Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones para que el gobierno municipal de Acapulco aclare 64 millones 150 mil 345.80 pesos, porque generó “un probable daño a la Hacienda Pública Federal”.
Detalla que pagó a empresas por la recolección de desechos sólidos, de lo cual no se acreditó la prestación de dicho servicio.
También, afirmó que el gobierno municipal pagó por trabajos “que no corresponden a los conceptos y volúmenes establecidos en el contrato, por el pago de equipos de bombeo de los cuales se presume la falsificación de las facturas y de los que no se acreditó que correspondieron a equipos nuevos, ni que fueron sustituidos; por el pago de cantidades adicionales (volúmenes excedentes) de obra los cuales carecieron de la autorización para su ejecución, y por irregularidades en los procesos de adjudicación y contratación de los servicios y las obras públicas”.
La ASF publicó en febrero de este año, la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2021, Indicó que en la auditoria de cumplimiento 2021-D-12001-19-0967-2022, se revisó de manera pormenorizada el cumplimiento del gobierno municipal de Acapulco sus procedimientos de “adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, así como de contratación de obra pública y los servicios relacionados con la misma, para los contratos que impliquen, total o parcialmente, recursos de Gasto Federalizado del ejercicio 2021, incluidas las Participaciones Federales, así como fiscalizar la ejecución y cumplimiento de los mismos”.

Contratos auditados

Expuso que auditó la gestión y ejecución de los recursos destinados a la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, de los cuales, se revisó una muestra de 151 millones 750 mil 600 pesos, correspondiente a 15 contratos de obra pública y cinco contratos de prestación de servicios.
La ASF sostuvo que el gobierno municipal de Acapulco infringió la normativa en la aplicación de los recursos destinados para el financiamiento de 20 contratos, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero y de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, para el ejercicio fiscal 2021.
“Lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 64 millones 150 mil 334.80 pesos, principalmente por el pago de la prestación del servicio de recolección de desechos sólidos, del cual no se acreditó la prestación de dicho servicio, por la falta de aplicación de penas convencionales, por el pago de trabajos que no corresponden a los conceptos y volúmenes establecidos en el contrato”.
También generó un probable daño por “el pago de equipos de bombeo de los cuales se presume la falsificación de las facturas y de los que no se acreditó que correspondieron a equipos nuevos, ni que fueron sustituidos, por el pago de cantidades adicionales (volúmenes excedentes) de obra los cuales carecieron de la autorización para su ejecución, y por irregularidades en los procesos de adjudicación y contratación de los servicios y las obras públicas”, sin detallar sobre qué obras.
Expuso que se determinaron 24 resultados, de los cuales, en tres no se detectaron irregularidades y dos fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes generaron 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y 13 pliegos de observaciones.
En el dictamen la ASF expone que de los contratos del gobierno de Acapulco, cinco son por prestación de servicios y 15 de obras públicas, los que fueron financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2021.
Detalló que al 31 de diciembre de 2021, el municipio de Acapulco comprometió 151 millones 750 mil 600 pesos y pagó 134 millones 413 mil 200 pesos, que representaron el 88.6 por ciento de los recursos federales destinados a los 20 contratos fiscalizados y, al 31 de marzo de 2022, ejerció todos los recursos.
Si embargo, expresó que el probable daño a la Hacienda Pública federal era por un importe de 64 millones 150 mil 334.80 pesos, que representó el 42.3 por ciento de la muestra auditada.

Faltó transparencia

Concluyó que el gobierno municipal de Acapulco “no realizó un ejercicio eficiente ni transparente en el cumplimiento de la legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de contratación de obra pública y los servicios relacionados con la misma, para los contratos financiados con recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2021”.
El 1 de octubre de 2021, comenzó la administración de la morenista, Abelina López Rodríguez. Ese primer día informó que rescindiría contratos con empresas de recolección de basura porque ahí estaba el business, con los moches, y que ella no iba ni a robar ni hacerse rica.
Detalló que en el gobierno anterior de la también morenista, Adela Román Ocampo, se asignaban 387 millones de pesos anuales para dos empresas con 25 camiones para la recolección de basura.
López Rodríguez dijo que no continuaría por esa ruta, por ello, se aprobó en el Cabildo solicitar un crédito de 200 millones de pesos para la compra de 35 camiones recolectores, tres camiones de volteo, y 34 pipas de agua. Y fue hasta el 3 de mayo de 2022, cuando el gobierno municipal recibió la factura de propiedad de los 35 camiones recolectores adquiridos por 99 millones de pesos, de acuerdo con Alejandro Sotelo, coordinador general de los Servicios Públicos Municipales.