensiva jurídica sin precedentes para eliminar las sentencias que ordenan crear una Comisión de la Verdad y ocho secretarías y órganos del gobierno presentaron el 6 de julio “recursos de revisión extraordinaria” con los que buscarían llevar a la Suprema Corte de Justicia los cuatro amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, que ordenó crear la Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Los recursos fueron presentados por la PGR, las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Salud y Hacienda, la Policía Federal, el Órgano de Prevención y Readaptación Social, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todos ante el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, al que corresponde supervisar el cumplimiento de los amparos.
Sabino Pérez García, magistrado del tribunal unitario, pidió ayer a las dependencias anexar más copias de sus recursos, antes de acordar el trámite que les dará.
La Ley de Amparo no prevé un revisión “extraordinaria”, por lo que no está claro si Pérez García admitirá los recursos, y en su caso, si los enviará al mismo Tribunal Colegiado que concedió los amparos, o los canalizará a la Corte, que probablemente no los admitiría.
Pérez García ya analiza un incidente de imposibilidad de cumplimiento jurídico de los amparos, en lo que toca a la creación de la Comisión de la Verdad, que fue promovido por la PGR, y al cual se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En este incidente se alega que la Comisión de la Verdad va más allá de las facultades constitucionales del tribunal colegiado que concedió los amparos, y de los propios órganos que deben acatarlos, pues la investigación quedaría en manos de representantes de las víctimas y la CNDH, con el Ministerio Público como mero auxiliar.
El artículo 102 de la Constitución faculta exclusivamente a las procuradurías para investigar los delitos, y no otorga a la CNDH atribuciones para fincar cargos penales.
La sentencia que dicte Pérez García en este incidente podrá ser impugnada mediante recurso de inconformidad, que la Corte podría atraer.

Desecha Corte quejas

En paralelo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia desechó ayer cuatro recursos de queja presentados por la PGR y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Las quejas impugnan el primer requerimiento a las autoridades para cumplir los amparos, notificado por el magistrado Pérez García el 19 de junio.
El ministro presidente, Luis María Aguilar, ordenó enviar las quejas a Pérez García, para que decida si las suma a los incidentes de imposibilidad de cumplimiento ya en curso.
“Requiérase al tribunal unitario para que, en caso de ordenar la apertura del incidente de inejecución de sentencia correspondiente, lo haga del conocimiento de esta Suprema Corte para que se provea lo conducente, a efecto de que, en su caso, se solicite la facultad de atracción”, agregó Aguilar.
También advirtió que, en dicho incidente de inejecución, la Corte podría determinar si algunos fragmentos de las sentencias de amparo no fueron congruentes con los temas que se plantearon al tribunal colegiado, cuya función inicial únicamente era revisar autos de formal prisión contra integrantes de Guerreros Unidos que confesaron matar y quemar a los normalistas.
Se trata de los primeros acuerdos que dicta la Corte en relación con estos amparos. (Víctor Fuentes / Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Llama Vidulfo a una reunión con AMLO para definir los términos de la comisión de la verdad

Es “positivo” el anuncio de la ex ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, sobre la integración de comisiones de la verdad para indagar crímenes no resueltos, opinó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Sánchez Cordero es la propuesta para encabezar la Secretaría de Gobernación por el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, e informó que una de las primeras comisiones será para investigar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, atacados en Iguala en septiembre de 2014.
Adelantó que la comisión estará integrada por representantes de las víctimas, de la CNDH y del Ministerio Público federal, pero sólo los dos primeros decidirán las líneas de investigación y las pruebas a desahogarse.
Consultado vía telefónica al respecto, el abogado de los padres de los 43, Rosales Sierra consideró que la creación de la comisión “es lo más conveniente” para esclarecer los hechos y llegar al conocimiento de la verdad.
“Qué bueno que el equipo de transición esté mostrando esta apertura”, expuso.
Agregó que hace falta concretar una reunión entre los familiares de los jóvenes, López Obrador y su equipo para que puedan discutir y dialogar sobre los términos de la creación de la comisión.
A pesar de que Sánchez Cordero hizo alusión a diversas comisiones al decir que en la del caso Ayotzinapa participarán los representantes de los familiares de los normalistas desaparecidos, la CNDH y el Ministerio Público, Rosales Sierra expuso que “está acotando a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en los términos” que indicó el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, “aunque ella no es expresa en manifestar que esa comisión sería en cumplimiento al fallo, pero al hacer ese acotamiento nos queda claro que el parámetro para la creación de la misma es la resolución del colegiado”.
Dijo que ayer no había recibido ningún tipo de invitación a una reunión pero con los padres y madres se dará a la tarea de buscarla pues “el interés es de nosotros”.
Además informó que la próxima semana, el 14 de julio, habrá una Asamblea Nacional Popular (ANP) en la Normal Rural de Ayotzinapa en la que se discutirá con las organizaciones sociales que apoyan el movimiento, así como la creación de la comisión.
Agregó que la asamblea buscará el impulso que las organizaciones sociales puedan dar “a esta discusión de la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de los hechos, esta discusión de la necesidad de revertir la impunidad en nuestro país y empezando por el caso emblemático de impunidad, de graves violaciones a los derechos humanos de Ayotzinapa”.
Además declaró que los padres y madres de familia visitarán Reynosa para tratar de dialogar con el Primer Tribunal Colegiado que analiza los “incidentes” que interpusieron las autoridades para evitar cumplir con el fallo que ordenó la creación de la comisión, “; se trata de una caravana que buscará contar con el apoyo de las organizaciones sociales durante el recorrido.

Nada qué aclarar, en el fallo que crea la comisión de la verdad para Ayotzinapa, responde el tribunal

 

El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas respondió que no hay nada qué aclarar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados en relación con la sentencia en la que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Iguala.
Los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Mauricio Fernández de la Mora y Héctor Gálvez Sánchez, integrantes del colegiado, declararon hoy improcedente el recurso de aclaración de sentencia que promovieron el Ejecutivo y Legislativo para saber los alcances del fallo del pasado 31 de mayo.
“En relación a los planteamientos hechos valer en representación del Presidente de la República y de la Cámara de Diputados, en el sentido de que deben aclararse las acciones puntuales y procedimientos que deben realizar, ello no es materia de un trámite de aclaración de sentencia, que se constriñe a corregir posibles errores del documento, a fin de que concuerde con la sentencia, como acto jurídico decisorio, sin alterar su esencia.
“Este tribunal colegiado considera que no se surte algún supuesto de error, ambigüedad o contradicción en el documento que amerite su aclaración; por el sólo hecho de que se haya ordenado hacer de su conocimiento el contenido de la ejecutoria de amparo”, resolvió esta tarde el tribunal.
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo presentaron este recurso de aclaración de sentencia porque en ella el colegiado pide girar instrucciones para la asignación presupuestaria de la Comisión de la Verdad.
Pero los magistrados dijeron hoy que no es a ellos a quien tienen que acudir los dos Poderes de la Unión a plantear ese recurso, sino al Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas, quien debe ejecutar la sentencia sobre la creación de la citada comisión.
“Se estima que no debe existir duda sobre si a partir de la recepción del testimonio, por parte de este órgano colegiado, tuvieran que emprender alguna acción específica, pues es al Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, a quien compete, en la fase de ejecución de la sentencia protectora, dictar las determinaciones específicas”, señala.
En la solicitud que ahora se declara improcedente, el Ejecutivo y el Legislativo pidieron aclarar 21 puntos resolutivos de la sentencia del colegiado, relacionados con la asignación presupuestal, las indemnizaciones de 500 mil pesos que se sugiere otorgar a las familias de los 43 normalistas y la jurisprudencia y normatividad aplicable para la Comisión de la Verdad.
En su sesión de este jueves, si bien dicen que no es procedente hacer las aclaraciones, los tres magistrados del colegiado puntualizan y reiteran jurisprudencias, protocolos y modelos legales en los que se debe basar la referida comisión.
Además de este recurso, está por resolverse otro que presentó la PGR ante el Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas, en el que alega que existe “imposibilidad real, jurídica y material” para dar cumplimiento al amparo que ordena crear la Comisión de la Verdad del caso Iguala.

 

Acepta el Tribunal aclarar fallo sobre la comisión de la verdad para Ayotzinapa, pero se mantiene

El Tribunal Colegiado que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa aceptó aclarar los alcances de su resolución, ante las dudas expresadas por la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión para su cumplimiento.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, aceptaron revisar su propia resolución en su sesión del próximo jueves, pero anticiparon que el sentido del fallo se mantiene.
En un acuerdo dado a conocer este martes 26, el magistrado Mauricio Fernández de la Mora, integrante del Colegiado, se hizo cargo de las peticiones de la Presidencia de la República y de la Cámara de Diputados.
El 1 de junio pasado, el Colegiado amparó a cuatro detenidos que alegaron tortura a manos de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando fueron capturados por su presunta responsabilidad en la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
El tribunal federal aceptó emitir una nueva resolución para aclarar las cuatro sentencias que dictó al respecto.
El magistrado Fernández de la Mora, autor de los proyectos de sentencia aprobados este mes, hizo suya una solicitud del consejero jurídico del Ejecutivo federal, Misha Granados, y del presidente de la Cámara de Diputados, Édgar Romo.
En dichos amparos, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, desconoció toda la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas y ordenó crear una comisión investigadora en la que tendrían el mando la CNDH y los representantes de las víctimas, con el Ministerio Público como auxiliar.
“Considero pertinente hacer mía la solicitud de aclaración planteada en representación del Presidente de la República, así como de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo anterior, a fin de que el Pleno de este Tribunal Colegiado, esté en aptitud de abordar dichos planteamientos en la próxima siguiente sesión ordinaria”, acordó el Magistrado Fernández.
Agregó que se tratará de una “aclaración oficiosa” de la sentencia que ha creado confusión y provocó la crítica de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, que el viernes pasado la calificó de inconstitucional y excesiva.
El Tribunal Colegiado tendrá su próxima sesión este jueves. Además de Fernández, lo integran los magistrados Héctor Gálvez y Juan Antonio Trejo, que también aprobaron los amparos.
Granados y Romo pidieron la aclaración, porque el Tribunal Colegiado “sugirió” al Ejecutivo indemnizar con 500 mil pesos a la familia de cada uno de los desaparecidos, pidió la colaboración de todo el gabinete para “la nueva etapa de investigación”, y también “solicitó” a la Cámara de Diputados que otorgue presupuesto a la Comisión de la Verdad y la Justicia.
La aclaración de sentencia es independiente del recurso que presentó la PGR la semana pasada ante el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Sabino Pérez García, sobre la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al amparo que ordena crear la Comisión de la Verdad en un plazo de 10 días hábiles a partir de su notificación.
El incidente de imposibilidad puede tomar varias semanas para ser resuelto, y la PGR no estará en desacato; en tanto que la sentencia de Pérez García sobre si es o no posible cumplir los amparos, podría ser revisada por la Suprema Corte de Justicia.

 

 

Aguirre debería ser prudente; hay una investigación abierta del caso de los 43 en la que está involucrado: Vidulfo Rosales

Los actores que están bajo investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, deben tener “prudencia política”, dijo el abogado de los padres y madres de familia de los jóvenes, Vidulfo Rosales Sierra.
El domingo, luego del cierre de campaña del candidato a alcalde de Acapulco de la coalición Por Guerrero al Fente, Joaquín Badillo, Aguirre Rivero dijo que el próximo presidente de la República será el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y confió en que cumplirá la promesa que hizo en su visita a Iguala, de la creación de una Comisión de la Verdad para que investigue el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Además, recordó que una Comisión de la Verdad sólo puede crearse por decreto del Presidente de la República o por el Congreso, y por eso los procuradores del país se manifestaron en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra dijo que es válido que Aguirre Rivero ejerza su libertad de opinión pero hay una investigación abierta del caso en la que está involucrado y por ello debería ser prudente.
En cuanto a la Comisión de la Verdad señaló que el ex gobernador “es inexacto” pues la que ordenó el tribunal deviene de una sentencia y tiene que cumplirse en sus términos; “hay que diferenciar” la comisión a la que hizo alusión Aguirre Rivero, que debe aprobarse por decreto presidencial o bien, por intervención de los parlamentos o Congreso de Estado, se crea como un proceso de “justicia transicional” o cuando concluyen “conflictos políticos sociales”. Este tipo de comisiones se creó en Argentina, Guatemala y El Salvador, “ésas han sido las experiencias que hemos tenido en América Latina”.
Sin embargo, la comisión que ordenó el tribunal de manera extraordinaria es “de investigación” y será coordinada por el Ministerio Público, tendrá “contrapesos” y no es similar a las que se crean para resolver conflictos políticos sociales por eso “no requiere” de un decreto presidencial o de la aprobación del Congreso de la Unión.
Lo único que no definió el fallo del tribunal es la estructura de la comisión pero su creación no dependerá de un decreto, sólo de “la voluntad del Ejecutivo”, que la Presidencia de la República la respalde y apoye su diseño, conformación y funcionamiento, aunque en los hechos el gobierno presentó recursos, incidentes, porque “no tiene la más mínima voluntad de cumplir, lo que más desean es retrasar, dilatar el cumplimiento de la sentencia en lo que termina su mandato, nunca han tenido compromiso con la justicia, nunca lo tuvieron y no lo van a tener”.
Declaró que espera que el próximo gobierno tenga disposición para crear la comisión, así como un compromiso para resolver el caso Ayotzinapa; además “el próximo gobierno se va a enfrentar a los grandes temas de injusticia y de impunidad” y deberá abordar “ineludiblemente” el caso.
“Es un compromiso que debe tener el próximo gobierno de esclarecer una desaparición masiva de 43 estudiantes, asesinatos, hechos de graves violaciones ocurridas en nuestro país, no sabemos qué pasó y lo más grave, todavía no sabemos dónde están los normalistas”, puntualizó y añadió que el caso Ayotzinapa es un tema “de los más grandes de injusticia y de impunidad” que el próximo gobierno tiene que revertir.
Por otra parte, dijo que cuando los padres de familia y sus representantes legales pudieron hablar con López Obrador en Iguala, el candidato presidencial mostró disposición para resolver el caso y “está comprometido” con que expertos se hagan cargo de la investigación y espera que se mantenga en esas propuestas; recordó que también el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, apoyó la sentencia del tribunal y “con quien llegue, vemos nosotros una oportunidad” de resolver el caso, excepto con el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, quien no ha dado su postura al respecto, por ello “es preocupante para nosotros” que pudiera llegar a la Presidencia.

 

La tortura es una práctica generalizada, sistemática, permanente e impune, dice el Ccti

Los actores que están bajo investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, deben tener “prudencia política”, dijo el abogado de los padres y madres de familia de los jóvenes, Vidulfo Rosales Sierra.
El domingo, luego del cierre de campaña del candidato a alcalde de Acapulco de la coalición Por Guerrero al Fente, Joaquín Badillo, Aguirre Rivero dijo que el próximo presidente de la República será el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y confió en que cumplirá la promesa que hizo en su visita a Iguala, de la creación de una Comisión de la Verdad para que investigue el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Además, recordó que una Comisión de la Verdad sólo puede crearse por decreto del Presidente de la República o por el Congreso, y por eso los procuradores del país se manifestaron en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra dijo que es válido que Aguirre Rivero ejerza su libertad de opinión pero hay una investigación abierta del caso en la que está involucrado y por ello debería ser prudente.
En cuanto a la Comisión de la Verdad señaló que el ex gobernador “es inexacto” pues la que ordenó el tribunal deviene de una sentencia y tiene que cumplirse en sus términos; “hay que diferenciar” la comisión a la que hizo alusión Aguirre Rivero, que debe aprobarse por decreto presidencial o bien, por intervención de los parlamentos o Congreso de Estado, se crea como un proceso de “justicia transicional” o cuando concluyen “conflictos políticos sociales”. Este tipo de comisiones se creó en Argentina, Guatemala y El Salvador, “ésas han sido las experiencias que hemos tenido en América Latina”.
Sin embargo, la comisión que ordenó el tribunal de manera extraordinaria es “de investigación” y será coordinada por el Ministerio Público, tendrá “contrapesos” y no es similar a las que se crean para resolver conflictos políticos sociales por eso “no requiere” de un decreto presidencial o de la aprobación del Congreso de la Unión.
Lo único que no definió el fallo del tribunal es la estructura de la comisión pero su creación no dependerá de un decreto, sólo de “la voluntad del Ejecutivo”, que la Presidencia de la República la respalde y apoye su diseño, conformación y funcionamiento, aunque en los hechos el gobierno presentó recursos, incidentes, porque “no tiene la más mínima voluntad de cumplir, lo que más desean es retrasar, dilatar el cumplimiento de la sentencia en lo que termina su mandato, nunca han tenido compromiso con la justicia, nunca lo tuvieron y no lo van a tener”.
Declaró que espera que el próximo gobierno tenga disposición para crear la comisión, así como un compromiso para resolver el caso Ayotzinapa; además “el próximo gobierno se va a enfrentar a los grandes temas de injusticia y de impunidad” y deberá abordar “ineludiblemente” el caso.
“Es un compromiso que debe tener el próximo gobierno de esclarecer una desaparición masiva de 43 estudiantes, asesinatos, hechos de graves violaciones ocurridas en nuestro país, no sabemos qué pasó y lo más grave, todavía no sabemos dónde están los normalistas”, puntualizó y añadió que el caso Ayotzinapa es un tema “de los más grandes de injusticia y de impunidad” que el próximo gobierno tiene que revertir.
Por otra parte, dijo que cuando los padres de familia y sus representantes legales pudieron hablar con López Obrador en Iguala, el candidato presidencial mostró disposición para resolver el caso y “está comprometido” con que expertos se hagan cargo de la investigación y espera que se mantenga en esas propuestas; recordó que también el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, apoyó la sentencia del tribunal y “con quien llegue, vemos nosotros una oportunidad” de resolver el caso, excepto con el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, quien no ha dado su postura al respecto, por ello “es preocupante para nosotros” que pudiera llegar a la Presidencia.

 

No notifican a los padres de los 43 el fallo que ordena una Comisión de la Verdad, dice Vidulfo

A 10 días de que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenara la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente del fallo.
El 5 de junio los magistrados emitieron el fallo en el que especifican que la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Dicha comisión debía formarse diez días después de que las partes involucradas fuesen notificadas.
Consultado vía telefónica sobre la formación de la comisión y el seguimiento jurídico del fallo, Rosales Sierra declaró que los representantes legales de los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos no han sido notificados de manera oficial.
“Seguimos teniendo reuniones para poder seguir estructurando esta comisión, sin embargo a la fecha (ayer) no hemos sido notificados todavía de tal manera que el plazo no ha empezado a correr para nosotros, tendrían que notificarnos pero no ha ocurrido”, explicó.
Dijo que desconoce si la PGR ya fue oficialmente notificada mientras que los padres y madres de familia con los abogados que los representan siguen con el análisis del fallo, así como de los posibles integrantes de la Comisión de la Verdad de quienes prefirió no entrar en detalles pues “sería muy incipiente, muy aventurado”.
Por último señaló que seguirán a la espera de que se les notifique de manera oficial así como a la respuesta de las autoridades para saber, “si van a cumplir o no van a cumplir” lo establecido en el fallo que faculta a la Comisión de la Verdad para tener acceso libre e inmediato “a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Es “de locos” la sentencia por el caso Ayotzinapa, dice Miranda de Wallace y anuncia amparos

La activista Isabel Miranda de Wallace calificó como “de locos” la resolución de un tribunal que concluye que la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, y ordena crear una Comisión de la Verdad.
Anunció que la organización Alto al Secuestro que preside interpondrá amparos contra de la sentencia,“ no estamos de acuerdo en que cada vez se le reste más potencia al Estado, es decir que el Estado pierda facultades para poder investigar”.
En un hecho inédito el 4 de junio un tribunal colegiado ordenó crear -en 10 días- una Comisión de la Verdad integrada por representantes de las víctimas, de la CNDH y del MP de la federación, a fin de investigar la desaparición de los 43 normalistas.
En conferencia ayer Miranda de Wallace sostuvo que contrario a la Constitución y a la ley, la resolución del tribunal convierte al Ministerio Público en un mero observador y permite a quienes no tienen facultades realizar las investigaciones.
Consideró que el grupo criminal Guerreros Unidos, que según las investigaciones está detrás de la desaparición de los jóvenes, “metió las manos por medio de mucha gente” para tratar de liberar a sus líderes detenidos y procesados. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial

Estará integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el MP federal, y las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Por la resolución de un amparo se deberá reponer el proceso a cuatro presos presuntos miembros de Guerreros Unidos

Agencia Reforma

Ciudad de México

En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.

Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.

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