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Continúa cerrado el kínder Gabriela Mistral de Zihuatanejo; padres exigen el tiempo completo

Por segundo día, padres de familia de cinco grupos del jardín de niños Gabriela Mistral mantuvieron cerrado el plantel, para esperar que las autoridades educativas les den una respuesta a su exigencia de tener servicio de tiempo completo, que desde el actual ciclo escolar se niegan a dar cinco maestras.
El martes 23, los padres inconformes de los cinco grupos cerraron el jardín de niños, que se ubica en la unidad habitacional Infonavit El Hujal, en este puerto, para exigir que las cinco maestras trabajen de acuerdo con el sistema de escuela de tiempo completo, que es desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero ellas se han negado, argumentando que tienen problemas de salud y que les pagan poco por el trabajo que realizan.
Pero además, las cinco educadoras tienen una denuncia y un amparo en contra de las autoridades educativas estatales y federales, por lo que no pueden ser cambiadas a otro jardín de niños.
De ahí que los padres de los cinco grupos, en los que están 115 alumnos de los 244 que asisten a clases en ese plantel, cerraron la escuela de manera indefinida.
Este miércoles, la presidenta del comité de padres de familia, Bárbara Oregón López, dijo que se organizaron por equipos para hacer guardia en la escuela, mientras esperan alguna respuesta por parte de las autoridades educativas, pero hasta la una de la tarde, que es el horario que establecieron para sus guardias, nadie se había comunicado con ellos para informarles si hay algún avance sobre su petición.
Asimismo, comentó que hay inconformidad por parte de padres de familia de los otros siete grupos, que sí tienen el servicio de tiempo completo, porque tienen cerrado el plantel, pero indicó que la postura es que no abrirán el jardín de niños hasta que les garanticen que sus hijos también tendrán clases hasta las 2 y media de la tarde, como el resto de los otros siete grupos.
Una madre de familia dijo a los reporteros que aunque el servicio de tiempo completo debe ser hasta las 4 de la tarde, algunas maestras de los otros siete grupos sacan a sus hijos a las 2 y media de la tarde, porque tienen que presentarse a trabajar a otras escuelas pues tienen doble plaza.

 

Denuncian policías despedidos que Seguridad Pública estatal no les pagó la quincena de junio

Agentes de la Policía Estatal que fueron despedidos denunciaron que el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, ha tomado represalias contra ellos, porque les retuvieron la primera quincena de junio y viáticos a los 206 policías dados de baja.
Ayer un policía estatal despedido que se reservó su nombre declaró que la solicitud de pago del salario y viáticos es porque la dependencia no les ha notificado por escrito que están dados de baja, que fue sólo verbal y en el amparo que presentaron ante un juzgado federal piden que se les respete su salario hasta que se resuelva su situación laboral.
Explicó que cada policía cobra quincenalmente de 3 mil 800 a 5 mil pesos, más viáticos, unos 3 mil 750 pesos.
Se quejó que Almazán Cervantes, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete, no han dado la cara para tratar su problema laboral.
Comentó que el viernes 16 de junio se cumplió el plazo para dar respuesta al amparo laboral que demandaron los agentes estatales despedidos ante un juzgado federal contra la secretaría y su titular por abuso de autoridad y despido injustificado, pero Almazán Cervantes no ha atendido el proceso laboral.
El 19 de junio, unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 pesos a 12 mil pesos.
Dos días después levantaron el y el 31 de mayo la Secretaría informó en un boletín de prensa que había separado del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías, que finalmente sumaron 206 estatales, porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.

Protestan padres de los 43 en juzgado de CDMX; exigen la admisión de un amparo contra la PGR

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos protestaron en el juzgado Tercero de Distrito Administrativo, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir la admisión de un amparo contra la resolución de la Visitaduría General de Procuraduría General de la República (PGR), que diluye la responsabilidad del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio en las graves irregularidades que cometió en la investigación del caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró que Zerón de Lucio hizo diligencias de las que no notificó ni están en los expedientes del proceso de investigación de los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes y otros civiles en Iguala.
Ayer acompañados de activistas los padres hicieron un mitin de 3 horas afuera de las oficinas del Poder Judicial en la colonia Tláhuac de la delegación Álvaro Obregón, mientras conseguían una entrevista con el juez Martín Adolfo Santos Pérez, en quien recayó la revisión de la solicitud de amparo bajo el folio 195/2017.
En consulta telefónica el abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el amparo se entregó hace dos semanas, y señala que la resolución de la Visitaduría de la PGR viola el derecho de los padres al conocimiento de la verdad sobre los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, entre otros perjuicios.
Pidieron que el juez admita la queja y en el estudio de fondo revise la legalidad de la resolución que emitió la PGR, que revise todas las irregularidades en que incurrió el actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional cuando estuvo al frente de la investigación, y que se restablezca la legalidad quebrantada por él.
Informó que los padres hicieron énfasis en que han recorrido todas las instancias de gobierno en busca de respuestas, y todas las instituciones se aliaron para mantener una versión oficial sobre el destino de sus hijos, descartada en siete ocasiones por expertos independientes mediante pruebas científicas.
Ayer solicitaron al juez que no le tiemblen las manos, si Zerón de Lucio violentó la ley que se le aplique una sanción acorde con el agravio y los delitos que generen sus acciones.
Abundó que hay una crisis en las instituciones y sus órganos de control interno, en los mecanismos anticorrupción y las contralorías que deben regular la función pública y velar por el respeto al Estado de derecho en las estructuras de gobierno, ya que no están dando resultados.
Demandó al juez que no acepte la política federal de solapar por consigna a los funcionarios que incurren en irregularidades y actos de corrupción.
Mencionó que esperan que en este proceso sí se tomen en cuenta todas las irregularidades cometidas la investigación, que llevaron a la tesis del procurador Jesús Murillo Karam que establece que los 43 desaparecidos fueron asesinados e incinerados por un grupo criminal, la cual llamó “verdad histórica”.
Precisó que a la par de este procedimiento la investigación sigue su curso mediante la oficina de investigación del caso Ayotzinapa en la PGR, que también avanza muy lento.
Denunció que los funcionarios de la PGR no quieren profundizar ni perfeccionar las líneas de investigación que recomendó el GIEI en abril, hace un año, sobre la participación de policías de Huitzuco en los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes, y dos policías federales que tuvieron conocimiento del momento en que se los llevaron detenidos.
A la fecha, aseguró que no hay ni siquiera una consignación para detener a los policías de esas corporaciones que están plenamente identificados, y puede dar lugar a que evadan la justicia.
Agregó que los funcionarios de la PGR argumentan que no hay suficientes elementos para consignarlos, sin embargo, más allá de que jurídicamente no haya elementos, aseguró que políticamente no se quiere dar un paso en esa dirección porque implica abandonar la tesis oficial.
“Esa es la molestia, el hartazgo de los padres de familia, nosotros vemos que no hay interés ni voluntad de agilizar, de profundizar en tales líneas, la última detención que tenemos fue en esa ruta (de la verdad histórica), y hay otras 15 o 20 personas con orden de aprehensión ligadas a esa versión”, explicó.
Sin avances importantes, confirmó que no tenía caso acudir a la reunión de ayer en la PGR, que cancelaron con anticipación.
Los temas que quedaron pendientes de respuesta en la anterior sesión, el 9 de febrero, serán discutidos en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ahí el gobierno mexicano haga compromisos con el organismo internacional.
Concretamente los temas pendientes son: la consignación de los policías municipales de Huitzuco, de los policías federales, la utilización de todos los recursos de búsqueda en vida o muerte sin escatimar la utilización de tecnología laser, el análisis rápido y exhaustivo de la telefonía celular, “de los que hemos monitoreado hay pocos avances, así la reunión no tiene razón”.
Del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, que tenía programada una visita a México este mes, informó que se pospuso pero hace un seguimiento a distancia, y participará en la audiencia dentro del periodo ordinario de sesiones, en Washington DC.

Denuncia Nicolás Chávez orden de aprehensión en su contra y acusa al gobernador de estar detrás de ella

 

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que le giraron orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que no fueron entregadas, y que serían utilizadas con fines proselitistas.
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, en ausencia de Chávez Adame informaron de la orden de aprehensión en su contra. Reiteraron su solidaridad al dirigente, porque lo único que ha hecho es apoyar a los más desprotegidos y ser solidario, dijeron.
Durante la actividad, el dirigente de la APPG se comunicó, vía telefónica, y a través de un altavoz expuso que, por seguridad y recomendación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que va a llevar su caso, decidió resguardarse.
Informó que ya solicitó un amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo penal, para protegerse de la orden de aprensión que, dijo, se libró por presiones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante hechos ocurridos hace casi tres años.
Agregó que parecería que el gobernador está invirtiendo los papeles, porque persigue a luchadores sociales en lugar de perseguir a los delincuentes que sí están trabajando en la impunidad.
Chávez Adame contó que desde el viernes a las 2:40 de la tarde, cuando salió de su casa para ir a la escuela de su hija y acompañarla a su regreso, ya había una operación de la Policía Ministerial, pero la pudo evadir.
Dijo que el delito del que lo acusan, “en realidad lo cometieron ellos (las autoridades), la no entrega de las despensas que estaban dirigidas a los compañeros que habían sufrido la desgracia de Ingrid y Manuel, fue cuando se abrió el portón y se descubrió infraganti a la gente que estaba ocultando las despensas para (usarlas en) las campañas de los políticos… eso para ellos fue un delito, nosotros lo asumimos; pero creemos que la intención de ellos era agarrarme el viernes para tenerme incomunicado”.
Recordó que, antes ya había denunciado amenazas, incluso de muerte, el 13 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum). Después denunció la retención de su salario. Todo esto luego de que rompió el diálogo con Astudillo Flores en Casa Guerrero, cuando negociaban sus demandas; ese día, al gobernador le cuestionaron que en su gabinete estaba infiltrada la delincuencia organizada, lo que provocó el enojo del funcionario que rompió la mesa de diálogo.
Agregó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno le informó que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame, le negó las medidas cautelares.
“El único delito fue decir la verdad que conoce el pueblo de Guerrero y de México, que hay un gobierno intolerante, que hay un gobierno coludido con la delincuencia organizada, y me parece que hoy esa línea de represión y hostigamiento la siguen dejando”, abundó el dirigente.
Al final de la actividad, sus compañeros gritaron consignas, “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo”!, y “¡Ni un paso atrás, todos con Nicolás!”.

 

Hubo omisiones de los tres niveles de gobierno en el manejo del basurero de Chilpancingo

 

El problema de la basura pasó de un proceso legal para el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, a un problema de salud, pues la Secretaría de Salud Guerrero declaró el miércoles emergencia sanitaria ante los riesgos que existe por la basura acumulada y esparcida en las calles de la capital, y que el gobierno municipal ni el estatal han podido resolver.
De acuerdo al amparo indirecto 1021/2016-1 promovido por Miguel Duarte Ortuño a favor de 58 ciudadanos de Chilpancingo, que el 7 de octubre de 2016, la Jueza Séptima de Distrito en el estado de Guerrero, Iliana Contreras Perales les otorgó contra actos del alcalde Marco Antonio Leyva Mena, y otros funcionarios, y que ordena el cierre del relleno sanitario capitalino, mandamiento que el alcalde omitió, y que generó que ahora la ciudad se convierta en un foco de infección por la basura en las calles.
El documento menciona que algunos de los actos reclamados fueron al alcalde y al Cabildo por “el funcionamiento indebido e injustificado del relleno sanitario y/o botadero de basura a cielo abierto, ubicado al sur de esta ciudad, el cual violenta nuestro derecho colectivo  a un medio ambiente sano”.
También detalla que las autoridades omitieron “aplicar los principios de prevención, precaución, y de sensibilidad de medio ambiente establecidos en la ley del artículo cuarto constitucional, ya que con tales omisiones, mantienen abierto un relleno sanitario a cielo abierto, que está saturado y fuera de su vida útil, con lo cual se produce a diario una afectación a nuestro medio ambiente, que nos repercute en lo personal y en nuestras familias, incluidos niños”.
Otra omisión del gobierno municipal, que se lee en el documento, es que “no existe un plan elaborado o desarrollado de ordenamiento territorial, pues los gases que emanan  de relleno sanitario a diario, resultan insoportables, insalubres y peligrosos”.
Además de que el gobierno capitalino no vigiló “el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, relativa a las especificaciones de protección ambiental, para la selección del sitio, diseño, y construcción, operación, monitoreo, y clausura y obras complementarias, lo que se concretiza en la omisión de cerrar o clausurar el relleno sanitario de esta ciudad, el cual se encuentra injustificadamente en operación hasta este día (cuando se otorgó el amparo)”.
El documento menciona la omisión del gobierno estatal y de otras autoridades por no emitir ninguna recomendación a la autoridad municipal, para promover el cumplimiento de la legislación ambiental.
El amparo responsabiliza también al gobierno federal porque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no atendió el problema, y “omitió  prevenir y controlar la contaminación del suelo, omitió aplicar los principios de prevención, precaución y de sustentabilidad del medio ambiente establecido en la ley, ya que mantuvo abierto un relleno sanitario a cielo abierto que está saturado y fuera de su vida útil”.
La responsabilidad la comparten diversas dependencias del gobierno federal y estatal porque “al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que les atribuyen los quejosos. Sin embargo del contenido de sus informes previos, se desprenden manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia de los actos reclamados en cada una de ellas, por lo que se tienen como ciertos los mismos”.
En la página 47 del documento ordena “conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados”, y al alcalde Marco Antonio Leyva, y al cabildo Constitucional “se abstengan de seguir depositando residuos sólidos en el relleno sanitario y/o botadero de basura a cielo abierto, ubicado al sur de Chilpancingo, en las (dos) celdas que no cumplan con las normas ambientales”.
El ordenamiento judicial fue omitido por las autoridades federales, estatales y municipales, la clausura ocurrió el viernes 27 de enero.

 

Concede juez un amparo a la ceiba del paso Bicentenario; no podrán moverla, dice abogado

El juez sexto del Poder Judicial de la federación concedió el amparo a favor de la ceiba ubicada abajo del puente Bicentenario, en la avenida Cuauhtémoc, con lo que se establece su permanencia y se impide su reubicación, informó el abogado y ex asesor jurídico de la Universidad Autónoma de Guerrero, Guadalupe Bollas Bernabé.
En conferencia de prensa en un restaurante del Zócalo, el abogado explicó que el equipo de asesores jurídicos en defensa de la ceiba interpusieron un amparo de suspensión temporal el 4 de mayo en el juzgado sexto, y que el 19 de este mes el juez concedió la suspensión definitiva en el expediente 472/2016 para evitar la reubicación del árbol.
Agregó que el amparo implica un juicio incidental de suspensión que se promovió y que el juez concedió para conservar la ceiba en su lugar, “se le ha pedido a las autoridades que no muevan el árbol hasta que se resuelva el amparo principal”.
Detalló que los involucrados en el juicio de amparo son el Ayuntamiento, el Cabildo, las autoridades del Acabús, el regidor del partido Verde, Julián Enrique Granados Morga, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio, Ignacio Villalba Bravo; el secretario de Finanzas, Merced Baldovino Diego, y el director de Áreas Verdes, Jaime Manzanares Grapain.
Bollas Bernabé añadió que todos ellos mediante sus informes previos negaron que pretendan remover la ceiba por el funcionamiento del Acabús, “lo que quiere decir que no es cierto que quieran remover la ceiba, creo que no hay razones para estar preocupados”.
Aunque, mencionó que los informes previos sean reales porque si las autoridades y los funcionarios públicos mintieron dolosamente al juez, “creo que estaremos en la actitud de denunciarlo para efecto que se comprenda bien el juicio de amparo”.
Manifestó que las autoridades y funcionarios “dicen que no es cierto que quieran mover la ceiba, queremos confiar que las autoridades se hayan conducido con la verdad, pero estaremos atentos a esa cuestión”.
El abogado explicó que en cada juicio de amparo hay dos expedientes, uno incidente y el otro principal, que rinden las autoridades en dos tipos en informes el previo y otro justificado; “ahorita se está actuando en el incidental, donde las autoridades solamente tiene que informar si es cierto o no el acto que les imputan”.
Agregó que son 14 autoridades y funcionarios demandados, desde el presidente Enrique Peña Nieto hasta el responsable del Acabús.
Reiteró que en caso de que las autoridades y funcionarios pretendan desacatar la orden judicial, podrían ser castigados con la destitución o encarcelamiento.

Se desisten ejidatarios del amparo contra el Macrotúnel a cambio de obras

Ejidatarios de El Cayaco aceptaron entregar las tierras que decían no les habían pagado para la obra del Macrotúnel a cambio de obras para la comunidad, como la reconstrucción de la escuela primaria, la comisaría, la reparación del cárcamo de bombeo y drenaje de todas las colonias del ejido.
El representante de los ejidatarios, el ex comisariado Crispín Castillo Ortiz, dijo que el pasado jueves se desistieron el amparo con el que tenían suspendidos los trabajos en la salida del túnel del lado del poblado de Llano Largo.
Por su parte, el subdirector de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Eduardo Iglesias Aragón, indicó que ya se concluyó la excavación del lecho del túnel y esta semana se empezó la introducción de la tubería de agua, que es parte del proyecto Lomas de Chapultepec.
Consultado vía telefónica, el ex comisariado confirmó que el martes de la semana pasada los ejidatarios retiraron el campamento que instalaron el 18 de noviembre de 2014 en los terrenos del ejido, junto a la carretera Puerto Marqués-Cayaco.
El acuerdo, según explicó Castillo Ortiz, se firmó con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, después de reunirse en con el gobernador Héctor Astudillo Flres, con quien acordaron que el adeudo que tiene el estado con los ejidatarios por tierras que, aseguran, no fueron pagadas, se cubrirá con obras a la comunidad.
El gobierno del estado se comprometió con los ejidatarios a construir seis salones, baños y la dirección de la escuela primaria Ignacio Zaragoza. También a rehacer la comisaría ejidal, la remodelación de la iglesia, pavimentar la calle principal e invertir en la rehabilitación del colector de aguas negras, así como conectarlo a la planta tratadora más cercana.
“Muchos pensaban que iba a haber dinero, pero lo que nos van a dar por las tierras será en obras para toda la comunidad”, reiteró Castillo Ortiz.
Agregó que esperan que la próxima semana se inicie la demolición de la comisaría para su reconstrucción, así como la instalación de las aulas provisionales para los niños de la escuela primaria.
“El ejido está contento con las obras que nos van a dar el gobierno del estado, ya estamos por entregar los documentos de las tierras”, informó el ex comisariado, quien agregó que el pasado jueves se desistieron del amparo que promovieron en 2014 para suspender los trabajos del lado de Llano Largo.
Vía telefónica, el subdirector de la CICAEG informó que la excavación del lecho del interior del túnel ya se terminó al cien por ciento, y que empezaron esta semana con la introducción de la tubería de la red del sistema Lomas de Chapultepec. Las obras dentro del túnel se tienen proyectadas para terminar en diciembre, el resto para el 2017.
Agregó que sigue detenida la parte que va de la salida del túnel al aeropuerto porque hasta el 15 de marzo tienen para entregar el proyecto ejecutivo a la Conagua y que les den la autorización definitiva para seguir la construcción.
Agregó que la empresa ICA-Carso, que construye el Macrotúnel, informó que tuvo un contratiempo con la aseguradora que entregará los informes estructurales a los vecinos del fraccionamiento Joyas de Brisamar.

Se ampararán Los Otros Desaparecidos de Iguala; el Estado no les brinda medidas cautelares

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron en la asamblea de ayer que interpondrán un amparo, ante la negativa del Estado mexicano, dos veces, de brindar medidas cautelares para 33 familiares que salen a buscar fosas clandestinas o que han recibido algún tipo de amenaza.
La petición de las medidas cautelares para los 33 familiares de víctimas de desaparición forzada al Estado mexicano se hace a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y fue una petición conjunta a este organismo internacional de las diferentes organizaciones nacionales de víctimas de desaparición forzada, como Idheas y Organización de Enlaces Nacionales, informó ayer uno de los familiares.
La fuente informó que, la Secretaría de Gobernación dijo que desde diciembre se estaban brindando las medidas cautelares a los familiares de desaparecidos, lo cual fue desmentido ayer en la asamblea.
Se informó también que, a través del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –al que el grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala tienen como asesor jurídico independiente– se elaborará un amparo para exigir al Estado mexicano el otorgamiento de las medidas cautelares para estas familias.
Denunció que a pesar de que había un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal de que cada domingo una comisión de policías federales acompañaría al grupo de familiares durante la búsqueda de fosas clandestinas, ya en dos ocasiones, incluyendo este domingo, cuando la búsqueda se hizo en cerros de Cocula, la Policía Federal no dio seguridad a los familiares.

Resuelve juez a favor del amparo interpuesto por Lucino Loyo

La resolución emitida por la JLCA “no fue fundamentada debidamente”, informó su abogado Vicente Medina. La decisión obliga a la JLCA a determinar quién será finalmente el secretario general de la Sección 20 de la CTM, dice

 Mónica Martínez García El juez tercero de distrito, Jacinto Ramos Castillejos resolvió a favor del ex secretario del Sindicato de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes, Cantinas y Similares de la sección 20 de la CTM, Lucino Loyo Cuevas quien desde hace más de dos meses presentó un amparo contra la resolución que el 21 de enero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), dio a favor de Javier Gutiérrez Santoyo, entregándole su nombramiento como secretario general de la Sección.

Por lo anterior, la JLCA volverá a determinar a quién le otorga la titularidad de la Sección 20 de la CTM.

Desde enero de este año la Secretaría General de la Sección 20 ha estado en disputa entre Loyo Cuevas y Gutiérrez Santoyo, debido a que el 21 de enero la JLCA entregó el nombramiento a Javier Gutiérrez Santoyo como secretario de la misma, sin embargo Loyo Cuevas se amparó ante el juzgado de distrito para apelar esa resolución.

El abogado de Loyo Cuevas, Vicente Medina Gorostieta informó que el viernes, el juez tercero de distrito le notificó la resolución en la que consideró procedente el amparo que interpuso ante ese juzgado Loyo Cuevas.

Según Medina, el juez consideró que la resolución emitida anteriormente por la Junta no fue fundamentada totalmente y que por ello se determinó que el amparo interpuesto por Loyo Cuevas era procedente.

Dicho amparo consistía en revocar la decisión de la JLCA de otorgar la titularidad de la Sección 20 a Javier Gutiérrez Santoyo, por lo que, según explicó el abogado, ante esta situación la junta debe dictar una nueva resolución, “después de analizar el expediente del caso lo más pronto posible”, y confió en que dicha resolución será satisfactoria para Loyo Cuevas.

Resuelve juez a favor del amparo interpuesto por Lucino Loyo

 

 La resolución emitida por la JLCA “no fue fundamentada debidamente”, informó su abogado Vicente Medina. La decisión obliga a la JLCA a determinar quién será finalmente el secretario general de la Sección 20 de la CTM, dice

 Mónica Martínez García

El juez tercero de distrito, Jacinto Ramos Castillejos resolvió a favor del ex secretario del Sindicato de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes, Cantinas y Similares de la sección 20 de la CTM, Lucino Loyo Cuevas quien desde hace más de dos meses presentó un amparo contra la resolución que el 21 de enero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), dio a favor de Javier Gutiérrez Santoyo, entregándole su nombramiento como secretario general de la Sección.

Por lo anterior, la JLCA volverá a determinar a quién le otorga la titularidad de la Sección 20 de la CTM.

Desde enero de este año la Secretaría General de la Sección 20 ha estado en disputa entre Loyo Cuevas y Gutiérrez Santoyo, debido a que el 21 de enero la JLCA entregó el nombramiento a Javier Gutiérrez Santoyo como secretario de la misma, sin embargo Loyo Cuevas se amparó ante el juzgado de distrito para apelar esa resolución.

El abogado de Loyo Cuevas, Vicente Medina Gorostieta informó que el viernes, el juez tercero de distrito le notificó la resolución en la que consideró procedente el amparo que interpuso ante ese juzgado Loyo Cuevas.

Según Medina, el juez consideró que la resolución emitida anteriormente por la Junta no fue fundamentada totalmente y que por ello se determinó que el amparo interpuesto por Loyo Cuevas era procedente.

Dicho amparo consistía en revocar la decisión de la JLCA de otorgar la titularidad de la Sección 20 a Javier Gutiérrez Santoyo, por lo que, según explicó el abogado, ante esta situación la junta debe dictar una nueva resolución, “después de analizar el expediente del caso lo más pronto posible”, y confió en que dicha resolución será satisfactoria para Loyo Cuevas.