Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, reclamó la ayuda de las autoridades de los tres órdenes de gobierno a las familias indígenas jornaleras, que comenzaron a salir sin el apoyo ni la vigilancia por parte del gobierno.
Durante el programa La Palabra que Ayuda, que transmite Tlachinollan todos los miércoles, Barrera Hernández dijo que es preocupante la situación de las familias migrantes, que salen a trabajar a los campos agrícolas de los estados del norte del país.
Informó que unas mil personas, entre niños, hombres y mujeres mayores, están saliendo de los municipios más pobres de la Montaña, como Cochoapa, Metlatónoc, Alcozauca, Copanatoyac, Acatepec y Tlacoapa, para trabajar a los campos agrícolas.
“Familias enteras se van por un mes, dos o tres meses, dependiendo de su situación, y tienen que pagar el autobús y no les dan boletos. Si hay un accidente o se descompone, nadie responde por ellos, vemos que las autoridades no monitorean cómo salen estas familias”, denunció.
Agregó que tampoco hay médicos y enfermeras que los atiendan, sobre todo a los niños que se van.
Informó que Tlachinollan documentó que sólo en mayo salieron 411 niños indígenas, sin que se verificara cómo estaban en cuanto a su estado de salud.
De acuerdo con el activista en materia de derechos humanos, hay una total falta de coordinación por parte de las autoridades, “nadie se responsabiliza de la seguridad, de la vida, de proteger los derechos laborales de las familias que se van en total indefensión”.
Barrera Hernández consideró que es muy importante que se atienda a este sector de la población.
Indicó que en estos días empieza a crecer el número de las familias migrantes, que tan sólo este miécoles había 90 personas en el Consejo de Jornaleros Agrícolas de Tlapa, que esperaban salir a los campos agrícolas. Contó que salieron dos autobuses llenos de jornaleros.
“Podemos decir que diariamente salen de uno a dos camiones diarios con indígenas, en su mayoría pobres, que no saben leer, con sus niños; o madres soleteras, que se van a los campos agrícolas con sus hijos”.
El director de Tlachinollan insistió en que estas familias se van totalmente abandonadas, ante la falta de oportunidades en sus comunidades, “hemos insistido que tiene que haber una política pública que atienda a la población jornalera”.
Indicó que la población jornalera no solamente es pobre, como hay muchas familias en la Montaña, sino que no tienen tierras, “son familias que no tienen vivienda, es decir, son los pobres de entre los pobres, que salen de los municipios más pobres, donde se dan los matrimonios infantiles porque siguen abandonadas las niñas y los niños”.
Indicó que en estos municipios siguen los matrimonios forzados porque no hay autoridad que atienda el problema, debido a que todos los funcionarios están en Chilpancingo, desde donde quieren resolver los asuntos, “en verdad, es algo muy grave”.
Barrera Hernández denunció que a pesar de que se supone hay un equipo gubernamental para atender los casos de mujeres indígenas en la región, “vemos que las autoridades relacionadas con estos temas, como la Secretaría de la Mujer, no tienen presencia importante en esa región para protegerlas”.
Informó que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña se siguen documentando casos de violencia, de matrimonios forzados o de mujeres que temen agresiones, así como feminicidios, por la violencia que se ejerce contra ellas.
“Vemos que no hay ningún programa que se avoque a atender los casos, sobre todo en las comunidades donde hay más violencia, donde siguen los matrimonios forzados. Todo se quiere hacer desde la capital del estado, desde las cabeceras municipales. Todo el mundo delega funciones a empleados menores, para que hagan el trabajo en terreno, en fin, está muy burocratizado el trabajo”.
Explicó que en estas condiciones, lo que ha dicho la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de que Guerrero es un santuario para las mujeres, “en realidad está muy lejos de ese sueño. En verdad, las mujeres viven una prisión en sus casas y comunidades por toda esta violencia que viven”.
El defensor de derechos humanos opinó que es urgente la atención de las niñas, sobre todo en la comunidad Joya Real, municipio de Cochoapa, y en todas las comunidades donde hay niñas que no estudian, que se están yendo trabajar a los campos agrícolas, “sus padres están pensando en que, las que lograron terminar la primaria, se casen”.
Barrera Hernández expuso que tiene que haber alertas para la niñez indígena, pero que el problema no se está atendiendo como debiera ser.