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Piden vecinos de Cacahuatepec hablar con la titular de Bienestar federal para que los censen

Daniel Velázquez

Vecinos de siete comunidades de los Bienes comunales de Cacahuatepec piden una reunión con la secretaria federal del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para resolver su inconformidad porque ya no confían en el delegado Iván Hernández Díaz porque no cumplió lo que les prometió.
Vecinos de las comunidades de Cruces de Cachuatepec, El Rincón, El Ranchito, Carrizo, Garrapatas, Aguascalientes y Pochotlaxco tomaron el sistema de captación Papagayo I de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) desde el martes, como protesta porque el censo del gobierno federal no los incluyó como damnificados.
Uno de los vecinos de las comunidades afectadas, Cristhian Angelino, puso como prueba que en esas comunidades ninguno de los vecinos tiene el cintillo del censo ni la calcomanía pegada en la puerta, como ocurrió con las casas que fueron censados por los servidores de la nación porque no fueron a esas comunidades.
Narró que esta es la segunda vez que toman los pozos, la primera vez fue en diciembre los días 14, 15 y 16 de diciembre para exigir el censo, el 16 de diciembre llegó el delegado Iván Hernández a las 3 de la madrugada y les dijo que el iba a verificar que se hiciera el censo, pero no mandó censadores.
Este martes 23 de enero, los comisarios de esas comunidades fueron convocados a una reunión con el delegado Iván Hernández y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, en el Tecnológico de Acapulco y les dijeron que sólo unos cuantos vecinos sería beneficiados y sólo recibirían el apoyo para limpieza por 8 mil pesos; no habría enseres ni cupones para despensa ni ayuda para reconstrucción, eso provocó la molestia de los vecinos y decidieron volver a tomar el sistema de captación de la CAPAMA.
El vecino contó que en las comunidades las casas sufrieron los mismos daños que en las colonias de Acapulco, perdieron los techos de sus casas, se mojaron sus pertenencias y no fueron censados por el gobierno federal. En una llamada a El Sur pidieron que se entere el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que no los están considerando en el censo.
De la advertencia hecha por el director de la CAPAMA, Hugo Lozano Hernández, de que analiza si procede penalmente contra los vecinos que tomaron el sistema de captación, Cristhian Angelino Everardo dijo: “tomamos los pozos con la exigencia de derecho, no estamos agrediendo a nadie, no estamos lastimando a nadie, al señor Iván cuando vino se le trató con mucho respeto, con mucha educación y no estamos en la intención de agredir o afectar a nadie, solamente los comuneros toman los pozos porque es la única manera en la cual hacen caso si no el gobierno no nos voltea a ver”.
El pasado lunes, el delegado Iván Hernández Díaz declaró que el censo a los afectados por el huracán Otis incluye a las localidades de Acapulco y Coyuca de Benítez porque fueron los municipios incluidos en la declaratoria, las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec forman parte de Acapulco y la mayoría de la población de esas localidades vive en pobreza y rezago social.
Ayer a las 2 de la tarde llegó la Guardia Nacional al sistema de captación Papagayo I donde están los comuneros y les dijeron que iban como intermediarios y llevarían su inconformidad a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
La semana pasada la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, en un noticiero de radio nacional declaró que ella vive en Acapulco desde el 25 de octubre, después del huracán Otis, por lo que sí puede atender a los damnificados de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Se normalizan transporte y actividades en Chichihualco, pero no hay clases presenciales

Zacarías Cervantes y Lourdes Chávez

Chilpancingo

A ocho días de que detonó la violencia en Chichihualco por los enfrentamientos de dos grupos delictivos, a partir de las 5 de la mañana de ayer lunes se reanudó totalmente el servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Chichihualco.
Mientras tanto en la cabecera municipal se reanudaron todas las actividades luego de que se suspendieron los enfrentamientos según contaron vecinos, quienes se dijeron a pesar de ello, temerosos de que en cualquier momento vuelva a resurgir la violencia.
Por su parte, el secretario de Educación del gobierno del estado, Marcial Rodríguez Saldaña, informó ayer que no se reanudaron las actividades presenciales en las 24 escuelas de Chichihualco, que no comenzaron el lunes 28 de agosto con el inicio del ciclo escolar en todo el país, y siguen las clases virtuales.
La noche del domingo de la semana pasada, iniciaron los enfrentamientos entre dos grupos delictivos que se disputan la cabecera municipal, continuaron el lunes y todavía por la noche del martes.
Las balaceras terminaron a las 7 de la mañana del miércoles según los pobladores.
La violencia originó el cierre de todo el comercio, suspendió el servicio de transporte local y el de rutas vecinas, así como las actividades en el Palacio Municipal.
Los vecinos se encerraron en sus casas y las calles permanecieron vacías hasta la tarde del miércoles que se normalizaron parcialmente.
En tanto que los representantes del transporte de la ruta Chilpancingo-Chichihualco normalizaron sus actividades a las 5 de la mañana de ayer lunes, pero advirtieron que “siempre y cuando las condiciones así lo ameriten”.
Desde el miércoles pasado sólo alguna Urvan que cubren el servicio en esa ruta estaban prestando el servicio, pero según contó uno de los transportistas fue por decisión propia de los choferes y bajo su propio riesgo.

Se pidió que hoy volvieran a las aulas en 24 escuelas de Chichihualco, pero aún no hubo clases presenciales: Marcial

El secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, informó que el domingo dio la indicaron a los docentes de 24 escuelas de Chichihualco de volver a las aulas este lunes, suspendidas por el enfrentamiento de grupos criminales el lunes de la semana pasada. Sin embargo, más tarde precisó que ls actividades escolares no fueron presenciales, sino virtuales.
Destacó que unas 60 escuelas no volvieron la semana pasada a clases por problemas de inseguridad, en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo; en la parte alta de la sierra de los municipios de San Miguel Totolapan y de Coyuca de Catalán, y en el corredor de Santa Rosa-El Durazno, sierra de Petatlán.
Consultado en el Congreso del Estado, tras la sesión de develación de la leyenda del centenario del Heroico Colegio Militar, estimó que son alrededor de 5 mil estudiantes de educación básica de estas localidades afectadas por la violencia, pero rechazó que estén desatendidos, porque la indicación a los docentes fue que dieran clases virtuales, como hicieron en el periodo de la pandemia, pese a las denuncias de los pueblos.
Sin embargo, más tarde precisó que las 24 escuelas de Chichihualco, 10 de nivel preescolar, 10 de primaria y cuatro secundarias, “continuaban en clases virtuales”.

También el el corredor Santa Rosa-El Durazno se mantienen las clases virtuales

Asimismo, indicó que 35 escuelas en la sierra de Petatlán, en el corredor de Santa Rosa de Lima-El Durazno, cuatro de preescolar, 24 de primaria, dos telesecundarias, cuatro secundarias y una de educación especial se mantienen en clases virtuales.
Sobre San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán afirmó que en la mayoría de las escuelas tienen clases presenciales, salvo “algunas comunidades se está llevando a cabo el proceso de cambio de adscripción de docentes”.
En la entrevista, aclaró que las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la Mesa de Construcción de la Paz implementan acciones para resguardar a la población en general y, en consecuencia, a las instalaciones educativas.
En el caso de la comunidad El Nuevo Caracol, donde los vecinos han denunciado ataques con drones con un grupo delictivo, y en Buena Vista, donde pobladores informaron que se están enfrentando a la Familia Michoacana, respondió que, donde no haya condiciones, la obligación del gobierno, “es salvaguardar la actividad de los estudiantes y los maestros, habrá clases virtuales”.
Añadió que esta semana se van a procesar las solicitudes de cambios de adscripción de docentes por inseguridad, que estén plenamente justificados, a zonas similares de marginación, en la Montaña y Costa Chica, no en sitios preferentes.

 

Piden magistratura indígena y defensoría electoral a favor de pueblos indígenas y afros

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades comunitarias, agrarias y ciudadanos de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas, pidieron a la presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Evelyn Rodríguez Xinol, la creación de una magistratura indígena y la defensoría pública electoral a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos.
En un oficio de fecha 30 de mayo, los representantes de pueblos y comunidades de las regiones Montaña y Costa Chica piden que se garantice el ejercicio de sus derechos políticos para que puedan coadyuvar en el fortalecimiento de la democracia comunitaria.
El documento lo firman más de 15 autoridades municipales, agrarias, comunitarias y organizaciones indígenas quienes argumentan que quieren tener servicios de orientación, asesoría y representación jurídica en materia electoral en los organismos electorales, así como coadyuvar en los servicios de mediación en aquellos casos que así lo prevean las leyes en la materia.
Su petición la fundamentan en diversos artículos de la Constitución Política del Estado y del Pacto Internacional de Derechos Políticos, Sociales y Culturales, así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Dicha petición la sustentamos en que, como autoridades indígenas y ciudadanos pertenecientes a un estado democrático de derecho, tenemos derecho a que se garantice el fortalecimiento de nuestra democracia representativa y plural en el marco del respeto a nuestros derechos colectivos fundamentales”.
Entre las autoridades y organizaciones que firman el documento está la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC).
Su vocero, el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, entrevistado por teléfono, declaró que los pueblos indígenas buscan pelear desde los organismos electorales para ejercer sus derechos políticos.
Explicó que pretenden garantizar que en los municipios donde la población indígena es mayor al 40 por ciento, desde los organismos electorales se respete el derecho a designar a un indígena al frente de la candidatura en los diferentes cargos de elección popular.
Por ejemplo, informó que en el municipio de San Luis Acatlán siempre ha habido un radicalismo fuerte, “no se quiere reconocer a los indígenas, cuando en este municipio son más indígenas que mestizos”, sin embargo, dijo que los candidatos siempre son mestizos.
Otro de los objetivos de tener representaciones en los organismos electorales, para que los que se postulen sean realmente indígenas y no sólo utilicen el nombre como ya ha ocurrido.
Dijo que están pidiendo lo mismo en las designaciones para la integración de los cabildos como en los distritos electorales, para que en aquellos donde haya más del 40 por ciento de población indígena las fórmulas que se propongan sean realmente de origen indígena.
Informó que independientemente del documento enviado a la presidenta del TEE, antes enviaron otro al Congreso local para que se tomen en cuenta las propuestas de los indígenas.
El coordinador de la CRAC informó que hay por lo menos 36 municipios en el estado que tienen una población indígena mayor al 40 por ciento.

 

A tres años del decreto de Subsecretaría de los Pueblos Originarios aún no es oficial: CETEG

A tres años del decreto de creación de la Subsecretaría de Educación de Pueblos Originarios, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez Perulero, denunció que las autoridades no han entregado los nombramientos oficiales a los 28 funcionarios de la dependencia, ni el presupuesto que le corresponde.
En conferencia de prensa en el edificio de la CETEG, Ramírez Perulero; el subsecretario de Educación de Pueblos Originarios, Taurino Rojas González; la directora de Vinculación Educativa, Erika Vargas Estrada, y el integrante de la Comisión Política de la región Centro, Freddy Gutiérrez Mayo, expusieron que las autoridades se niegan a reconocer la estructura de la Subsecretaría de Educación de Pueblos Originarios, cuyo decreto de creación se publicó en el periódico oficial el 24 de abril de 2015, durante la administración del ex gobernador Rogelio Ortega.
Ramírez Perulero dijo que se trata de una contrariedad de las autoridades, pues a pesar de que se aprobó la creación de la Subsecretaría, los funcionarios electos para hacerse cargo de la dependencia no fueron reconocidos, no cuentan con oficinas y realizan actividades de acuerdo con sus posibilidades, pues no recibieron el presupuesto de unos 105 millones de pesos para comenzar a trabajar.
Rojas González dijo que la Secretaría de Gobernación y Ortega informaron que el presupuesto se entregaría “al nuevo gobernador”, es decir a Héctor Astudillo Flores, pero la CETEG desconoce si los recursos fueron gestionados y entregados al ejecutivo estatal.
Vargas Estrada leyó un comunicado, en el que informó sobre el proceso de análisis e investigación que se llevó a cabo antes de proponer y lograr la aprobación de la Subsecretaría, la cual “tiene por objeto garantizar la educación inicial, básica, media superior y superior”, según los requerimientos de “equidad, desarrollo social, preservación de la cultura y la lengua, con base en la legislación estatal, nacional e internacional en la materia”.
Dijo que la Subsecretaría cuenta con una agenda educativa basada en un Plan Estratégico, para identificar los problemas inmediatos, como la falta de recursos humanos, de formación docente y de infraestructura, de manera que se programen y orienten las gestiones.
En ese sentido, Rojas González señaló que es necesario que haya licenciaturas para formar docentes que conozcan las lenguas originarias: ñomndaa, na savi, mepha y náhuatl, pues a pesar de que la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa cuentan con carreras de educación bilingüe, no se enseñan los idiomas en las instituciones, sino que los estudiantes deben tener el conocimiento previo.
La CETEG llamó al gobernador Astudillo Flores a que cumpla con los requerimientos para constituir la Subsecretaría de Educación de Pueblos Originarios “a la brevedad posible”.

Acordaron pueblos desde Petaquillas a Xaltianguis sustituir al FUSDEG por la UPOEG, dice Gil Ramírez

 

El comisario interino de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, Gil Ramírez Cortés (desconocido por el Ayuntamiento), aseguró que en asamblea de comisarios del corredor Petaquillas-Xaltianguis acordaron que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ingrese a todos los pueblos, en “sustitución” del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
De El Ocotito detalló que en asamblea del domingo determinaron respaldar al líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, para con el gobierno estatal “retirar al grupo minoritario de la otra Policía Comunitaria”.
El domingo se publicó en estas páginas que Bruno Plácido dijo que la organización intervendrá en el conflicto para defender al pueblo de “los abusos y el sometimiento” del FUSDEG.
La madrugada de ayer vecinos del valle de El Ocotito y policías comunitarios del FUSDEG bloquearon la carretera federal México-Acapulco frente a la base comunitaria del poblado, para evitar la entrada de policías ciudadanos de la UPOEG.
Los comunitarios explicaron que a la 1 de la madrugada hubo balazos al aire frente a la base del FUSDEG, y también se escucharon balazos en siete colonias durante la madrugada, lo que provocó temor y zozobra en la población.
Vía telefónica Gil Ramírez desacreditó la versión del FUSDEG, dijo que la mayoría del pueblo se “cansó” de sus anomalías, ya que la base comunitaria no fue baleada y tampoco la UPOEG ingresó a la comunidad en la madrugada.
Detalló que se escucharon detonaciones de arma en la base del FUSDEG, pero no fue atacada ya que la UPOEG solo colocó un filtro de “observación” en la comunidad de Buenavista, aledaña a El Ocotito, con el consentimiento de los pobladores.
Indicó que incluso en su revisión la Policía Estatal comprobó que la base comunitaria no fue baleada, “eso fue una farsa, un teatro en redes sociales que fue desmontado por los mismos policías”.
Sin embargo reconoció que los pueblos integrados al corredor Petaquillas-Xaltianguis ahora pertenecen a la UPOEG, “porque tocamos muchas puertas del gobierno y todas las cerraron”.
Aseguró que hace 15 días se reunieron representantes y comisarios de Petaquillas, Mojoneras, Cajelitos, Petaquillas, Xaltianguis, El Ocotito y Buenavista en la comunidad de Palo Blanco, donde acordaron con Bruno Plácido que la UPOEG “retirará por la vía pacífica” al FUSDEG del corredor, con el apoyo del gobierno estatal.
Gil Ramírez externó que incluso los comandantes “ya visten la camiseta verde” de la UPOEG y rechazan la figura de Salvador Alanís como coordinador, porque no acudió a la depuración y reestructuración del sistema comunitario el 14 de agosto.
El comisario calificó al FUSDEG como un “grupo armado más” que mantiene en “sicosis” a los pobladores y que es rechazado por la mayoría de las comunidades.
Reiteró que la UPOEG aún no ha ingresado a El Ocotito, sin embargo serán “bien recibidos” porque en la asamblea del domingo decidieron permitir su ingreso, para dialogar con el gobierno estatal y desmontar la estructura del FUSDEG, “porque sin ellos se acaba el problema”.