La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con soldados del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, detuvieron a un hombre por cometer tres homicidios en Acapulco.
En un boletín de prensa, la FGE explicó que los agentes ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Juan alias La Calandria.
Indicó que de acuerdo con los datos contenidos en la carpeta de investigación, los hechos en los que habría participado ocurrieron el 2 de diciembre de este año.
Se afirma que los cuerpos desmembrados de las víctimas fueron localizados dentro de un vehículo tipo van, en calles del poblado de La Venta.
Se sostiene que trabajos de gabinete y campo desarrollados por agentes la Policía Ministerial, permitieron la captura de Juan alias La Calandria.
Se recalca que en seguimiento de las indagatorias, el miércoles se efectuó la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público de la FGE Guerrero presentó datos contundentes para que el juez de Control dictara el auto de vinculación a proceso para el detenido y la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
De acuerdo con la información recabada, el detenido está relacionado con la operación policiaca ejecutada en el bar La Norteña.
El martes pasado, una fuerte operación de agentes federales y estatales se llevó a cabo en el bar La Norteña, ubicada en la avenida Costera. Se supo que la movilización fue por un trabajo de investigación.
Detienen a dos hombres con drogas
Por otro lado, agentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), detuvieron a dos hombres en posesión de droga y les aseguraron un vehículo en la unidad habitacional San Agustín.
En un comunicado, la FGE explicó que en operaciones permanentes en las que coadyuvan autoridades de procuración de justicia y seguridad, permitieron que policías ministeriales detuvieran a Francisco alias El Panchito y a Uriel.
Los dos detenidos tenían 40 dosis de la droga llamada piedra, 10 dosis de cristal; así como un un vehículo Volkswagen-Crossfox.
Se indica en el documento que las investigaciones preliminares establecen que los hombres estarían involucrados con actividades delictivas relacionadas con el denominado halconeo donde fungirían como presuntos informantes de un grupo criminal con presencia en el puerto.
Los detenidos junto con lo incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
El empresario Javier Saldivar, presidente de la Unión de Bares de Acapulco, Álvaro Soriano Ríos y el presidente de la Canaco, Alejandro Martinez Sidney, en la conferencia de prensa que ofrecieron sobre el bar La Norteña Foto : Carlos Carbajal
Jacob Morales Antonio
A 45 días del aseguramiento del bar La Norteña, ubicado en la avenida Costera, el presidente de la Unión de Bares de Acapulco (UBA), Álvaro Soriano Ríos, denunció abuso de autoridad por parte del fiscal regional de Acapulco, Rafael Saldaña Julián, pero la Fiscalía respondió que en el lugar encontraron indicios directamente relacionados con el asesinato de un hombre el 12 de noviembre.
En conferencia de prensa, Soriano Ríos quien es representante del establecimiento, acompañado de los integrantes de la asociación y del abogado Ángel Ballesteros Carpio, solicitó la intervención de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para que la Fiscalía libere el establecimiento porque se perderían 30 empleos directos y otro número igual de indirectos.
El líder empresarial recordó que el bar fue uno de los primeros que abrió luego del impacto del huracán Otis en Acapulco, y la noche del 12 de noviembre se produjo el asesinato de un hombre en el local y otro quedó herido, donde los trabajadores ni el establecimiento tuvieron nada que ver, “esto es una ola de violencia que se ha vivido en todo el puerto de Acapulco”.
Dijo que hay otros establecimientos en la misma situación como es el caso de los restaurantes El Fogón y Los Metates, donde un hombre fue asesinado en la calle Vicente Yáñez Pinzón, el pasado 20 de noviembre, la pozolería Las Vecinas donde fue asesinado el empresario y político Ricardo Ramírez Taja, el jueves pasado, y la taquería y pozolería Chely, que cerró.
“Desde el día 15 de noviembre a la fecha, ya llevamos 45 días aproximadamente sin poder abrir nuestro establecimiento, con esto viene un detrimento económico para la empresa y para los trabajadores principalmente, ya que tuvimos el embate del huracán Otis, y mucha gente se quedó sin empleo, sin casa, sin nada, y necesitamos esta fuente de empleo”.
Soriano Ríos dijo que desde el 30 de noviembre se solicitó a la Fiscalía levantar los sellos de aseguramiento del establecimiento, luego de que se hicieron todas las investigaciones periciales y criminalística por parte de la Fiscalía, además de que no han respondido a los escritos entregados, y que se han negado a recibirlo en la Fiscalía regional argumentando que están en operaciones en campo.
“No es posible que el fiscal regional nos tenga secuestrado este negocio y no podamos abrir”, además de que el cierre los llevaría a la quiebra, debido a que tienen que pagar renta y otros servicios. El empresario responsabilizó de lo que le pase a la Fiscalía.
El abogado Ballesteros Carpio, precisó que la Fiscalía está cometiendo abuso de autoridad, por la violación de los derechos fundamentales a la vida digan de los trabajadores, y por esa razón han solicitado una audiencia ante un juez de control, porque no es justo que el Ministerio Público con su inactividad esté perjudicando no sólo a los empresarios, sino a los trabajadores.
El representante legal dijo que no hay un término establecido para culminar las investigaciones, pero sí hay tiempos para dar la contestación a las peticiones que se hagan, y señaló que la Fiscalía tiene que ser totalmente transparente, el acceso a la justicia y el respeto a los derechos fundamentales, “tampoco se ha establecido la calidad en la que se encuentran los propietarios del bar”.
El presidente de la Canaco-Servytur, Alejandro Martínez Sidney, quien llegó al finalizar la conferencia, expresó su apoyo al empresario y a los trabajadores, y comentó que hay otros cuatro establecimientos en la misma situación “la Fiscalía no da el cause” donde los trabajadores van a perder sus empleos por los trámites engorrosos y burocráticos, “nosotros somos las víctimas de estos actos criminales, no somos los responsables, nosotros no es nuestra obligación andar viendo si anda gente armada, o que hay gente que amenace o extorsione”.
El líder empresarial preguntó a la Fiscalía en dónde estaban los detenidos que cometieron el acto criminal, “¿asegurando el inmueble van a agarrar al responsable de la violencia en Acapulco?”, recordó que los negocios aportan con sus impuestos al gobierno y ahora están en riesgo de cerrar, y hay 200 empleados directos que podrían perderse.
El empresario dijo que hay otros tres negocios que están siendo acosados para que paguen extorsión, pero los casos se están revisando con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Martínez Sidney opinó que la mejor campaña que puede hacer la Fiscalía es que haya detenidos y no andar informando que se les va a detener con los volantes que distribuye para que la gente denuncie.
Por su parte, la Fiscalía informó que abrió otras carpetas de investigación por el homicidio de una persona el 12 de noviembre del 2023 y donde otra persona resultó herida, además de que se encontraron diversos indicios relacionados directamente con el hecho criminal.
En un comunicado, la Fiscalía informó que durante las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación Ministerial, así como peritos de esta Fiscalía, advirtieron que la escena del crimen había sido gravemente alterada.
“Situación que no sólo ha complicado la investigación del homicidio referido, sino que también ha obligado a iniciar una diversa carpeta de investigación por el delito de Encubrimiento por favorecimiento, en contra de quien resulte responsable, por la alteración y ocultamiento de indicios”.
Agrega que se han localizado dentro del establecimiento de referencia “diversos indicios relacionados directamente con el hecho criminal, razón suficiente para continuar con el aseguramiento y las investigaciones hasta que se esclarezcan los hechos criminales”.
La Fiscalía General del Estado es una institución que tiene la función constitucional de investigación y esclarecimiento de los hechos; además, de hacer sus acciones con irrestricto apego a los derechos humanos, se destaca.
