La diputada de MC, Erika Lührs Cortés, rechazó que el ex gobernador Héctor Astudillo Flores haya solicitado a la anterior Legislatura convertir en deuda pública el adeudo histórico con el ISSSTE, como señaló su homólogo de Morena, Jacinto González Varona.
La ex directora de Comunicación Social de Astudillo Flores puntualizó que la propuesta vino de la federación, a través del ISSSTE.
La ex funcionaria informó que acudió el sábado al tercer informe de labores de Gonzalez Varona como diputado local de la 63 legislatura.
Lührs dijo reconocer que González fue reelecto por su trabajo legislativo y social; sin embargo, difiere de lo que dijo de que su primera acción fue oponerse a la propuesta del entonces gobernador para que la deuda con el ISSSTE se convirtiera en deuda pública.
De entrada, Lührs precisó que esa deuda es institucional, que viene de varios sexenio, no sólo del anterior. Agregó que en muchos documentos consta que Astudillo Flores sí pudo cubrir parte de la deuda histórica y pagó los impuestos que correspondían a su administración.
El pago puntual permitió reconfigurar la deuda, para que la gobernadora Evelyn Salgado no tuviera una carga tan pesada como la tuvo el sexenio anterior.
Aclaró que la propuesta que se ventiló en la anterior Legislatura, para llegar el pasivo histórico a deuda pública, no era del gobierno estatal, sino del gobierno federal a través del propio ISSSTE.
Adelantó que será parte de las cosas que van a trabajar en el Congreso local, para que el estado tenga menos carga impositiva “y que con eso puedan hacer más obras y acciones”.
Consideró que, para atender este problema financiero, forzosamente tiene que haber un acuerdo con el ISSSTE, para que no se cobre en tres años que le resta a este gobierno, sino que se pueden prorratear en los siguientes sexenios, y la gobernadora pueda tener más recursos para sus acciones. (Lourdes Chávez / Chilpan-cingo).
Etiqueta: deuda pública
Debe aclarar el gobierno estatal más de 58 millones en gastos de 2021, señala la ASF
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El gobierno estatal, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, deberá aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el gasto de 58 millones 846 mil 220 pesos, que se ejecutaron de cuatro fondos federales en 2021.
La dependencia señaló que en ese año hubo un presunto desvío de recursos por 45 millones de pesos, luego de que se pagó “deuda pública” de años anteriores con dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), lo que no está permitido por la ley.
Además, el Ayuntamiento de Igualapa debe aclarar 29 millones 171 mil 604 pesos, porque no presentó documentación del gasto de dinero de un fondo federal de infraestructura, ni informó de obras y acciones que debía realizar con ese recurso en zonas de atención prioritaria.
En la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, que está formado por mil 791 hojas con observaciones a todos los estados, entre ellos Guerrero, la ASF informó que el gobierno estatal, en 2021 destinó 45 millones 621 mil pesos a pagar adeudos fiscales de ejercicios anteriores, registrados como “deuda pública”, con dinero del Fassa, lo que no está autorizado y representaría un desvío de recursos.
Detalló que además, el gobierno estatal pagó un millón 538 mil pesos a cinco servidores públicos con cargo del recurso del Fassa, con puestos de enfermeras generales tituladas A, auxiliares de enfermería A y promotor en salud, quienes no cumplieron con el perfil requerido.
Sostuvo que también pagó 254 mil pesos con recursos del Fassa, que no se comprometieron al 31 de diciembre y están pendientes de reintegrarse, así como 227 mil pesos que corresponden a rendimientos financieros generados con los recursos del Fassa y que también están pendientes de reintegrarlos.
En otra auditoría, la ASF afirmó que el gobierno estatal realizó obras sin contar con justificaciones técnicas, por lo que están pendientes de aclarar 9 millones 362 mil 45 pesos, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
También, el gobierno guerrerense deberá aclarar la ejecución de un millón 723 mil 772 pesos, dinero proveniente de las participaciones federales a entidades federativas, y que responde a incumplimientos en “servicios personales”.
Por último, la ASF indicó que el gobierno estatal no dispuso la documentación del consentimiento de los municipios de Cuajinicuilapa y Tlalchapa, con respecto a la retención de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF), así como de oficios de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guerrero, por un importe de 118 mil 778 pesos.
Las cuatro observaciones al gobierno estatal suman un total de 58 millones 846 mil 220 pesos, que el gobierno morenista deberá aclarar ante la ASF.
Como informó El Sur, en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, la ASF también pidió al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero que aclare 54 millones 442 mil 920 pesos, porque no documentó el destino y aplicación de gastos en “servicio personales”.
El gobierno municipal de Acapulco debe aclarar 64 millones de pesos, al no acreditar la contratación de una empresa de recolección de basura y presumió que se falsificaron facturas para el pago de equipo de bombeo, además de cometer irregularidades en la adjudicación y contratación de obras.
Además, otros 15 municipios fueron observados y tendrán que aclarar una suma de 74 millones 821 mil 161 pesos, por no acreditar el pago de servicios, contrato de recolección de basura, programas de pinta de fachada, compra de software, arrendamiento de maquinaria, adquisición de productos químicos, útiles, equipos de oficina y de limpieza, así como por el arrendamiento de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua.