Lourdes Chávez

Chilpancingo

Integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres develaron ayer un mural en Ometepec, sobre el derecho al aborto seguro, de calidad y con información para Costa Chica, donde los estigmas sociales son una barrera para las mujeres que acompañan y quienes solicitan una interrupción, explicó la activista Ana Grabiela Candela Garzón.
En el acto que se transmitió por redes sociales, la feminista denunció la desaparición del módulo de Servicios Especializados en Atención a la Violencia Intrafamiliar (Sepavi) del hospital general de Ometepec, que daba seguimiento a embarazos no deseados.
Indicó que las usuarias sólo tienen acceso al aborto a través a los servicios de urgencias, en donde la privacidad puede verse vulnerada, además de que se revictimiza y estigmatiza a las usuarias.
Añadió que, a la fecha, no hay una sola unidad de salud en los municipios de la región, que dé servicios de calidad. Entonces, cuando las mujeres indígenas y afrodescendientes solicitan información, son reprendidas o desestimadas por el personal de atención médica.
Lo anterior se agrava si se considera que la mayoría de los embarazos no deseados en la región, están relacionados con uniones forzadas y violaciones, afirmó.
La defensora de derechos humanos indicó que esta acción es parte de la continuidad de la campaña Tú decides, el estado garantiza y nosotras te acompañamos, porque preocupa la situación que enfrentan las mujeres en Costa Chica, para ejercer sus derechos reproductivos de forma segura y confidencial.
Pese a la despenalización del aborto, desde el 17 de mayo de 2022, aseguró que el gobierno estatal no ha hecho campañas efectivas de promoción y acceso a los servicios de interrupción del embarazo, que alcancen “a las comunidades y lugares más alejados de la región y que tengan pertinencia cultural”.
“Es importante destacar que el acceso a la información sobre el aborto debe ser un derecho, no un privilegio. Es esencial promover campañas informativas y educativas, que alcancen a toda la población y brinden claridad sobre nuestros derechos reproductivos. En particular, debemos prestar especial atención a las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes a menudo enfrentan desafíos adicionales para acceder a estos servicios, debido a barreras culturales y lingüísticas”.
Por otro lado, señaló que la estigmatización y los prejuicios son otra barrera significativa, para las mujeres que buscan acceder a estos servicios de salud sin discriminación.
En el caso particular de Costa Chica, advirtió que no hay servicios de aborto seguro, ni personal especializado para la atención, que cuando las usuarias solicitan información este mecanismo, son reprendidas y desestimadas.
“Esa condición las lleva a buscar alternativas no seguras, que afectan su bienestar físico, emocional y económico, que puede perpetuar el ciclo de desigualdad y pobreza”.
Reiteró la obligación de la Secretaría de Salud estatal a garantizar servicios de calidad, con calidez y sensibilidad, con métodos seguros, acorde con la edad gestacional, información adecuada y la atención requerida por parte de personal de salud capacitado.
“Es crucial tener en cuenta que los embarazos no deseados en nuestra región, a menudo están relacionados con trasfondos complejos, incluyendo casos alarmantes de uniones forzadas infantiles y abuso sexual. En este sentido, el acceso al aborto seguro y legal adquiere una relevancia fundamental en la atención de estas problemáticas, siendo un paso significativo hacia la restitución de los derechos y la autonomía de las víctimas”.