Etiqueta: contralor

“Muestra de degradación institucional imperdonable”, el robo en el DIF: Grupo ACA

Yee Trujillo

La Asociación Civil de Acapulco, Grupo ACA exigió una investigación exhaustiva, imparcial y expedita para esclarecer la denuncia de robo a la Villa de las Niñas del DIF, la publicación transparente del destino de los bienes, el deslinde de responsabilidades administrativas y penales, la restitución íntegra de todo aquello que haya sido sustraído o indebidamente dispuesto, además de una auditoría a las donaciones anteriores para revisar su correcta aplicación.
“Acapulco no merece servidores públicos que manchen la función pública con negligencia, desorden, opacidad o presuntos actos de corrupción. Y mucho menos cuando el costo lo pagan niñas vulnerables y cuando además se traiciona la confianza de organizaciones civiles, donantes y ciudadanos que sí quieren ayudar”, señaló en un posicionamiento fechado el viernes.
El viernes El Sur informó que la presidenta del DIF Acapulco, María del Rosario Moreno de la Cruz, dejó el cargo luego de que la organización Reinserta denunció públicamente el robo de enseres por un monto de 2 millones de pesos para el equipamiento del albergue luego del huracán Otis, y que la alcaldesa Abelina López Rodríguez dijo que por un “error involuntario” los productos fueron canalizados a otras áreas de atención prioritaria porque no se especificó si el destino era exclusivo para esas instalaciones.
El Grupo ACA expresó un enérgico rechazo, profunda indignación y absoluta reprobación al hecho, que no se está hablando de bienes menores ni una simple irregularidad administrativa, y que robarle a la niñez vulnerable o permitir que se pierdan sus apoyos, no es sólo un acto de corrupción sino “una muestra de degradación institucional imperdonable”.
“Lo ocurrido vuelve a exhibir, de manera brutal, el daño que provocan los malos funcionarios y malos representantes incrustados en los organismos públicos. Personas sin ética, sin responsabilidad y sin la mínima sensibilidad social, que convierten espacios de asistencia en territorios de opacidad, abuso y descrédito institucional. Cuando se pierde la confianza en instituciones creadas para proteger a la niñez, lo que se rompe no es solo un procedimiento: se rompe la credibilidad del servicio público frente a la ciudadanía”, subrayó.
Añadió que Acapulco no puede reconstruirse con discursos mientras se desmorona la confianza en quienes administran lo público; que la ciudadanía merece instituciones limpias, responsables y humanas, la niñez merece protección real y no abandono, y el municipio merece verdad, justicia y servidores públicos a la altura de su responsabilidad.
El comunicado sólo está firmado como Grupo ACA-Consejo Directivo, pero a éste lo integran la presidenta Josefina Verduzco Suárez, la vicepresidenta Andrea Marquina Díaz, la secretaria Rocío Alarcón Deloya, la tesorera María De Los Ángeles García de la Cruz, la vocal Irma Figueroa Romero, los encargados de Comunicación Social, Luis Felipe Monroy, y de Redes Sociales, Yazmín Díaz Hernández.

Evade el contralor del Ayuntamiento hablar del caso

El contralor interno del Ayunta-miento, Erick Aranda Hernández, evadió responder sobre el caso.
En plaza Quebec, al preguntarle por la investigación sobre la denuncia que hizo la presidenta de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, el contralor empezó a caminar, sin responder esa y otras preguntas sobre ese tema, y se despidió de los medios. (Aurora Harrison).

Exhorta la SEG a trabajadores de la CENEIMA opuestos a la directora asignada a retomar sus labores

El contralor interno de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ramón Apreza Patrón exhortó a los maestros y trabajadores de la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano (CENEIMA), afines a la profesora Abigail Arcos Bello, a que retomen sus actividades en la institución, y dijo que de no hacerlo se aplicarán sanciones.
Precisó que las sanciones son la suspensión del pago salarial, y la suspensión temporal o definitiva, es decir, el despido de los trabajadores.
En una llamada a El Sur, el contralor informó que este lunes se reunió con una comisión del grupo opositor a la directora, Lucrecia Mondragón Sosa, que le pidieron que les conceda la Subdirección Académica y la Administrativa, pero “eso no puede ser porque, desafortunadamente, se polariza más la situación, se divide mucho la estructura de mando ante cualquier situación; la verdad, hay que unificar criterios”.
Informó que, el año pasado en la CENEIMA se llevó a cabo una votación interna en la que Mondragón Sosa resultó electa como directora y a la vez, la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior hizo lo propio mediante una circular y entregó un nombramiento a Arcos Bello como directora; sin embargo, la Contraloría Interna analizó ambos procesos y determinó que “no existen facultades para su desarrollo”.
Ante las circunstancias, se estableció que el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero haría valer su atribución de nombrar a los directivos, con base al artículo 8 del reglamento interno de la dependencia, de acuerdo con Apreza Patrón, “una vez analizados los perfiles académicos, antigüedad y experiencia laboral” de ambas profesoras, Mondragón Sosa fue nombrada directora.
Pero el grupo afín a Arcos Bello se niega a reconocer el nombramiento y, de acuerdo con Apreza Patrón, los inconformes llevan unos 40 días hábiles sin presentarse a trabajar de manera normal, y aunque “son la minoría”, afectan a los estudiantes, por lo que exhortó a los trabajadores “a cumplir sus funciones y horarios asignados, así como a generar las condiciones deseables para el desarrollo de sus actividades”, de lo contrario serán sancionados de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero vigente.

Enfrenta Aguirre 32 observaciones de la ASF, informa el contralor del gobierno del estado

Además del caso de los 4 mil millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero no pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), también enfrenta 32 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fueron enviadas a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para que inicie el procedimiento de responsabilidades en su contra, informó el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen
Consultado al término de la inauguración de la Feria Anticorrupción 2016 que se instaló en la alameda Granados Maldonado de la capital, Ramos del Carmen no quiso precisar, sin embargo, a cuánto ascienden los recursos no solventados por la administración aguirrista.
Añadió que la ASF también pidió a la dependencia estatal dar seguimiento a observaciones por recursos federales ejercidos por el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez.
Y mientras una fuente de la dependencia estatal confirmó que existe ya una demanda penal que presentó la ASF ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que le dé seguimiento la Contraloría Estatal, cuyo documento está archivado en la Contraloría, Ramos del Carmen rechazó esa versión y sólo reconoció que da seguimiento a los procedimientos administrativos.
Aseguró que los procedimientos podrían derivar en sanciones, como la inhabilitación y el resarcimiento de los recursos no solventados, pero negó que existan ya demandas de carácter penal, como aseguró un funcionario de su misma dependencia, quien dijo que existe una demanda que está archivada, pero que el secretario no le ha dado seguimiento.
El sábado, el secretario de Finanzas y Administración (Sefina) del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón, informó que existe un requerimiento del SAT al gobierno del estado por casi 4 mil millones de pesos por concepto del ISR que el gobierno de Aguirre Rivero no pagó de la secretaría de Educación y Salud.
–¿Qué se está haciendo para resarcir el daño financiero provocado por esa situación? –se consultó al secretario.
–Nosotros estamos haciendo las auditorías. También como hay mucha inversión de recurso federal, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública están trabajando en lo mismo. De tal manera que tenemos ya bastante información de lo que hemos trabajado aquí en colaboración y coordinación con las dependencias que le acabo de mencionar.
–La ASF interpuso una demanda ante la PGR en contra de 11 ex gobernadores, entre ellos está Ángel Aguirre, ¿está notificado de eso? -consultó otro reportero.
–Nosotros no tenemos esa información, tenemos información de 32 asuntos que nos ha enviado (la ASF) y que nosotros le estamos dando seguimiento para el procedimiento de responsabilidades administrativas, porque nosotros somos competentes solamente para el área administrativa.
–¿De qué ejercicio fiscal?
–Hay 2013, 2014, 2015 y quizás 2012.
–¿Sólo responsabilidad administrativa, no existe demanda penal?
–Bueno, eso sí, pero tiene que mandarse la denuncia a otro lado, ahorita nosotros estamos en la etapa de lo que tenemos facultad que son las responsabilidades administrativas, que son las sanciones como la inhabilitación, el resarcimiento de lo que no se haya podido solventar.
El funcionario aclaró, sin embargo, que las observaciones de la ASF no solamente corresponden al periodo de Aguirre Rivero, sino también al periodo de Rogelio Ortega Martínez. “Los asuntos los tenemos ya en nuestras manos y vamos adelante”.
–Se supone que hubo un proceso de entrega-recepción. Han pasado once meses (de la actual administración) y todavía están en el procedimiento administrativo, cuando son reiterados los señalamientos públicos de que se encontraron adeudos al SAT o faltantes por créditos que se entregaron a trabajadores a quienes se les cobró pero no se reportó el dinero…
–Bueno, porque es resultado de una auditoría y de la fiscalización física y financiera cuando se trata de la construcción de obras.
–¿No se trata de solapamiento?, porque nada más se denuncia y en los hechos no pasa nada…
–No, lo que pasa es que para que se llegue a todo esto (la sanción), necesita integrarse el expediente perfectamente y tener todos los elementos, si no nos ganan los asuntos.
–¿Pero cuando será esto?
–Pues estamos en los juicios, ya pasó la etapa de solventación y ya va la cuestión de responsabilidad.
–Si ya las anteriores administraciones no solventaron, ¿qué va a proceder, se hará denuncia ante la Procuraduría…?
–No, están en nuestra etapa administrativa, resultado de auditorías que hemos hecho nosotros y la ASF. Nosotros vamos a fincar las responsabilidades.

Hay 40 procedimientos por irregularidades en pasados gobiernos, informa el contralor

 
El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, informó que 40 procedimientos por irregularidades encontradas en las pasadas administraciones se encuentran en la fase de responsabilidad administrativa. Aunque no precisó cuántas dependencias son las que tiene señalamientos, dijo que entre ellas están Salud y Educación.
El funcionario estatal indicó que aun faltan por hacer su declaración tres de tres 103 funcionarios de nivel jefe de área hacía arriba, por lo que evalúan sancionarlos. Esto, por el compromiso que hizo el gobernador Héctor astudillo Flores, de que en su administración se aplicaría esta medida.
En declaraciones, después de la sesión del Comité Rector de Transparencia en un salón del hotel Princess Acapulco, el secretario de Contraloría y Transparencia dijo que están “haciendo muchas auditorías” sin precisar cuántas, y de éstas se han iniciado procedimientos.
De los procedimientos iniciados unos 40 se encuentran en la fase de responsabilidad administrativa por observaciones no solventadas. Las observaciones son por el uso del presupuesto en las pasadas administraciones.
De estos procedimientos algunos los lleva la Contraloría del estado y otras son recomendaciones que hizo la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública, “por el convenio de colaboración para que podamos intervenir en algunos asuntos donde hay inversión federal”.
En abril, Ramos del Carmen dijo que se realizarían 211 auditorías a diferentes dependencias del gobierno del estado por los recursos federales que se asignan a las autoridades para obras públicas.
De la declaración patrimonial, de intereses y fiscal, la llamada tres de tres, Ramos del Carmen expuso que cuando se cerró el periodo para hacerla 585 funcionarios no la presentaron, por lo que se inició procedimiento a los que fueron omisos y están analizando sancionarlos.
Actualmente, faltan por presentar su declaración 103, de los cuales dijo es probable que algunos hayan sido dados de baja y la dependencia no ha informado al respecto. Los que están pendientes por hacer su declaración dijo son funcionarios de “nivel jefe de departamento hacia gobernador”.
Indicó que se podría sancionar a quienes no presenten su declaración con 30 a 60 días de suspensión, y se verá si pueden justificar por qué no presentaron la misma a tiempo. Confía en que el próximo año todos los funcionarios estatales presenten la declaración a tiempo.