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Denuncian acoso de la Ministerial a locatarios desalojados del mercado de Coyuca de Benítez

Redacción

Comerciantes del mercado Morelos de Coyuca de Benítez, denunciaron abuso de autoridad de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y acusaron a los agentes de intimidación a los vendedores para desalojarlos del lugar donde venden.
Reclamaron que el Ayuntamiento está cercando el predio poco a poco y a los comerciantes los quieren sacar al arroyo vehicular, pretendiendo dejar sin trabajo a los vendedores.
Los comerciantes ofrecen sus productos afuera del predio del que era el mercado Morelos.
Los comerciantes venden entre otras cosas pescados, carnes de res, pollo y puerco, frutas y verduras, jarceria, incluso hasta carbón.
Una vendedora, que no dio su nombre por temor a represalias, dijo que el jueves agentes de la Policía Ministerial intimidaron a los comerciantes que se colocaron a un costado del predio de lo que fue el mercado Morelos, en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez.
Consideró una intimidación del gobierno municipal, al enviar a policías ministeriales para desalojar el lugar.
Se quejó que el Ayuntamiento prentende desalojar totalmente a los más de 60 vendedores del extinto mercado Morelos.
Reclamó que el gobierno municipal está cercando el predio y “ahora nos está recorriendo para dejarnos en el arroyo vehicular, nos quieren desalojar totalmente”.
Indicó que hay un juicio en los juzgados y todavía no hay resolución “están cometiendo un atropello las autoridades ministeriales y municipales”, dijo.
Otra vendedora acusó que el jueves policías ministeriales los intimidaron para quitarlos de su zona de trabajo, de más de 40 años.
Criticó que hay abuso de autoridad del gobierno municipal y de la Policía Ministerial, “hay mucha injusticia en Coyuca de Benítez”.
Declaró que hay un juicio en proceso, “no hay nada todavía, pero el Ayuntamiento y la Ministerial abusan de su poder para pretender desalojarnos”.
“Nosotros tenemos miedo, porque ya mataron a nuestra líder, hay algo oscuro que se quiere adueñar del predio”, puntualizó.
Pidió al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador acudir al municipio de Coyuca de Benítez para que escuche al pueblo de las injusticias.
Advirtió que no van a votar ni por Morena, ni por el PRI, “todos los partidos nos han decepcionado, vamos por el cambio”.

Recibe el Congreso la sentencia para designar cabildo instituyente en Las Vigas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la sesión del Congreso local se presentaron dos iniciativas de reformas, se retiraron tres intervenciones sobre el huracán Otis, y se notificó al pleno la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral Federal (Trife), que ordena a este poder Legislativo, que designe al cabildo instituyente de Las Vigas en un plazo de 30 días.
En la sesión de ayer se registraron 30 asistencias, y la presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mosso Hermández, señaló que tenían permiso para faltar, con previa autorización, cinco diputados que integraron la representación del Congreso local para acudir al municipio de Atlamajalcingo del Monte, sin mencionar el motivo de la visita.
Esta es la conmemoración de 200 años de la firma del documento donde el general Vicente Guerrero reconoce una deuda de México con este municipio por su aportación en la Guerra de Independencia.
En el desarrollo, se turna a la Junta de Coordinación Política el oficio de la actuaria de la Sala Regional del Trife, fechado el 16 de noviembre, con copia certificada de la sentencia donde el Tribunal resolvió fundada parcialmente la demanda de integrantes de una propuesta de planilla para encabezar el ayuntamiento instituyente, por omisión del Congreso local de realizar la designación del gobierno de las Vigas, que ahora deberá resolver en 30 días.
La diputada de Morena, Angélica Espinoza García propuso una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Guerrero, para que los ayuntamientos conformen una Comisión para la Atención a Víctimas del Desplazamiento Interno, a fin de dar atención, seguridad y protección a las personas que se encuentran en esta situación.
El diputado de Morena, Carlos Cruz López propuso reformar el artículo 26 de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para que en los juicios o procesos judiciales en los que se involucren pueblos o personas que hablen lenguas indígenas, se elabore de oficio y de manera obligatoria, además de un formato tradicional de sentencia, de lectura accesible y sencilla en su lengua materna, con el fin de salvaguardar su derecho de acceso a la justicia.
Se pospusieron para la siguiente sesión, de hoy, las participaciones del diputado del PRI, Rafael Navarrere Quezada, sobre Otis Acapulco y sus complicaciones, del diputado de Morena, Jacinto Gonzalez Varona sobre las consecuencias del huracán Otis en Acapulco y Coyuca, y la intervención del gobierno federal y estatal, así la intervención de la diputada, Gabriela Bernal Reséndiz sobre la atención a damnificados del huracán Otis.

El Trife, omiso al desacreditar sentencia del TEE contra líder de Morena: Muriel

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta de la Red para el avance político de las mujeres, Muriel Salinas Díaz, criticó que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial (Trife), redujera la sentencia del Tribunal Electoral del Estado(TEE) hacia el dirigente estatal de Morena, Jacinto Gonzalez Varona. Donde el TEE acreditó violencia política en razón de género hacia la diputada local priista Gabriela Bernal, el análisis del Trife lo minimizó a una alusión a su belleza, “como si fuera un piropo”, reprochó.
En entrevista telefónica, señaló que la Sala consideró excesivas las sanciones que impuso el tribunal local, porque según los magistrados las expresiones del dirigente “se hicieron en el marco del debate parlamentario y en el ejercicio de su libertad de expresión”, y sin explicaciones afirman que no están basados en estereotipos de género.
Informó que el 18 de octubre, organizaciones de mujeres en el estado y nacionales, presentaron a los magistrados de Sala Regional un Amicus Curiae (opinión jurídica) para este caso, y llamaron a analizarlo en el contexto de la violencia hacia las mujeres en Guerrero, y de la violencia generalizada, porque la resolución tendría repercusiones en otros asuntos de violencia política en razón de género.
De cara al proceso electoral, indicó que generaría confianza en los tribunales de garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, señaló que emitieron un mensaje de impunidad al exonerar a un agresor.
Señaló que la Sala fue omisa al no considerar jurisprudencias, donde se establece que discursos discriminatorios, como el del dirigente de Morena, no deben ser considerados como limitantes válidas en la libertad de expresión, sobre todo cuando se trata de líderes de partidos, obligados a atender y sancionar todas las modalidades de violencia.
“Carente de perspectiva de género (la sentencia dictada el jueves), se pasa por el arco del triunfo todas las jurisprudencias sobre los límites de la libertad de expresión, revictimiza a la diputada, y a las demás mujeres que han interpuesto recursos, por las repercusiones que habrá, a partir del sentido de esta resolución”.
Para desacreditar la denuncia de violencia política, señaló que “la Sala manipula los hechos, afirmando que el presidente de Morena hizo alusión a la belleza de la diputada, dejando fuera las expresiones que menoscaban o poner en entredicho las capacidades de una mujer diputada”. Lo más grave, dijo, es que la alusión a su belleza física no fue considerada como un estereotipo de género.

 

Echa abajo la Corte artículo que impedía a municipios contraer deuda para pagos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó un artículo transitorio de la Ley de Ingresos de Coyuca de Catalán, que impedía al Ayuntamiento recurrir a financiamientos externos para pagar adeudos por sentencias o laudos.
Con el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, los ministros concluyeron que el Congreso local no puede determinar la forma en que el Ayuntamiento integra, maneja y aplica su presupuesto, ni impedirle obtener ciertos tipos de financiamiento para cubrir obligaciones.
Entre oficios recibidos que se dieron a conocer la sesión del jueves, se encuentran los resolutivos de la controversia constitucional 36/2023, que promovió el municipio de Coyuca de Catalán en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Guerrero, demandando la invalidez del artículo décimo primero transitorio de la Ley 321 de Ingresos municipal para el ejercicio fiscal de 2023, publicado en el periódico Oficial del estado el 23 de diciembre de 2022.
El resultado de la sentencia fue dado a conocer en un boletín de la Corte desde el 3 de octubre, en su página oficial, donde confirma la demanda del gobierno municipal.
Detalla que en el preceto impugnado “establecía, sustancialmente, que el municipio debería considerar en su Presupuesto de Egresos las previsiones necesarias para cumplir con las obligaciones y adeudos derivados de sentencias o laudos laborales, sin recurrir a financiamiento externo, adelanto de participaciones o alguna otra fuente externa”.
Asimismo, establecía que, “además de asumirse como el único obligado a cumplir dichos pagos a través de recursos propios y fuentes de financiamiento permitidos por la ley, los cuales no requerirían autorización del Congreso del Estado, razón por la cual, no se debía vincular a éste con el objeto de que el municipio cumpliera con su obligación intransferible de pago, dada su autonomía tributaria y presupuestal”.
La Corte determinó que dicho artículo transgrede el principio de libre administración de la hacienda municipal, contenido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, “ya que la Legislatura no puede determinar, en lugar del municipio actor, cómo integrar, manejar y aplicar los ingresos que forman su Presupuesto de Egresos, ni impedirle recurrir a financiamiento externo, adelanto de participaciones, alguna otra fuente externa, así como a cualquier fuente que requiera autorización del Congreso local, a fin de cubrir las obligaciones y adeudos señalados”.

 

Piden 60 años de cárcel para militar acusado de tortura sexual a Inés en última audiencia del caso

Inés Fernández, al salir de los juzgados federales en Acapulco, en dónde posteriormente ofreció una Conferencia de prensa Foto: Carlos Carbajal

Este lunes se llevó a cabo, en el juzgado segundo de distrito, la última audiencia del juicio por abuso sexual contra la mujer indígena me’phaa, Inés Fernández Ortega, cometido por efectivos del Ejército y sólo se espera sentencia del juez federal.
En conferencia de prensa, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, dijo que de los 11 soldados agresores de Inés, sólo se encuentra en la cárcel Hugo Humberto García de León.
Explicó que este lunes fue una audiencia final o “de vista”, y se presentaron los escritos y acusación de ambas partes, mientras que la fiscal general presentó sus conclusiones.
Añadió que solamente se espera la sentencia del juez federal y que sea en el término establecido, que son 15 días, “le pedimos al juez una penalidad alta por los delitos cometidos”, que asciende a 60 años.
“Nosotros confiamos en el juez federal, doña Inés siempre confía en la justicia, esperemos una sentencia con perspectiva de género y que se valoren los datos y pruebas”, acotó.
Indicó que el acusado se declaró una vez más inocente y que “Inés es una persona indígena, que no habla castellano y que está mintiendo”.
Aseguró que el militar acusado no presentó ninguna prueba de “descargo” a su favor y las pruebas que se presentaron de Inés son contundentes.
Señaló que al militar se le acusa por los delitos de tortura sexual, robo, allanamiento de morada y abuso de autoridad.
Fernández Ortega pidió que ésta “sea la última vez que venga a una audiencia, porque en varias ocasiones he estado asistiendo a una audiencia”.
Expresó que cada vez que lo ve “siente coraje y que lo único que pido es que finalmente sea condenado”.
“Cada vez que se vuelve a mencionar, me da coraje y lo único que pido es justicia”, concluyó. (Argenis Salmerón).

 

Revisar la cancelación de la militancia a Sánchez Esquivel, ordena el TEE a Morena

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE), revocó una resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena, que desechaba una queja del diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, en contra de su colega Yoloczin Domínguez Serna, por actos que considera contrarios a los principios de su partido.
Ordenó que en un plazo de cinco días posteriores a la notificación, el organismo partidista emita una nueva resolución “debidamente fundada y motivada en la que, en plenitud de jurisdicción”, valore si procede la queja de Sánchez Esquivel.
El proyecto aprobado por el pleno de este jueves, señala que la CNHJ erróneamente tomó en cuenta su  resolución del 13 de septiembre, en la cual canceló el registro de afiliacion del actor, para señalar falta de interés jurídico del actor y desechar el juicio de impugnación.
Así, pasó por alto que la resolución del 13 de septiembre fue controvertida, y no se ha agotado la cadena impugnativa, por lo tanto, no hay sentencia firme sobre la pérdida de militancia de Sánchez Esquivel.
Señaló el derecho del militante a inconformarse con la resolución, por actos vinculados a sus derechos partidistas.
Por otro lado, confirmó la elección por usos y costumbres del 3 de octubre, de la delegación de la comunidad de Guadalupe, del municipio de Metlatónoc, donde el ayuntamiento lanzó otra convocaria y coordinó una nueva elección el 21 del mismo mes, que llevó a dos nombramientos en el mismo cargo.
Después que la instancia revisora, la Sala regional Ciudad de México, ordenó al TEE revisar cómo se había llevado a cabo la elección por usos y costumbres, y si se generó violencia, como señaló la autoridad municipal, determinar en qué etapa del proceso había ocurrido a partir de los informes de las autoridades comunitarias.
El acuerdo aprobado concluyó que la elección por usos y costumbres donde fue electo Artemio León Leal, se realizó con los parámetros válidos constitucionales y sólo hubo un incidente de violencia que no llegó a mayores porque sucedió después y la mayoría de los participantes estaban en la asamblea.

Extraña que un diputado no acate un fallo del TEE, señala Gómez Maganda

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta del Colectivo 50+1 capítulo Guerrero, la priista Guadalupe Gómez Maganda, denunció que junto con la actitud machista que tiene el presidente de Morena en el estado, Jacinto González Varona, al negarse a acatar una sentencia que lo sanciona por violencia política en razón de género, “es extraño” que como legislador se resista a acatar las leyes.
En conferencia de prensa en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), para celebrar la sentencia del juicio que promovió la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, contra el dirigente de partido y diputado local, por sus expresiones en una reunión con mujeres de Morena en Ometepec, que trascendieron a redes sociales, cuestionó que el agresor haya impugnado la determinación jurisdiccional.
“No sólo es una actitud machista, sino que es extraño en alguien cuya función es hacer leyes, y no quiere acatar la ley, se oponga a cumplir una sentencia debidamente dictada por la autoridad competente, y que bueno, él tiene derecho para impugnar. Pero tendrá que acatar, en el caso que se ratifique, lo que esperamos, por el hecho de que la votación fue unánime. Tiene que cumplir en lo que resolvió el Tribunal Electoral del Estado porque es una resolución vigente”.
Añadió que es muy difícil echar abajo una resolución que fue tomada por unanimidad de votos en el tribunal local, para que González Varona se disculpe con la agraviada, pague una multa, se abstenga de acciones que configuren violencia política en razón de género y su inscripción por un año y cuatro meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Gómez Maganda añadió que es un precedente para el próximo proceso electoral, donde se van a elegir más 20 mil cargos en todo el país, y el colectivo 50+1 estará observando la actuación de las autoridades electorales, para que atiendan y sancionen este tipo de violencia, que seguramente se va a recrudecer en este periodo.
Subrayó que todos los actores políticos deben actuar conforme a los documentos que regulan su función.
Momentos antes del acto de firma del Convenio Multilateral de Apoyo y Colaboración, con el que se establecen bases de coordinación y colaboración a víctimas y la elaboración de análisis de riesgo en caso de violencia política contra las mujeres en razón de género, organizado en el TEE por la delegación del INE en Guerrero, la líder del colectivo señaló que esperaba saludar a la consejera nacional, Carla Humphrey, que tiene la propuesta de crear una defensoría pública para brindar asesoría y acompañamiento a las mujeres.
Señaló que sería un mecanismo importante para la prevención, y no sólo esperar a que se ejerza la violencia para sancionarla. Sin embargo, Humphrey sólo tuvo una participación virtual en la actividad, ante el comienzo del proceso electoral este jueves.
En la conferencia, Gómez Maganda enfatizó en que van a insistir en que se respete la ley y que quienes ejercen funciones en los órganos electorales la cumplan, “afortunadamente se han fortalecido estas leyes electorales, por ello es importante defender al INE y al tribunal, y decir que estamos muy satisfechas con su trabajo, por eso lo venimos a reconocer”.

 

Critica subsecretario al magistrado que absolvió a Abarca por el caso de los 43

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, cuestionó al magistrado Juan Manuel Rodríguez Gómez, presidente del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito Judicial del Poder Judicial de la Federación con sede en Matamoros, porque confirmó la sentencia absolutoria a favor del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Como parte del informe de seguridad en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentaron decisiones de jueces en favor de supuestos delincuentes, donde el general Rodríguez Bucio señaló la absolución de Abarca por el secuestro de los normalistas, en la modalidad de delincuencia organizada.
“Confirmó la sentencia absolutoria dictada en septiembre de 2022 por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, en favor de José Luis N, ex alcalde de Iguala por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre de 2014”, dijo Rodríguez Bucio sobre el magistrado.
De igual forma, el subsecretario de Seguridad y ex jefe de la Guardia Nacional precisó que a pesar de la absolución dictada, el ex alcalde se encuentra en prisión debido a que tiene pendiente la sentencia de otras causas penales en su contra.
Fue el 16 de mayo cuando Rodríguez Bucio cuestionó directamente al juez Samuel Ventura Ramos por la absolución de José Luis Abarca y Sidronio Covarrubias, líder del grupo criminal de Guerreros Unidos.
“En el caso Ayotzinapa tenemos al juez Samuel Ventura Ramos, el día 12 de mayo absolvió a Sidronio N y José Luis N, ex alcalde de Iguala por el delito de delincuencia organizada, ambos continúan presos pero por otras causas penales”, comentó Rodríguez Bucio en dicha oportunidad.
El 30 de mayo, el abogado Alejandro Rojas, defensor legal de José Luis Abarca, confirmó la absolución de Abarca por el delito de secuestro de los 43 estudiantes normalistas, sentencia que no podrá ser impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Tres días después, el abogado y representante legal de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, adelantó que se impugnaría dicha sentencia.
El pasado 31 de mayo, el presidente López Obrador afirmó que la absolución de Abarca por el secuestro de los 43 normalistas, no afectará las investigaciones que lleva a cabo la presente administración al respecto.
“No afecta porque nosotros continuamos con la investigación y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres, con las madres de los jóvenes desaparecidos y estamos enfrentando muchos obstáculos”, indicó en dicha oportunidad.
A pesar de la absolución para Abarca por su participación en la desaparición de los normalistas, aún tiene pendiente la sentencia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de delitos de secuestro.
El 18 de mayo se informó que Ventura Ramos impuso una pena de 92 años y seis meses de prisión a José Luis Abarca por el delito de secuestro de Arturo Hernández Cardona, además de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Delgado.

Emplaza el TEE al Congreso a integrar el Ayuntamiento instituyente Ñuu Savi

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE), requirió al Congreso local que en un plazo de dos días hábiles presente las constancias de cumplimiento de las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional, del 26 de abril, y por la Sala Regional Ciudad de México del Trife, sobre la integración del cabildo instituyente Ñuu Savi.
El 18 de mayo, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Federal Electoral (Trife), conminó al Congreso de Guerrero, y a la Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva y Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, como órganos de dirección, “a que, de manera urgente y a la brevedad determine las personas que deberán integrar el Ayuntamiento Instituyente del municipio de Ñuu Savi”
Sin embardo, en el acuerdo plenario aprobado ayer por el tribunal local señala que han han pasado 42 días de la emisión de la sentencia del TEE (26 de abril), y 24 días de la emisión de la sentencia de la Sala Regional, “sin que hasta el momento la autoridad responsable haya informado sobre el cumplimiento dado a la misma, o en su caso, que está en vías de cumplimiento”.
Por lo anterior, reiteró que los términos establecidos en las dos sentencias, “no pueden ser objeto de retardo, y éstos -los plazos- se han venido acotando por el transcurso del tiempo, lo que impacta en hacer nugatorio (frusta en  expectativa social) el derecho de las y los justiciables”.

Regresan al IEPC el caso Sánchez Esquivel

Por otro lado, devolvió a la Unidad de lo Contencioso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una denuncia por violencia política de género contra el diputado local de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, por irregularidades y omisiones en la integración en el Procedimiento Especial Sancionador,  a fin de “garantizar los principios de inmediatez, exhaustividad y legalidad”.
Asimismo, el TEE declaró inoperantes los agravios denunciados por el representante del PRI, Alberto Saavedra Chávez, en contra del registro del partido político local México Avanza, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), al estimar “que no controvierte de manera frontal y eficaz las consideraciones de la autoridad responsable”.
Desechó de plano otra demanda que promovió el ciudadano Eriberto Flores Terrero, en contra de la aprobación del Partido Alianza Ciudadana, por “carecer de interés jurídico y legítimo para controvertir el acto impugnado”.

 

Revela el auditor estatal liquidaciones extralegales de ex funcionarios de la ASE

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Las autoliquidaciones “fuera del marco jurídico” de 14 ex funcionarios de primer y segundo nivel que estuvieron al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante el año en el que el Congreso dejó acéfala la titularidad, ascienden a más de 4 millones de pesos, informó el auditor Marco César Paris Peralta Hidalgo.
En entrevista en su oficina en la sede de la ASE, se le preguntó a Peralta Hidalgo por las denuncias que presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y en la Fiscalía Anticorrupción con las que busca revertir la decisión de este órgano que durante la administración anterior dejó prescribir 537 procesos de fiscalización del mismo número de cuentas públicas de municipios, y las otras contra las autoliquidaciones que ex funcionarios se asignaron.
Al respecto, dijo que tiene conocimiento de que “estamos a punto de recibir, los tiempos están ya cerca”. Recordó que el TJA tiene sus propios tiempos y que de acuerdo a éstos, deben estar “a punto de emitirse con el tema de las autoliquidaciones y de las prescripciones”.
En el caso de las autoliquidaciones se trata de 14 ex funcionarios y personal operativo de la anterior administración que encabezó Natividad Pérez Guinto.
Peralta Hidalgo explicó que los ex funcionarios tenían derecho a un finiquito porque concluyeron un periodo como funcionarios, pero no a una liquidación como si se les hubiera despedido de un trabajo.

Sanciones a entes fiscalizables

El 30 de abril se cumplió el plazo para la entrega de la cuenta pública 2022 y cuatro entes fiscalizables entregaron a destiempo: fueron el Fideicomiso Centro Internacional Acapulco, el Instituto Municipal de Vivienda de Chilpancingo, la Escuela de Parteras Profesionales del Estado, y el Ayuntamiento de Chilpancingo.
Estos cuatro entes fiscalizables que entregaron su cuenta pública después del 30 de abril y fueron acreedores sólo a apercibimientos por no cumplir con los plazos establecidos en la ley.
Mientras que dos ayuntamientos de Costa Chica fueron sancionados con multas económicas por no atender los requerimientos de la ASE, porque ese órgano tiene sus tiempos establecidos, y “cada retraso nos complica en la fiscalización”.
Cuajinicuilapa fue multado por 57 mil pesos debido a que no entregó la documentación que el órgano fiscalizador le pidió dentro de la fiscalización de la cuenta pública 2021, y Florencio Villarreal (Cruz Grande) por 15 mil pesos. Este caso fue por no acudir a una audiencia a la que de la ASE “para aclarar y entregar documentación que le hacía falta de cumplimiento financiero”.

Curso virtual a ayuntamientos de Tierra Caliente

Comentó que se realizó el miércoles el curso de capacitación de los criterios para la integración y presentación del informe financiero semestral del ejercicio fiscal 2023 dirigido Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y poderes del Estado a una reunión a la que asistieron directores, coordinadores, contralorías internas, y secretarios de despacho.
Es equivalente al que se realizó en mayo de manera regional para los ayuntamientos.
El auditor comentó que con este curso se agotó la capacitación presencial y que únicamente queda pendiente para el 6 de junio realizar otro de manera virtual para los alcaldes de la región Tierra Caliente, argumentando que se trata de un avance “la ASE estamos posicionados en los primeros lugares de cumplimiento hacia la modernización, la rendición de cuentas por vías electrónicas con todos los candados”.
También justificó que la fiscalización a través de medios electrónicos facilita el trabajo de la ASE, hay un cumplimiento más alto de los entes, además de que hay ahorro importante en el uso de papel.
A pregunta hecha sobre si el curso a alcaldes de Tierra Caliente no se debe al tema de seguridad y que los alcaldes no pueden salir de la región o municipios, respondió: “afortunadamente podemos trabajar de manera virtual”, porque dijo que eso permite tener documentos certificados sin que los alcaldes tengan que acudir a la ASE, “ellos están cumpliendo entregando toda la documentación electrónica”