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Convoca el alcalde de Olinalá a elecciones en Zontecomatlán; viola usos y costumbres, señalan

En medio de un juicio ciudadano en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), para el reconocimiento de autoridades electas mediante los procesos normativos de los pueblos originarios, el alcalde priista de Olinalá, Saúl Apreza Patrón, convocó a elecciones de comisario en Zontecomatlán, para este viernes, denunció un vecino, Pánfilo Sánchez Almazán.
En una llamada telefónica, el vecino denunció que el alcalde actúa de manera irresponsable y en contradicción con los usos y costumbres de la comunidad nahua, con el respaldo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que está acompañando el proceso. Advirtió que esto podría provocar un conflicto mayor entre la población.
Recordó que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) revocó el nombramiento del comisario que el Ayuntamiento de Olinalá apoyó, y ordenó nuevas elecciones de comisario con el acompañamiento del IEPC, y en apego a los procesos normativos de la comunidad indígena.
Aclaró que cuando el Ayuntamiento convocó a elecciones, el pasado 6 de noviembre, éstas se cancelaron por una confrontación entre los grupos enfrentados, reconoció que algunos llegaron a los golpes, y al final las partes acordaron acatar el resultado del recurso que determine el Trife.
Sánchez Almazán aclaró que la comunidad se inconformó con la sentencia del TEE, porque los magistrados también debieron validar el acta de asamblea de la comunidad, del 25 de junio, donde se eligió al comisario que desconoció el alcalde.
En esa asamblea, funcionarios del Ayuntamiento salieron de la sesión con parte de la población cuando no lograron mayoría para imponer a un candidato afín al PRI. En una casa particular, nombraron un comisario a modo, mientras la asamblea, en el lugar habitual de sesiones, concluyó el nombramiento de otro comisario.
El TEE desechó también el acta de la comunidad porque no contaba con los sellos del Ayuntamiento. Sánchez Almazán aclaró que ninguna ley establece ese requisito, y en todo caso, fue una omisión de los funcionarios no haberse quedado a la conclusión de la asamblea.
Sin embargo, denunció que el alcalde, quien es hermano del secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Héctor Apreza, no respetó el acuerdo del 6 de noviembre, y emitió una convocatoria el lunes para una elección de comisarios el viernes.
Urgió a que el Trife resuelva de inmediato la controversia de Zontecomatlán, que se respeten los derechos ciudadanos de los pueblos indígenas y se reconozcan las autoridades que ya fueron electas, porque el gobierno de Olinalá no tuvo capacidad ni oficio político para sentar a dialogar a las partes de este problema.

La inseguridad propició el movimiento de autodefensa de Mezcala, justifica el vocero

Comisarios de las nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y una de Tepecoacuilco que el domingo constituyeron su policía comunitaria, y que después marcharon en Mezcala y bloquearon una hora la carretera federal en el entronque a ese pueblo, se reunirán este martes con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
El domingo en la tarde se reunieron en privado con el delegado regional de gobierno en la zona Norte, Ignacio Ocampo Zavaleta y con el delegado de Gobernación estatal en la misma zona, Felipe Adame, a quienes expusieron los motivos para conformar su policía comunitaria en esos 10 pueblos.
Mientras tanto el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia consultado vía telefónica reconoció que la conformación de la policía comunitaria en esas 10 comunidades obedece a que, según los pobladores, es una zona donde se han cometido diversos delitos y que allí se disputan el territorio los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos.
Álvarez Heredia reconoció que en el encuentro de Ignacio Ocampo y Felipe Adame con los comisarios “recibieron de éstos la demanda de mayor seguridad por los homicidios, secuestros y extorsiones que ellos han vivido en los últimos años, hay que recordar que esta zona está localizada en donde se encuentra la veta de oro más importante del país (dijo en referencia a la mina de Carrizalillo), y esto ha generado un interés de los grupos delictivos por esa zona”.
Para el vocero esta es la causa de la confrontación de los grupos criminales Guerreros Unidos y Rojos.
Sin embargo el funcionario aseguró que la seguridad en la zona está a cargo de la Policía del Estado y del Ejército mediante recorridos de vigilancia y puestos de revisión de personas y vehículos en los pueblos.
Álvarez Heredia adelantó que la seguridad en esa zona seguramente será un tema de reflexión al seno del Grupo de Coordinación Guerrero en su próxima sesión.
En la tarde en un boletín de prensa, en declaraciones que se atribuyeron al mismo vocero se informó que “la inseguridad propicia que las comunidades se organicen para formar grupos de autodefensa”, aunque aclaró que “no existe una figura legal que justifique la presencia de los grupos de autodefensa”.
Aclaró que no existe un ánimo de oposición de las autoridades a las autodefensas, “y sí una amplia disposición al diálogo con las comunidades para atender la legítima demanda de los pueblos por mayor seguridad”.
Antes, en declaraciones a distintos medios de comunicación en Casa Guerrero después del mediodía el domingo pasado, declaró que el surgimiento de autodefensas “no va a despertar oposición entre las instituciones de seguridad ni a la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, al contrario, tenemos que verlos con empatía por el hecho de brindar seguridad en sus propias localidades, y con disposición al diálogo para conocer las causas que motivaron el surgimiento de estos grupos”, expuso.
“Debemos reconocer que existe un problema de inseguridad en la zona que hace que los pobladores de las localidades en mención se organicen para formar sus propios grupos de autodefensa, y por esa razón se entabló la comunicación que ya se tiene con ellos”, declaró.
Explicó que por eso funcionarios de la Secretaría de Gobierno se presentaron en Mezcala después de la marcha el domingo, para tener un acercamiento con los comisarios de los pueblos, y adelantó que las pláticas continuarán este martes.
Para el vocero es importante que se agilicen en el Congreso local los trabajos de la iniciativa de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero a fin de regular estos grupos de autodefensa.

 

Mandó a reeducación a tres jóvenes por acuerdo, dice el comisario de Coyahualco, Huamuxtitlán

 
El comisario municipal de Coyahualco del municipio de Huamuxtitlán, René Fuentes Acevedo reiteró que se envió a “reeducación” con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) a tres jóvenes vecinos, por un acuerdo del pueblo “porque ya no los aguantaban”.
Por teléfono mencionó que la Policía Comunitaria del poblado los envió a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, luego de retenerlos por los señalamientos de los pobladores de que eran los responsables de varios robos.
Dijo que como parte del sistema de justicia comunitario, luego de que fueron retenidos por los auxiliares de la comisaría y se determinó en asamblea su responsabilidad, fueron trasladados el 15 de febrero y desde ese momento se están entregando las pruebas y los testimonios.
Mencionó que en la Casa de Justicia de San Luis no le dieron un plazo para la entrega de la pruebas, sino que sigue el procedimiento de investigación y que quienes acusan a las personas son los pobladores.
Agregó que una víctima dice que le robaron y que mostró pruebas ante las autoridades comunitarias, “pero parece que ahora no quiere decir nada porque es el padrastro de uno, por lo que se van a tomar otros acuerdos con la comunidad”.
Dijo que invitó a los afectados a que denunciaran y entregaran la información que tienen para el proceso de los señalados, “creo que no se ha hecho, pero siguen en la postura de que los reeduquen”.
Mencionó que los invitó a que lo hicieran por el sistema de justicia comunitario o en el Ministerio Público para que se aclararan las cosas, o se les castigara por las faltas.
De las acusaciones de familiares de que los detuvieron de manera arbitraria y sin sustento, mencionó que están en su derecho de defenderlos, pero hay señalamientos y que él no acudirá a ningún requerimiento de la agencia del Ministerio Público en Tlapa porque el distrito judicial al que corresponde Coyahualco está en Huamuxtitlán, “allá fueron a contar otras cosas y nos están citando, pero no iremos porque es un acuerdo de asamblea”.
Agregó que este jueves tendrán una asamblea en el pueblo para atender estos puntos ante la judicialización, a la que los familiares los quieren someter cuando los tres jóvenes están siendo “reeducados”.
La señora  Bertha Apreza Acevedo, abuela de José Manuel Romano Gonzaga de 17 años, denunció que su nieto fue detenido de manera arbitraria y sin pruebas por robo el 15 de febrero, y por eso presentó una denuncia en Tlapa.
Los otros detenidos son Alberto Morales Peral y José Luis Acevedo Orea de quienes su mamás han pedido su libertad porque aseguran que no son culpables, han denunciado que nadie les ha hecho caso y pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, y en los primeros días de marzo visitaron a sus hijos en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

No sabe de Los Ardillos en Petaquillas, dice el alcalde de Chilpancingo y justifica la salida de los militares

 

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena declaró que no tiene información de la presencia del grupo delictivo Los Ardillos en la entrada a la ciudad, y justificó el alejamiento de los militares en Petaquillas en que un grupo organizado presionó para que el campamento militar se retirara.
A la 1 de la tarde asistió a la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el edificio Centro en el Palacio de Gobierno, manifestó que el Ejército tiene toda la libertad para moverse por el territorio nacional pero justificó que la salida de los militares de la comunidad de Petaquillas se hizo para evitar un enfrentamiento y pérdidas humanas.
Al alcalde priista se le preguntó de la presencia del grupo criminal Los Ardillos, que según el líder comunitario Salvador Alanís, es el que tiene el control de la entrada a la capital bajo las siglas de la Policía Rural, y respondió, “nosotros lo que tenemos y lo he platicado con el comisario (de Petaquillas, Mario Flores Castrejón) de manera reiterada, hace cuatro días, son las obras de desarrollo comunitario que necesitan”.
Luego de una explicación de los proyectos para la localidad de Petaquillas se le volvió a cuestionar qué información tenía de la presencia del grupo delincuencial, y contestó que “de manera concreta y con documentos que den certeza a ese tipo de información no (tiene)”.
Dijo el crimen organizado es un asunto que “seguramente” ya lo abordaron en el Grupo de Coordinación Guerrero, que él como autoridad carece de información documentada de la presencia de Los Ardillos en el municipio.

Vecinos de Atliaca vuelven a bloquear la entrada al enterarse de que iría el alcalde de Tixtla

Pobladores de Atliaca, municipio de Tixtla, volvieron a bloquear este domingo con el apoyo de civiles armados la carretera Tixtla-Apango, en la entrada a la comunidad, para impedir que llegara el alcalde perredista, Hossein Nabor Guillén.
El domingo 5 de febrero, cerraron el paso e impidieron la entrada al pueblo al secretario general del Ayuntamiento Víctor Hugo Valencia y a la síndica Gloria Martínez, que pretendían instalar urnas para la elección del comisario.
Ayer, los habitantes apoyados por policías de la comunidad, que portaban armas de bajo calibre, volvieron a cerrar la entrada a Atliaca luego de que se enteraron que iría el alcalde, pero finalmente no llegó.
El conflicto en esta comunidad nahua, que se ubica a unos 15 minutos al norte de la cabecera municipal, en la carretera Tixtla-Apango, es por el comisario municipal. Los habitantes ratificaron a Samuel Molina Flores quien fue electo el año pasado, y el alcalde Nabor Guillén pretende imponer, según los habitantes, a Ezequiel Flores Suárez.
Este domingo, uno de los líderes de la comunidad, Pascual González dijo vía telefónica, que ellos no quieren problemas con la autoridad municipal, y que sólo piden que se respeten los acuerdos que tuvieron, firmados en actas que ya se elaboraron.
“Allí se da fe de que el señor Samuel Molina Flores, fue ratificado como comisario, pues ha sabido ganarse a la gente y ha sabido trabajar, algo que no se había visto en muchos años en este pueblo (Atliaca) por parte de los comisarios, por eso las personas, pidieron que siguiera al frente de la comisaría”, declaró.
Informó que el acuerdo de los habitantes es que dejarán entrar a la comunidad, al presidente municipal y a sus funcionarios, cuando acepte los acuerdos tomados por los habitantes, “de lo contrario no va a entrar nadie”, advirtió.
Ayer, como hace 8 días, más de 100 personas entre las que había civiles con armas de bajo calibre, que fueron electos como policías, cerraron la entrada al pueblo de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, y durante el bloqueo solamente permitieron el paso a los automovilistas que salían o entraban al pueblo o los que se dirigían a Apango.
Otro de los dirigentes informó que ayer por la noche se reunirían para fijar la fecha en que se trasladarán a la cabecera municipal con el comisario Molina Flores para que le tome protesta el alcalde Nabor Guillen y se termine la incertidumbre.
Otro de los vecinos, Lorenzo Huaxco demandó al alcalde perredista que deje de intervenir y querer imponer “a alguien que no queremos”. Admitió que Ezequiel Flores Suárez sólo es respaldado por un grupito de 20 vecinos, a quienes responsabilizó de que por ellos “hoy la comunidad de Atliaca está teniendo un problema que está a punto de desbordarse, pues la mayoría de la población quiere que se quede (en el cargo de comisario) el señor Samuel Molina (Flores), que ha cumplido a cabalidad con su trabajo”, dijo.
Advirtió que la gente está dispuesta a manifestarse, “y tan es así, que hoy es la segunda ocasión que bloqueamos la carretera federal Tixtla-Apango”. Agregó que la intención es impedir la entrada al pueblo de ningún funcionario hasta que les reconozcan a su comisario.
Explicó que ayer los ánimos de los pobladores se calentaron, luego de que aproximadamente a las 10 de la mañana llegó una patrulla de la Policía Estatal a la comunidad, y la gente empezó a llamar para concentrarse a sus vecinos, los policías ciudadanos que hasta esa hora estaban desarmados se fueron a sus casas a traer sus armas “para estar listos en caso de que llegaran más elementos de la policía, y más, porque se anunciaba la llegada del presidente municipal”.
Sin embargo los policías estatales se retiraron y el alcalde de Tixtla, no llegó.

Cumple la ciudad de Ometepec 15 días sin agua potable; un pueblo cerró las válvulas de captación

 
El alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos, informó que ayer la cabecera municipal cumplió 15 días sin el servicio de agua potable, luego de que vecinos de las comunidad de San Pedro Cuitlapan, municipio de Tlacoachistlahuaca, cerraran las válvulas de captación del sistema del río San Pedro como protesta ante el incumplimiento de obras y proyectos del gobierno estatal.
Comunidades amuzgas del municipio de Xochistlahuaca también se han manifestado por la defensa del río San Pedro, y han reclamado que la falta de agua está afectando la flora y la fauna de la región.
Consultado vía telefónica, el alcalde perredista dijo que desde el nombramiento del nuevo comisario de la comunidad de San Pedro Cuitlapan, Francisco de Jesús, las válvulas de agua fueron cerradas lo que dejó sin agua a la ciudad de Ometepec.
Detalló que gastó 300 mil pesos en la reparación del sistema anterior de bombeo Mazapa-El Conejo, el cual tenía fallas de sistema eléctrico.
Estrada Bustos afirmó que los vecinos de la comunidad de San Pedro Cuitlapan exigen que el gobierno estatal cumpla con obras como la pavimentación de sus carreteras, el envío de médicos especialistas como odontólogos y cirujanos, proyectos productivos, y la creación de un nuevo municipio para dejar de pertenecer a Tlacoachistlahuaca.
“Es un tema difícil, las necesidades que tiene el pueblo y sus habitantes son legítimos, pero nos están afectando, pero vamos a buscar alternativas para abastecer el vital líquido a Ometepec”, sostuvo el alcalde.
Agregó que durante seis días consecutivos se ha trasladado a dicha comunidad para dialogar con las nuevas autoridades, pues manifestó que el problema afecta el proyecto de ampliación de la red de abastecimiento a las comunidades de Cochoapa y Acatepec, que pertenecen al municipio de Ometepec.
Por medio de un boletín el alcalde dijo: “Siempre he reiterado mi disposición al diálogo, al entendimiento, a la solidaridad y a los acuerdos. Desde que se logró la liberación del agua en octubre de 2015 no he dejado de estar atento a lo que sucede en San Pedro y hasta el límite de mis posibilidades hemos apoyado sus planteamientos y gestiones, incluso aquellos que salen de nuestra competencia”.
En el documento se informa que Estrada Bustos solicitó la intervención de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) para resolver el problema.
Además dice que el alcalde indicó a la Coordinación General del Agua Potable para habilitar y rehabilitar urgentemente el Sistema Mazapa-El Conejo que permita que el próximo lunes se pueda abastecer de agua a la cabecera municipal de Ometepec.

Plantea Bruno Plácido un nuevo modelo de gobierno en el cuarto aniversario de la Policía Ciudadana

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio afirmó que los ciudadanos se movilizan hasta que el golpe les llega, en referencia a las protestas contra el aumento al precio de las gasolinas y la energía eléctrica, tema que desde la fundación de esa organización se puso en debate pero que sólo tuvo resonancia en las comunidades que siguen pagando recibos muy caros.
También dijo que la gente debe de proponer un nuevo modelo de gobierno donde el pueblo sea el que decida, y no quien esté en el poder, “donde ganemos todos”.
Ayer la organización celebró su cuarto congreso. El 4 y 5 de enero de 2013 la UPOEG creó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) del que depende la Policía Ciudadana.
Unos 400 integrantes entre comisarios municipales, presidentes de comisariados, delegados, comandantes regionales, promotores y policías ciudadanos armados con sus escopetas participaron en la actividad en la cancha de la unidad deportiva de Cruz Grande, la cabecera del municipio de Florencio Villareal.
En su participación el dirigente recordó que la UPOEG nació hace cinco años, cuando comenzaron a exigir la construcción de carreteras ante las muertes de mujeres embarazadas que no alcanzaban a llegar a hospitales, después se sumó la exigencia para bajar los altos precios que los campesinos indígenas tenían que pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Plácido Valerio expresó “los ciudadanos se organizan hasta que el golpe les da”, en referencia a las protesta que se han extendido en todo el país en rechazo al aumento de los precios de las gasolinas y de la energía eléctrica, tema que la UPOEG trae desde sus inicios.
Dijo que las comunidades no se oponen a pagar la electricidad pero como “resistencia” buscan pagar lo justo y no más. Pese a ello hay quienes piensan que lo correcto es levantar las armas contra el gobierno “nosotros decimos que no, porque la historia nos ha hecho saber que la guerra y la revolución siempre la ganan los ricos, porque venden armas y el pobre es el que paga con sangre para ser historia”.
Agregó  “y seguramente hoy se va a repetir la historia, porque sólo vamos a protestar los pobres por el  alza a las gasolinas, porque como quiera los ricos le suben y le suben y nosotros qué vamos a subir”.
Plácido Valerio llamó a un cambio de actitud entre la población y a la reflexión del porqué la gasolina y la luz es más cara y cada vez hay más impuestos, “porque en campaña nos compran los votos y después nos cobran caro, nos dividen y nos meten miedo para que no pensemos en lo que están haciendo, por eso debemos de cambiar un modelo de gobierno donde los pueblos y los ciudadanos decidan, eso es usos y costumbres”.
Recordó que en 2015 en la consulta en el municipio de Ayutla “a muchos nos satanizaron en regresar a los tiempos de atrás. Por eso queremos cambiar este sistema, hoy a cuatro años en el 2017 muchos se espantan y dicen nada con el gobierno, creo que sí, sí con el gobierno”.
Explicó a los presentes que “la asamblea es un gobierno, ¿quien va a llevar la voz de la asamblea?, el comisario o el comisariado municipal”.
Dijo que no se puede seguir caminando con armas “cuando no revisamos el origen del problema que tiene que ver con el gobierno. Muchos critican que nada con el gobierno, pero todas las manifestaciones que hemos visto a lo último concluyen dialogando con el gobierno, de la expresión que sea”.
Afirmó que no es lo mismo que subordinarse, “no confundamos el diálogo con agachados, porque hay gente que confunde, que cree que gritar más es que tiene la razón”.
“Nosotros queremos construir un gobierno diferente, donde no haya corrupción, compra de votos, no haya división, manipulación, donde ganemos todos, otros le llaman democracia participativa”, agregó.
En su discurso Plácido Valerio hizo también referencia que la creación del SSJC en comunidades de Ayutla y Tecoanapa, fue por la inseguridad que había pero que “en ningún momento quiso suplantar” a ninguna autoridad, sino que cada quien haga lo que le corresponda.
“Reconocemos que no hemos sido capaces de cumplir los objetivos de gestión y desarrollo, y se le ha dado prioridad a la seguridad para levantar la dignidad de cada uno de ustedes”, mencionó.
“A cuatro años no es fácil decirlo, porque hemos tenido enemigos internos y externos. Hemos tenido bajas porque es una organización de carácter fuerte”, expuso.
Dijo que la UPOEG también ha educado a los pueblos, donde ahora muy difícilmente los campesinos son humillados.
“Muchos de los que nos han querido imitar no han podido, a cuatro años hemos avanzado sí, tenemos errores sí, pero no es culpa de los promotores sino del actuar de cada uno de nosotros”, advirtió.
Cerró su discurso afirmando que a pesar de las órdenes de aprehensión vale la pena “seguir sacrificando cada uno de nosotros nuestros tiempo y nuestro esfuerzo, para dejarle un buen ejemplo a nuestros hijos”.

Presenta a los policías ciudadanos de los pueblos turísticos

En su participación Plácido Valerio presentó a 28 policías ciudadanos de los poblados turísticos de Barra Vieja con seis integrantes, de Lomas de Chapultepec con 10, y de San José Guatemala municipio de San Marcos con 12, quienes asistieron ayer al cuarto congreso.
En breves declaraciones dijo que las poblaciones tenían un año pidiendo el respaldo de la organización para formar sus guardias comunitarias, y que a partir del 15 de diciembre comenzaron las reuniones en las comunidades, donde la gente los apoyó con sus firmas.
Precisó que desde el 24 de diciembre los policías ciudadanos tienen actividades de vigilancia en las comunidades, y luego de una reunión con los restauranteros de Barra Vieja el 31 de diciembre comenzaron los recorridos en la zona de restaurantes.
Ayer en estas páginas se informó que desde el 31 de diciembre 19 policías ciudadanos comenzaron recorridos en la zona de restaurantes en la mañana, tarde y noche para la seguridad de turistas y pobladores. Los comandantes de la Policía Ciudadana indicaron que se conformaron luego del hartazgo de la población a las extorsiones, cobro de cuota, robos, asaltos, secuestros y asesinatos.
Antes de que terminara la actividad, el director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) José Manuel del Val y la historiadora Margarita Warnholtz, presentaron un libro donde se explica desde una visión de los pueblos la creación de la UPOEG y su sistema de seguridad.
Después de las 2 de la tarde fueron instaladas las mesas de discusión: Cuarto orden de gobierno comunitario, Derecho a la consulta y la representación popular, Elección por sistema normativo y Candidaturas independientes, además de la mesa de defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Al cuarto congreso asistió el hermano de Bruno, Cirino Plácido Valerio quien es asesor de los Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Originarios. También estuvieron el comandante regional Ernesto Gallardo, los promotores Manuel Vázquez, Eneida Lozano, Crisóforo García y Esteban Ramos Gallardo.

Detuvo la UPOEG al comisario de El Ocotito arbitrariamente y se lo llevó a Buenavista, denuncian

 

Vecinos de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, denunciaron que la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) detuvo arbitrariamente la noche del lunes al comisario Ramón Badillo Abarca.
Consultado por teléfono un vecino de la localidad quien pidió no publicar su nombre pidió al alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, al gobierno estatal y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) que intervengan para la liberación de Badillo Abarca, quien es el comisario reconocido por el Cabildo.
Relató que la noche del lunes los promotores de la UPOEG que apoyan a quien funge como comisario, Gil Ramírez Cortés, citaron a Badillo Abarca a la Comisaría para negociar su renuncia, cuando llegó lo acusaron de delitos que no cometió y no presentaron pruebas, “según ellos dicen que él secuestró al anterior comisario Audifred Benítez Visoso, que amenazó de muerte a una señora por portar arma de fuego y apoyar la marcha de la paz a favor del FUSDEG (Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero)”.
Agregó que después fue detenido por el grupo de policías ciudadanos de José Deivid Barrientos y fue trasladado a la vieja Comisaría de Buenavista de la Salud.
Comentó que estas irregularidades de la UPOEG en El Ocotito son para perseguir a los pobladores que apoyan al FUSDEG en la disputa del territorio, y que han huido 100 familias de esta comunidad por temor a la organización que encabeza Bruno Plácido Valerio.
Dijo que Badillo Abarca quien apoya al FUSDEG está detenido en la Comisaría vieja de Buenavista de la Salud, no tiene huellas de tortura, y exigió al gobierno del estado, al municipio y a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) que intervengan para su liberación.
La disputa ha provocado enfrentamientos armados por la pelea de territorio, como el del 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero que dejó siete hombres muertos. (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

Renunció el comisario de Mohoneras identificado con el FUSDEG; eligen un interino con respaldo de la UPOEG

A raíz de la disputa por el control del territorio en el valle del Ocotito, entre la Policía Comunitaria del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el comisario de Mohoneras, Mario Castillo Barrientos, renunció la semana pasada.
En consecuencia, este domingo, los habitantes de esta localidad del municipio de Chilpancingo eligieron a Francisco Cuevas Ramírez como comisario interino.
Castillo Barrientos contaba con el respaldo del FUSDEG y el nuevo comisario Cuevas Ramírez, tiene el apoyo de la UPOEG.
El nuevo comisario asumió el cargo este domingo en medio de la inconformidad de sus seguidores en contra Castillo Barrientos a quien acusaron de haber abandonado al pueblo en materia de seguridad y se manifestaron en contra de la Policía Comunitaria del FUSDEG. A la vez, respaldaron a la Policía Ciudadana de la UPOEG, agrupación que se está haciendo cargo de la vigilancia desde hace 15 días.
En la asamblea que se realizó el mediodía de este domingo en la comisaría municipal, los ciudadanos que eligieron al nuevo comisario también denunciaron que el anterior no entregó al interino el dinero para el pago del suministro de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el servicio de bombeo del agua potable.
La preocupación que permeó entre los vecinos obedece a que este lunes se vence la mensualidad y corren el riesgo de que la CFE les corte el servicio y se queden sin agua en los próximos días.
Los habitantes denunciaron, asimismo, que los comités de pro-festejos de los barrios y colonias no entregaron los informes financieros de las cooperaciones que recibieron de los vecinos.
Al calor de las acusaciones, los asistentes a la asamblea, acompañaron al comisario interino, Cuevas Ramírez a la casa del ex comisario a quien le exigieron el dinero para el pago a CFE. El grupo de vecinos se hizo acompañar por un grupo de la Policía Ciudadana, que los resguardó a prudente distancia.
Consulado en un receso de la reunión, Cuevas Ramírez, informó que Castillo Barrientos renunció la semana pasada cuando los vecinos le exigieron cuentas por la inseguridad que se vivía en el pueblo. Dijo que también lo cuestionaron porque la Policía Comunitaria del FUSDEG no estaba apoyando realmente al pueblo.
Durante la asamblea hubo vecinos que denunciaron que la Policía Comunitaria del FUSDEG construyó un sótano donde tenía su base y que allí hay “cámaras de tortura”.
El nuevo comisario informó que ahora que el FUSDEG ha abandonado la localidad los vecinos no se han atrevido a abrir ese sitio y que pedirán la presencia de representantes del gobierno estatal y visitadores de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para que vayan a verificar lo que hay allí.
“El pueblo presionó al comisario (Castillo Barrientos) porque ya no se sentía seguro con la gente del FUSDEG, más bien, con ese grupo amado, el pueblo estaba atemorizado, estaba sometido por el miedo”, declaró el ahora comisario interino.
Informó que hace 15 días entró la Policía Ciudadana de la UPOEG a dar el respaldo a los habitantes de esta localidad y que la Policía Comunitaria del FUSDEG se retiró de Mohoneras, mientras que hace 8 días el comisario Castillo Barrientos se vio obligado a renunciar.
“El FUSDEG sólo aparentaba dar seguridad al pueblo, pero no, estaba permitiendo que pasaran muchas cosas y el pueblo, más que seguro, le tenía miedo a ese grupo armado, se contaban muchas cosas de ellos, una de ellas es el sótano del que apenas la gente ha comenzado a hablar”, denunció Cuevas Ramírez.
Pero aseguró que desde que se hizo cargo de la seguridad del pueblo la UPOEG, ya hay más confianza entre los ciudadanos y que este domingo convocaron a una reunión para elegir a sus nuevas autoridades locales.
La comisaría quedó a cargo de Cuevas Ramírez y como comisaria suplente fue electa Marcela Valenzo.
En la asamblea, los vecinos del lugar denunciaron que en los seis meses que llevaba Castillo Barrientos, no les rindió cuentas de los recursos que recababa entre los vecinos y que los apoyos gubernamentales que recibía sólo los distribuía entre los habitantes que respaldaban la presencia del FUSDEG.
Un vecino denunció que el ahora ex comisario recababa entre las aproximadamente 800 familias de la localidad de entre 25 a 30 mil pesos mensuales para el pago a la CFE para el servicio de bombeo del agua, pero que recientemente se enteraron que el recibo llega de 12 mil pesos, y que desconocen el destino del resto del recurso.
Al calor de esos señalamientos, los asambleístas nombraron una comisión que fue a pedir el dinero correspondiente al mes de noviembre a la ex tesorera Ilda Bello Vega, pero ésta les dijo que el informe y los recursos ya habían sido entregados al Cabildo de Chilpancingo.
Después, los más de 100 asambleístas se trasladaron junto con el comisario interino, Francisco Cuevas, a la casa del ex comisario, Castillo Barrientos, resguardados a prudente distancia por un grupo de la policía ciudadana, para exigirle el dinero.
El ex comisario se quejó ante los vecinos de que el grupo adversario no lo dejó trabajar y les cuestionó que eso, –lo del dinero– lo hubieran tomado en cuenta cuando lo presionaron para que renunciara.
Sin embargo, después de más de 10 minutos de discusión, ofreció que va a reunirse con la ex tesorera para revisar cuánto dinero tienen en su poder para entregárselos.

 

 

Acordaron pueblos desde Petaquillas a Xaltianguis sustituir al FUSDEG por la UPOEG, dice Gil Ramírez

 

El comisario interino de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, Gil Ramírez Cortés (desconocido por el Ayuntamiento), aseguró que en asamblea de comisarios del corredor Petaquillas-Xaltianguis acordaron que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ingrese a todos los pueblos, en “sustitución” del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
De El Ocotito detalló que en asamblea del domingo determinaron respaldar al líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, para con el gobierno estatal “retirar al grupo minoritario de la otra Policía Comunitaria”.
El domingo se publicó en estas páginas que Bruno Plácido dijo que la organización intervendrá en el conflicto para defender al pueblo de “los abusos y el sometimiento” del FUSDEG.
La madrugada de ayer vecinos del valle de El Ocotito y policías comunitarios del FUSDEG bloquearon la carretera federal México-Acapulco frente a la base comunitaria del poblado, para evitar la entrada de policías ciudadanos de la UPOEG.
Los comunitarios explicaron que a la 1 de la madrugada hubo balazos al aire frente a la base del FUSDEG, y también se escucharon balazos en siete colonias durante la madrugada, lo que provocó temor y zozobra en la población.
Vía telefónica Gil Ramírez desacreditó la versión del FUSDEG, dijo que la mayoría del pueblo se “cansó” de sus anomalías, ya que la base comunitaria no fue baleada y tampoco la UPOEG ingresó a la comunidad en la madrugada.
Detalló que se escucharon detonaciones de arma en la base del FUSDEG, pero no fue atacada ya que la UPOEG solo colocó un filtro de “observación” en la comunidad de Buenavista, aledaña a El Ocotito, con el consentimiento de los pobladores.
Indicó que incluso en su revisión la Policía Estatal comprobó que la base comunitaria no fue baleada, “eso fue una farsa, un teatro en redes sociales que fue desmontado por los mismos policías”.
Sin embargo reconoció que los pueblos integrados al corredor Petaquillas-Xaltianguis ahora pertenecen a la UPOEG, “porque tocamos muchas puertas del gobierno y todas las cerraron”.
Aseguró que hace 15 días se reunieron representantes y comisarios de Petaquillas, Mojoneras, Cajelitos, Petaquillas, Xaltianguis, El Ocotito y Buenavista en la comunidad de Palo Blanco, donde acordaron con Bruno Plácido que la UPOEG “retirará por la vía pacífica” al FUSDEG del corredor, con el apoyo del gobierno estatal.
Gil Ramírez externó que incluso los comandantes “ya visten la camiseta verde” de la UPOEG y rechazan la figura de Salvador Alanís como coordinador, porque no acudió a la depuración y reestructuración del sistema comunitario el 14 de agosto.
El comisario calificó al FUSDEG como un “grupo armado más” que mantiene en “sicosis” a los pobladores y que es rechazado por la mayoría de las comunidades.
Reiteró que la UPOEG aún no ha ingresado a El Ocotito, sin embargo serán “bien recibidos” porque en la asamblea del domingo decidieron permitir su ingreso, para dialogar con el gobierno estatal y desmontar la estructura del FUSDEG, “porque sin ellos se acaba el problema”.