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Piden PRI, PRD y PAN al INE intervenir para garantizar entrega de recursos al IEPC

Daniel Velázquez

El PRI, PRD y PAN, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que intervenga “como máxima autoridad administrativa electoral, y que pueda conminar y exhortar al gobierno del estado y al Congreso local a emitir los ajustes presupuestales necesarios para garantizar el desarrollo del proceso electoral y la adecuada ministración del financiamiento público de los partidos políticos, lo que es un derecho constitucional”.
La presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama ha informado que necesita para las actividades de este año 57 millones de pesos adicionales al presupuesto de 142 millones de pesos que le fue autorizado este año, para llevar a cabo los trabajos preparativos para el proceso electoral del próximo año, una de las acciones inmediatas es la instalación de los 28 Consejos Distritales.
Este lunes, mediante un escrito los dirigentes estatales de los tres partidos que integran el Frente Amplio por México (FAM) llevaron a la instancia federal el problema que arrastra el gobierno estatal morenista que ha retrasado la entrega de las partidas presupuestales al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
En el documento dirigido a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y a la presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, los dirigentes partidistas exponen que el retraso reiterado del gobierno estatal en la entrega del presupuesto al IEPC no sólo afecta al órgano electoral local sino a los partidos políticos, “nos vemos afectados ante la imposibilidad de desarrollar nuestras actividades partidistas que por ley tenemos derecho, lo cual también nos deja en un estado de inoperatividad e infuncionalidad, y en el marco del proceso electoral nos afecta en el desarrollo de nuestra competitividad electoral”.
Entre los señalamientos que hacen los partidos en el escrito de tres cuartillas es que el gobierno de Guerrero atenta contra el estado de derecho y la democracia. Otra observación que hacen los partidos del FAM es que el gobierno del estado viola la Constitución al incumplir con el calendario de ministraciones al IEPC y el problema se agudiza al considerar que el pasado 8 de septiembre dio inicio el proceso electoral local mediante el cual se renovará el Congreso local y los Ayuntamientos y la falta de recursos “está afectando los actos preparatorios” para los comicios del 2 de junio de 2024.
En el texto los dirigentes partidistas recuerdan que en el Acuerdo 002/SE/13-01-23 se determinó el financiamiento a los partidos políticos y en el apartado cuarto se estableció que los montos de financiamiento público se entregarían cada mes “dentro de los primeros 15 días hábiles de cada mes”.
El documento, fechado en Chilpancingo el pasado 26 de septiembre va suscrito por los presidentes del PAN, Eloy Salmerón Diaz; del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, fue entregado ayer en las oficinas del INE en la Ciudad de México.
El mismo documento junto con otro se entregarán hoy en la Junta Local del INE en Chilpancingo.

Evaluarán hoy consejeros del IEPC acciones ante la crisis financiera

Los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), se reunirán hoy para realizar el balance de la crisis financiera por la que atraviesa a partir de que no han recibido el presupuesto de junio, julio, agosto y septiembre y que no se les ha autorizado la ampliación presupuestal de 57 millones para esteaño.
Ayer se buscó a consejeras y consejeros, incluida la presidenta Luz Fabiola Matildes Gama quien no atendió las llamadas.
Sin embargo, fuentes del IEPC informaron que este día desde temprano habrá reuniones de consejeros para revisar “la gravedad” de la crisis financiera del órgano, cuáles son los asuntos más urgentes, o los que podrían generarse mayores complicaciones si no son atendidos de inmediato.
Ayer, las dirigencias del PRD, PRI y PAN enviaron al INE un documento en el que piden su intervención para que se les liberen las prerrogativas en el que señalan que el IEPC no ha ministrado el recurso y que esto “genera graves afectaciones operativas en las actividades que realizamos”.
Los presidentes del PRI, Alejandro Bravo Abarca; del PRD Alberto Catalán Bastida; y del PAN Eloy Salmerón Díaz, señalaron que “sabemos que ha habido una clara intención del gobierno federal de eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales, por ello, no se ha considerado los incrementos ni las solicitudes de aumento a su presupuesto, por el contrario, han sido objeto de recortes injustificados que inciden en las actividades organizativas, operativas y administrativas del Instituto Electoral Local”.
Y acusaron: “no obstante, no puede el gobierno del estado de manera deliberada atentar contra el Instituto electoral, pues se trata de un organismo autónomo importante para nuestra vida democrática, dado que garantizan el ejercicio de los ciudadanos a votar y ser votados, así como a los partidos políticos de promover la participación, postulación e integración de los poderes públicos, por tanto, representa una grave violación al estado de derecho y a la democracia”.

 

Pide la alcaldesa de la capital a la FGR atraer investigación sobre los siete crímenes

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya le pidió a la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, “que esté pendiente”, por si en algún momento se requiere que vaya a declarar respecto a los siete cuerpos mutilados que fueron hallados la madrugada del 24 de junio frente a la parroquia del barrio de San Mateo con los que le dejaron un mensaje a ella y al síndico Andrey Marmolejo.
A su vez, la alcaldesa solicitó mediante oficio de fecha 27 de junio a la Fiscalía General de la República (FGR), que intervenga en las investigaciones “de tan lamentables hechos”.
En la conferencia de prensa del lunes de la semana pasada, Hernández Martínez expresó sus sospechas de que personal de la FGE haya manipulado y alterado las cartulinas en la que el grupo delictivo dejó mensajes para las autoridades.
Uno de los, mensajes decía: “Saludos presidenta Normal Otilia sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después que viniste a buscarme con cariño”.
En el otro se leía: “Síndico Andrey Marmolejo sigue amenazando a la gente con las licencias comerciales para llevarle las cuotas a los Tlacos”.
Derivado de ello en la conferencia de prensa del lunes pasado la alcaldesa declaró que estaba dispuesta a una investigación de parte de la FGE y anunció que pediría que la FGR atrajera las investigaciones pues externó sus sospechas de la FGE por irregularidades durante el hallazgo de los cuerpos y las cartulinas con los mensajes.
En declaraciones después de la conferencia de prensa de ayer, en la que se informó del problema de la escasez de agua potable, Hernández Martínez informó que el mismo lunes de la semana pasada fue personal de la FGE a platicar con ella y le dijo que si en algún momento se requiere que vaya “a atender alguna declaración que estuviera pendiente”.
Según la presidenta su respuesta fue que sí, “vamos a esperar que hagan sus investigaciones, que nos manden llamar, si es que se requiere, nosotros lo hemos dicho, estamos con toda la disposición de poder estar en manos de las instituciones, y estamos de acuerdo en que nos hagan los llamados que se requieran”.
Informó que en el transcurso de la misma semana envió un oficio a la FGR, mediante el cual también se pone a su disposición de la dependencia federal y le solicita que intervenga para que se realice la investigación por esa dependencia federal.
El oficio PM/342/2023 de fecha 27 de junio, está dirigido al Fiscal General de la FGR Alejandro Gertz Manero, a quien le informa las circunstancias en que se dio el hallazgo de los cuerpos, la madrugada del 24 de junio.
“En tal virtud, me permito solicitar su valiosa y puntual intervención, para realizar las labores de investigación de estos lamentables hechos”, dice el escrito.
La alcaldesa explica que con respecto al contenido de una de las cartulinas, “donde se hace alusión al nombre de la suscrita, y que presuntamente un grupo de la delincuencia organizada dejó en el lugar de los hechos, desde este momento niego rotundamente el contenido de las mismas y ratifico mi absoluta disposición para declarar en caso de ser necesario sobre los hechos que se mencionan”.
Hernández Martínez agrega: “En mi calidad de titular del Poder Ejecutivo Municipal me sumo al clamor de la ciudadanía, de mis homólogos de otros municipios, e incluso de diputados y diputadas locales, para que se haga justicia y se realicen las inmediatas investigaciones de manera transparente y objetiva y se aplique todo el peso de la ley en este y en todos los acontecimientos delictivos que se han suscitado no sólo en esta ciudad, sino en todo el estado de Guerrero”.
Sostiene en el documento que como primera autoridad municipal siempre ha tenido la voluntad y disposición para colaborar y coadyuvar con las demás instancias de gobierno, en las estrategias de seguridad. “De nuestra parte hacemos lo que nos corresponde en cuanto a la prevención social del delito”.
La alcaldesa informó que se reunió con los familiares de las personas que fueron asesinadas a quienes les proporcionó apoyos para los funerales.
Aseguró que los apoyó para agilizar los trámites del terreno donde fueron sepultados y les entregó despensas a través del DIF municipal.
De los siete cuerpos hallados a las 4:30 de la madrugada del 24 de junio, cuatro correspondían a una familia que estaba desaparecida desde el 10 de junio; eran los de Eloy Peralta García, su esposa Elizabeth Catalán Olalde, el hijo de ambos, uno adolescente de 17 años de edad y la novia de éste de 16.

 

El gobierno estatal, sin información de que pueblos de la sierra se arman contra la Familia Michoacana

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, dijo sobre el anunció de 40 pueblos de la sierra de San Miguel Totolapan, que en asamblea decidieron levantarse en armas para defender su territorio por el avance de la Familia Michoacana, en la zona colindante de Arcelia, que todavía no tienen información de que algo extraordinario esté sucediendo en la zona, pero se están revisando reportes de balaceras y enfrentamientos en la sierra de Ajuchitlán del Progreso.
Consultado en su oficina, aclaró que esperarán información veraz y una petición formal antes de desplazar fuerzas federales en cualquier zona, para evitar agresiones como la que ocurrió en la comunidad de El Pescado, en la sierra de Coyuca de Catalán, donde resultaron muertos dos soldados y dos fueron heridos.
Recordó que en la Sierra se tiene mucha presencia de las fuerzas federales, mayoritariamente del Ejército, para hacer frente a todos los grupos de la delincuencia organizada, sin proteger a ninguno.
Pero de la denuncia pública de pobladores de comunidades serranas de San Miguel Totolapan, que se armaron para contener a la Familia Michoacana por enfrentamientos hace dos semanas, aclaró que no han recibido una petición formal. Tampoco tienen información de actividad extraordinaria, luego del alertamiento.
Afirmó que siempre que hay una solicitud han tomado cartas en el asunto. Recordó el caso de El Durazno, en las inmediaciones de la Costa Grande, del municipio de Coyuca de Catalán.
Aclaró que deben ser cautos porque todos los desplazamientos de las fuerzas del orden tienen que ser planeados y con estrategia. “No podemos exponer elementos. ¿Qué fue lo que pasó recientemente? Que hubo una agresión en contra de los elementos del Ejército
O sea, son territorios complicados y tenemos que tratarlos como tal”.
Dijo que esperaran información veraz de lo que está sucediendo, porque los reportes de enfrentamientos y balaceras que están revisando señalan la sierra de Ajuchitlán del Progreso.
Adelantó que ya se estaba restableciendo el servicio de luz eléctrica en dos comunidades que habían señalado fallas en el servicio en Tecpan de Galeana.

En Xalpatláhuac, las mujeres agredieron a agentes

En cuanto a Xalpatláhuac, precisó que fueron principalmente mujeres las agredieron a las fuerzas policiacas estatales y federales que el jueves incursionaron en ese municipio para recuperar el Ayuntamiento. No fueron la figura de gobierno tradicional del Tlayakanki ni los policías comunitarios, enfatizó.
Por prudencia se retiraron, pero las autoridades volverán a intervenir en su momento, “porque el estado no está vetado de ningún territorio”.
Cnfirmó que el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, encabezó con mandos de la Policía Estatal el jueves, el primer intento de intervención, donde un grupo manejado por el Tlayakanki “ha estado descontrolando la cabecera municipal” hace algún tiempo.
Indicó que tienen armas, han cometido violaciones a derechos humanos y se mencionan heridos. Se les acusa de desapariciones, e impiden a la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado gobernar en el Ayuntamiento.
Por lo anterior, dijo que los gobiernos del estado y federal, a través de las instancias de seguridad tomaron la determinación de intervenir en el municipio. En un primer momento para revisar las condiciones de la cabecera municipal.
<Cuando estuvieron instalados, aclaró que principalmente mujeres fueron enviadas a agredir a las autoridades. “Por prudencia se retiraron, para evitar una confrontación mayor.
Dijo que “nosotros vamos a donde se requiera la presencia de las fuerzas de seguridad, lo digo porque ninguna Policía Comunitaria, como se hacen llamar, tiene un espacio de exclusividad, ni gobierna un territorio ninguno”.
Distinto a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que se coordina con autoridades municipales, señaló que este grupo en Xalpatláhuac está en contra de la autoridad legítimamente electa y genera esta confrontación. “Hay diferencias muy claras entre este grupo y todas las demás policías comunitarias”.
Adelantó que van a regresar, en algún momento, lo que se dará a conocer.

Ninguna denuncia de penitentes de Taxco

Finalmente, informó que los penitentes de Taxco no han presentado denuncias por presuntas amenazas de la delincuencia organizada que les exigen cuotas para poder participar en la famosa procesión de Semana Santa.
Indicó que así es muy difícil realizar investigaciones si no hay más elementos, sin embargo, policías estatales comenzaron a revisar ante la alerta que aún no tienen confirmada.