Zacarías Cervantes / Chilpancingo

En un pronunciamiento de 10 puntos, el organismo no gubernamental International Crisis Group demandó al gobierno mexicano establecer una fiscalía especial para investigar las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, como el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al gobierno de Guerrero le pide implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad en 2014 para indemnizar, reconocer y conmemorar a las víctimas de las campañas de contrainsurgencia durante los años setentas.
International Crisis Group es una organización no gubernamental, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales; se le reconoce como una de las fuentes independientes más destacadas e imparciales de análisis y asesoramiento sobre prevención y resolución de conflictos armados, y tiene sus sedes principales en Bruselas, Washington, Nueva York y Londres.
En su documento más reciente, que denominó “Desaparecidos: la justicia denegada en Guerrero, México”, destacó que “las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero, han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen”.
Denuncia que las bandas de narcotraficantes no sólo controlan la industria ilegal de la heroína y asedian a los ciudadanos de a pie a través del secuestro y la extorsión, sino que también han penetrado, paralizado o intimidado a las instituciones encargadas de defender la democracia y el Estado de derecho”.
Resalta, asimismo, la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa a manos de agentes de la policía, “quienes supuestamente actuaron en connivencia con miembros de bandas criminales”.
Sugiere que en este contexto de violencia que se vive en México, el gobierno federal debe poner la investigación de las desapariciones no resueltas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, en manos de un fiscal especial independiente respaldado por una comisión internacional con autoridad para participar activamente en los procesos.
Critica que a pesar de una inversión extraordinaria de recursos y personal, la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa “ha estado plagada de errores y omisiones, según el informe publicado en septiembre de 2015 por expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

En descrédito, la versión oficial

Dice que casi dos terceras partes de los ciudadanos del país no creen en la versión del gobierno sobre el caso Ayotzinapa, y tres cuartas partes desaprueban el trabajo de los fiscales federales.
Agrega que “las víctimas y los defensores de los derechos humanos han exigido que se investigue la posibilidad de que se haya obstruido la investigación. La desconfianza hacia las autoridades es tan profunda que estas y otras investigaciones en torno a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Guerrero requieren de la credibilidad que confiere la presencia internacional”.
Recuerda que el 19 de octubre, el gobierno federal dio un paso importante al ofrecer el nombramiento de un nuevo equipo de fiscales para el caso, y que este equipo trabajará con expertos de la CIDH para incorporar sus conclusiones y recomendaciones en la investigación y planificarla de manera conjunta de ahora en adelante.
Pero dice que “la gravedad de la violencia y de la corrupción en Guerrero requiere de medidas adicionales para asegurar a la población que las autoridades están preparadas y dispuestas a investigar y castigar a los criminales que aterrorizan a los ciudadanos, así como a cualquier funcionario que los ayude o aliente, por acción u omisión”.
Y al respecto propone que las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa deberían estar a cargo de una fiscalía especial liderada por un fiscal de alto nivel que no provenga del gobierno y que cuente con experiencia en investigaciones sobre derechos humanos.
Incluso, propone que esa fiscalía debería hacerse cargo de otras investigaciones de desapariciones forzadas y graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, “y contar con autoridad para iniciar nuevas líneas de investigación”.
Subraya que estas investigaciones deberían ser asistidas y monitoreadas por una comisión internacional que actúe bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y/o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesta por expertos en derecho penal y derechos humanos.
“Esta comisión debería tener autoridad para participar en los procesos penales y pleno acceso a las pruebas y los testigos”, dice.
Menciona que la tragedia de Ayotzinapa no es un caso aislado, y cita el descubrimiento de fosas clandestinas en los alrededores de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, que dejaron al descubierto “un macabro y más amplio patrón de homicidios sin resolver”.
También menciona el secuestro en mayo de 2015 de más de una docena de personas en Chilapa, donde las fuerzas estatales y federales estaban a cargo de la seguridad, que demostró que, meses después de la desaparición de los estudiantes, “las autoridades seguían sin querer o sin poder actuar con firmeza para prevenir y resolver este tipo de delitos”.
Dice además que en México hay más de 26 mil casos de personas desaparecidas sin ser resueltos, según un registro oficial.

Comisión internacional

En este contexto, International Crisis Group exhorta al gobierno de México a establecer una fiscalía especial para investigar las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, y a invitar a una comisión de investigación internacional a continuar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero con facultades ampliadas y un mandato renovable de dos años.
“Esta comisión debería funcionar bajo los auspicios de la OEA y/o la ONU, en colaboración con los representantes de las víctimas”, propone.
Asimismo, pide exigir la plena colaboración de las autoridades a todos los niveles, incluidos los miembros de las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad, con el fiscal especial y la comisión; reformar la legislación sobre la desaparición forzada; aprovechar los conocimientos de los defensores de los derechos humanos y expertos internacionales y promover un debate nacional sobre la creación de un mecanismo creíble para investigar y enjuiciar las desapariciones y otras graves violaciones de los derechos humanos a lo largo de todo el país, y añade que “los grupos de víctimas deberían participar en toda iniciativa para asegurar que se respetan sus derechos de información e indemnización adecuada o apoyo”.
Concretamente, al gobierno de Guerrero le pide implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Guerrero en 2014, en el sentido de indemnizar, reconocer y conmemorar a las víctimas de las campañas de contrainsurgencia durante los años 70; garantizar que la policía estatal y los fiscales que investigan las desapariciones siguen los protocolos establecidos para encontrar a las personas desaparecidas y colaborar estrechamente con los familiares.
Además de crear equipos especializados capacitados para responder inmediatamente a las denuncias de secuestro.
También recomienda acelerar los esfuerzos por registrar todos los casos de personas desaparecidas en el estado, sumando el apoyo de los defensores de los derechos humanos para alentar a los familiares a que denuncien estos casos; y establecer mecanismos fuertes de control internos y externos para combatir la corrupción dentro de los gobiernos municipales y la policía local.
Mientras que a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos, la exhorta a proporcionar financiamiento y ayuda técnica a la fiscalía especial y la comisión de investigación internacional, incorporando dicho apoyo a los programas en curso para fortalecer el sistema judicial mexicano y luchar contra el narcotráfico.