La representante de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en Acapulco, Adolfina Bautista Vázquez, llamó a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a ponderar el diálogo con los maestros en colonias afectadas por la violencia y no aplicar sanciones por la suspensión de clases.
En declaraciones por teléfono, la dirigente expresó que los maestros no están trabajando porque no quieran hacerlo, sino porque los actos de violencia pueden atentar en contra de ellos o los alumnos durante la hora de entrada y salida de clases.
La dirigente de la región, pese a no precisar el número de escuelas que han suspendido actividades escolares por la violencia, indicó que “son muchas”, y como cada año la situación se agudiza llegando diciembre, porque hay quienes son amenazados.
Informó que el pasado 1 de diciembre, en una reunión con el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, le solicitó que se les diera protección a las escuelas, que donde no pudieran regresar se comprendieran las razones que los maestros plantearan.
En este contexto la maestra llamó al secretario a buscar una solución para los planteles donde no hay clases, no aplicar sanciones porque no pararon clases “por flojos”, sino por situaciones de inseguridad y tuvieron que tomar decisiones rápidas.
El viernes pasado, 14 escuela aledañas a la colonia Sinaí pararon clases por la ola de violencia que comenzó el martes, con el asesinato de tres taxistas de la ruta de colectivos amarillos Sector 6-Centro, el asesinato de un chofer de la ruta Jarandas-Las Cruces frente a la Central de Abastos, además de balacera en la colinas Alborada 19, Sinaí y Unidos por Guerrero.
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Sancionará la SEG a maestros que falten antes del inicio oficial de las vacaciones, advierte
El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero anunció que aplicará sanciones y descuentos a maestros que falten a las escuelas y que el lunes habrá seguridad policiaca y militar, luego que profesores de 14 escuelas cercanas a la colonia Sinaí, de Acapulco, acordaron adelantar vacaciones ante la violencia.
De la Vega Otero acudió al Centro de Convenciones Mundo Imperial, donde supervisó el desarrollo del examen de evaluación; en declaraciones telefónicas, del adelantó de vacaciones en escuelas de Acapulco ante la violencia, respondió que la SEG no evade su responsabilidad, por ello pidió ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública y al Ejército.
Explicó que el Delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, Alfredo Miranda Vergara le informó que ha recibido nueve oficios de escuelas dónde los maestros exponen que no hay condiciones de seguridad.
“Tenemos conocimiento de esa situación y no evadimos nuestra responsabilidad, la seguridad no es un tema que competa a la Secretaría, por eso transmitimos el mensaje a la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército para que nos apoyen” dijo.
La ola de violencia, que comenzó el martes con el asesinato de tres taxistas en la colonia Sinaí, ocasionó la suspensión de clases en 14 escuelas de la zona, donde los maestros y padres acordaron que sus hijos regresarán el próximo ocho de enero.
De la Vega Otero afirmó que tienen el apoyo del comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez, que manda soldados a las colonias de Renacimiento y Zapata, “se le pidió que refuercen ese tramo y el lunes habrá vigilancia”.
“Que nos mantengamos en clases en esté último jalón que falta, esa es la petición a los maestros, que tengan claro que no hay pretexto, habrá garantías de vigilancia en las escuelas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y del Ejército”, se comprometió.
El secretario dijo que, aunque no se crea que se aplicarán los descuentos, sí los hará la SEG, y “no queremos hacerlo porque estamos en diciembre… pero no hay pretexto para terminar, o habrá descuento”.
Pese a que se le insistió que, durante un recorrido El Sur constató que varias escuelas el viernes no tuvieron clases, el secretario insistió en que sí hubo.
En el recorrido del viernes, se constató que la Secundaría Federal número 6, de la colonia Emiliano Zapata; la Secundaría Técnica 199, de la colonia Unidos por Guerrero; y la primaria bilingüe Indígena Acamapichtli, en la colonia Alborada, estuvieron entre las 14 que suspendieron clases a causa de la inseguridad.
Por otra parte, De la Vega Otero admitió que hay muchas escuelas que hacen peticiones que quieren que se reconstruyan aulas, “son de los temas pendientes, pero hemos venido, es un año complicado, pero vemos que se le da atención a todos los grupos”, afirmó.
Sobre las normales públicas, dijo que hay algunas inconformidades ahí, pero debe haber una reflexión, porque “las normales que no han estado en paro en el año, es porque el mayor número de jóvenes pasaron para ser maestros, las normales que estuvieron más en movilizaciones son las normales que menos ingresaron a tener un acceso a una plaza, y les hacemos un exhorto a los jóvenes que por las razones equivocadas hacen manifestaciones que mejor le inviertan en el estudio”, para tener una plaza.
Se “veían venir” las sanciones de la SEG, dice la CETEG; convoca a una protesta en Acapulco
El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez Perulero, dijo que se “veían venir” las sanciones administrativas a los maestros de la Montaña Baja que no se presentaron a laborar de manera regular, luego del oficio que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) les envió el 17 de noviembre pasado.
Maestros de escuelas de la Montaña Baja, principalmente de Chilapa, Zitlala y José Joaquín Herrera (Hueycantenango) suspendieron clases porque recibieron amenazas del crimen organizado.
Las autoridades desplegaron un esquema de vigilancia para dar seguridad en 12 rutas, y la SEG llamó a los docentes a reanudar laborales porque consideró que ya había garantías para que éstas se llevaran a cabo.
El miércoles, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, acudieron a Chilapa para asistir a reunión del Grupo de Coordinación Guerrero. Ahí, el gobernador aseguró que el 93 por ciento de las escuelas cerradas por inseguridad en la Montaña Baja ya estaban laborando y que las únicas cerradas estaban sin actividades por conflictos “gremiales”; mientras que González de la Vega Otero dijo que la CETEG ha puesto “pretextos” para no reanudar actividades.
Expresó que la SEG ha sido tolerante por la situación complicada, pero que la próxima semana se aplicarán los descuentos correspondientes.
Consultado al respecto, Ramírez Perulero dijo que el magisterio disidente anticipó que la SEG aplicaría descuentos a los docentes de la Montaña baja y por ello convocó a una marcha estatal el 6 de diciembre, en Acapulco, contra las represiones administrativas, “vamos a defender los derechos de los compañeros, sean o no de la CETEG, no vamos a permitir que se violenten sus derechos”.
Expuso que el problema de la inseguridad en la Montaña Baja no se va a resolver con una estrategia mediática, como las 12 rutas de vigilancia; además de que cuando las autoridades acudieron a visitar la zona, fueron resguardadas por escoltas, Policía Estatal, Policía Federal y el Ejército, pero los maestros y pobladores de las comunidades no cuentan con este tipo de blindaje.
Llamó a González de la Vega Otero a “que se ponga en los zapatos” de los maestros, que actuaron según las circunstancias que prevalecen en la región. Dijo que el asesinato de la niña de 13 años Diana Paulina Rendón Alcaraz en Chilapa, “seguramente alumna de secundaria”, es una muestra de que la seguridad no está garantizada y los crímenes prevalecen.
“Sabemos que el problema es grande y transciende a la SEG, hemos visto que ellos mismos han hecho el llamado a la federación para que intervenga en esta problemática, porque se han visto en la incapacidad para enfrentarla, pero nuestro papel es defender a nuestros compañeros”, declaró.
Ramírez Perulero acudió este jueves a Acapulco para llamar a las bases a participar en la marcha estatal del 6 de diciembre, en la que también exigirán la abrogación de la reforma educativa, que se suspenda la aplicación de la Evaluación del Servicio Profesional Docente y que los recursos aplicados al proceso se destinen a las escuelas que fueron dañadas por el sismo del 19 de septiembre pasado.
“El llamado es a todo el magisterio. En la medida en que estemos unidos las autoridades no tienen por qué violentar nuestros derechos laborales, profesionales, sociales y económicos”, concluyó.
Pide la CETEG en la Montaña Baja que la SEG no sancione a maestros sin clases por inseguridad
La dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) pidió a las autoridades que no haya alguna represión ni sanción administrativa, mientras no haya condiciones para reanudar labores en la región de la Montaña Baja, y que trabajen conforme a sus competencias, en referencia a brindar seguridad a los maestros.
El profesor Evelio Venancio, integrante de la estructura regional de la CETEG, informó que ante la crisis que vive el sector educativo en la región, la parte sindical pide que no haya represión administrativa contra la base.
“Lo que pedimos a las autoridades es que no haya algún tipo de represión administrativa u hostigamiento laboral hacia ninguno de los compañeros, que por alguna u otra razón no han reanudado clases.
“Sabemos que ya está siendo atendida esta situación y una vez que haya condiciones para reanudar, lo haremos. Los maestros tenemos la voluntad y el compromiso con la niñez, con los jóvenes que están en la edad de ser educados”.
Dijo que no podría precisar los días de suspensión, porque algunas escuelas han intentado laborar.
“Sería impreciso manejar una fecha exacta, han sido diversas suspensiones. Algunas escuelas han reanudado, otros días han suspendido; sin embargo, el magisterio ha buscado la manera de reanudar clases”.
Sobre la parte de la seguridad a los maestros y alumnos en las escuelas, el representante sindical dijo que es deber de las autoridades garantizar la educación.
“Es lo que les compete a las autoridades, garantizar, las autoridades deben hacer su trabajo conforme les compete, eso es lo que se les ha pedido”.
El dirigente seccional informó que hay escuelas trabajado, sobre todo de nivel primaria, en la colindancia de Tixtla y Chilapa, además de que ya se ha regularizado relativamente el transporte público.
Declara Héctor Astudillo la alerta de género en ocho municipios; no espera el dictamen de Segob
El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que el gobierno del estado determinó declarar la alerta de género en ocho municipios, independientemente del dictamen que esperan que emita la Secretaría de Gobernación sobre el tema.
Este miércoles, en un acto realizado en el vestíbulo del edificio Centro del Palacio de Gobierno, Astudillo Flores informó que de 2009 a 2016 se registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas, en las siete regiones del estado; y desde diciembre de 2010, a partir de la tipificación del delito de feminicidio, se han registrado 142 casos de este tipo en Guerrero.
Por ello se determinó declarar la alerta de género para los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla.
En declaraciones a los reporteros, sostuvo que se realizó en los últimos días un análisis en torno a la declaratoria, debido al clima de inseguridad que se vive en todo el país, por lo que se debían de fortalecer las medidas para ayudar a prevenir la violencia de género.
“Bueno, lo que he hecho es aceptar como gobernador algo que está sucediendo en el país y que no es propio de Guerrero, y que es necesario fortalecer una serie de medidas para atender este tema”, agregó.
–¿Por qué hasta ahora y no antes, cuando se estaba solicitando?
–Bueno, lo importante es que lo estamos haciendo.
El gobernador señaló que ante este panorama, su gobierno considera importante “fortalecer las acciones que se han venido implementado para detener y eliminar los tipos de violencia”.
“Independiente del proceso federal, que en su momento concluirá la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de cuyos resultados seremos respetuosos”, agregó.
En su discurso, argumentó que los feminicidios se han convertido en un problema de “carácter nacional”, por lo que la declaratoria de alerta se ha decretado en siete estados, mientras que en otros 24 está en proceso de dictaminación.
El gobierno del estado puntualiza siete aspectos a atender, la principal se enfoca en fortalecer la Fiscalía Especializada para la Investigación de Feminicidios.
Después se atenderá la consolidación del funcionamiento del Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado, así como asegurar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos, que permita el registro de la incidencia de la violencia contra las mujeres, con el propósito de generar estadísticas, a fin de realizar acciones efectivas de prevención y erradicación.
También se incluye el establecer acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, además de reasignar recursos presupuestales para hacer frente a la contingencia de violencia de género y feminicida.
Por último, se aborda la implementación de medidas para dar cumplimiento a la reparación del daño a las víctimas y consolidar los instrumentos que hagan efectivo el cumplimiento de las leyes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y de igualdad entre mujeres y hombres.
En su discurso, Astudillo narró que desde principios de su administración había señalado su interés y voluntad política para atender las demandas presentadas por diversas organizaciones, a fin de atender los problemas de violencia de género y feminicida que prevalece.
Sostuvo que por eso se inició un proceso incluyente para “escuchar al movimiento amplio de mujeres que estaban solicitando la declaración de alerta de violencia de género”.
“La posición enfática del gobernador fue impulsar acciones integrales para atender estos reclamos, con sensibilidad y respeto de los procedimientos” de ley, agregó.
Recordó que el 23 de junio de 2016, la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres AC presentó al Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), en calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una solicitud de declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres.
Dijo que para el 28 de junio del mismo año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió el acuerdo de admisibilidad de la solicitud y la remitió a la Secretaría Ejecutiva, desde donde informaron al gobierno estatal sobre la solicitud.
Para el 12 de septiembre, el gobierno del estado recibió el informe, que contenía 10 conclusiones y 52 indicadores que debieron cumplirse en seis meses, por lo que entregaron en la prorroga autorizada hasta el 14 de marzo de 2017.
Astudillo dijo que al emitir esta Alerta de Violencia de Género, el gobierno reconoce el ineludible deber de establecer medidas emergentes para detener la violencia de género y la violencia feminicida.
Solicitó al Poder Legislativo avanzar en la armonización de las leyes que protegen los derechos humanos de las mujeres, así como pidió al Poder Judicial que garantice el acceso a la justicia y la sanción efectiva a quienes cometan agravios en contra de las mujeres.
Pidió que en la procuración de justicia se garantice la atención “sensible” a las mujeres víctimas de la violencia y la aplicación de protocolos de actuación en la investigación de los delitos que dañan a las mujeres guerrerenses.
También hizo un llamado a los ayuntamientos a cumplir con sus deberes legales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Al anuncio asistieron el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame; la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O García; el de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el p residente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno; y la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso, la perredista Yuridia Melchor Sánchez.
Analizan diputados sanciones contra el fiscal por el caso Beltrán
El secretario de la Comisión Instructora a cargo del juicio de desafuero contra el diputado priista Saúl Beltrán Orozco, el perredista Ernesto González Pérez, informó que analizan las sanciones contra la Fiscalía general por el retraso en la entrega de pruebas solicitadas.
En declaraciones, adelantó que la Comisión se reunirá para analizar qué medidas o sanciones pueden aplicar por las omisiones cometidas, porque afirmó que eso es lo que ha retrasado el dictamen.
Se le preguntó a qué atribuye el retraso de la Fiscalía para entregar la información que le solicitaron y dijo “es lo que nos preocupa que quiera utilizar la Fiscalía alguna protección… o no sabemos, es lo que nos preocupa, ¿por qué no han llegado? (las copias certificadas)”.
Explicó que las sanciones contra el fiscal Javier Olea pueden ser administrativas, por desacato, e incluso la destitución de su cargo. “Estamos analizando llamarlo a comparecer y ver medidas de apremio y sanciones porque ya son dos ocasiones que pide prórroga, son ya 20 días que no ha podido entregar esta documentación y si no tenemos la documentación no podemos elaborar un dictamen”.
Las sanciones contra empleados de Saneamiento Básico “tienen sustento”
“Los trabajadores piden dinero o no hacen completo su trabajo”, señala el director Fernando Terrazas.
Luluani Vega El director de Saneamiento Básico, Fernando Terrazas Sánchez aseguró que las sanciones que aplican los jefes inmediatos a los empleados de dicha dependencia “no son negociables” porque las denuncias que existen en contra de algunos de ellos, sí tienen sustento, “recibimos a la semana entre ocho, nueve o diez quejas”.
El funcionario también informó que el paro de labores que llevaron a cabo trabajadores de la dependencia a su cargo ayer por la mañana, fue “de carácter sindical”.
Por más de dos horas y media de este lunes, los trabajadores de Saneamiento Básico no laboraron, para denunciar que sus derechos no son respetados y acusaron a los jefes inmediatos de aplicar sanciones injustificadamente.
Al respecto, Terrazas Sánchez dijo que esa demanda no se negoció porque las denuncias que los ciudadanos hacen a la dirección de Saneamiento Básico cumplen con los requisitos.
“La gente denuncia abusos y se les pide el número de la unidad, la hora y nos dan los datos, nosotros inmediatamente procedemos y aplicamos los castigos” abundó.
Terrazas Sánchez informó que la principal queja que hace la ciudadanía es que los empleados piden dinero o el trabajo que deben desempeñar es incompleto, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier irregularidad de los trabajadores de Saneamiento Básico.
Otro reclamo que los trabajadores hicieron durante su paro laboral, es que se han llegado a quedar en banca porque los camiones recolectores de basura se encuentran en malas condiciones y pidieron la reparación de estos.
Sobre el asunto, el funcionario municipal aseguró que la dependencia a la cual representa tiene cien camiones recolectores de basura “el director de adquisiciones del Ayuntamiento, Rodrigo Pérez González ordenó la reparación de los vehículos, además no podemos definir el tiempo en que se presentaran las descomposturas, no queda de nosotros”, concluyó.