Ramón Gracida Gómez
El posible autor material del atentado a balazos contra el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, fue detenido en Acapulco hace aproximadamente un mes y medio por la Fiscalía General del Estado (FGE) y después esta institución negó que lo haya detenido, denunció el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Aquí hay mano negra, aquí hay una acción premeditada, hay un encubrimiento de alto nivel, eso es preocupante porque entonces en manos de quién está la procuración de justicia en el estado”, expuso por teléfono.
Tlachinollan supo de “la detención de una persona por otro delito y se corroboró que esta persona sí tenía que ver con el asesinato de Marco Antonio, lo desconcertante es que después negaron que esa persona estaba detenida.
“En el caso de Marco Antonio genera suspicacias, sospechas porque no hay transparencia, no hay esta relación permanente con las víctimas, más bien se genera un ambiente de desconfianza”.
Como lo esbozó en el artículo semanal de Tlachinollan publicada este lunes en El Sur, Barrera Hernández especificó que “se supo de la detención de una persona, se supo que estuvo involucrado en los hechos, primero afirmaron que estaba la detención de esta persona y posteriormente dijeron que no era real esa detención, o sea, hay contradicciones en la información que dan funcionarios de la misma Fiscalía”.
Dijo que el nombre del presunto autor material del asesinato no se puede dar públicamente, “es un hombre nada más, fuera de ahí todo su perfil, a dónde pertenecía, todas sus características no las tenemos porque precisamente se negó, fue algo muy cerrado, fue algo como decir que se filtró.
“De la misma Fiscalía salió esta información y posteriormente de la misma Fiscalía se negó la información”, subrayó el director de Tlachinollan.
Sostuvo que se tiene que investigar la línea de que el mismo grupo que desapareció a Vicente Iván Suástegui Muñoz también mató a su hermano, “tomando en cuenta que Marco era un defensor de derechos humanos, fue alguien que asumió la defensa de la presentación de Vicente.
“Parte de los conflictos que enfrentó fue precisamente tanto la defensa de las tierras de Cacahuatepec, como todo el tema relacionado con la desaparición de su hermano y también la defensa de la playa por los trabajadores”, insistió, y recordó las amenazas que denunció y la solicitud de acompañamiento de la Guardia Nacional que hizo.
Se le preguntó si hay una relación entre la falta de detención de Pedro Santos Cruz, el comandante Pino de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y el crimen del vocero del Cecop.
El director de Tlachinollan respondió que no se puede deducir “tan a la ligera, pero sí podemos decir que ése es otro elemento más que se incorpora a esta sensación de que en la Fiscalía hay gente que no se toca como El Pino, ¿por qué hay personas que tienen órdenes de aprehensión y no se les localiza supuestamente y no son detenidas?”.
Señaló que a seis meses del asesinato del “líder emblemático”, que requiere la mayor prontitud “o celeridad posible de parte de la Fiscalía, vemos que no hay avances, no hay resultados, y más bien estamos corroborando que hay dilación, que hay negligencia, sobre todo, para hacerse de pruebas que requería en el momento”.
Al contrario de la postura de la FGE de que el huracán Otis dejó inservibles las cámaras de seguridad de alrededor al acceso a la playa Icacos de la calle Fragata de Yucatán, donde se perpetró el ataque el 18 de abril pasado, Barrera Hernández mencionó que vecinos de los edificios y las calles aledañas confirmaron que sí sirven, pero las imágenes duran entre uno o dos días.
“Lo que quiere decir que hubo negligencia de parte de la Fiscalía en razón de que no acudió de manera inmediata a los lugares donde había cámaras”, señaló el director de Tlachinollan.
También se alteró la escena del crimen “porque no se preservó todo lo que sucedió alrededor, en términos de qué casquillos, no hicieron el trabajo como deberían de hacer, y es obvio que tampoco han recabado testimonios, información de la gente, es muy fácil, pues la gente no quiere informar, no los podemos obligar”.
Aseveró que los cuerpos de seguridad, particularmente la Guardia Nacional, no se cercioraron de la agresión, “no se supo que hubiesen perseguido al agresor, nada, como si no hubiese pasado nada, para mal la gente tuvo que huir, tuvo que esconderse, pero las fuerzas de seguridad pasaron de noche.
“Las víctimas siguen a la deriva, indefensas, sin verdad, sin justicia, y tienen que cargar con la prueba ellos, ellas, casi responsabilizando, es que no vienen a darnos la información, es que no quieren declarar”, lo cual ya se hizo acotó, Barrera Hernández.
“Es una Fiscalía opaca que no da información, que no está cercana a las víctimas, que le descarga toda la responsabilidad a ellas y que obviamente es un ente hermético que en verdad no favorece la participación de las víctimas o por lo menos que las víctimas tengan confianza en el órgano investigador”.
