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Restituye el TEE como comisario de Las Vigas al que fue elegido por los vecinos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado anuló la designación como comisarias titular y suplente de Las Vigas, nombradas por el cabildo de San Marcos, y restituye en sus derechos al comisario electo por los vecinos.
El TEE revocó un acuerdo de Cabildo de San Marcos del 9 de enero de 2023, que daba por terminado el cargo del comisario de Las Vigas, Anselmo Ignacio Carmona, para renovar la administración de la Comisaría, que ahora es cabecera municipal.
Restituye los derechos y obligaciones al comisario Carmona, porque el Cabildo de San Marcos contravino sus propias determinaciones, y violentó los principios de certeza y legalidad al nombrar nuevas autoridades en Las Vigas,
Recordó que la obtención de cargo como comisario de Anselmo Ignacio, es producto de una elección vecinal, y la ampliación del periodo fue aprobada por el cabildo debido a la contingencia sanitaria, y luego por proceso de remunicipalización, que llevó a la creación del municipio de Las Vigas el año pasado.
Por otro lado, el TEE?anuló la elección del 8 de enero de enero de la Comisaría Municipal de la comunidad de Chiepetepec, expedidos por el ayuntamiento, porque la comunidad denunció que la convocatoria no se publicó en los plazos que establece la Ley, ni se difundió en los medios tradicionales, circunstancia que les impidió acudir a votar como a la mayoría de la población.
El ayuntamiento tampoco acreditó la difusión amplia de la convocatoria, ni el cambio de sede, donde participaron 463 personas, que representan apenas 33 por ciento de la ciudadanía esperada, inferior al 70 por ciento de participación obtenida en años anteriores.
En la elección de comisario de San Miguel Axoxuca, dejó sin efecto el acta de asamblea de la jornada electiva del 8 de enero, así como los nombramientos expedidos por el ayuntamiento.
El reclamo del ciudadano Mauro Oyorzábal Gómez fue que se vulneraron los principios constitucionales en materia electoral, y ordenó al ayuntamiento de Tlapa emitir una nueva convocatoria en diez días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, para celebrar la elección en coordinación y con asesoría del IEPC.

Ordenan al PAN nueva resolución en caso Igualapa

En temas de partidos, revocó parcialmente una resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, porque excluye de responsabilidad al dirigente estatal, Eloy Salmerón Díaz, con una interpretación aislada y no integral del juicio que interpuso la presidente del Comité Directivo de Igualapa, Claudia Martínez Sánchez.
Ordenó a la Comisión emitir una nueva resolución con perspectiva de género, en libertad de jurisdicción, exhaustividad y de manera integral sobre los agravios denunciados.
Precisó que la nueva resolución de la Comisión del PAN deberá contar con todos los hechos y caudal probatorio que fue allegado al expediente.

Atacan hombres armados en La Laguna, sierra de Zumpango; levantan al comisario, trasciende

Unos 30 hombres armados irrumpieron en la comunidad serrana La Laguna, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), donde dispararon contra cuatro casas y contra la comandancia de la Policía Rural Estatal.
De manera extraoficial se supo que en la irrupción fue levantado el comisario quien además es el presidente de seguridad de la Unión de Comisarios de la Sierra, Erineo Castro.
Fuentes consultadas detallaron que en la irrupción suscitada a las 8:00 de la mañana de este sábado fue sacado de su casa el comisario de La Laguna, pero en el boletín oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado no se menciona este caso.
En la ficha proporcionada por el gobierno del estado se informa únicamente de un ataque a cuatro casas y a la comandancia de la Policía Rural Estatal.
Tras el ataque, las dependencias encargadas de seguridad como la Policía Estatal y el Ejército se movilizaron hacia aquella zona de la sierra, donde además fue utilizado un helicóptero para la búsqueda del grupo armado.
Los hombres armados que irrumpieron en el lugar vestían uniformes y cascos pixelados tipo militar.
En coordinación con el Ejército se inició la búsqueda y localización del grupo armado que huyó rumbo a Carrizalillo y dejó abandonadas dos camionetas Pick-up.
El ataque fue repelido por los policías rurales. Trascendió que hubo un muerto y un herido, pero en el boletín del gobierno se desmiente.
En el peritaje realizado se destacó que en el ataque cuatro casas particulares recibieron impactos de arma de fuego.
En la comandancia de la Policía Rural Estatal se contabilizaron 27 impactos de arma de grueso calibre; dos unidades oficiales de la Policía Rural Estatal con dos impactos de arma de fuego cada una, un vehículo particular que se encontraba estacionado con impactos de arma de fuego en el medallón y parabrisas, mismo que resultó con reporte de robo; así como aproximadamente 850 cartuchos percutidos de diferentes calibres en los lugares desde donde estuvieron disparando los agresores.

 

Piden por cuarta ocasión en 4 años pavimento para un camino de terracería en Ahuacuotzingo

Integrantes del Comité Regional de Gestión de la zona indígena, del municipio de Ahuacuotzingo solicitaron, por cuarta ocasión desde 2015, la pavimentación y ampliación del tramo carretero de 4 kilómetros de Tlalacontitlán a Alpoyecancingo.
La mañana de ayer, un grupo encabezado por el regido de Comercio y Abasto Popular, Lino Vargas Cortés acudió al edificio Acapulco, de Palacio de Gobierno, a dejar por cuarta vez la petición de mejora del camino de terracería que conecta a ambas comunidades. En el lugar, Vargas Cortés recordó que en diciembre de 2015 solicitaron el pavimento por primera vez, pero les notificaron que no había dinero.
Después, en enero del 2016 la solicitaron por segunda vez, pero tampoco recibieron el apoyo; en 2017 presentaron un tercer escrito con la misma petición, y a mediados de julio de ese año la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), respondió que no tenía dinero para el proyecto.
Ayer presentaron el cuarto oficio al Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Rafael Navarrete Quezada para que atienda los 4 kilómetros de terracería que conectan a más de 15 anexos de ese municipio de la región Montaña.
Comentó que, para las comunidades indígenas de la zona es difícil mejorar su entorno con servicios porque los gobiernos no dan prioridad a la mejora en carreteras, salud o educación.
Dijo que es “increíble” que el gobierno del estado no tenga dinero para pavimentar y ampliar una carretera de 4 kilómetros.

No atienden la demanda de opositores al paro de Media Luna, se queja comisario de Nuevo Balsas

Después de dos días de bloqueo en la comunidad de Atzcala, Cocula, para exigir que se reanuden las operaciones de la mina Media Luna, el comisario de Nuevo Balsas, David, Díaz Sánchez, lamentó que no hubo respuesta de autoridades estatales o federales a su demanda.
“Deben querer que la gente se confronte, o no entiendo cuál es la situación”, dijo en consulta telefónica sobre los plantones de vecinos de Nuevo Balsas y colonia Valerio Trujano, opositores al paro de labores de Media Luna, que mantienen bloqueos desde el 3 de enero.
Aclaró que la población mantendrá los bloqueos en demanda de que se abra una de las puertas de la mina para los trabajadores de Nuevo Balsas que laboran en las tierras que la empresa Torex Gold Resources renta a los ejidatarios de esa comunidad.
Aseguró que pusieron al tanto de las acciones al subsecretario de Asuntos Agrarios del estado, Fernando Jaimes Ferrel, que debió poner al tanto a sus superiores, dijo. No obstante, destacó que haya enviado a efectivos de la Gendarmería, que han estado haciendo recorridos en la zona.
Antes, representantes de los dos movimientos, el de los trabajadores en plantón en la puerta 3 que exigen el cambio de sindicato en la mina, y el de los opositores al paro, han advertido de la posibilidad de una confrontación de las partes.
“Van dos días completos, ojalá mañana o el domingo se acerque alguien del gobierno, como platicábamos, nosotros aquí lo que queremos es trabajo, es una fuente de trabajo para nuestras familias, yo también tengo familia trabajando dentro de la mina”, dijo el comisario de Nuevo Balsas.
Consideró que las más afectadas por el conflicto de la mina son las familias más pobres, que brindan servicios a los empleados de las empresas que subcontrata la minera.
“Mucha gente se queja, las señoras que lavaban ropa o que planchaban, algunas no tienen conocimiento del hecho y tienen cinco o seis niños, y sus esposos no pueden trabajar en la mina porque no tienen papeles, y son peones o campesinos”.
Indicó que, para muchas familias, 500 pesos por un servicio a los trabajadores de la mina son de gran ayuda, y antes de la llegada de la mina a Cocula la esperanza de encontrar un empleo, era la migración a Estados Unidos.
Añadió que son pocos los vecinos en Nuevo Balsas los que apoyan el paro, y antes tuvieron problemas por no acatar las reglas de la empresa.
Lamentó que los paristas digan que quieren mejores salarios para la gente, “no le veo que sea una forma de buscar mejoras para la gente”.
El comisario reconoce que no sabe de asuntos sindicales, pero insiste en que las autoridades volteen a ver a la gente que quiere trabajar “que aceptan las reglas del juego”, en referencia a las normas de la empresa.

Reintentan designar al comisario de un pueblo de Olinalá violando usos y costumbres, denuncian

Por segunda ocasión, el Ayuntamiento de Olinalá intentó llevar a cabo la elección de comisario en la comunidad de Zontecomatlán, pese a que un grupo de vecinos ganó un juicio para anular las elecciones de junio, y pide que se reconozca al comisario que eligieron ese día en asamblea por usos y costumbres.
En esta ocasión no hubo confrontaciones físicas ni verbales, pero los vecinos supieron que intervendría el Ejército y llamaron a la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) a resguardar el lugar.
El 25 de junio pasado, un grupo de pobladores eligió a su comisario por usos y costumbres en la comisaría, como indica el proceso, pero hubo inconformidad del grupo del alcalde priista, Saul Apreza Patrón, porque no beneficiaba a su candidato, y llevó a cabo su propia elección en una casa particular, por lo que vecinos inconformes promovieron un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), que ordenó al Ayuntamiento cancelar los nombramientos y emitir una nueva fecha de elecciones.
Los pobladores que interpusieron el juicio rechazan nuevas elecciones, y piden que se reconozcan las elecciones que hicieron por usos y costumbres.
En consulta telefónica, el abogado de los vecinos que rechazan las nuevas elecciones, Pánfilo Sánchez Almazán denunció que el Ayuntamiento llamó a elecciones este viernes a las 10 de la mañana, y no en sábado o domingo, como es la costumbre; sin embargo, el grupo de vecinos opositores que representa acudió para fijar nuevamente su postura.
Al poblado acudieron, un representante del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) que no se identificó, comentó el abogado; el delegado regional de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce; el secretario general del Ayuntamiento, Primitivo Jiménez Rendón; la síndica, Rosa Guadalupe Patrón Escudero; y los regidores, Eulalio Menor Rodríguez y Santiago Rosales.
El abogado contó que sus representados “estaban al pendiente porque se decía que el Ayuntamiento iba a llevar a los militares, entonces ellos (los pobladores) se organizaron en coordinación con la Policía Ciudadana y Popular, que estuvo pendiente en la entrada del pueblo; por usos y costumbres, en la región, (para) cualquier cosa que pasa hay una coordinación con la zona, que es territorio indígena”.
Al lugar sólo acudieron policías estatales y no hubo necesidad de la intervención de la Policía Ciudadana.
Los pobladores recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) a interponer un recurso para exigir que se reconozca la elección de junio en asamblea, cuando eligieron a Fidencio Cruz como comisario mediante usos y costumbres.

Convoca el alcalde de Olinalá a elecciones en Zontecomatlán; viola usos y costumbres, señalan

En medio de un juicio ciudadano en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), para el reconocimiento de autoridades electas mediante los procesos normativos de los pueblos originarios, el alcalde priista de Olinalá, Saúl Apreza Patrón, convocó a elecciones de comisario en Zontecomatlán, para este viernes, denunció un vecino, Pánfilo Sánchez Almazán.
En una llamada telefónica, el vecino denunció que el alcalde actúa de manera irresponsable y en contradicción con los usos y costumbres de la comunidad nahua, con el respaldo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que está acompañando el proceso. Advirtió que esto podría provocar un conflicto mayor entre la población.
Recordó que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) revocó el nombramiento del comisario que el Ayuntamiento de Olinalá apoyó, y ordenó nuevas elecciones de comisario con el acompañamiento del IEPC, y en apego a los procesos normativos de la comunidad indígena.
Aclaró que cuando el Ayuntamiento convocó a elecciones, el pasado 6 de noviembre, éstas se cancelaron por una confrontación entre los grupos enfrentados, reconoció que algunos llegaron a los golpes, y al final las partes acordaron acatar el resultado del recurso que determine el Trife.
Sánchez Almazán aclaró que la comunidad se inconformó con la sentencia del TEE, porque los magistrados también debieron validar el acta de asamblea de la comunidad, del 25 de junio, donde se eligió al comisario que desconoció el alcalde.
En esa asamblea, funcionarios del Ayuntamiento salieron de la sesión con parte de la población cuando no lograron mayoría para imponer a un candidato afín al PRI. En una casa particular, nombraron un comisario a modo, mientras la asamblea, en el lugar habitual de sesiones, concluyó el nombramiento de otro comisario.
El TEE desechó también el acta de la comunidad porque no contaba con los sellos del Ayuntamiento. Sánchez Almazán aclaró que ninguna ley establece ese requisito, y en todo caso, fue una omisión de los funcionarios no haberse quedado a la conclusión de la asamblea.
Sin embargo, denunció que el alcalde, quien es hermano del secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Héctor Apreza, no respetó el acuerdo del 6 de noviembre, y emitió una convocatoria el lunes para una elección de comisarios el viernes.
Urgió a que el Trife resuelva de inmediato la controversia de Zontecomatlán, que se respeten los derechos ciudadanos de los pueblos indígenas y se reconozcan las autoridades que ya fueron electas, porque el gobierno de Olinalá no tuvo capacidad ni oficio político para sentar a dialogar a las partes de este problema.

La inseguridad propició el movimiento de autodefensa de Mezcala, justifica el vocero

Comisarios de las nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y una de Tepecoacuilco que el domingo constituyeron su policía comunitaria, y que después marcharon en Mezcala y bloquearon una hora la carretera federal en el entronque a ese pueblo, se reunirán este martes con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
El domingo en la tarde se reunieron en privado con el delegado regional de gobierno en la zona Norte, Ignacio Ocampo Zavaleta y con el delegado de Gobernación estatal en la misma zona, Felipe Adame, a quienes expusieron los motivos para conformar su policía comunitaria en esos 10 pueblos.
Mientras tanto el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia consultado vía telefónica reconoció que la conformación de la policía comunitaria en esas 10 comunidades obedece a que, según los pobladores, es una zona donde se han cometido diversos delitos y que allí se disputan el territorio los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos.
Álvarez Heredia reconoció que en el encuentro de Ignacio Ocampo y Felipe Adame con los comisarios “recibieron de éstos la demanda de mayor seguridad por los homicidios, secuestros y extorsiones que ellos han vivido en los últimos años, hay que recordar que esta zona está localizada en donde se encuentra la veta de oro más importante del país (dijo en referencia a la mina de Carrizalillo), y esto ha generado un interés de los grupos delictivos por esa zona”.
Para el vocero esta es la causa de la confrontación de los grupos criminales Guerreros Unidos y Rojos.
Sin embargo el funcionario aseguró que la seguridad en la zona está a cargo de la Policía del Estado y del Ejército mediante recorridos de vigilancia y puestos de revisión de personas y vehículos en los pueblos.
Álvarez Heredia adelantó que la seguridad en esa zona seguramente será un tema de reflexión al seno del Grupo de Coordinación Guerrero en su próxima sesión.
En la tarde en un boletín de prensa, en declaraciones que se atribuyeron al mismo vocero se informó que “la inseguridad propicia que las comunidades se organicen para formar grupos de autodefensa”, aunque aclaró que “no existe una figura legal que justifique la presencia de los grupos de autodefensa”.
Aclaró que no existe un ánimo de oposición de las autoridades a las autodefensas, “y sí una amplia disposición al diálogo con las comunidades para atender la legítima demanda de los pueblos por mayor seguridad”.
Antes, en declaraciones a distintos medios de comunicación en Casa Guerrero después del mediodía el domingo pasado, declaró que el surgimiento de autodefensas “no va a despertar oposición entre las instituciones de seguridad ni a la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, al contrario, tenemos que verlos con empatía por el hecho de brindar seguridad en sus propias localidades, y con disposición al diálogo para conocer las causas que motivaron el surgimiento de estos grupos”, expuso.
“Debemos reconocer que existe un problema de inseguridad en la zona que hace que los pobladores de las localidades en mención se organicen para formar sus propios grupos de autodefensa, y por esa razón se entabló la comunicación que ya se tiene con ellos”, declaró.
Explicó que por eso funcionarios de la Secretaría de Gobierno se presentaron en Mezcala después de la marcha el domingo, para tener un acercamiento con los comisarios de los pueblos, y adelantó que las pláticas continuarán este martes.
Para el vocero es importante que se agilicen en el Congreso local los trabajos de la iniciativa de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero a fin de regular estos grupos de autodefensa.

 

Mandó a reeducación a tres jóvenes por acuerdo, dice el comisario de Coyahualco, Huamuxtitlán

 
El comisario municipal de Coyahualco del municipio de Huamuxtitlán, René Fuentes Acevedo reiteró que se envió a “reeducación” con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) a tres jóvenes vecinos, por un acuerdo del pueblo “porque ya no los aguantaban”.
Por teléfono mencionó que la Policía Comunitaria del poblado los envió a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, luego de retenerlos por los señalamientos de los pobladores de que eran los responsables de varios robos.
Dijo que como parte del sistema de justicia comunitario, luego de que fueron retenidos por los auxiliares de la comisaría y se determinó en asamblea su responsabilidad, fueron trasladados el 15 de febrero y desde ese momento se están entregando las pruebas y los testimonios.
Mencionó que en la Casa de Justicia de San Luis no le dieron un plazo para la entrega de la pruebas, sino que sigue el procedimiento de investigación y que quienes acusan a las personas son los pobladores.
Agregó que una víctima dice que le robaron y que mostró pruebas ante las autoridades comunitarias, “pero parece que ahora no quiere decir nada porque es el padrastro de uno, por lo que se van a tomar otros acuerdos con la comunidad”.
Dijo que invitó a los afectados a que denunciaran y entregaran la información que tienen para el proceso de los señalados, “creo que no se ha hecho, pero siguen en la postura de que los reeduquen”.
Mencionó que los invitó a que lo hicieran por el sistema de justicia comunitario o en el Ministerio Público para que se aclararan las cosas, o se les castigara por las faltas.
De las acusaciones de familiares de que los detuvieron de manera arbitraria y sin sustento, mencionó que están en su derecho de defenderlos, pero hay señalamientos y que él no acudirá a ningún requerimiento de la agencia del Ministerio Público en Tlapa porque el distrito judicial al que corresponde Coyahualco está en Huamuxtitlán, “allá fueron a contar otras cosas y nos están citando, pero no iremos porque es un acuerdo de asamblea”.
Agregó que este jueves tendrán una asamblea en el pueblo para atender estos puntos ante la judicialización, a la que los familiares los quieren someter cuando los tres jóvenes están siendo “reeducados”.
La señora  Bertha Apreza Acevedo, abuela de José Manuel Romano Gonzaga de 17 años, denunció que su nieto fue detenido de manera arbitraria y sin pruebas por robo el 15 de febrero, y por eso presentó una denuncia en Tlapa.
Los otros detenidos son Alberto Morales Peral y José Luis Acevedo Orea de quienes su mamás han pedido su libertad porque aseguran que no son culpables, han denunciado que nadie les ha hecho caso y pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, y en los primeros días de marzo visitaron a sus hijos en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

No sabe de Los Ardillos en Petaquillas, dice el alcalde de Chilpancingo y justifica la salida de los militares

 

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena declaró que no tiene información de la presencia del grupo delictivo Los Ardillos en la entrada a la ciudad, y justificó el alejamiento de los militares en Petaquillas en que un grupo organizado presionó para que el campamento militar se retirara.
A la 1 de la tarde asistió a la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el edificio Centro en el Palacio de Gobierno, manifestó que el Ejército tiene toda la libertad para moverse por el territorio nacional pero justificó que la salida de los militares de la comunidad de Petaquillas se hizo para evitar un enfrentamiento y pérdidas humanas.
Al alcalde priista se le preguntó de la presencia del grupo criminal Los Ardillos, que según el líder comunitario Salvador Alanís, es el que tiene el control de la entrada a la capital bajo las siglas de la Policía Rural, y respondió, “nosotros lo que tenemos y lo he platicado con el comisario (de Petaquillas, Mario Flores Castrejón) de manera reiterada, hace cuatro días, son las obras de desarrollo comunitario que necesitan”.
Luego de una explicación de los proyectos para la localidad de Petaquillas se le volvió a cuestionar qué información tenía de la presencia del grupo delincuencial, y contestó que “de manera concreta y con documentos que den certeza a ese tipo de información no (tiene)”.
Dijo el crimen organizado es un asunto que “seguramente” ya lo abordaron en el Grupo de Coordinación Guerrero, que él como autoridad carece de información documentada de la presencia de Los Ardillos en el municipio.

Vecinos de Atliaca vuelven a bloquear la entrada al enterarse de que iría el alcalde de Tixtla

Pobladores de Atliaca, municipio de Tixtla, volvieron a bloquear este domingo con el apoyo de civiles armados la carretera Tixtla-Apango, en la entrada a la comunidad, para impedir que llegara el alcalde perredista, Hossein Nabor Guillén.
El domingo 5 de febrero, cerraron el paso e impidieron la entrada al pueblo al secretario general del Ayuntamiento Víctor Hugo Valencia y a la síndica Gloria Martínez, que pretendían instalar urnas para la elección del comisario.
Ayer, los habitantes apoyados por policías de la comunidad, que portaban armas de bajo calibre, volvieron a cerrar la entrada a Atliaca luego de que se enteraron que iría el alcalde, pero finalmente no llegó.
El conflicto en esta comunidad nahua, que se ubica a unos 15 minutos al norte de la cabecera municipal, en la carretera Tixtla-Apango, es por el comisario municipal. Los habitantes ratificaron a Samuel Molina Flores quien fue electo el año pasado, y el alcalde Nabor Guillén pretende imponer, según los habitantes, a Ezequiel Flores Suárez.
Este domingo, uno de los líderes de la comunidad, Pascual González dijo vía telefónica, que ellos no quieren problemas con la autoridad municipal, y que sólo piden que se respeten los acuerdos que tuvieron, firmados en actas que ya se elaboraron.
“Allí se da fe de que el señor Samuel Molina Flores, fue ratificado como comisario, pues ha sabido ganarse a la gente y ha sabido trabajar, algo que no se había visto en muchos años en este pueblo (Atliaca) por parte de los comisarios, por eso las personas, pidieron que siguiera al frente de la comisaría”, declaró.
Informó que el acuerdo de los habitantes es que dejarán entrar a la comunidad, al presidente municipal y a sus funcionarios, cuando acepte los acuerdos tomados por los habitantes, “de lo contrario no va a entrar nadie”, advirtió.
Ayer, como hace 8 días, más de 100 personas entre las que había civiles con armas de bajo calibre, que fueron electos como policías, cerraron la entrada al pueblo de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, y durante el bloqueo solamente permitieron el paso a los automovilistas que salían o entraban al pueblo o los que se dirigían a Apango.
Otro de los dirigentes informó que ayer por la noche se reunirían para fijar la fecha en que se trasladarán a la cabecera municipal con el comisario Molina Flores para que le tome protesta el alcalde Nabor Guillen y se termine la incertidumbre.
Otro de los vecinos, Lorenzo Huaxco demandó al alcalde perredista que deje de intervenir y querer imponer “a alguien que no queremos”. Admitió que Ezequiel Flores Suárez sólo es respaldado por un grupito de 20 vecinos, a quienes responsabilizó de que por ellos “hoy la comunidad de Atliaca está teniendo un problema que está a punto de desbordarse, pues la mayoría de la población quiere que se quede (en el cargo de comisario) el señor Samuel Molina (Flores), que ha cumplido a cabalidad con su trabajo”, dijo.
Advirtió que la gente está dispuesta a manifestarse, “y tan es así, que hoy es la segunda ocasión que bloqueamos la carretera federal Tixtla-Apango”. Agregó que la intención es impedir la entrada al pueblo de ningún funcionario hasta que les reconozcan a su comisario.
Explicó que ayer los ánimos de los pobladores se calentaron, luego de que aproximadamente a las 10 de la mañana llegó una patrulla de la Policía Estatal a la comunidad, y la gente empezó a llamar para concentrarse a sus vecinos, los policías ciudadanos que hasta esa hora estaban desarmados se fueron a sus casas a traer sus armas “para estar listos en caso de que llegaran más elementos de la policía, y más, porque se anunciaba la llegada del presidente municipal”.
Sin embargo los policías estatales se retiraron y el alcalde de Tixtla, no llegó.