Señala Abel Barrera negligencia de autoridades por la falta de seguridad para Marco Suástegui

Ramón Gracida Gómez

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, pidió a las autoridades a investigar el ataque al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, por su actividad como defensor de derechos humanos “de tiempo completo” por el río Papagayo y por los trabajadores de las playas porque afectó a intereses de empresarios y grupos de poder, y por pedir justicia por su hermano Vicente desaparecido.
Desde hace casi un año y medio, el líder comunitario solicitó seguridad al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero se la negaron porque las autoridades no valoraron “la inminencia de una agresión”, señaló en entrevista el director de la organización defensora jurídica de Suástegui Muñoz.
Denunció por teléfono que el propio líder comunitario puso como referencia el inicio de las amenazas el aniversario de desaparición de su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz, perpetrada el 5 de agosto de 2021, donde pidió que se detuviera a Pedro Santos Cruz, alias el Comandante Pino de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a quien habrían entregado a Vicente Suástegui y estaba vinculado con el crimen organizado.
Otra amenaza ocurrió durante una asamblea del Cecop hecha tras el aniversario de Vicente Suástegui en el embarcadero de El Fraile, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde una persona que no ubicó el vocero del Cecop se le acercó y le dijo “que se cuidara y que dejara de seguir señalando a quienes él ha denunciado como responsables de la desaparición de Vicente”.
Otro incidente ocurrió en la playa Icacos, donde trabaja y fue agredido el viernes pasado Suástegui Muñoz, aquella vez dos personas en motocicleta lo señalaron y lo siguieron, pero el vocero del Cecop logró escaparse.
Tras estos hechos, el vocero del Cecop le pidió al Mecanismo de Protección del gobierno federal, seguridad de agentes de la Guardia Nacional, sin embargo, sólo le entregaron un teléfono satelital y un botón de alerta que no sirven si no hay señal.
Barrera indicó que los argumentos esgrimidos es que no había recursos y que se tenía que probar la necesidad, “daban a entender que estaba pidiendo Marco algo que no correspondía al nivel de riesgo y la verdad es que ése es el problema, no se ha tomado en cuenta el contexto, no se ha tomado en cuenta su actividad, que él es un defensor que se dedica de tiempo completo”.
Dijo que Suástegui Muñoz vivía en un contexto “de alto riesgo, sobre todo por todos los incidentes que le han pasado y que entendemos que en las últimas semanas, no tenemos información, pero sí siguieron dando algunas incidencias de amenazas, sobre todo ya de situaciones que hablaban precisamente de que le podían hacer algo”.
Barrera aseveró que “el riesgo era inminente, o sea, no se valoró el factor de la inminencia de una agresión y eso es lo que más podemos recalcar, que no es posible que no dimensionen las autoridades, que no tengan el pulso o que no tengan el interés ni la sensibilidad ni el compromiso para poder escuchar las razones de un defensor como en este caso de Marco, de que desde hace casi año y medio estuvo insistiendo en la necesidad de una protección policiaca que nunca llegó”.
Acusó de “negligencia en el sentido de no valorar adecuadamente el contexto, los incidentes, lo que representaban realmente estas presencias de personas que llegaban a amenazar y el clima de violencia que persiste en Acapulco”.
Se le preguntó al director de Tlachinollan si se valora que la razón del ataque fue más por el activismo de Suástegui Muñoz en el Cecop que en el reordenamiento de playas, y Barrera contestó que “no podemos separar a Marco de sus actividades”.
Indicó que se puede decir que La Parota “ya pasó, eso es estar hablando de hace años; no, el tema no es que ya pasó hace 15, 20 años, el tema es que la defensa del territorio es una defensa continua, fue el tema de la presa, pero pues está el tema de las gravilleras que siguen afectando el río Papagayo”.
En las gravilleras “se ve el contubernio que existe entre empresarios y autoridades municipales, o gente de Conagua (Comisión Nacional del Agua)”, señaló y recordó que una de las causas de la detención del vocero del Cecop fue la acusación de un empresario.
Demandó a las autoridades a investigar “todos estos trabajos que hacía Marco y que bien o mal por su defensa del territorio, afectó intereses económicos de empresarios, afectó intereses de grupos de poder”.
Además, en el reordenamiento de playas, Suástegui Muñoz impulsa el derecho a los trabajadores, entonces “yo creo que también eso al final de cuentas llegó a afectar intereses de quienes han querido tener estos espacios como las playas y todos los negocios que hay ya como parte de un negocio ilícito, como un negocio al margen de la normatividad vigente”.
“El hecho de organizarse, el hecho de acuerparse, de no sentirse solos, sino ya como parte de una organización, de tener una identidad, una visibilidad, de ser actor social importante para tomar en cuenta en el ordenamiento de la zona turística, entendemos que esto empezó también afectar intereses de grupos de la delincuencia”.
El director de Tlachinollan insistió en “ver de manera más integral el trabajo” de Suástegui Muñoz como defensor del río frente a las gravilleras, de los trabajadores de playas en el reordenamiento, y que aparte tiene un hermano desaparecido por el que ha pedido justicia e investigación y detención a los responsables; “él fue agredido por ser un defensor de derechos humanos”, puntualizó.

Suástegui Muñoz sigue en terapia intensiva

La familia del vocero del Cecop informó ayer en la noche que el estado de salud se mantenía igual al de los días anteriores, “grave, pero estable”, aún sigue en terapia intensiva, por lo que ya son más de tres días en este tipo de atención médica.
Indicó que las tres situaciones comunicadas el domingo a El Sur siguen vigentes: está recibiendo hemodiálisis por tanto medicamento que ha recibido desde su atentado, tiene problemas de circulación y presenta bajas plaquetas.

 

Denuncian marquesanos abusos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal

El comisario municipal de Puerto Marqués, Saúl Zurita Mujica durante la conferencia de prensa junto a taxistas y prestadores de servicios turísticos para denunciar abusos de las fuerzas de seguridad federales y estatales Foto: Argenis Salmerón

Transportistas y prestadores de servicios turísticos de Puerto Marqués denunciaron abuso de poder de la Guardia Nacional, Ejército y la Policía Estatal.
En conferencia de prensa en un acceso de playa de Puerto Marqués, los inconformes encabezados por el comisario municipal, Saúl Zurita Mújica, advirtieron que si no para el hostigamiento de las fuerzas federales van a bloquear calles e impedir que se lleve a cabo la elección de este domingo en el poblado.
Señalaron que ayer en tres puntos de Puerto Marqués, los agentes de la Guardia Nacional, Ejército y policías estatales revisaron de manera “ilegal” a las personas, y uno fue retenido por varias horas.
Aclararon que los transportistas y prestadores de servicios turísticos no son delincuentes, solamente trabajan para llevar el sustento de sus familias.
Reclamaron que el despliegue policiaco y las revisiones “ilegales” ahuyentan a los turistas, incluso los visitantes aprovechan la trifulca y se van sin pagar las cuentas de los negocios.
Zurita Mújica, denunció que efectivos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, tratan a los marquesanos como delincuentes, los hostigan, amenazan e incluso roban, con el pretexto de que se trata de operaciones.
Amagó que responderán con boicot a las votaciones del domingo si continúan los agentes federales “sembrando” miedo y zozobra entre lugareños y turistas.
Contó que ayer los agentes de la Guardia Nacional irrumpieron en restaurantes y baños públicos de Puerto Marqués e incluso retuvieron a un hombre, situación que provocó que algunos turistas abandonaran el lugar, sin pagar lo que habían consumido.
Demandó parar de inmediato el hostigamiento por parte de los agentes de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional. “Somos un pueblo organizado, por eso el llamado a tiempo a los tres niveles de gobierno”.
Sostuvo que Puerto Marqués, “es un sitio turístico, depende directamente de su imagen, la cual se ve severamente dañada por la presencia de la Policía Estatal, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, pues generan miedo y zozobra entre quienes los visitan, haciendo más corta su estadia o incluso, evitándolos, lo que los priva de ingresos económicos”.
“Aclaramos que no estamos en contra de la presencia de elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, incluso militares y marinos, pero sí de que los elementos de la Guardia Nacional, que dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional, nos apunten con sus armas e ingresen hasta los baños de damas de los restaurantes sin motivo claro”, puntualizó.
Añadió que “en Puerto Marqués no podemos permitir que personas sin preparación en proximidad social, que se escudan detrás de un uniforme o una placa, empoderadas por portar un arma, lastimen nuestra imagen turística con supuestos operativos que hemos comprobado, son más teatro que inteligencia o prevención del delito”. (Argenis Salmerón).

Las políticas públicas deben incluir el nuevo concepto de género, plantea investigadora

La doctora del Centro de Investigación y Posgrados en Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma de Guerrero, Alejandra Cárdenas Santana durante la conferencia Género, poder y territorio, el sábado Foto: Aurora Harrison

Aurora Harrison

La doctora del Centro de Investi-gación y Posgrados en Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Alejandra Cárdenas Santana, dijo que las políticas públicas deben de incluir el nuevo concepto de género, que no sólo es hombre y mujer, sino que hay una diversidad sexual.
El sábado, durante su participación en el diplomado del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, donde impartió la conferencia Género Poder y Territorio, la doctora planteó que el poder es una relación humana que va más allá de la prohibición, sino que también debe generar discurso.
“Planteamos el poder como una relación que abarca todas las relaciones humanas, que va mucho más allá de la prohibición, sino que también genera discurso, muchas veces educativo, mientras que el poder es polifacético, y que el poder tiene resistencias”, detalló la docente.
En la segunda parte de la exposición habló sobre género y territorio, “tenemos que entender el género más allá del binarismo, tenemos que entender el género de una nueva manera, y estamos inaugurando un nuevo concepto que tiene que ver con la construcción cultural de las relaciones de los diversos sexos”.
Sostuvo que eso es importante porque “recupera los planteamientos de nuevos actores dentro del feminismo como son el LGTTBQ, entonces uno tiene que aprender a sopesar lo que sucede en el mundo contemporáneo”.
“Eso es importante porque tienen que considerarlo no solamente las nomenclaturas, sino también las políticas públicas y además de incorporarla en la academia, es importante saber que no existe un solo discurso homogéneo, sino que la realidad es compleja, es diversa, multicolor y por lo tanto los conceptos para atender esa sociedad compleja, heterogénea diversa también esos conceptos se tienen que ir redefiniendo, readaptarlos, modificarlos para que nos puedan ser útiles como instrumentos de análisis”, puntualizó.
En declaraciones sobre a quién le compete hacer esas adecuaciones, dijo que es a las autoridades y tal vez no se tengan que cambiar todas las leyes, “pero claro que la normatividad debe ajustarse a las nuevas realidades y eso lo harían si escucharan a los movimientos sociales”. Porque las autoridades no siempre lo hacen, y para que eso ocurra los movimientos sociales deben buscar diversas formas de hacerse escuchar, a través del arte, de diferentes manifestaciones, no todo debe ser movilización, pero también “las autoridades deben aprender que gobernar pasa por saber escuchar”.
De si hay avances en la equidad de género hombre y mujer, respondió “creo que hay avances interesantes, desafortunadamente no lo suficiente, he visto que a veces no nos escuchan, que en ocasiones se han cometido errores por no ser sensibles a estos movimientos sociales, siento que les hace falta asesoría, para poder atender la demanda de la gente, creo que hace falta más sensibilidad”.
“La cultura patriarcal permea en todas las personas y la gran tragedia es cuando las propias víctimas perpetúan o intentan a través de sus prácticas perpetuar una cultura que las somete y que las afecta, eso es una tragedia para mí”, puntualizó.

Piden a defensores documentar la explotación del río Santa Catarina en Xochistlahuaca

El colectivo de Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas (PODER) de Xochistlahuaca, denunció que la alcaldesa priista con licencia Aceadeth Rocha Ramírez, sin el consentimiento de los habitantes de la comunidad de Plan de los Muertos, extrae material pétreo del río Santa Catarina, y urgieron a organismos defensores de derechos humanos a documentar el caso.
En un comunicado, los pobladores de la comunidad de habla ñomndaa de Plan de los Muertos denunciaron que trabajadores extraen 150 toneladas de material pétreo al día, a pesar de la inconformidad de la población y de no contar con ninguna concesión para explotarlo.
Los vecinos indican que desde 2015, Rocha Ramírez ha promovido la extracción de material pétreo entre particulares para generar ganancias, y ha recurrido a sobornos a las autoridades locales, además de negar programas de asistencia social y de amenazar directamente a los líderes más visibles del movimiento de defensa y cuidado del río, en Plan de los Muertos.
La organización señala que las amenazas contra los pobladores ocurrieron en febrero pasado, después de que la población se organizó para bloquear el paso a los camiones de volteo y maquinaria pesada que iban a extraer arena y grava, e incluso el propio secretario general del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Alfredo Añorve, acudió a la comunidad a confrontar e intimidar a la población.
“El 15 de febrero en la madrugada, los defensores comunitarios y promotores de la defensa y cuidado del río en Plan de los Muertos, Manuel López de Jesús, Inocente Modesto Jerónimo y Salvador Modesto Aurelia, fueron amenazados por un grupo de personas que se trasportaban en un (carro) Tsuru gris. Los defensores comunitarios señalan como responsables de éstas y otras amenazas a los caciques locales Paulino Hilario Marcelino, Rodrigo Fidel García y Miguel Marcelino de los Santos, así como a Fernando Noriega Hilario, quien lleva muchos años saqueando el río con la explotación de material pétreo”.
En el comunicado se detalla que, la mañana del 22 de febrero, el comisario de Plan de los Muertos, Honorio de la Cruz Espíritu, cercano a Rocha Ramírez, policías municipales de Xochistlahuaca y desconocidos, llegaron en el mismo carro Tsuru gris, a dañar y quitar una tranca que vecinos habían puesto para evitar el saqueo de grava y arena.
El colectivo PODER señala que “el saqueo y amenazas en la comunidad de Plan de los Muertos no es un caso aislado, sino parte de un patrón de violaciones a derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas por parte de la presidenta municipal de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha Ramírez, quien actúa de manera arbitraria y despótica, disponiendo del agua de ríos, arroyos y manantiales para lucrar políticamente con la distribución de agua potable, así como imponiendo el saqueo de materiales pétreos de manera indiscriminada en completa opacidad, sin el consentimiento de pueblos y comunidades, garantizando ganancia y beneficios a sus familiares o personas cercanas, atentando contra el equilibrio ecológico y cometiendo delitos ambientales al no existir ninguna concesión para dicha actividad extractiva de por medio”.
La organización recuerda que en febrero de 2017, la comunidad de Linda Vista se opuso a la extracción y también fue amenazada. En agosto de 2017, vecinos de Rancho del Cura Ejido denunciaron amenazas, hostigamiento e intimidación, luego de impedir el despojo del arroyo que pasa por su núcleo agrario.
El Comisariado del Ejido Plan de Guadalupe está siendo objeto de persecución judicial y criminalización por parte del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, luego de que evitó el despojo de su arroyo, que pretendían entubar, “como parte de la política de disposición arbitraria y lucro con el agua impuesta por la presidenta municipal”.
El colectivo urgió a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Guerrero, a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a documentar el saqueo y explotación del río Santa Catarina, del río Jndaancue Ñomndaa, y otros arroyos y manantiales, así como las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas al territorio, a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, a la libre determinación, y al agua potable y saneamiento, vulnerados de manera reiterada por la presidencia de Xochistlahuaca en su afán de obtener ganancias económicas y políticas.

 

Tener un candidato externo, opción para que el PRI mantenga el poder, dice Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores rechazó que el presidente Enrique Peña Nieto vaya a decidir quién será el próximo candidato presidencial del PRI, como lo aseguró el ex gobernador Rubén Fi-gueroa Alcocer.

Este lunes por la mañana, el gobernador encabezó la ceremonia por el Día del Combatiente de Incendios Forestales en la sala de la República de Casa Guerrero, donde ofreció un desayuno y repartió despensas para los brigadistas de Protección Civil y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Al concluir el acto protocolario, declaró a los reporteros que cualquier partido juega a ganar, y defendió que el PRI abriera su convocatoria para que algún ciudadano pueda ser su candidato presidencial, sin tener que haber militado diez años, como lo estipulaban los estatudos.
“Yo no conozco a nadie que esté pensando cómo poner a alguien que le caiga bien o al que más le vaya ayudar en el futuro”, señaló en alusión al señalamiento de que el presidente Enrique Peña Nieto dio línea para eliminar ese candado para favorecer al secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
Dijo que todos los partidos van orientando sus decisiones a través de análisis y la que determinará quién será el candidato presidencial del PRI no se tomará de manera personal, y en la misma influirá la opinión pública.
Defendió que lo aprobado en la Asamblea Nacional del sábado pasado para él le son innovadoras, al abrirse a la participación de simpatizantes. “Cuántas veces no vamos a buscar al médico, al profesor del pueblo que no tiene una militancia diríamos comprobada, que hayan andado en un mitin o con la playera roja. Es un asunto que el PRI ha practicado, sólo que ahora ya lo llevamos a los estatutos”, ejemplificó.
De manera directa se le preguntó si la reforma es un traje hecho a la medida de José Antonio Meade, y respondió que “yo lo que creo es que se abren las opciones, y estoy convencido de que es una buena determinación”.
“Puede haber diferentes posiciones, pero yo creo que al final de cuentas al PRI le permitirá (la reforma) ir a la competencia y aspirar a conservar la Presidencia y los demás cargos que estarán en juego” el año próximo.
Recordó que la de 2018 será la elección en la que se disputarán más cargos en la historia del país, por lo que será una experiencia importante para México.
Respecto a lo señalado por Figueroa Alcocer que el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador es el candidato a vencer, dijo que hace falta tiempo y se deben de observar las circunstancias.
“Me parece muy importante lo que el PRI hizo, es un buen mensaje para la sociedad… no es un partido cerrado ni es un partido que se queda aplaudiendo a sí mismo. Lo que se hizo fue algo que tiene un mensaje para dentro y para fuera”, recalcó.
Dijo que para que un partido dé un buen resultado se debe de mantener unido, y espera que el PRI se mantenga así.
También se le preguntó sobre lo declarado por el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza.de que la mayoría de los municipios están en manos del narco, y respondió de manera cortante: “He mantenido una línea de respeto con el obispo, la voy a seguir manteniendo y no tengo mayor comentario”.

Gestionará para revisar adeudos

Astudillo Flores informó que buscará al director del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas para revisar y evaluar los adeudos que se tienen a parte de lo que corresponde al gobierno del estado durante varios años.
“Son millones de pesos y que están generando una serie de presiones de carácter financiero”, agregó.
También señaló que se reunirá con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, para abordar especialmente el tema de la deuda de Impuesto Sobre la Renta.
“Hay que conocer cuál es la experiencia con algunos otros estado porque no es el único estado. El problema que se vive relacionado con la secretaria de Salud lo están viviendo 14 estados”.
Señaló que se debe de buscar una solución de fondo que permita que el estado no siga sacudido frecuentemente por los pendientes y por los descuentos derivados por no pagar los Impuestos Sobre las Renta.
Recordó que este problema se relaciona con el pago directo de las plazas que no tienen techo financiero que se entregaron en las administraciones pasadas. “no es un asunto del pasado presente y futuro, yo lo pretendo resolver”.
Sobre la distribución de un video en el que se amenaza de muerte a funcionarios del Ayuntamiento de Petatlán, dijo: “hay que investigarlo, porque no todos los videos son lo que muestran. Algunos videos se arman para mandar mensajes a ciertas personas e instituciones. Hay que revisarlo, yo creo que la investigación se está haciendo”, agregó.
Astudillo Flores detalló que a una semana del regreso a clases, el gobierno del estado se está preparando, por lo que celebró este lunes una reunión que encabezó el Secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero para preparar el regreso.
“Hoy determinaremos donde arrancamos las clases”, agregó.
Dijo que se plantea volver a brindar seguridad a las 150 escuelas de Acapulco.