Damnificados por John bloquean por dos horas dos avenidas del centro de la capital

Damnificados que se encuentran en el refugio temporal en la planta baja del comedor universitario de la UAG en el bloqueo a la avenida Benito Jua?rez esquina con la calle Nicola?s Catala?n Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Damnificados de Chilpancingo, afectados por las lluvias del huracán John, bloquearon durante dos horas y media este martes las calles Benito Juárez y Nicolás Catalán, frente a la alameda Francisco Granados Maldonado, para demandar que sean censados por el gobierno federal y poder recibir ayuda.
Las familias se encuentran refugiadas en la planta baja del edificio que ocupa el comedor de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y en las instalaciones deportivas de la misma institución.
Denunciaron que a más de un mes de los daños, no han recibido ningún apoyo de los gobiernos estatal y federal, que sobreviven con la ayuda de la UAG.
El lunes otro grupo se manifestó afuera de la unidad deportiva, conocida como Crea, al sur de la capital, en donde exigieron que se les incluya en los censos que levanta el gobierno federal. En las instalaciones donde protestaron se albergan los llamados “Servidores de la Nación”, que se encargan de realizar los censos.
En tanto, la delegación de la Secretaría de Bienestar federal informó que carece de información relacionada con el censo, porque ésta se maneja directamente en las oficinas centrales y se dan a conocer en la conferencia matutina de la presidenta Chaudia Sheinbaum Pardo.
El bloqueo de este martes comenzó a las 9:30 de la mañana y terminó alrededor de a las 12 del día, cuando personal de la Secretaría General de Gobierno estatal les prometió que comenzarán a censarlos a partir de hoy miércoles.
Antes, habían denunciado que ninguna autoridad estatal o federal se había acercado a ellos para que les informara cuál será su situación, a más de un mes de las lluvias que afectaron sus casas.
Los manifestantes eran unos 20 y son de distintas colonias de la capital.
Daniel Hernández Visoso, vecino de la colonia Galeana, ubicada al norte de la capital, narró que el agua del río Huacapa, que se desbordó durante los días de lluvia del huracán John, inundó su casa y se llevó todas sus cosas.
Daniel es persona con discapacidad, tiene problemas de movilidad en ambos pies. Dijo que no pudo rescatar absolutamente nada de sus pertenencias. “Perdí todo”, lamentó.
“No pude hacer nada, como soy discapacitado no pude hacer nada. Mi casa quedó inhabitable y me tuve que venir al refugio temporal. Ahora no sé qué irá a pasar conmigo cuando nos pidan que nos salgamos del albergue de la UAG”, dijo Hernández Visoso, quien está refugiado en la planta baja del edificio que ocupa el comedor universitario.
Hernández Visoso mostró un oficio que envió el 8 de octubre a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en el que le solicita su apoyo, “ya que me encuentro en una situación vulnerable, pues mi casa sufrió inundación y la pérdida de láminas debido al huracán John”, le escribió.
Agregó: “Pido a usted me cense mi casa, para estabilizar mi situación”. Sin embargo, dijo que hasta este martes no había recibido respuesta.
Indicó que con la protesta buscan que las autoridades los visibilicen y se acerquen a ellos.
“Pedimos que las autoridades, de los tres órdenes de gobierno, nos apoyen. Queremos que nos den una respuesta respecto a si nos van a censar o no. Porque es lamentable lo que nos sucedió y hay quienes no tenemos a nadie a quien recurrir”, dijo.
Moisés, otro de los damnificados de la colonia Nacionalista, ubicada al noreste de la capital, informó que su casa colapsó totalmente por un derrumbe, “casi, casi, quedaba mi niño aplastado”, contó.
Agregó: “Si las autoridades quieren pruebas de los daños que sufrimos, con mucho gusto los llevamos y les vamos a señalar a donde estaban nuestras viviendas”.
Informó que precisamente no ha querido mover nada en donde estaba su casa, “hasta que ellos vengan y los llevamos personalmente, para que vean y tengan pruebas y lo vean con sus propios ojos”.
Dijo que su petición concreta es que los censen “que nos digan a dónde nos vamos a refugiar después de que nos pidan que nos salgamos de las instalaciones de la UAG”.
Aseguró que han visto que en algunas colonias como, en la Azteca, ubicada al norte de la ciudad, los “Servidores de la Nación” andan censando casas que no resultaron dañadas, “mientras a los que en verdad perdimos nuestras viviendas, no nos hacen caso”.
Explicó que no habla solamente por él, “somos un chingo, bastantes damnificados en Chilpancingo, ¿y cómo es posible que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no declare esta ciudad como zona de desastre?”.
Reprochó que los gobiernos federal y estatal solamente están atendiendo los daños en Acapulco, “mejor que nos digan que están atendiendo sólo por un interés político y económico, pues saben que Acapulco les deja derrame económico”.
Informó que él está refugiado en las instalaciones deportivas y aclaró: “no estamos en contra de la UAG, siempre nos ha apoyado con las instalaciones y con la alimentación. Nos estamos manifestando en contra de los gobiernos federal y estatal, que son los que nos han ignorado”.
Las calles Benito Juárez, que cruza de norte a sur la ciudad, y la Nicolás Catalán, que va de oriente a poniente, que fueron cerradas, son unas de las de más tráfico vehicular, lo que provocó la molestia de los automovilistas. Sobre todo de los choferes del servicio de transporte público.
Uno de ellos, incluso se lio a golpes con un damnificado, después de que dos choferes, de la urvan 500 de la ruta Centro-Mercado-Héroes de Guerrero y un taxista, les aventaron sus unidades a los manifestantes.
“Me los quisieron echar (los vehículos) encima, pero nosotros no queremos violencia. Estamos protestando en paz”, dijo Daniel Visoso.
Este martes se pidió información a la delegación de la Secretaría de Bienestar, para conocer cuándo comenzó el censo en Chilpancingo, cuántas familias se han censado, cuándo se cierra y la meta que se prevé alcanzar, sin embargo, no hubo respuestas precisas.

Nadie atiende a las familias indígenas que ya van hacia el norte, reclama Abel Barrera

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, reclamó la ayuda de las autoridades de los tres órdenes de gobierno a las familias indígenas jornaleras, que comenzaron a salir sin el apoyo ni la vigilancia por parte del gobierno.
Durante el programa La Palabra que Ayuda, que transmite Tlachinollan todos los miércoles, Barrera Hernández dijo que es preocupante la situación de las familias migrantes, que salen a trabajar a los campos agrícolas de los estados del norte del país.
Informó que unas mil personas, entre niños, hombres y mujeres mayores, están saliendo de los municipios más pobres de la Montaña, como Cochoapa, Metlatónoc, Alcozauca, Copanatoyac, Acatepec y Tlacoapa, para trabajar a los campos agrícolas.
“Familias enteras se van por un mes, dos o tres meses, dependiendo de su situación, y tienen que pagar el autobús y no les dan boletos. Si hay un accidente o se descompone, nadie responde por ellos, vemos que las autoridades no monitorean cómo salen estas familias”, denunció.
Agregó que tampoco hay médicos y enfermeras que los atiendan, sobre todo a los niños que se van.
Informó que Tlachinollan documentó que sólo en mayo salieron 411 niños indígenas, sin que se verificara cómo estaban en cuanto a su estado de salud.
De acuerdo con el activista en materia de derechos humanos, hay una total falta de coordinación por parte de las autoridades, “nadie se responsabiliza de la seguridad, de la vida, de proteger los derechos laborales de las familias que se van en total indefensión”.
Barrera Hernández consideró que es muy importante que se atienda a este sector de la población.
Indicó que en estos días empieza a crecer el número de las familias migrantes, que tan sólo este miécoles había 90 personas en el Consejo de Jornaleros Agrícolas de Tlapa, que esperaban salir a los campos agrícolas. Contó que salieron dos autobuses llenos de jornaleros.
“Podemos decir que diariamente salen de uno a dos camiones diarios con indígenas, en su mayoría pobres, que no saben leer, con sus niños; o madres soleteras, que se van a los campos agrícolas con sus hijos”.
El director de Tlachinollan insistió en que estas familias se van totalmente abandonadas, ante la falta de oportunidades en sus comunidades, “hemos insistido que tiene que haber una política pública que atienda a la población jornalera”.
Indicó que la población jornalera no solamente es pobre, como hay muchas familias en la Montaña, sino que no tienen tierras, “son familias que no tienen vivienda, es decir, son los pobres de entre los pobres, que salen de los municipios más pobres, donde se dan los matrimonios infantiles porque siguen abandonadas las niñas y los niños”.
Indicó que en estos municipios siguen los matrimonios forzados porque no hay autoridad que atienda el problema, debido a que todos los funcionarios están en Chilpancingo, desde donde quieren resolver los asuntos, “en verdad, es algo muy grave”.
Barrera Hernández denunció que a pesar de que se supone hay un equipo gubernamental para atender los casos de mujeres indígenas en la región, “vemos que las autoridades relacionadas con estos temas, como la Secretaría de la Mujer, no tienen presencia importante en esa región para protegerlas”.
Informó que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña se siguen documentando casos de violencia, de matrimonios forzados o de mujeres que temen agresiones, así como feminicidios, por la violencia que se ejerce contra ellas.
“Vemos que no hay ningún programa que se avoque a atender los casos, sobre todo en las comunidades donde hay más violencia, donde siguen los matrimonios forzados. Todo se quiere hacer desde la capital del estado, desde las cabeceras municipales. Todo el mundo delega funciones a empleados menores, para que hagan el trabajo en terreno, en fin, está muy burocratizado el trabajo”.
Explicó que en estas condiciones, lo que ha dicho la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de que Guerrero es un santuario para las mujeres, “en realidad está muy lejos de ese sueño. En verdad, las mujeres viven una prisión en sus casas y comunidades por toda esta violencia que viven”.
El defensor de derechos humanos opinó que es urgente la atención de las niñas, sobre todo en la comunidad Joya Real, municipio de Cochoapa, y en todas las comunidades donde hay niñas que no estudian, que se están yendo trabajar a los campos agrícolas, “sus padres están pensando en que, las que lograron terminar la primaria, se casen”.
Barrera Hernández expuso que tiene que haber alertas para la niñez indígena, pero que el problema no se está atendiendo como debiera ser.