Zacarías Cervantes
Chilpancingo
A un mes de la muerte del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, las investigaciones transcurren lentas y la Fiscalía General del Estado (FGE) está más a la expectativa de lo que la familia pueda aportar, que en ahondar en las líneas de investigación, informó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Vemos que todavía no logra (la FGE) allegarse de mayores pruebas para impulsar las líneas de investigación que se tienen como hipótesis”, indicó el director del organismo que da acompañamiento a la familia del dirigente social asesinado.
El 25 de mayo se cumplió un mes de la muerte de Suástegui Muñoz derivado del ataque a balazos que sufrió el 18 de mayo en la playa Icacos donde resultó herido.
Consultado por teléfono, Barrera Hernández informó que la agresión que sufrió el activista fue básicamente por su trabajo como defensor de la tierra y del río Papagayo y habló de las líneas que deben seguirse.
Recordó que el ahora finado tenía una clara postura en favor de la protección de los terrenos comunales de Cacahuatepec, donde se confrontó con empresarios gravilleros del río Papagayo que se han instalado de manera ilegal y contra quienes peleó todo el tiempo Suástegui Muñoz para que se respetaran los bienes comunales.
Dijo que, sin embargo, “pesan más los intereses económicos pues los gravilleros siguen encorralando los terrenos para seguir dragando el río y explotando los recursos pétreos”.
Propuso que ésta sea una línea de investigación por la confrontación que tuvo con los empresarios gravilleros y los grupos políticos locales con los que estaban coludidos.
Añadió que también se debe revisar la colusión que hay de estos grupos (de gravilleros y políticos) con el crimen organizado, “es decir, no hablamos solamente de un actor sino de un conjunto de actores que tienen intereses económicos, delincuenciales y políticos que se han mezclado en esta región del río Papagayo y de Acapulco”.
Otra de las líneas, agregó, es su lucha que dio por el reordenamiento de las playas para que quedaran en manos de los trabajadores y prestadores de servicios que son gente de las colonias y que han trabajado por muchos años en las playas.
En este caso dijo que también afectó intereses “de otra índole en términos económicos porque de lo que se busca es afianzar un proyecto que reordene el paisaje de las playas pero también que asegure el trabajo de los prestadores de servicios con permisos como los tenía Marco Antonio.
Abel agregó que esta línea también tiene que investigarse porque hubo varias ocasiones que llegaron a amenazarlo o a quitarlo del lugar donde estaba y en una ocasión lo siguieron en una motocicleta y él mismo vio que eran personas que iban a agredirlo.
Otro asunto que también debe ser línea de investigación, agregó el activista de derechos humanos, fueron las denuncias, protestas y señalamientos que hizo por la desaparición de su hermano Vicente.
“Yo creo que todos estos elementos relacionados con el trabajo de Marco como defensor comunitario, deben de tomarse en cuenta en la investigación”, y pidió que la FGE analice todas estas líneas que el defensor dejó en la entrevista que le hicieron en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para evaluar las medidas cautelaras que solicitó en febrero pasado.
Barrera Hernández declaró que por las actividades que llevó a cabo el dirigente del Cecop hubo varios incidentes y amenazas en su contra “y podemos decir que todos fueron porque estaba defendiendo las playas para los trabajadores y las tierras para los campesinos y comuneros”.
Añadió que espera que la FGE haya abundado en las indagatorias relacionados con cuando menos estas tres líneas, “porque si no hay nada sería muy lamentable que a 30 días del asesinato de Marco la Fiscalía esté todavía con nulos avances y hablaría de la ineficacia del sistema de administración de justicia, de la lentitud y el burocratismo con lo que se mueve, así como del desinterés que hay por esclarecer los crímenes, sobre todo cuando hablamos de defensores comunitarios”.
El director de Tlachinollan denunció que al parecer el avance de las investigaciones es lento y no se ve que sea expedita o inmediata como para que la familia de Marco Antonio sienta que hay protección y compromiso.
Añadió que si sigue esa inercia será lamentable porque las investigaciones para que tengan resultados necesitan acciones inmediatas para allegarse de pruebas de lo que más se pueda tener del lugar donde sucedieron los hechos, “porque si no, en la medida de que transcurre el tiempo se diluyen las pruebas y los testimonios porque se pierden muchos datos que son definitivos para ubicar al o a los responsables”.
