Lourdes Chávez

Chilpancingo

Al cumplirse un año de la despenalización del aborto en Guerrero, integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres denunciaron en conferencia de prensa que persisten los obstáculos que las usuarias enfrentaban antes de la reforma del Código Penal del estado, para acceder a la interrupción en los servicios estatales de salud.
Las activistas indicaron que un día antes se reunieron con la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, para explicarle que en los hospitales se sigue estigmatizando y violentando a quienes solicitan un aborto, por lo que plantearon alternativas para evitarlo.
Sin embargo, señalaron que la funcionaria pidió esperar a que termine la transición de los hospitales del sector salud estatal al IMSS Bienestar, porque la federación tiene lineamientos para la atención del aborto seguro.
La feminista María Luisa Garfias Marín dijo que las activistas insistieron en la elaboración de un protocolo que sirva de guía al personal de salud, que es el argumento que usan los médicos para negando, retrasando o violentando en la atención a las usuarias.
Aclararon que sólo se estableció un contacto para llamar a la dependencia, en el momento de que algunas de las mujeres que acompañan tengan problemas en la atención. En un año, señalaron que dieron acompañamiento a alrededor de 250 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo.
Con un pronunciamiento, denunciaron que los médicos siguen utilizando métodos desfasados como el legrado, que implica mayor riesgo e invasión para las mujeres, en lugar de optar por métodos más seguros y recomendados como el aborto con medicamentos o el aspirado manual endouterino; no existe promoción del aborto como un derecho reproductivo y de información sobre los hospitales que ofrecen el servicio, lo que genera desconocimiento e incertidumbre entre las mujeres que buscan interrumpir su embarazo.
Así como la persistencia de actitudes estigmatizantes, discriminatorias y violentas por parte del personal de salud hacia las mujeres que solicitan un aborto, así como la negación injustificada de los servicios o la imposición de requisitos innecesarios, y la falta de ética médica de funcionarios que no salvaguardan la confidencialidad de sus pacientes.
Aseguraron que lo anterior se repite en otras 10 entidades que tienen despenalizado el aborto, y las organizaciones de los estados se unieron en un Movimiento de Acceso al Aborto.
Las activistas de los derechos sexuales y reproductivos, Ana Gabriela Candela Garzón, María Luisa Garfias Marín, Carolina Gálvez Zeferino, Angie de la Rosa Palafox, entre otras, también recriminaron la centralización de los servicios en dos o tres hospitales de Acapulco y Chilpancingo para las mujeres de todas las regiones.
Señalaron que la secretaria precisó que son tres los hospitales que brindan este servicio, la unidad de partería en Chilpancingo y los hospitales generales de Chilapa y de Iguala. El resto de las unidades siguen en capacitación.
Asimismo, informaron que Ibarez les dijo que había comprado mifepristona, el medicamento para la interrupción con pastillas, y si notaban que no se estaba aplicando, que lo reporten.
Por otro lado, informaron que obtuvieron datos de la Fiscalía General del Estado de que hay 10 mujeres en prisión, detenidas por el presunto delito de homicidio en razón de parentesco, después de sufrir abortos espontáneos. Llamaron a las autoridades a que en Guerrero, no se siga criminalizando a la mujer por el aborto.