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Son de Guerrero 30 mil de los 409 mil jornaleros migrantes que hay en el país, informa la STPS

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Oscar Rangel Miravete informó que Guerrero expulsa unos 30 mil jornaleros agrícolas, la mayoría originarios de las regiones Montaña y Centro.
Afirmó que Guerrero es una de las seis entidades que aporta el mayor número de jornaleros agrícolas migrantes, de acuerdo con el Padrón Nacional de Jornaleros Agrícolas, que presento el secretario del Trabajo federal, Roberto Campa Cifrián, durante la segunda sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra), que terminó el viernes en Guanajuato.
En declaraciones telefónicas, Rangel Miravete estimó que los aproximadamente 30 mil jornaleros guerrerenses, de 409 mil que hay en el país, fueron cuantificados por el registro patronal de empleadores que otorgan afiliación al IMSS, además del Servicio Nacional del Empleo, y por el otorgamiento de apoyos de programas sociales.
Mencionó que hay más de 409 mil trabajadores agrícolas migrantes y más de 22 mil centros de trabajo en todo el país.
“Las regiones Centro y Montaña de Guerrero son las que más jornaleros expulsan, y se repite en todo el país el mismo fenómeno, los pueblos originarios y población de comunidades agrarias son las expulsoras del mayor número de jornaleros”, expuso.
Una de las decisiones que tomó la junta, que se realizó del 1 al 3 de agosto, abundó, fue la de hacer inspecciones en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR).
“Nosotros comenzamos el año pasado con los operativos conjuntos, porque algunas de las inspecciones fueron con ellos, pero ya se decidió que se realicen en coordinación con la PGR, para garantizar la seguridad de los inspectores de la Secretaría y para que si hay algún delito de trata de personas sean turnados y perseguidos de inmediato”, declaró.
Como informó El Sur en su edición del 22 de junio pasado, el secretario federal del Trabajo, Roberto Campa Cifrián informó que en noviembre quedaría conformado el padrón de jornaleros, que obedece a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en abril pasado, una recomendación por omisiones que derivaron en la explotación de la que fueron víctimas 62 personas na savi, originarias de La Montaña guerrerense, 48 adultos y 14 menores de 18 años, entre ellos bebés, en campos de Colima.
La recomendación 15/2018 también fue dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al gobernador del estado de Colima y al presidente municipal de esa capital.
En un boletín publicado en el portal federal, se indica que con la integración del padrón de jornaleros se ayudará a focalizar acciones y programas que favorezcan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
En el documento, añade el texto oficial, destaca la región del Pacífico, Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero, “con la mayor actividad agrícola en cuanto a empresas formalmente constituidas y trabajadores del campo que cuentan con seguridad social”.
El padrón contiene el nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, edad, entidad, municipio, localidad de nacimiento, género, entidad de la vacante, número de seguridad social y una exposición sobre la movilidad de personas que durante todo el año se desplazan de un estado a otro para trabajar en el campo.
El universo de información obtenida proviene de patrones y trabajadores con actividades agrícolas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y del Programa de Movilidad Laboral Interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), detalla el texto del portal en internet.

 

Aprueba el Consejo Universitario la expulsión de un maestro de la Prepa 46 por acoso sexual

En la sesión del Consejo Universitario, máximo órgano de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se aprobó por unanimidad de los consejeros la expulsión del maestro Saturnino García, de la Preparatoria 46, ubicada en Chilpancingo, por violencia de género (acoso sexual) a dos alumnas.
Durante la sesión, consejeros señalaron que hay varios casos más y que el Tribunal Universitario tiene que trabajar en ellos, pues no se puede permitir el machismo ni maltrato a las alumnas.
El caso de acoso se trató en la segunda reunión de la sesión permanente del Consejo Universitario, donde los magistrados del Tribunal Universitario “comprobaron” que el maestro cometió actos de hostigamiento sexual contra alumnas, quienes señalaron que el acoso era de manera constante.
En su informe a los consejeros, los magistrados manifestaron que “los hechos sin duda acreditan la violencia de género en contra de la víctima, no obstante la negativa del demandado”. Los magistrados resolvieron dar por procedente la demanda de las alumnas, pese a que el maestro tuvo su derecho de réplica en el tribunal, porque el docente cometió actos de violencia previstos en el artículo 203 fracción 12 del estatuto general de la UAG y por lo que en su dictamen pidió su expulsión, porque los “actos quedaron plenamente acreditados”.
En su intervención, el rector Javier Saldaña Almazán informó que el dictamen fue todo un proceso, donde se le dio derecho de audiencia al maestro, quien fue con su abogado, sin embargo el tribunal acreditó los hechos.
Señaló que la expulsión es un mensaje para los maestros que tienen que mejorar su conducta, porque “ no podemos como universitarios hacer o decir cosas que estén fuera de la ley”. Luego dijo que en la facultad de Derecho hay maestros que han perdido la vida, desde hace tres años, por andar “de alguna manera acosando o cobrando a los estudiantes”.
Dijo que eso se tiene que erradicar, que por eso se hicieron las reformas, porque “no se puede usar nuestra posición como profesores para cometer este tipo de cosas”.
En sus intervenciones, los consejos se mostraron indignados por los hechos narrados y señalaron que lamentablemente el acoso es muy frecuente en las escuelas. Reconocieron la valentía de las estudiantes para denunciar los hechos y señalaron que se debe castigar de manera ejemplar, para que “los maestros le vayan midiendo el agua a los camotes”. Luego de la participación de los consejeros se dio la votación, la cual fue unánime a favor de la expulsión del maestro.
Durante la sesión también se aprobó la creación de cuatro nuevos posgrados: dos especialidades y dos maestrías. Las maestrías son Ciencias en Tecnologías de la Información e Innovación de la Práctica Docente de Matemáticas; las especialidades Microbiología, de la Unidad de Investigación Especializada en Microbiología y la de Implantología y Rehabilitación Bucal, de la Facultad de Odontología.
Los consejeros también aprobaron realizar una auditoría financiera a la Preparatoria 13 de Zihuatanejo y se acordó que la Administración Central no descontará cuotas a trabajadores sindicalizados del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG y el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG.
En la sesión del consejo se informó de la jubilación del ex rector Florentino Cruz Ramírez, quien a la vez era vocero del Grupo Universidad, quien agradeció todo lo que le dio la UAG. El rector le entregó un reconocimiento y los presentes lo despidieron con aplausos de pie.

Reclama Celestino a perredistas que piden la expulsión de diputado que no critiquen al PRI

 

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, pidió a militantes de ese partido que así como exigieron la expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri –por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para restarle alcances a la comisión especial del caso Ayotzinapa–, condenen y respondan también a las posturas del dirigente municipal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado Arroyo.
Cesáreo Guzmán indicó que los perredistas que el martes criticaron a Martínez Neri no han sido “muy activos” en respaldar la lucha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Informó que el próximo viernes se reunirá con el diputado federal en la Ciudad de México para que éste le explique las razones por las que respaldó la propuesta de cambiar el objetivo de la comisión especial que se integró en la Cámara de Diputados para el caso Iguala.
Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD, para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala y ya no dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En respuesta, el martes en Acapulco militantes del PRD y fundadores de ese partido exigieron la destitución y expulsión de Martínez Neri; entre ellos se encontraban Rafael Aréstegui Ruiz, Eloy Cisneros Guillén y el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del puerto, Isaías Arellano Maldonado.
Consultado al respecto, Cesáreo Guzmán comentó que se sorprendió cuando conoció la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y por eso ayer se comunicó con él vía telefónica.
Explicó que acordaron reunirse el viernes en la Ciudad de México para que el diputado federal le exponga las razones por las que respaldó ese acuerdo y los alcances del mismo, y dijo que a partir de eso el CEE en Guerrero podrá fijar una postura al respecto.
“El diputado Martínez Neri es alguien con quien tenemos relación política porque ha atendido a varios dirigentes estatales del PRD para temas de Guerrero, por eso nos sorprende ese acuerdo”, señaló.
Dijo que en la llamada el diputado federal le manifestó su respeto al movimiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y su postura de exigencia de justicia.
De la conferencia de prensa que ofrecieron militantes del PRD el martes en Acapulco, Cesáreo Guzmán manifestó que le preocupa que miembros del partido “tengan más fuerzas” para pelear internamente que para responder a posturas del PRI, partido que actualmente gobierna Guerrero y el país.
“Los exhorto a que escuchen las razones del diputado, que se serenen y después con toda la información se tome una decisión más allá de protagonismos innecesarios”, pidió.
Dijo que convocará a líderes del partido a que acudan a la reunión del viernes para escuchar al diputado federal, sin embargo comentó que hasta ayer por la tarde ninguno de los que se quejó en la conferencia se había comunicado con él para expresar su molestia.
“Ninguno se ha comunicado conmigo y tampoco los he visto muy activos en la lucha de los padres de los estudiantes, por eso también me sorprenden su postura, ojalá sea el inicio de su participación”.
Finalmente llamó a los militantes del PRD que el martes pidieron la expulsión del diputado federal, que así como hicieron esa crítica, también condenen y respondan a las posturas del dirigente municipal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado, quien desde que asumió al cargo ha hecho señalamientos en contra del gobierno de Evodio Velázquez Aguirre.
Respecto a la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien el martes informó que de acuerdo con la evaluación previa correspondiente al primer mes de la estrategia de seguridad, la violencia en los cinco municipios de Guerrero que están dentro de la misma ha disminuido en un 30 por ciento en comparación con el mes anterior, el líder del PRD dijo que toma con reservas esas cifras.
Indicó que el partido esperará unos días más para fijar postura respecto al nuevo operativo nacional de seguridad.

Exigen perredistas la expulsión del diputado que se alió con el PRI en el caso Ayotzinapa

Militantes del PRD y fundadores de ese partido en Guerrero exigieron la destitución y expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri, por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para bloquear las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Rafael Aréstegui Ruiz dijo que “no le podemos pedir al Estado que se investigue a sí mismo cuando hay pruebas de participación del fuerzas gubernamentales, del Ejército, de las policías federales, policías municipales y fuerzas políticas, no se puede dar carpetazo, es un crimen de Estado”.
El diputado del PRD, Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala, para ya no dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En conferencia de prensa en el restaurante Woolworth, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Acapulco, Isaías Arellano Maldonado, lamentó la posición del diputado del PRD de “darle carpetazo” a la investigación de qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Expuso que es una situación que no puede aceptarse por parte del PRD, “no es una posición de partido y exigimos al comité nacional una explicación y expulsión del partido” del diputado.
“Los perredistas no podemos contar con este tipo de personajes que abandonan la lucha social y sobre todo las causas justas, porque este no es sólo un problema que agravia a los padres de los 43 desaparecidos, sino que agravia a la nación y a la comunidad internacional”, enfatizó.
Arellano Maldonado agregó que en la Jucopo también está el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, quien como diputado local se negó a procesar las denuncias en contra del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Aréstegui Ruiz puntualizó que el Estado no tiene autoridad moral ni ética para hacer alguna investigación, “esta actitud del coordinador es una posición de entrega, de subordinación a la política del PRI, que tiene interés de echarle tierra al asunto”.
Dijo que la postura del PRD debe ser la de investigar a fondo los hechos y castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas.
Expuso que la característica de los crímenes de Estado es que nunca se sabe qué pasó, e insistió en que lo que ocurrió en Iguala tiene “características de un narcoestado”.
Por su parte, el ex perredista y ahora integrante de la organización Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén, dijo que “la traición está muy de moda” y esa fue la actitud del diputado federal, “traicionan los movimientos sociales y políticos, a los padres al pueblo de México que ha estado luchando por la presentación con vida de los estudiantes, es una actitud de traición porque no ha habido ninguna investigación sería”.
“Exigimos que la investigación se siga dando, se quieren resultados de esta actitud criminal, los gobiernos tienen la obligación de darnos seguridad a todos los ciudadanos”, enfatizó.
El secretario de elecciones del comité municipal del PRD, Jesús Silva, exigió que desde la estructura nacional del partido se apliquen los estatutos, la separación del diputado de la comisión que tiene en la Jucopo, y “si fuera posible exigir la renuncia a la militancia del partido, porque contraviene los principios del mismo, demandamos se restituya el objetivo de darle seguimiento, como militantes del PRD la transparencia y seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Por su parte, Óscar Chávez Rendón dijo que no se puede permitir que se tape el caso Ayotzinapa.
Señaló que los diputados federales como Francisco Martínez están “acostumbrados a que se les beneficie monetariamente”, o que eso parece al actuar en contra de los principios del partido.
Pidió a la dirigencia nacional que no se asuman actitudes que lastiman al pueblo de México y que se enderecen las rutas.
En la conferencia también estuvo la secretaría de Derechos Humanos del comité estatal, Yenedith Barrientos, y Norberto Refugio Chamú.
Durante la conferencia, Eloy Cisneros denunció la desaparición de la doctora Adela Rivas Obé y exigió su presentación con vida.
Recordó que salió de una reunión en las instalaciones del IMSS en Zihuatanejo el pasado jueves antes de la una de la tarde y desde entonces ya no se pudo localizar.
“No hay información de que algún grupo la tenga”, manifestó, y recordó que la doctora se distinguió en el pasado por la lucha social, “no sabemos aquí, como hay complicidades entre el Estado y las mafias, no sabemos la situación real de la compañera, demandamos la presentación inmediata, los gobiernos en sus distintos niveles tienen la obligación de darnos seguridad, que se aboquen a la investigación de este caso”.

Expulsan parcelarios de La Sabana a Donaciano Martínez y a Castellanos

 

 Integrantes del Comité de Defensa del Ejido de La Sabana informaron que Donaciano Martínez González y Félix Castellanos Hernández ya no forman parte del comité a partir de ayer, debido a que “traicionaron la confianza de los parcelarios (60 propietarios de parcelas afectados, pero no indemnizados por la CFE) porque negociaron puestos de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

José Carlos Hernández Godoy dijo que la acción ha generado “obstrucciones para negociar el problema que tienen con la CFE desde hace tres años, los parcelarios están peleando porque sus tierras fueron afectadas por los cableados y las torres que colocaron y fueron beneficiadas personas ajenas”, razón por la cual acudieron al Ministerio Público de Ciudad Renacimiento para interponer una denuncia contra la CFE por el delito de fraude.Hernández Godoy indicó que el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Félix Castellanos Hernández, “negocio” un puesto de trabajo para su esposa Raquel Lucero, “quien actualmente trabaja en la Comisión Federal de Electricidad en el área de Desarrollo Social”.