Uniformes escolares se exhibenen en una tienda especilaizda del centro de Acapulco Foto: Jesús Trigo
Karina Contreras
La presidenta de la organización Familias Unidas de Acapulco, María de la Luz Reyes Ríos, informó que ya interpusieron un amparo para que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no distribuyan los libros de texto gratuito en las escuelas, para el nuevo ciclo escolar que inicia el 28 de agosto.
Explicó que el amparo fue para reclamar que no se entreguen los libros de texto gratuito en nivel básico y señaló que si los textos ya fueron entregados en algunas escuelas, “se pueden retirar, porque el juez puede ser preciso en el ordenamiento que les dé”.
Añadió que el argumento es para pedir “que nos amparen y protejan en contra de la indebida distribución de los libros de texto, por tener una serie de irregularidades en sus contenidos”.
La abogada aseguró que puede que les ordene que se retiren los libros, hasta en tanto sean adecuados a los contenidos educativos, de acuerdos con los planes y programas de educación, dentro de los lineamientos que establece la Ley General de Educación, que impide “improvisaciones, no cargados de ideologías. En fin, todas las irregularidades que tienen actualmente”.
En declaraciones telefónicas, la también abogada dijo que fue este lunes cuando acudieron a los juzgados federales para interponer el amparo y que apenas les dirán a qué juzgado de distrito entró.
Se le preguntó su opinión sobre las declaraciones del secretario de Educación, Marcial Rodríguez, de que los libros ya fueron entregados y ya llegaron a algunas escuelas, por lo que es algo concluido, y respondió: “Se adelantan, a pesar de que sabían que tenían infinidad de irregularidades”.
Reyes Ríos dijo que van a estar a la espera, para ver qué dice el juez de distrito y “será el juez de distrito quien les va a ordenar que no los entreguen”.
Representntes de organizaciones de padres de familia en Guerrero Benjamín Fuentes, Victoriano Sánchez, Julieta Fernández, María de la Luz Reyes, Ismael Andraca, Oscar Hérnadez y Gerardo García en conferencia de prensa Foto: Jesús Trigo
Karina Contreras
Organizaciones de padres de familia de Guerrero anunciaron que promoverán un amparo, para obligar al gobierno estatal y a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a que no se distribuyan los nuevos libros de texto, argumentado que su contenido pone en “peligro a sus hijos” y lleva a la “perversión”.
En una conferencia de prensa en un salón del hotel Malibú, la presidenta de Familias Unidas de Acapulco, María de la Luz Reyes Ríos, adelantó que mientras se resuelven los amparos, acudirán a las escuelas a pedir a los directores que no utilicen los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y usen los del año pasado.
La también abogada explicó que el amparo lo van a interponer las asociaciones sociales y padres de familia, que va en el mismo contexto del que hizo la Unión Nacional de Padres de Familia, que logró un amparo definitivo, para que no se distribuyan los libros porque no hay planes educativos, porque los contenidos no son científicos, por las anomalías e irregularidades que contienen y el adoctrinamiento que viene, en específico para los niños.
“Ya estamos trabajando en los amparos y se presentarán en estos días”, dijo y agregó que los libros de texto nuevos son improvisados, porque faltan los nprogramas educativos y “verdaderos profesionales de la educación. Se hicieron los convenios para guardarlos, reservar hasta cinco años, eso hizo el Ejecutivo. ¿Por qué no dan a conocer quiénes y en qué se basaron para destruir los contenidos que estaban actualizados en 2017?”.
Señaló que dicen los libros que los contenidos están elaborados para que los docentes escojan un proyecto, para aplicarlo con sus alumnos, cuando antes estaban diseñados para que los niños apoyen su aprendizaje a partir de sus contenidos, y ahora no.
Dijo que nunca se había visto un libro de texto sin un programa educativo y señaló que los maestros no están capacitados para trabajarlos, además de que sólo van a pervertir a sus hijos.
El presidente de la Asociación a Favor de la Familia y la Niñez, Victoriano Sánchez Carbajal, señaló que no están de acuerdo con que se trate a los niños de esa manera, con esos libros, y por eso se están organizando para interponer un juicio de amparo, porque si bien la Constitución establece que la educación es inclusiva, eso no “significa la imposición de ideologías a través de los libros de textos”.
Desconocemos el fondo y de dónde viene, pero lo “que sí vemos, es que tienen objetivos fundamentales, como lo es la perversión de la niñez. Es una preparación a la pedofilia, que ya está en otros países y en México, independientemente de que no se discuten temas de valores. Por eso, la oposición total al contenido de los libros de texto de nivel primaria, por razones y fundamentos constitucionales”.
Mientras, el presidente del Frente Nacional por la Familia Guerrero, Tomás Gerardo García Sánchez, manifestó que es alarmante el grado de dictadura que se pretende imponer desde el gobierno federal, “estamos haciendo un llamado a todos los padres de familia, a los maestros y profesionistas, porque queremos despertar la conciencia sobre todo esto”.
Señaló que el origen de la delincuencia está en la desintegración de la familia y que los libros de texto “sólo contribuyen a incrementar la violencia que ya se está viviendo en Guerrero y el país. Tenemos una sociedad pervertida, corrompida, podrida y esto no ayuda”.
Señaló que como movimiento han hecho propuestas concretas para la familia, en los foros a los que convocó el gobierno estatal para el plan de desarrollo, pero no les hicieron caso.
Agregó que gobernadores y diputados han salido a decir que están a favor de los libros sin conocerlos, “son políticas con perspectivas de género que atentan contra la vida, se deforma el término de familia, de igualdad, de equidad y aquí la víctima es la sociedad”.
Por su parte, el representante de Guerrero Unido por la Familia, Benjamín Fuentes Hoyos, dijo que hacía un llamado al despertar de la conciencia de los padres de familia y de maestros. Señaló que como padre de familia de una niña, que estará en el quinto año, se opone a esos libros de texto.
“En el contenido del libro de quinto año, página 220, existe una actividad que se llama Feria de la Diversidad, en donde van a querer obligar a mi hija a vestirse de niño o a mi hijo vestirse de niña. Yo me opongo rotundamente a eso, porque no tiene ningún valor educativo, científico. No solamente yo me opongo, sino una gran cantidad de padres de familia. El obligar a los maestros a llevar a cabo esta actividad no es algo que beneficie a la educación de los niños”.
“Una actividad de ese tipo está trasgrediendo mis valores y la consciencia de miles de padres de familia, que van a permitir que sus hijos de un determinado sexo, que no es género, sino sexo masculino o femenino, se tengan que vestir para simular qué. Ese contenido quién lo autorizó”, se quejó el padre.
La diputada local del PRI, Julieta Fernández Marqués, dijo que la modificación de los libros de texto es anticonstitucional y señaló que se “cierne un peligro muy grande para toda la niñez”.
Señaló que con esos libros se despierta la sexualidad en niños de quinto de primaria y hay influencias que son doctrinas, que son peligrosas, por lo que exigen que se pare la repartición de libros. Recordó que hay cuatro estados que se ampararon y en dos se dejaron de distribuir los libros de texto.
La dirigente de la CETEG, Reyna Bello; el ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano, y el cetegistas Víctor Bartolo de la Cruz, en conferencia Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Maestros integrantes de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), informaron en una reunión que son 537 docentes los que se han amparado para no presentar su declaración patrimonial.
Este viernes, durante una reunión en lo que eran las instalaciones de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en la colonia Burócratas, en Chilpancingo, el abogado de los profesores y ex diputado federal, Rubén Cayetano García, afirmó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda niega que les está imponiendo a rendir su declaración patrimonial, pero en la Secretaría de Contraloría y las autoridades educativas aceptaron que lo hacen.
En la conferencia, el ex diputado federal Rubén Cayetano informó que desde el año pasado presentaron una demanda firmada por 537 docentes ante el Juzgado Décimo de Distrito, de Chilpancingo, del 21 circuito, que es un juzgado federal.
Argumentó es que el gobierno estatal está interpretando el artículo 108 en la Constitución con el que el gobierno de Enrique Peña Nieto supuestamente pretendía combatir la corrupción, “el espíritu de esa ley es imponerle a los servidores públicos, que manejan el presupuesto, que aplican recursos, programas sociales, imponerles reglas de rendición de cuentas y transparencia”.
Dijo que se distorsiona ese criterio, bajo el argumento de que a los docentes se les paga con recursos públicos del presupuesto, y por ello, también son servidores públicos, por lo que comienzan a obligar a los docentes a hacer tu declaración patrimonial y de intereses.
Manifestó que los maestros se ampararon, porque se pretende incorporarlos al estatus de servidores públicos, como un alcalde, síndico, diputado o gobernador, cuando los profesores no aplican recursos públicos, porque son trabajadores.
Contó que fue hasta marzo de este año cuando el amparo fue aceptado por los jueces, para ser estudiado, y que en el proceso, el gobierno estatal ha negado que se busque imponer a los maestros que rindan su declaración patrimonial y de intereses.
No obstante, Cayetano García mencionó que es una simulación del gobierno estatal, porque la misma Secretaría de Contraloría y la SEG aceptaron que sí se busca que los docentes presenten este requerimiento.
Por su parte, la líder de la CETEG en la zona Centro, Reyna Bella de Jesús, comentó que al aceptar presentar su declaración patrimonial pierden derechos laborales, pues serán considerados como trabajadores de confianza, cuando ellos no manejan recursos públicos.
Reprochó a los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que informaron a los maestros que se logró una prórroga para que presenten su declaración, pero que eso no significa defender sus derechos laborales.
Llamó a los trabajadores educativos, de salud, de los ayuntamientos y del gobierno estatal a entender que no son servidores públicos, sino trabajadores de base y no tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial.
Un integrante por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía, informó que un juez federal desechó el amparo que interpuso Silvia Alemán Mundo porque le fue negado su registro como aspirante a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), e indicó que interpondrán un recurso de queja.
En días pasados, los opositores al candidato único a la Rectoría de la UAG, Javier Saldaña Almazán, precisaron que los dos aspirantes, Silvia Alemán y Jorge Luis Urióstegui Train, impugnaron la negativa de sus registros.
Por teléfono, el abogado e integrante de Insurgencia Universitaria, Román Ibarra Flores, dijo que les llegó el acuerdo de “desechamiento del amparo” que interpuso Alemán Mundo.
Explicó que “en materia de elección de rector, en las universidades autónomas hay lagunas jurídicas en el sistema legal del país. Hay algunos jueces meticulosos, que revisan a fondo y conceden la suspensión provisional, para que se registren los candidatos sin ese requisito de los 25 avales consejeros, porque es anticonstitucional”.
El abogado informó que el juzgado primero desechó el amparo de Silvia Alemán, pero interpondrán un recurso de queja.
Además, dijo que los miembros por el Rescate de la Democracia esperan la respuesta que le dará el juez a Urióstegui Train, “el juzgado nos dará respuesta en estos días”. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Efectivos de la Guardia Nacional con equipo antimotines resguardan la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol durante el volanteo de militantes del PRD Foto: El Sur
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, encabezó por segunda vez este mes una protesta en la caseta de la Auto-pista del Sol, en Palo Blanco, para informar que el Juzgado Décimo de Distrito de Chilpancingo admitió la demanda de amparo en contra del aumento a las tarifas de peaje en esa vía federal.
Informó que al mismo tiempo, el Comité Municipal de Tecpan y militantes estaban protestando en la caseta del libramiento de la caretera Acapulco-Zihuatanejo.
En la primera manifestación en la caseta de cuota de Palo Blanco, el 10 de abril, el dirigente perredista anunció el inicio de una lucha legal por la disminución del cobro de peaje.
El 7 de febrero, la Secretaría de Infraestructura, Comunicacio-nes y Transportes (SICT) anunció un ajuste a las tarifas a partir del primero de marzo, luego el 28 de febrero anunció la suspensión de las mismas. Sin embargo, el 6 de marzo aplicó el aumento del 7. 82 por ciento argumentando la inflación de diciembre de 2021 a diciembre de 2022.
Del proceso legal, Catalán Bastida informó que se encuentra en desahogo y presentación de los informes previos por parte de las autoridades responsables.
Precisó que únicamente han emitido informe la Delegación de la SICT y de Caminos y Puentes federales (Capufe)
Informó que la delegación SICT argumentó en su informe precio “que no tuvo nada que ver en la actualización de las tarifas, mientras CAPUFE admite la aplicación del aumento”.
Aclaró que aún faltan por rendir su informe la Presidencia de la República, la SICT del Gobierno Federal y su Comisión Consultiva de Tarifas.
Sin embargo, consideró que el aumento fue ordenado desde la SICT, en plena transicion de los efectos de la inflaccion, “sin fundar ni motivar su determinación de actualizar las tarifas”.
Catalán Bastida aseguró que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la SICT tienen atribuciones para reconsiderar las tarifas, lo cual demanda el PRD, para reducir la afectación a la población.
Añadió que a la par del amparo, el PRD promovió desde el 16 de marzo, a través de su Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a la SICT a revertir los efectos de la actualización de tarifas y establecer medidas alternativas para los residentes que usamos estas vías de comunicación.
El exhorto fue turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para que siga su trámite legislativo, indicó.
Ratificó que “desde el PRD Guerrero, continuaremos nuestra lucha contras estas medidas que afectan la economía de nuestra entidad y que inciden en el alza de precios de transporte, bienes y servicios”.
Sin obstruir el transito vehicular militantes del PRD mostraban una lona y entregaban volantes a los automovilistas. La accion fue vigilada de cerca por agentes de la Guardia Nacional que se apostaron frente a la caseta con equipo antimotines.
Señor director:
Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitarle un espacio para hacer de su conocimiento y de la opinión pública que derivado del proceso que se sigue en contra de un hombre y una mujer que el 1º de junio de 2017 me amenazaron y agredieron durante la cobertura de una audiencia por caso del homicidio de la doctora Adela Rivas Obé, quien fuera directora de las clínicas del IMSS de Petatlán, Zihuatanejo y La Unión, este jueves 9 de agosto me vi en la necesidad de presentar una solicitud de amparo y protección de la justicia federal ante el Juez Tercero de Distrito con sede en Acapulco, Guerrero, en contra del auto dictado el 27 de julio del año en curso y notificado el 30 del mismo mes y año, por la modificación de la medida cautelar impuesta a la mujer imputada, el cual fue emitido por la licenciada Patricia Lozano Hernández, Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con adscripción al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, ya que su resolución ha transgredido gravemente mis derechos humanos así como mis garantías individuales y procesales.
La modificación que hizo la juez Patricia Lozano Hernández fue la autorización para que la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, región Costa Grande, con sede en esta ciudad, se traslade al domicilio de la imputada a recabar su firma concerniente a la medida cautelar que le fue impuesta en audiencia del 23 de mayo de 2018, cuando ella y el hombre que me amenazaron, quedaron vinculados a proceso.
El argumento que presentó la imputada es que se encuentra en gestación avanzada y no puede presentarse a firmar a la sede de la Unidad de Medidas Cautelares tal y como le fue impuesto pretextando que el trayecto puede sufrir un accidente y afectar a su producto.
La juez ordenó que se me diera vista de la solicitud de la imputada para que yo argumentara lo que a mi derecho conviniera y posteriormente acordar lo conducente, por lo que luego de presentar por escrito mis observaciones como víctima y de acuerdo con los principios del actual sistema de justicia penal acusatorio que destacan la oralidad, contradicción y el principio de igualdad entre las partes, yo esperaba que la juez nos convocara a una audiencia en la que se dirimiera la solicitud de la imputada y luego entonces acordara lo que decidiera acordar, sin embargo, no lo hizo y al mero estilo del viejo sistema de justicia, decidió resolver de manera favorable la autorización solicitada por la imputada.
Señor director, la forma en que la juez decidió autorizarle a la imputada la modificación de la medida cautelar me causa agravio y por consecuencia, una clara violación al principio de debido proceso que rige el actual sistema penal acusatorio y que opera en favor de la víctima, en este caso, la víctima soy yo y por esa razón es que tuve la necesidad de solicitar dicho amparo, pues insisto, la juez debió señalar audiencia para salvaguardar el principio rector del sistema penal, como es la oralidad y en dicha audiencia dar oportunidad a la defensa de la imputada para que presentara sus argumentos y pruebas en las que basa su solicitud de modificación de su medida cautelar, y en mi caso, a través de mi asesor jurídico, así como el agente del Ministerio Público poder ejercer el derecho a la contradicción y con ello la juez estuviera en condiciones de resolver la petición que planteó la imputada mediante un escrito, pero no lo hizo así, de ahí mi solicitud de amparo.
Asimismo, señor director, aprovecho para hacer de su conocimiento que este próximo martes 14 de agosto, a las 11 de la mañana, está programada la audiencia intermedia del proceso que se le sigue a estas dos personas que me amenazaron, por lo que le pido encarecidamente a usted y a la opinión pública seguir pendientes del desarrollo de este caso que es el primero en Guerrero en que se someten a un proceso penal los agresores de un periodista.
De antemano agradezco la atención que sirva darle a la presente.
Un tribunal federal de Reynosa, Tamaulipas, notificó ayer oficialmente tres sentencias de amparo en favor de acusados de secuestrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que se suman a la difundida el 4 de junio y ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar de nuevo el caso.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito oficializó los amparos 204 al 206/2017 en favor de Salvador Reza Jacobo, El Wereke, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, El Gil, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas, al parecer, bajo tortura.
El amparo previo, el 203/2017 fue a favor de Miguel Angel Bahena Landa, El Chequel, y la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que esperaba la notificación de las demás sentencias para decidir cómo impugnarlas.
El amparo 204/2017 en favor de El Wereke también incluye a otros cuatro quejosos, cuyos nombres fueron tachados por el tribunal colegiado en la versión pública de la sentencia, pese a que las identidades de todos los acusados son conocidas desde hace años.
Igual que este caso, el tribunal colegiado revisó amparos contra autos de formal prisión dictados por delincuencia organizada y otros delitos en la causa penal 123/2014, y ordenó reponer los procesos desde el inicio con la condición de que la PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul, para probar que los acusados no fueron torturados.
De no presentarse este dictamen en 10 días, el tribunal colegiado ordenó tener por hecho que hubo tortura, lo que implicaría la libertad de los acusados.
Además, en una larga sección de la sentencia que no tiene precedentes en la justicia mexicana, el tribunal desconoció la investigación de la PGR y ordenó crear una Comisión en la que representantes de las víctimas y la CNDH tendrían el mando.
Esta parte de la sentencia es la que PGR podría intentar impugnar por invasión a la esfera de atribuciones que le otorga el artículo 102 de la Constitución, pues en lo que se refiere a la protección en favor de los acusados, los fallos de los tribunales colegiados en amparos en revisión son inatacables.
Supervisar la ejecución de los amparos corresponde al Tercer Tribunal Unitario con sede en Reynosa, a cargo del magistrado Sabás Pérez García.
Hasta ahora Pérez no ha requerido al juez de Distrito que lleva los procesos en Matamoros, David Calderón, ni a las demás autoridades señaladas por el tribunal colegiado para que acaten la sentencia.
El proceso de cumplimiento del amparo en la parte que corresponde a la Comisión de la Verdad podría tomar años, y tendrá la dificultad logística de que los desacuerdos entre sus integrantes tendrían que ser arreglados ante el tribunal unitario en Reynosa.
Reforma publicó el martes que Calderón absolvió a otros cuatro involucrados en el caso Ayotzinapa, tres de Guerreros Unidos y un policía de Iguala, pero sólo uno salió de prisión.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) revisará el amparo de la ex primera dama de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, contra la formal prisión que se le dictó en 2015 por cohecho, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la sentencia que revisará la Primera Sala en fecha aún por definir, el magistrado de circuito Sabás Pérez García resolvió que Pineda tiene derecho a ser procesada por jueces federales de Morelos, donde está recluida, y no por los tribunales de Tamaulipas donde se concentran los casos contra los involucrados en el caso.
El amparo de Pineda Villa, esposa del ex Alcalde de Iguala José Luis Abarca, era uno de los cinco acusados por el caso Ayotzinapa que en 2017 llegaron al mismo tiempo al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Ciudad Reynosa.
El 1 de febrero los magistrados acordaron enviar ese amparo a la Corte para que resuelva un tema de Constitucionalidad planteado por Pineda Villa, que no fue incluido en las demandas de los otros acusados. (Agencia Reforma / Ciudad de México).
Este jueves, padres de familia del jardín de niños Gabriela Mistral, ubicado en la unidad habitacional Infonavit El Hujal, en este puerto, abrieron el plantel luego de poco más de dos semanas que permaneció cerrado para exigir que cinco maestras cumplan con el horario de Tiempo Completo.
El 23 de enero pasado, los padres de familia de cinco de los 12 grupos que hay en esa escuela tomaron la decisión de cerrarla de manera definitiva, pues desde el inicio del actual ciclo escolar, sus hijos no han tenido el servicio de tiempo completo porque sus maestras argumentan que tienen problemas de salud y que, además, es muy poco el dinero que les pagan por hacer su trabajo.
Por su parte, las cinco maestras interpusieron una demanda de amparo en contra de las autoridades educativas federales y estatales, por lo que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha podido determinar la situación laboral de las educadoras, porque no hay todavía una resolución judicial.
Este jueves, poco antes de que iniciara la hora de entrada, los padres retiraron las pancartas que desde el 23 de enero colocaron en la entrada al plantel, así como también quitaron el candado especial que tenía el portón, y permitieron que los niños retomaran sus clases.
El delegado de la SEG en Costa Grande, Fernando Leyva Sotelo, informó vía telefónica que debido a que no se ha resuelto la demanda de amparo, el juez federal que lleva el caso de las maestras determinó que enviará a un actuario a que lleve a cabo una diligencia, en la que se espera constatar que las maestras incumplen con el horario de tiempo completo.
Leyva Sotelo aseguró que fue una determinación de los propios padres de familia, que mantenían cerrado el jardín de niños, volver a abrirlo para que el actuario que vendrá a hacer esa diligencia pueda llevarla a cabo.
A pregunta, el funcionario señaló que el hecho de que se hayan retomado las clases no es indicativo de que el conflicto ya esté resuelto, “hasta que el juez que lleva la demanda de amparo de las cinco maestras emita su veredicto, hasta entonces la SEG podrá estar en condiciones de determinar qué va a pasar con las maestras que se han mantenido renuentes”. (Redacción)
Este lunes continuó cerrado el jardín de niños Gabriela Mistral, en la unidad Infonavit El Hujal, en este puerto; los padres de familia de cinco grupos de ese plantel exigen a las autoridades educativas que se les dé el servicio de tiempo completo.
El delegado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en la región, Fernando Leyva Sotelo, manifestó que la escuela seguirá cerrada hasta en tanto no se resuelva la situación jurídica, respecto al amparo que tienen cinco maestras que se niegan a trabajar con el sistema de tiempo completo.
Vía telefónica, el funcionario dijo que las cinco maestras inicialmente estaban trabajando con tiempo completo, “ahora sí que con toda su voluntad y disposición, metieron una demanda, un amparo para que no se les moviera, entonces, esa situación de ese amparo es lo que tiene ahorita atorado el movimiento de lo que se pueda resolver”.
“Una vez que salga resuelto lo del amparo, pues entonces la autoridad (educativa) ya puede decidir cómo las va a reubicar a ellas, por lo pronto, pues la misma ley nos tiene frenados en el sentido de poder mover a esas maestras o decidir sobre su situación laboral. Las maestras no quieren trabajar el tiempo completo y no quieren salirse, obviamente hay un pago, una compensación por ese tiempo adicional que laboral las maestras, pero bueno, ya no les interesa esa parte”.
Fernando Leyva confió en que “en esta misma semana ya se resuelva la parte legal, para poder decidir sobre lo demás”.
Coincidió con la exigencia de todos los padres de familia, de que sus hijos tengan clases, “claro, y que tengan el tiempo completo, yo les pido a los papás que por favor nos aguanten un poco a que se resuelva la parte legal y poder decidir la parte administrativa, que es la parte en la que la autoridad educativa debe de ejercer su autoridad, que finalmente hay ahorita esa traba que es una parte legal. Un recurso que pusieron las maestras, pero que se tiene que decidir sobre eso y bueno, principalmente el derecho de los niños a la educación es lo que va a tener éxito en esta situación”.
