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Aprueban reforma para que la Fiscalía busque a desaparecidos sin necesidad de denuncia

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local aprobó por unanimidad, con 31 votos, una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que dicha institución realice búsqueda de personas desaparecidas de manera inmediata, sin necesidad de alguna denuncia de por medio.
Se trata de una adición a la fracción XXXIV del artículo 11 de la Ley Orgánica de la FGE, que establece un fundamento legal al Ministerio Público (MP) para iniciar y coordinar de manera inmediata las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, sin condicionamiento de plazo alguno y con base en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La propuesta inicial fue de la diputada morenista Araceli Ocampo Manzanares, quien mencionó la necesidad de fortalecer el marco jurídico para garantizar la actuación eficaz de las autoridades ante la desaparición de personas, con enfoque humanitario y en apego a los derechos fundamentales de las víctimas y sus familias.
El dictamen fue fundamentado por la diputada Erika Lührs Cortés, integrante de la Comisión de Justicia, quien explicó que con dicha reforma se propone “la inmediatez con la que debe actuar la autoridad investigadora para realizar la búsqueda de personas desaparecidas una vez que se tenga conocimiento del hecho por cualquier medio y sin demora alguna”.
La Comisión de Justicia, aseguró que dicha reforma se hizo conforme a los principios establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Aprueban tipificar “pinchazos” en el Código Penal

Por unanimidad de 31 diputados se aprobó una reforma al Código Penal para añadir el Capítulo III, denominado De la administración no consentida de sustancias, para sancionar a quien “suministre, introduzca o aplique cualquier sustancia sin el consentimiento de la víctima”.
Con esta adición, que fue propuesta por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la diputada Araceli Ocampo Manzanares, “se busca cerrar un vacío legal y reconocer esta conducta como una forma grave de violencia que vulnera la autonomía, la dignidad y la integridad física y mental de las personas”, justifica el dictamen aprobado.
Las penas establecidas van de dos a cinco años de prisión y hasta el doble, cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores o con discapacidad, o cuando el delito ocurra en espacios públicos o con violencia física.
Sesión vacía

Las tres reformas aprobadas por el Congreso en la sesión de este martes, fueron con la votación de 31, de 46 diputados que conforman el pleno, y durante la sesión muchos diputados, pese a que pasaron lista al inicio, estuvieron ausentes en el desarrollo de la misma.
La mayoría de los priistas estuvieron solo al inicio, y después se retiraron. Al final de sesión sólo quedaron Pilar Vadillo Ruiz y Víctor Hugo Vega Hernández; de los morenistas el ausente fueron su coordinador Jesús Urióstegui García, y el presidente de la Comisión de Educación, Pánfilo Sánchez Almazán; mientras que del PVEM también se notaron las ausencias de su coordinador, Arturo Álvarez Angli, quien estaba de manera virtual, así como las diputadas Gladis Cortés Genchi y Obdulia Naranjo Cabrera.

Respalda la presidenta del IEPC reforma que cambia asignación de plurinominales

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, consideró viable la reforma a la Ley 483 de Procedimientos Electorales, que busca cambiar el método de asignación de espacios plurinominales, ya que va acorde con lineamientos nacionales y sentencias de los tribunales electorales federales.
El pasado jueves, en la Comisión de Justicia del Congreso local, sus integrantes aprobaron por mayoría un dictamen para de reforma a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales en la que establece que para la asignación de las diputaciones plurinominales se tome en cuenta la votación estatal efectiva y elimina el concepto actual de votación emitida.
Al respecto, la presidenta del órgano electoral local contó que aunque desconoce los términos de dicha reforma, ya que aún falta someterla a votación del pleno de Congreso, el cambiar el método de asignación para tomar en cuenta la votación estatal efectiva sería para armonizar la legislación respecto a otras a leyes de otros estados y lineamientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
“Tengo entendido que el Congreso local va a corregir ese tema, porque ya hay precedentes y ya hay resultados en otros estados que han tomado así la asignación, pero nuestra Ley Electoral no lo contempla entonces sería un avance porque ya los tribunales electorales han resuelto este tema como fue el proceso pasado, entonces ya hay un precedente”, explicó Matildes Gama, en entrevista al término de la presentación de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024.
La funcionaria electoral explicó que sería viable una reforma así porque en el pasado proceso electoral 2024, la Sala Regional Ciudad de México del Trife, revocó el acuerdo por el que el IEPC asignó la diputaciones plurinominales a través de la votación emitida.
“La ley electoral local establece hasta el día de hoy que se tomará en cuenta para la asignación de diputaciones de RP (Representación Proporcional-plurinominales) se tome en cuenta la votación efectiva; es decir, de acuerdo al listado nominal, las personas que fueron a votar sin tomar en cuenta otro tipo de votos como los nulos, entonces lo que conllevó a que la asignación de RP, el IEPC lo hizo conforme a lo establece la ley, pero al resolver los tribunales, en esta caso Sala Regional, dijo que no, que tenía que ser como votación estatal”.
Agregó que la actual Ley Electoral tiene otros pendientes por reformar, además del tema de la votación emitida, también mencionó que importante tocar el tema de las representaciones indígenas y afromexicanas “que no están ni en la Constitución local ni en la Ley (Electoral) pero son resultados de órdenes de los tribunales”.
Con la impugnación en la asignación de plurinominales en las elecciones del 2024, ocho días antes de que los diputados locales rindieron protesta, derivado de una impugnación del ex diputado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, la Sala Regional Ciudad de México del Trife determinó otorgarle la sexta diputación plurinominal de Morena.
Al entrar un hombre más en la lista, el género en la diputación migrante cambió, por lo que también el pleno de la Sala Regional determinó que por votación le correspondía ese espacio a una mujer, sacando de la lista a Lloyd Walton Álvarez y en su lugar quedó Guadalupe Eguiluz Bautista.

 

Exhorta el Congreso al titular de la Semaren a que explique la designación en Zoochilpan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Por mayoría, el Congreso local aprobó un exhorto al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Ángel Almazán Juárez, para que informe el método para la designación del director de zoológico de Chilpancingo, Rommel Rodríguez Zalvalza, y si el procedimiento se apegó a la ley.
En la sesión ordinaria, votó en contra del dictamen la diputada PAN María Irene Montiel Servín, quien promovió el acuerdo, acompañada con los diputados del PRI.
La panista explicó en tribuna que el Congreso debía revisar el incumplimiento de la norma, no sólo requerir un informe sobre un nombramiento ilegal que ya tuvo afectaciones para los trabajadores.
El 27 de marzo, Juárez Almazán tomó la protesta del nuevo director de Zoochilpan, a un licenciado en locución, Rommel Rodríguez, antes director del Refugio Perritos Felices, propiedad del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio. Un nombramiento que debe ser emitido por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, hija del senador.
El 2 abril Montiel Servín, como integrante de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático denunció el nombramiento ilegal. Después promovió el exhortó que se turnó a Comisión para el trámite legislativo.
Cinco meses después, el dictamen se aprobó por mayoría en la Comisión, asimismo en el pleno, con 30 votos a favor y siete en contra. El documento recuerda la molestia que provocó el nombramiento en Zoochilpan a médicos veterinarios, especialistas en flora y fauna del estado, porque el perfil del nuevo director no corresponde a lo que establece la Ley de Bienestar Animal.
“Ante la falta de elementos para procedimiento para la designación, la Comisión por mayoría consideraron esencial que Ángel Almazán presente informe ante la soberanía, en calidad de responsable del organismo desconcentrado dentro de la Secretaría de la que es responsable”, indicó.
En tribuna, Montiel Servín aclaró que el fondo de su planteamiento era la actuación de esta legislatura que hace un año protestó con cumplir y hacer hacer cumplir las leyes, que aprueban.
Denunció que por la omisión del Congreso, el director del zoológico ya despidió a cuatro trabajadores para contratar 10 cercanos a él, “una afectación que convalidó este Congreso, al permitir que permanezca en ese cargo”.
El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros respondió a nombre de los demás integrantes de la Comisión, que no fueron omisos, porque se dictaminó, pero no prejuzgaron el caso, del que Semaren deberá informar de manera inmediata.

Salud para Acapulco y contención a brote de tos ferina

En la sesión, donde se registró una asistencia de 41 diputados, también se aprobaron dos exhortos por unanimidad, 33 y 32 votos de los diputados presentes.
En el seguimiento del trámite legislativo, se aprobó un exhorto a la Secretaría de Salud Guerrero, al IMSS Bienestar y al ayuntamiento de Acapulco, para ampliar la cobertura de servicios en la zona conurbada y comunidades rurales de Acapulco con clínicas móviles.
La Comisión de Salud confirmó la necesidad del servicio, toda vez que hospitales siguen severamente dañados por los huracanes, y afecta a los sectores más vulnerables.
Como asunto de urgente y obvia resolución se aprobó el exhorto al IMSS Bienestar, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud Guerrero, para implementar acciones necesarias y oportunas para contener un brote de tosferina en Guerrero, que representa un problema de salud pública.
La presidenta de la Comisión, Beatriz Vélez Núñez, indicó que a nivel nacional van mil 100 casos de tosferina, y 59 fallecimiento en lactantes menores de un año.
En Guerrero se han registrado casos en Acapulco, Zihuatanejo y la Unión, “que evidencia presencia activa de la enfermedad. Denunció también que la vacunacinación se redujo en un año, de 40 a 30 %.
Se envió a trámite legislativo, el exhorto que solicitó el diputado de Morena Pánfilo Sánchez Almazán, a la Secretaría de Educación Pública para regularizar de manera prioritaria la situación laboral de los trabajadores precarios de la educación en Guerrero.
Planteó una mesa interinstitucional para la incorporación a la nómina federal del personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) y de las maestras y maestros no incorporados al FONE en Guerrero, al que se adhirió la diputada Araceli Ocampo Manzanares.
El diputado Julián López Galeana propuso otro exhorto para que los alcaldes de Acapulco y de Chilpancingo, Abelina López Rodríguez y Gustavo Alarcón Herrera, regulen las actividades franeleras o de los “viene, viene” que vigilan vehículos en la vía.
Consideró que su proliferación constituye un riesgo ya que los automovilistas se ven obligados a pagar cuotas arbitrarias por temor a represalias y daños a su vehículo, “lo digo por testimonio personal; lo hacen bajo influjos del alcohol o sustancias ilícitas, aumentan el riesgo de hostilidad o enfrentamientos”.
El diputado del PRI, Víctor Hugo Vega Hernández, pidió que la Comisión de Infraestructura concluya las obras destruidas por los huracanes Otis y John, particularmente de los puentes del río Las Truchas, en el municipio de Ajuchitlán, y del Río Cuirio, en Coyuca de Catalán.

 

Reprochan colectivos ausencia de dependencias estatales de reunión sobre ley de desapariciones

El dirigente del colectivo de familiares de desaparecidos Lupita Rodríguez, David Molina (de lentes) entra al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo el 18 de agosto pasado t Foto: Jesús Eduardo Guerrero / Archivo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Sin la presencia de representantes de la Secretaría General de Gobierno, de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Servicio Médico Forense (Semefo) y de Servicios Periciales de la FGE y de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (Seplader), se realizó este jueves otra reunión en el Congreso local con representantes de colectivos para la revisión de los artículos de la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas.
El representante del colectivo Lupita Rodríguez de Chilpancingo, David Molina Rodríguez, consideró que “es realmente triste” que les sigan haciendo el vacío instituciones y dependencias que son importantes en estas discusiones para la revisión de los 154 artículos que contiene la iniciativa.
Dijo que eso evidencia que en los hechos no existe voluntad política para que salga adelante esa iniciativa en la que proponen que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), sea autónoma de la Secretaría General de Gobierno.
Molina Rodríguez informó que en la reunión de ayer alcanzaron a revisar 114 de los 154 artículos que contine la propuesta de la iniciativa, pero que quedan pendientes del articulo 47 al 84 porque tienen que ver con la FGE, que no ha enviado a su representante.
Lamentó: “En lugar de que abonen a agilizar esta ley, están retrasando el proceso”.
De la secretaría General de Gobierno, reprochó que no mandó representante a pesar de que se está analizando la situación jurídica de la CEBP que quedará establecida en la ley, “y al rato luego salen que están desinformados que no tienen conocimiento de los acuerdos”, en referencia a lo que les argumentó la encargada de despacho, Anacleta López Vega en la reunión con ella la semana pasada.
En tanto que en el caso de la FGE, Molina Rodríguez informó que su representante ha participado cuando mucho en cinco reuniones y que por esa causa siguen pendientes por revisar los artículos desde el 47 al 84 porque están relacionados con la Fiscalía.
Dijo que la última reunión que tuvieron con el fiscal Zipcná Torres Ojeda fue el 8 de abril pasado y entonces se comprometió a reunirse con dos colectivos por semana y que tendría una reunión mensual con los representantes de todos los colectivos, lo que no cumplió.
Indicó que lo mismo es importante la presencia pero en la reunión de ayer no asistieron los del Semefo que depende de la Secretaría de Salud Estatal y Servicios Periciales de la FGE.
Otra de las dependencias del Gobierno del estado que no ha mandado representante es la Seplader, que, les han dicho a los colectivos es la que en los hechos realiza la distribución del recurso.
Ante la inasistencia de las dependencias e instituciones que deben tomar decisiones para el avance de la iniciativa de esta ley, el activista recriminó que, en vez de mostrarse empáticos, muestran su falta de voluntad política para echarla adelante.
“Si en el papel demuestran ser así de negativos, ahora imagínese en las actuaciones, es una muestra de que por lo menos la Secretaría General de Gobierno y la FGE están lejos de las víctimas”.
Concretamente en su demanda principal que es la autonomía de la CEBP, explicó que solo se requiere de voluntad política de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno Anacleta López Vega para que emitan un decreto en el que se establezca que esa Comisión será un órgano desconcentrado con autonomía técnica y de gestión que dependa directamente del Poder Ejecutivo.
Precisó que esa es la figura que proponen que quede establecida en la iniciativa de ley que está a discusión actualmente.
Informó que en la reunión de ayer el representante de la Sefina reconoció que con esa figura no implicaría un impacto presupuestal muy grande, porque ya está la planta laboral, el equipo técnico, y ya sólo sería reencausar el recurso; en lugar de que vaya a la Secretaría General de Gobierno, que sea a la gobernadora para que ella lo transfiera a la CEBP.
El acuerdo de ayer fue que en la próxima reunión con la encargada de despacho de la Secretaría de Gobierno López Vega, que será el 8 de octubre, le van a plantear cual será la figura jurídica de la CEBP para que a partir de ahí busque el enlace con la gobernadora y se emita el decreto.
Por lo pronto, declaró Molina, el camino será la gestión, y en caso de no avanzar, el siguiente será el de la movilización, “por lo pronto nos vamos a mantener respetuosos, sobre todo porque las comisiones del Congreso y de la Secretaría de Finanzas, dentro de todo se han conducido con mucha verdad”, dijo.
Ayer estuvieron los secretarios técnicos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el secretario técnico de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso local, de Estudios Parlamentarios, el asesor de la Dirección General de Presupuesto de la Sefina del Gobierno del estado, la CEBP y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum).
En tanto que por parte de los colectivos estuvieron representantes de Familias de Acapulco, Justicia y Verdad de los Otros Desaparecidos de Iguala, que antes eran Los Otros Desaparecidos de Iguala, así como del colectivo Lupita Rodríguez.

 

Casi concluida, la ley sobre desapariciones que redactan colectivos y diputados locales

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente del colectivo Lupita Rodríguez, de Chilpancingo, David Molina Rodríguez, declaró que el proyecto de iniciativa de Ley en materia de desaparición forzada de personas en la entidad, quedó prácticamente concluido y solamente tendrán una próxima reunión este jueves para deliberar sobre 15 artículos transitorios para que pueda ser sometida a discusión y en su caso a aprobación.
El activista informó, en otro asunto, que aún es incierto que el Centro de Resguardo Forense de Acapulco se convierta en un Centro de Identificación Humana, como lo han informado las autoridades estatales.
La semana pasada, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, declaró que “hay un firme compromiso en aprobar la Ley de Desaparición Forzada” en el próximo periodo de sesiones del Congreso local.
El representante del colectivo Lupita Rodríguez, quien participa en la mesa de diálogo con los diputados para la elaboración del proyecto, informó que la ultima reunión que tuvieron los representantes de los colectivos con los diputados locales se realizó el 14 de agosto en la que se revisaron los 154 artículos que se proponen en la citada ley.
Informó que de ellos dejaron por revisar 15 artículos pendientes para homologarlos con la ley en la materia que se está discutiendo en el ámbito federal, “son artículos muy puntuales que se van a adecuar conforme se apruebe la reforma federal”.
Adelantó que, en los artículos transitorios se buscará la forma de convertir al Servicio Médico Forense (Semefo) en un Instituto de Ciencias Forenses.
Informó, además, que se propone establecer en la ley el sistema de carpetas de investigación, que implica un sistema público en el que los ministerios públicos tienen que anotar y actualizar periódicamente cuáles son los avances en materia de investigación, “lo que dejaría al descubierto que no trabajan las fiscalías; es decir, no hay actos de investigación”.
Igualmente insistirán en la creación de un Centro de Identificación Humana porque es necesario, “si se aprueba, Guerrero estaría muy por encima de otros estados en materia de identificación”.
Indicó que esperan que prospere la propuesta porque el principal objetivo de la ley es la creación de ese Centro de Identificación Humana, además de la independencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEV) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

Pendiente, la Fiscalía especializada

Informó que los puntos que quedan pendientes son los que se relaciona con la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, porque a pesar de que ha estado participando en las reuniones el fiscal Francisco Martínez, “éste difícilmente se va a salir del guión que ya le tienen establecido”.
Indicó que lo que quieren los colectivos es que el fiscal se comprometa a que cuando menos el 2 por ciento de los aproximadamente mil millones de pesos que tiene asignada la Fiscalía General del Estado (FGE) se asignen a la Fiscalía Especializada para que tenga más equipo, sobre todo vehículos y localizaciones geo.
Explicó que el funcionario de la FGE ha aceptado que en este año solamente le van a autorizar 500 geolocalizaciones, que son servicios de localización en tiempo real mediante un teléfono, cuando, dijo, es importante tener ese servicio durante las primeras horas que ocurre una desaparición.
Explicó que solamente el colectivo Lupita Rodríguez le ha solicitado 15 geolocalizaciones en lo que va de este año, en las que se han localizado a cuatro personas, una de ellas ya fallecida.
Asimismo, en unos de los transitorios de la ley se establece que se creará una comisión permanente del Congreso local para atender el caso de los desaparecidos, para que se encargue, también, de la gestión de los recursos.
El activista añadió que además, se propone eliminar en la ley el concepto de “persona no localizada”, porque en esos términos la persona desaparecida no se relaciona con la comisión de un delito, lo que puede llevar a que en un momento dado la Fiscalía donde se presente la denuncia diga que no está desaparecida, sino que no está localizada, y ello puede retrasar el proceso de búsqueda, “y por eso se propone eliminar esa figura de persona no localizada”.
Con respecto a la propuesta del gobierno estatal para que el centro de resguardo forense de Acapulco se convierta en Centro de Identificación Humana, el activista declaró que, en efecto, “lleva esa mira”, pero que todavía es incierta la propuesta: “hoy en día es sólo un centro de resguardo, mientras no esté equipado podrán decir lo que quieran. Cuando tengan el laboratorio de genética, camas equipadas para hacer el trabajo forense, cuando tengan los rayos X y el personal capacitado, entonces sí podremos hablar de un centro de identificación humana, no antes”.
Infirmó que los colectivos están buscando la posibilidad de entrevistarse con la secretaria de Gobernación federal Rosa Icela Rodríguez, para solicitarle que se destinen recursos extraordinarios para que sea equipado en la segunda etapa que se terminará en diciembre, “porque una cosa es las instalaciones y otra el equipo, que es lo realmente caro”.

Elude Urióstegui revelar si buscará continuar en la Jucopo; será decisión de su fracción, dice

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui García, indicó que su continuidad al frente del Grupo Parlamentario de Morena dependerá “absolutamente” de sus compañeros.
En septiembre próximo, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones, Urióstegui García cumplirá un año al frente de la Jucopo, y de acuerdo con un trascendido al interior del Grupo Parlamentario de Morena, su permanencia se analizaría al año de su llegada.
En entrevista, el morenista indicó que hasta hoy, como Grupo Parlamentario, no tiene en la agenda alguna plenaria para discutir sobre su relevo al frente de la coordinación, y por ende de la presidencia de la Jucopo.
Desde que Morena es mayoría en el Congreso local, en el 2018, ninguno de sus coordinadores han permanecido dos años consecutivos, ni concluido una legislatura al frente de la Jucopo.
Ya sea por acuerdos políticos, o por el desgaste al frente del Congreso del Estado, en anteriores legislaturas siempre hubo relevos entre los coordinadores de Morena.
Urióstegui García fue electo como coordinador de los diputados morenistas en septiembre del año pasado, al inicio de la actual legislatura. Actualmente el Congreso atraviesa por su último periodo de receso del año, y regresará el primero de septiembre a iniciar el segundo año legislativo, es decir, se cumplirá un año desde que Urióstegui García asumió el cargo.
Aunque aún faltan varias semanas para el inicio del periodo ordinario, ha trascendido que algunos diputados de Morena buscan relevar a Urióstegui García.
Al respecto, Urióstegui García señaló que los diputados mantienen un diálogo permanente sobre diversos temas, pero que no han mencionado el relevo en la coordinación.
A pregunta de si le gustaría continuar el próximo año como coordinador de los diputados de Morena, señaló que será una decisión “absoluta de mis compañeras y compañeros”.

 

Se revisarán implicaciones de la Ley de Desaparición Forzada antes de aprobarla

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, el morenista Jesu?s Urio?stegui Garci?a, sostuvo que en la actual 64 legislatura hay disposición para aprobar la Ley de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares. Aseguró que pese a la postura de los colectivos que piden sea aprobada lo más pronto posible, se tienen que revisar todos los temas técnicos y presupuestales para que se pueda cumplir y sea efectiva.
Las declaraciones de Urióstegui García ocurren después de que el lunes integrantes del Colectivo de Familiares Desaparecidos Lupita Rodríguez protestaron por ocho horas fuera del Congreso del Estado para exigirle a los diputados la aprobación de la Ley de Desaparición, la cuál es un pendiente que tiene el legislativo local desde el 2018.
Durante la manifestación, el vocero del Colectivo, David Molina, dijo que durante tres periodos legislativos sólo han sido engañados porque no existe interés de parte de los diputados de que exista una Ley de Desaparición.
Al respecto, el presidente de la Jucopo mencionó en entrevista que a pesar de que la iniciativa no se desahogó en las dos legislaturas anteriores, actualmente hay disposición para retomarla y dialogar con los colectivos que la impulsan, aunque atajó que “se debe realizar un trabajo muy detallado para atender todas sus implicaciones”.
“Ya tenemos una mesa de trabajo instalada con los colectivos, (la iniciativa) es un tema que ellos han estado solicitando desde hace muchos años, no es un tema que haya surgido ayer o antier, llevan mucho tiempo sin embargo está legislatura tiene la disposición de transitar y vamos a dialogar con ellas y con ellos”.
Aseguró que el tema de la Ley es importante para amplios sectores de la población, por lo que el Congreso actuará de manera “sensible y responsable”.
A pregunta de si es un tema presupuestal lo que detiene la aprobación de la iniciativa, ya que los colectivos plantean la creación de un Centro de Identificación Humana, el diputado aseguró que nada detiene los trabajos, pero que la Ley tiene que ser analizada por todas las instituciones involucradas.
“No hay nada que lo detenga, estamos trabajando en una parte técnica, y reitero, estas mesas que se propusieron son para dialogar, porque se trata de construir consensos, el tener una Ley significa tener consensos, y que todos los actores estén presentes y que se vean las viabilidades de las leyes, ¿de qué sirve que tengamos leyes que no sean viables?”.
Explicó que para la creación de una Ley de Desaparición se necesita la opinión e intervención de las comisiones del Congreso, de los organismos de derechos humanos y las dependencias gubernamentales que atienen el tema de desaparecidos para que todo sea integral.
También mencionó que se revisará la legislacio?n de otras entidades sobre el tema para enriquecer los trabajos en la entidad.
“Lo importante es aprobar una ley viable y con presupuesto, para que no sea letra vaci?a, pues lo que demanda la poblacio?n es una verdadera herramienta juri?dica contra un flagelo que ha causado mucho dan?o”.

Entra en receso la 64 Legislatura local; deja pendiente armonizar reformas federales

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El miércoles terminó el primer periodo de se-siones de la 64 Legislatura local del Congreso del estado, que asumió en septiembre del 2024, por lo que se declaró el receso con pendientes como la armonización de las 13 minutas federales aprobadas, los nombramientos de los directores de las áreas administrativas y sin aprobar iniciativas de sus integrantes.
Durante el receso entra en funciones la Comi-sión Permanente, para que las actividades legislativas no se frenen. La integran12 diputados que permanecen en sesión para atender algunas tareas, con ciertos límites.
Durante los cuatro meses que duró el primer periodo ordinario se realizaron 53 sesiones, dos fueron solemnes, seis de comparecencias y 45 ordinarias, de acuerdo con el informe que rindió el presidente de la Mesa Directiva, el priista Jesús Parra García.
De acuerdo con dicho informe, se recibieron 153 asuntos, los cuales fueron turnados a las comisiones y comités legislativos competentes para su trámite conducente. Se subdividen en iniciativas de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las cuales se presentaron 16 en total, 12 presentas por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara de Diputados federal.
Reformas o adiciones a la Constitución Política local se presentaron cuatro, tres hechas por integrantes del Legislativo local y una por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; reformas de Ley se presentaron 93 en total, 3 por parte de la titular del Ejecutivo, cinco por diputados y 85 por los ayuntamientos, que en realidad fueron las leyes de ingresos para ejercicio fiscal 2025.
De las 13 minutas de reformas constitucionales, algunas del Plan C propuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y otras por la presidenta Claudia Sheinbaum, todavía están en espera de ser armonizadas por el legislativo local para que se apliquen en la entidad.
Dichas reformas federales también tienen plazos establecidos para realizar la respectiva armonización y adecuaciones necesarias en la Constitución local y diversas leyes secundarias, procedimiento que en ninguno de los casos ha iniciado en el Congreso.
El receso legislativo se declaró sin culminar dichos procedimientos, aunque los límites que establecen dichas reformas para su armonización todavía no vencen de acuerdo a sus propios artículos transitorios.
Entre las minutas aprobadas y que deben armonizarse están la de la reforma judicial; de Pueblos y Comunidades Indígenas; de Igualdad Sustantiva; de Prisión Preventiva Oficiosa; la que eliminó a los órganos autónomos; de Seguridad federal y de Bienestar Animal.
También tienen pendientes las desig-naciones de los titulares de los órganos admi-nistrativos y técnicos del Poder Legislativo local. Es decir, los titulares de seis áreas que deben rendir protesta ante el pleno, y a cuatro meses de iniciados los trabajos legislativos funcionan con encargados de despacho y en algunos casos continúan los designados en la pasada Legislatura,.
Dentro de su estructura orgánica, el Poder Legislativo funciona con distintos órganos administrativos y técnicos, entre los cuales están la Secretaría de Servicios Parlamen-tarios; la de Servicios Financieros y Admi-nistrativos; la Dirección del Instituto de Estu-dios Parlamentarios Eduardo Neri; la de Co-municación Social; Unidad de Transparencia y Anticorrupción y Unidad para la Igualdad de Género, cuyos titulares son designados por el pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece como atribución de la Jucopo proponer al Pleno para su aprobación o ratificación, en su caso, dentro de los primeros 45 días naturales los nombramientos de los titulares de los órganos administrativos y técnicos.
En la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos continúa Esli Joanan Navarrete Cisneros, quien fue nombrado por la entonces presidenta de la Jucopo, Gloria Citlali Calixto Jiménez.
En el cargo de Secretario de Servicios Parlamentarios, continúa José Enrique Solís Ríos, nombrado en septiembre del 2022 por la entonces presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna.
El artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los titulares de los órganos administrativos y técnicos serán nombrados y removidos por el Congreso a propuesta de la Junta de Coordinación Política.
El pasado 14 de enero fue la última sesión del periodo ordinario y los diputados regresan a sesiones ordinarias el 1 de marzo, y se tienen pendiente aún definir si habrá este 2025 elección de las personas juzgadoras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), o si se aplaza hasta el 2027.
La Comisión Permanente sólo desempeña funciones políticas, jurídicas, administrativas y de control; no cuenta con facultades legislativas, es decir, no puede aprobar iniciativas de leyes o decretos, a menos que se cite a alguna sesión extraordinaria durante dicho periodo.

 

Avala el Congreso local la reforma federal que prohíbe cigarros electrónicos y fentanilo

La diputada local por Movimiento Ciudadano, Deyanira Uribe Cuevas en su intervención en tribuna en la que argumentó su voto en contra de la reforma constitucional que prohíbe los cigarros electrónicos y vapeadores así como la producción y distribución del fentanilo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local aprobó este miércoles la minuta de reforma constitucional federal que prohibe el uso de cigarros electrónicos, conocidos como vapeadores, y la producción, distribución, y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, uso ilícito del fentanilo además drogas sintéticas no autorizadas.
En la misma sesión, que fue la segunda del día celebrada, los diputados también aprobaron un dictamen de adiciones a la Constitución Política del estado para establecer el derecho a la búsqueda inmediata de niñas, niños, adolescentes y mujeres en casos de desaparición.
La reforma federal, que forma parte del llamado Plan C, se trata de adiciones de un párrafo quinto al artículo 4 y un párrafo segundo al artículo 5, que fue propuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Se establece prohibir el uso de cigarros electrónicos y sistemas electrónicos para fumar, así como su producción y venta, el uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintética y cualquier actividad relacionada con dichas sustancias.
Fundamentó el dictamen la diputada del PRI, María del Pilar Vadillo Ruiz como integrante de la Comisión de Estudios Constitu-cionales y Jurídicos, quien en tribuna mencionó que el derecho a la protección de la salud es uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano consagrado en el artículo Cuarto de la Constitución General de la República y respaldado por diversos tratados internacionales de los que México forma parte.
“Los dispositivos de vapeo y drogas sintéticas han mostrado un impacto alarmante en la población joven, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, su consumo ha alcanzado niveles preocupantes en adolescentes, representando un grupo particularmente vulnerable, máxime porque las drogas sintéticas, como el fentanilo, no sólo generan adicción y mortalidad, sino que afectan el tejido social, al incrementar los índices de violencia y criminalidad asociados a su producción y distribución”, mencionó la priista.
Vadillo argumentó que la re-forma busca fortalecer el derecho humano a la salud, “prohibiendo actividades relacionadas con ciga-rrillos electrónicos, vapeadores, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas como el fentanilo, todas ellas identificadas como amenazas significativas para la salud pública y la seguridad nacional”.
Para razonar el sentido de sus votos, solo subieron a tribuna las representantes del PAN, MC y PRD, de los cuales solo MC votó en contra. El resto de los Grupos Parlamentarios votó a favor.
Pese a que la diputada del PAN, Irene Montiel Servín, realizó observaciones a la reforma y se dijo en contra de prohibir los cigarros electrónicos, su voto fue a favor por el caso del fentanilo.
“En esta reforma que vamos a votar hoy se mezclan dos problemáticas muy diferentes que nos pone en una situación compleja, porque es importante manifestar mi total acuerdo para aprobar medidas implacables contra el fentanilo, pero la prohibición de los vapeadores puede ocasionar más problemas de los que pueda resolver”.
La diputada Deyanira Uribe Cuevas mencionó que “desde la perspectiva de Movimiento Ciu-dadano la votaremos en contra, porque en primer lugar consi-deramos que el combate a las adicciones debe comenzar con un sentido de regulación, no de prohibición, implementando campañas de prevención y concientizaciónl sobre el uso problemático de precursores químicos y drogas sintéticas”.
El diputado Robell Urióstegui Patiño (PRD), subió a tribuna solo a decir que votaría a favor porque el consumo de sustancias como la nicotina y el fentanilo “genera enfermedades devastadoras, muchas de las cuales impactan gravemente a la juventud y la adolescencia”, y para el caso de los cigarros electrónicos que no existen evidencias científicas concluyentes que respalden su eficacia como herramienta para dejar de fumar.
Al final, la reforma fue aprobada por 41 votos, dos en contra y cero abstenciones.

La otra reforma aprobada

En la misma sesión, se aprobó por unanimidad un dictamen de adi-ciones a la Constitución Política de Guerrero, para establecer el derecho a la búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres en casos de desaparición, para que las autoridades implementen ope-rativos de búsqueda inmediata sin que, para ello se ponga una denun-cia ante el Ministerio Público.
Al fundamentar el dictamen en su calidad de presidenta de la Co-misión de Estudios Constitucio-nales y Jurídicos, la diputada Citlali Calixto Jiménez mencionó que la iniciativa fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el fin de contrarrestar la problemática de la desaparición de personas, y como una manera de fortalecer el mecanismo denominado Alerta Violeta.
“Establecer en Guerrero como un derecho humano el derecho a la búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres desapare-cidos sin necesidad de denuncia ministerial, implica eliminar ba-rreras burocráticas significativas y facilitan el acceso a la justicia y protección de las personas afectadas y sus familias”, dijo.
Expuso también que se pretenden consolidar mecanismos de búsqueda como la Alerta Violeta, para garantizar que el estado actúe de manera inmediata y coordinada ante cualquier denuncia de desaparición, y asegurar que todos los recursos necesarios se movilicen rápidamente y que las acciones de búsqueda se realicen de manera eficiente y efectiva.
También se aprobó por unanimidad un acuerdo para celebrar el Parlamento de Mujeres Guerrerenses 2025, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Al ser la última sesión del primer periodo ordinario del primer año de ejercicio legis-lativo, el diputado Jesús Parra García, presidente de la Mesa Directiva, rindió el informe de los trabajos de dicho periodo, comprendido de septiembre del 2024 a enero de este 2025.
En una tercera sesión se instaló el Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 64 Legislatura y se citó a sesión para el próximo 22 de enero.

Dictaminan diputados sobre la difusión indebida de información de víctimas delitos

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

En la primera sesión, de tres que se celebraron este miércoles, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un dictamen con proyecto de decreto, enviado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por el que se reforma el artículo 304 Bis del Código Penal del Estado en materia de Revelación o difusión indebida, para establecer sanciones en contra de las personas servidoras públicas que en el ejercicio de sus funciones difundan información confidencial de las víctimas de algún delito.
En el último punto de la sesión, también se votó por la integración de la Comisión Permanente, que entró en funciones la tarde de ayer y hasta el próximo 28 de febrero, y se procedió a la respectiva toma de protesta.
Sobre la reforma enviada por la gobernadora, subió a tribuna el presidente de la Comisión de Justicia, Carlos Eduardo Bello Solano, para explicar el contenido de la misma, la cual establecen sanciones claras en contra de las personas servidoras públicas que difundan de manera indebida información reservada o confidencial relacionada con algún delito o víctimas, con penas de 2 a 6 años de prisión y multas de 100 a 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Precisa el dictamen que la norma va en contra de quien reproduzca, revele, difunda, entregue, publique, exponga, remita, distribuya, transmita, oferte, comercialice, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, indicios, evidencias, objetos, instrumentos, documentos o información reservada o confidencial del lugar de los hechos o del hallazgo, o productos relacionados con uno o varios hechos señalados por la ley como delitos, o con el procedimiento penal.
Dichas sanciones, se explica en el dictamen, se aplicarán cuando se trate de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o se refiera a las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.
Bello Solano argumentó que dicha iniciativa “es un acto de justicia moral que tiene como objetivo proteger la dignidad de las personas que han sido víctimas, evitando que su sufrimiento se utilice con fines sensacionalistas o de entretenimiento. Las víctimas merecen respeto, protección y justicia; merecen que su dolor no sea tratado como un objeto de consumo público”, dijo en tribuna.
También se aprobó por unanimidad un dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los 85 municipios a que apliquen la legislación vigente que prohíbe el uso de plásticos de un sólo uso, a través de campañas de concientización entre la población y la vigilancia de negocios.
Otra documento aprobado por el pleno y por unanimidad fue el orden del día al que se sujetará la sesión pública y solemne para conmemorar el 175 Aniversario de la Instalación del Congreso Constituyente del Estado de Guerrero, el próximo 30 de enero, que se celebrará en la ciudad de Iguala de la Independencia.

Resuelven suplencias y vacantes de regidurías

También se aprobaron los dictámenes de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación en los cuales se ratificó la entrada en funciones de Aurelio Patiño Torres al cargo y funciones de alcalde del municipio de Heliodoro Castillo, y por los que se resuelven afirmativamente las renuncias a su derecho de asumir el cargo y funciones de la regidora de Zapotitlán Tablas, Yuritzi Carrillo Sánchez, a partir del 19 de noviembre del 2024; de la regidora suplente del mismo municipio, Inés Sánchez Mendoza, y de la regidora propietaria del Ayuntamiento de Petatlán, Nilda Maciel Pardillo.
En el caso de Teloloapan, se designó a María de los Ángeles Laura Elena Guerrero Leos como síndica procuradora, hasta en tanto subsista la licencia por tiempo indefinido concedida a la ciudadana Petra Salgado Brito, y se designó al diputado del PRD Robell Urióstegui Patiño, y ex alcalde de dicho municipios, para que se traslade y proceda a darle posesión del cargo.

Rinde protesta la Comisión Permanente

En los últimos puntos del orden del día de la primera sesión, se votó por los diputados integrantes de la Comisión Permanente, correspondiente al primer periodo de receso de la 64 Legislatura del Congreso de Guerrero.
Fue a través de una votación por cédula, que los 46 diputados votaron por una única propuesta, que obtuvo un voto en contra de la panista Irene Montiel Servín, quien no fue incluida en su integración.
Después de la votación, rindieron protesta ante el Pleno los integrantes de la Comisión Permanente que realizarán las sesiones del Primer Periodo de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la 64 Legislatura.
La Comisión quedó integrada por el diputado Jesús Parra García, como presidente; la diputada Marisol Bazán Fernández como primera vicepresidenta; diputada Gladys Cortés Genchi como segunda vicepresidenta; diputado Edgar Ventura de la Cruz y diputada María de Jesús Galeana Radilla como secretarios propietarios; Los diputado Pánfilo Sánchez Almazán, Ana Lilia Botello Figueroa como secretarios suplentes.
Los diputados Carlos Eduardo Bello Solano, Jhobanny Jiménez Mendoza, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y las diputadas Beatriz Vélez Núñez, Diana Bernabé Vega, Violeta Martínez Pacheco y Erika Lorena Luhrs Cortes como vocales propietarios.
Los vocales suplentes fueron los diputados Marco Tulio Sánchez Alarcón, Alejandro Bravo Abarca, Arturo Álvarez Angli, Héctor Suárez Basurto, Jesús Urióstegui García, Robell Urióstegui Patiño y la diputada Glafira Meraza Prudente.