Promueven colonos de la zona Diamante separarse de Acapulco; señalan abandono

Representantes y comisarios de 65 colonias y pueblos de la zona Diamante de Acapulco en la reunio?n con los diputados locales de Morena Marco Tulio Sa?nchez Alarco?n, Marisol Baza?n Ferna?ndez, Glafira Meraza Prudente, He?ctor Sua?rez Basurto, Carlos Eduardo Bello Solano, Violeta Martínez Pacheco y Catalina Apolinar Santiago, en la velaria del Congreso local Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Representantes y comisarios de 65 colonias y pueblos de la zona Diamante de Acapulco, entregaron a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del Estado una solicitud para separarse del municipio; expusieron, ante la falta de atención del ayuntamiento, principalmente en la falta y desatención de los servicios públicos.
La mañana del miércoles una comisión de 20 personas, representantes de las 65 comunidades y colonias se reunieron con el presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, Héctor Suárez Basurto y los diputados Carlos Eduardo Bello Solano, Marisol Bazán Fernández, Violeta Martínez Pacheco, Marco Tulio Sánchez Alarcón, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, todos de Morena, para entregarles el oficio de solicitud e iniciar su trámite legislativo.
Antes de hacer la entrega formal del oficio, en una reunión los pobladores expusieron algunos de sus motivos del porqué pretenden separarse de Acapulco, entre los que destacaron la falta de hospitales, de agua, de drenaje y nula atención a los sectores de comerciantes y pescadores por parte del Ayuntamiento acapulqueño.
De acuerdo con Luis Enrique Arziga Osuna, promotor del nuevo municipio al que pretenden llamarle Juan N. Álvarez, la decisión de segregarse de Acapulco es porque el Ayuntamiento tiene a la parte rural de la zona Diamante en el abandono.
“La zona genera más del 50 por ciento de la que recauda Acapulco en impuestos, y no tenemos drenaje en la zona, no es justo que no tengamos agua potable. No existe una sola clínica que esté disponible 24 horas, la más cercana es el hospital general de El Quemado, que si una persona se enferma, por poner un ejemplo, le da un coma diabético y no tiene para pagar un taxi que lo lleve desde Lomas de Chapultepec hasta El Quemado se muere”, explicó ante los diputados.
En el documento entregado por los pobladores, en las que en listaron las 65 comunidades y colonias, con una población total de 236 mil 986 habitantes y que plantea llamarse Juan R Escudero, menciona que “guardan entre si una unidad geográfica social y cultural”, con una superficie de 76.4 kilómetros que corresponde al 4.06 por ciento del total del territorio de Acapulco.
Se trata de las colonias Aeropuerto, Arbolada Cardenista, Bonfil, Cayaco, Colosio, Costera Dorada, Dragos, El Coloso, Fraccionamiento Tulipanes, Navidad de Llano Largo, Rinconada, Puerto Marqués, Vista Brisa, Garzas, Gaviotas, Gaviotas II, Joyas del Marqués, Joyas del Marqués II, La Máquina, La Poza, Las Garzas, Llano Largo, Llano Largo Miramar, Marina Diamante, Miramar, Navidad, Nicolás Bravo, Nuevo Puerto Marqués, Punta Diamante, Quintas Miramar II, Real del Palmar ARA, Rinconada del Mar, San Pedro las Playas, Tierra MAR ARA, Tres Vidas, Unidad Habitacional Vicente Guerrero 2000, con una población de 13 mil 457 y habitantes flotantes de 44 mil 544 personas, para sumar un total de 177 mil habitantes.
“Nos pusimos a pensar por qué no nos separamos de Acapulco, nada más de la glorieta (de Puerto Marqués) en adelante, y tener un alcalde a quien reclamarle, y decir ‘oye brother qué está pasando’. Para pedir una calle a los comisarios que están aquí lo saben, es un ir y venir a tocar puerta al Ayuntamiento y ya no queremos eso.. La presidenta (la morenista, Abelina López Rodríguez) ya ni nos recibe, no tenemos parques, la dirección de panteones no existe en nuestra zona, para limpiarlos los comisarios son los que tiene que andar juntando a su pueblo para hacerlo, que no nos quejamos, nos gusta hacerlo, pero existe una dirección”.
Los pobladores informaron que en marzo del año pasado realizaron una asamblea en la que participaron las 65 colonias y comunidades para acordar constituirse como un frente gestor para la creación del nuevo municipio Juan N. Álvarez.
Denunciaron también que en marzo del año pasado trataron de entregar la solicitud a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, pero que su personal se negó a recibirla y que desde entonces dejaron de insistir sobre el tema con la primera edil.
Un representante de los pescadores, denunció que todas las aguas negras de los condominios y hoteles de la zona Diamante terminan en la Laguna de Tres Palos, que “ya es una fosa séptica” y no hay intenciones de instalar por parte de las autoridades alguna planta tratadora de aguas residuales, pese a la insistencia de la población.
“El río de la Sabana anteriormente tenía dos brazos, uno para la laguna de Tres Palos y otra para la de Puerto Marqués, se abría Puerto Marqués hasta tres veces por año, pero a alguien se le ocurrió construir Punta Diamante y luego la Colosio y luego Homex, y ahora que el río entre directo a la laguna es lo que ha hecho tanto daño, se están construyendo plantas tratadores que van a ir a dar a la laguna, y hay un proyecto de un nuevo desarrolló de 14 mil viviendas, de las cuales ya llevan la mitad y todo su drenaje va a ir a dar a la laguna y nosotros como pescadores ya no sabemos ni qué hacer, no hay producción. Con los huracanes la laguna se saneó, pero quisiera que de alguna manera se tocarán todos esos temas con las desarrolladoras de vivienda”, agregó el representante de los pescadores.
En la reunión, el diputado Suárez Basurto se comprometió a darle seguimiento a la solicitud del nuevo municipio y en entrevista dijo que sí existe la posibilidad de que se apruebe.
“Si cumplen con los requisitos todo es viable, Oaxaca tiene más de 500 municipios, Guerrero tiene 85”, mencionó.

 

Reaparece la alcaldesa de San Nicolás; entrega al Congreso su Plan de Desarrollo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta municipal de San Nicolás, Tarsila Molina Guzmán, se presentó en el Congreso local. Esto, a dos meses y medio de que el diputado local y dirigente estatal del PVEM, Alejandro Carabias Icaza, denunció que salió de ese municipio de la Costa Chica después de su toma de protesta, por los riesgos y amenazas directas en un contexto de violencia en la región, y que se desconocía de su paradero.
De acuerdo con una publicación en Facebook de la diputada local del PVEM, Obdulia Naranjo Cabrera, Molina Guzman, la primera presidenta municipal de San Nicolás entregó el primer Plan de Desarrollo del municipio de nueva creación.
La leyenda está acompañada con una fotografía de la alcaldesa entregando el documento al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Parra García, a la diputada local y al diputado Carabias Icaza.
Todos los alcaldes del estado y el Concejo del ayuntamiento de Ayutla de los Libres, que se rige por usos y costumbres, deben entregar los planes de trabajo de las nuevas administraciones municipales a más tardar el 3 de diciembre de 2024. A la fecha continúa la entrega. Se conoció que ayer acudió el de Iguala.
Pero el caso de San Nicolás tiene particularidades. El 29 de octubre, Carabias Icaza denunció que tanto el alcalde de Cuajinicuilapa Hildeberto Salinas Mariche, como la alcaldesa de San Nicolás, electos por la alianza Sigamos Haciendo Historia, bajo las siglas del PVEM, salieron del municipio tras varios asesinatos y amenazas a su integridad, y no tenía contacto con ellos.
Adelantó que había solicitado medidas cautelares al gobierno del estado para su protección.
Incluso, el alcalde y síndico de Cuajinicuilapa solicitaron licencia en el Congreso local, que no ratificaron y quedaron sin efecto al regresar a sus funciones la segunda semana de noviembre, tras un mes ausentes.
En el caso de San Nicolás, fuentes del municipio informaron que la alcaldesa regresó al ayuntamiento hace un mes con custodia estatal, pero desde principios de diciembre aparece en fotografías con otras autoridades en actividades institucionales fuera del municipio.
La fuente incluso señaló que el Ayuntamiento canceló las festividades de fin de año que se tenían previstas para evitar riesgos en la población mientras se restablece la normalidad en el municipio.
En su cuenta de Facebook, Molina Guzmán no hizo publicaciones, del 10 de octubre hasta el 8 de noviembre, cuando difunde fotos sobre las labores de limpieza en plazas y comunidades costeras afectadas por el huracán John.
Desde el 2 de diciembre aparece personalmente en fotografías en actividades oficiales, de las que hubo poca difusión por su seguridad, mientras se restablece la normalidad porque todavía existen temores, incluso en los ciudadanos.
También se informó que apenas esta semana se restableció el regreso a clases en la cabecera municipal, y se estima que la próxima semana se normalicen las clases en las comunidades, suspendidas a raíz de la confrontación de grupos delictivos en la zona.
La información documentada por El Sur señala que el 12 de octubre, un dirigente del transporte público, Antonio “N” y su hermano fueron asesinados a balazos en un sitio de taxis, en el centro de Cuajinicuilapa. El 13, hombres armados incendiaron la casa y un vehículo del tesorero municipal Roberto Avelino, quien habría huido del municipio. Y ese mismo día en el crucero El Pitayo, municipio de San Nicolás, y en Cuajinicuilapa, fueron esparcidas las extremidades de los cuerpos de dos hombres sobre la carretera.

 

“Avasalló” Morena en la Permanente y la excluyó, señala diputada del PAN

 

La diputada local del PAN, Irene Montiel Servín, denunció que fue excluida de la Comisión Permanente del Congreso local, por lo su partido no tendrá representación en las sesiones de dicha Comisión, que se instaló este miércoles y concluirá sus funciones el próximo 28 de febrero.
La única diputada del PAN se quejó de que no fue incluida entre los 12 diputados que integraran la Comisión Permanente, lo que catalogó como un “avasallamiento” por parte de la mayoría de Morena.
En conferencia de prensa, Montiel Servín denunció que no fue incluida en la propuesta hecha por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para la integración de la Comisión Permanente, con el argumento de que el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que en la confirmación de dicha Comisión debe existir proporcionalidad respecto a la integración del pleno, en el cual Morena tiene la mayoría con 23 diputaciones de 46 que conforman el pleno.
“El hecho de que ellos (Morena) tengan un 50 por ciento de este Congreso, no establece que también deban tener un 50 por ciento en la integración de la Comisión Permanente, porque entonces dónde queda la pluralidad. Para mí esto es un avasallamiento que está haciendo el Grupo Parlamentario de Morena”.
Sin el PAN, y de acuerdo con la aprobado por el pleno, la Comisión Permanente estará integrada por cinco diputados de Morena, dos del PVEM, dos del PRI uno del PRD, uno de MC y uno del PT.
Montiel Servín indicó que en la conformación de la Comisión Permanente, tal como lo marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se debieron tomar en cuenta los principios de proporcionalidad, pluralidad y paridad de género, lo que no sucedió porque sin el PAN no habrá pluralidad y el excluir a una mujer se podría considerar violencia política de género.
Anticipó que buscará una ruta legal o administrativa ante lo que consideró como una irregularidad, y que valorarán con su equipo de trabajo si se cometió violencia política en su contra por el hecho de ser mujer.
“Lo vamos a consultar con el equipo de trabajo, porque si lo vemos tan drásticamente, también soy mujer, podríamos decir que están ejerciendo violencia política en razón de género”, expresó.
Agregó que en este peiodo de receso, en las sesiones de la Comisión Permanente, la representación del PAN se quedará sin voz, al no ser incluida en su conformación.
“Dentro de la Ley Orgánica hay un artículo 138 donde marca que la Comisión Permanente debe de contemplar tres aspectos; proporcionalidad, equidad de género y pluralidad. Me dejan fuera, sí me ofrecen una vocalía pero en la suplencia, yo como Partido Acción Nacional no acepto una suplencia porque siento que están discriminando al partido”, dijo Montiel Servín.
El argumento que le dieron fue la proporcionalidad, ya que “se sustentan en porque tienen mayor número de diputados. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).

 

Insiste Cayetano en que el Congreso legisle para que haya elección judicial en Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El ex diputado federal por Morena y actual secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Rubén Cayetano García, calificó como “vergonzante” que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, el también morenista Jesús Urióstegui García, se reúna con los titulares de los órganos electorales federal y local para resolver el tema presupuestal y determinar si hay elección del Poder Judicial local en 2025 o hasta 2027.
En un texto publicado en sus redes sociales, Cayetano García se refirió a las declaraciones de Urióstegui García, publicadas en El Sur el pasado viernes, en donde reconoció que el tema presupuestal para la realización en lo local de la elección de la personas juzgadoras integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), es lo que detiene la decisión de que dicho proceso electoral se realice este 2025 o se lleve hasta 2027.
En estas declaraciones, Urióstegui García explicó que hay pláticas constantes con la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, y con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, para definir en los próximos tres meses si hay o no elección de las personas juzgadores del Poder Judicial local este año.
Al respecto, Cayetano García dijo: “Es vergonzante que el diputado Jesús Urióstegui, representante de la Junta de Coordinación Política declare a estas alturas que anda ‘dialogando’ con el representante del Instituto Nacional Electoral (INE) y la representante del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) aludiendo temas de presupuesto. ¿Qué tienen que resolver los institutos electorales en el tema del presupuesto? Nada. Si lo que tienen que hacer él y el resto de los legisladores es reformar y armonizar la Constitución de Guerrero con la federal para que haya elección concurrente. Reprobamos la simulación”.
El ex diputado lleva varias semanas criticando que el Congreso del Estado, con mayoría morenista, no haya armonizado las leyes locales con la reforma judicial que planteó la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial federal.
“Expreso mi indignación frente a la falta de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que se armonice con la Constitución federal y se permita la elección de personas juzgadoras (jueces y magistrados) en el Poder Judicial del estado”, escribió Cayetano García.
Hasta este lunes, 15 Congresos locales han armonizado su Constitución local para que los ciudadanos elijan a jueces y magistrados en sus estados, los cuales son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Guerrero forma parte de los 17 estados sin armonización y sin aclarar cuándo sería la elección judicial.
“Es inadmisible el caso de Guerrero, por la omisión y negligencia de los integrantes de la 64 Legislatura local, porque aquí es el epicentro de la demanda de justicia en México al tener el caso de mayor oprobio y porque aquí se encuentra el Poder Judicial y Tribunal Superior de Justicia más corrupto del país”.
Cayetano García consideró urgente que en Guerrero se realice la elección de las personas juzgadoras locales, porque “es una gran oportunidad para acabar con el nepotismo, el conflicto de interés, el tráfico de influencias (influyentismo), el acoso sexual y laboral; los amaños y contubernios entre despachos y tribunales, entre otros lastres que causan vergüenza en esta entidad”.
Para ejemplificar su argumento, mencionó casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el cual recordó, continúa en la impunidad a 10 años de los hechos y que incluso ocultó pruebas que podría ayudar a la localización de los estudiantes.
“El caso Ayotzinapa ni siquiera se juzga en Guerrero. Aquí no existen garantías para conocer la verdad ni castigar a los responsables y, peor aún, el Tribunal Superior de Justicia del Estado ocultó pruebas para saber qué pasó con los jóvenes estudiantes que hoy serían maestros la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala”.
“La actual legislatura está dejando ir la oportunidad de limpiar al Poder Judicial local porque ya ningún magistrado tiene legitimidad para ir a una elección, así tenga constitucionalmente el derecho del pase directo. Ni modo de que el sabio pueblo de Guerrero vote por sus verdugos, es la hora de limpiar de una vez y para siempre a este poder anquilosado, decadente, arcaico, vetusto y corrupto. No aceptamos que dejen correr la elección para 2027, no en Guerrero, ni tácita ni formalmente, porque eso es una traición al pueblo y una vulgar señal de impunidad a los mandamases del Poder Judicial estatal”, agregó.

Urióstegui: se evalúan aún las liquidaciones a trabajadores de la pasada Legislatura

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presidente de la Junta de Coordinación política (Jucopo) del Congreso Local, Jesús Urióstegui García, informó que siguen analizando el pago de liquidaciones a los trabajadores que terminaron su relación laboral con el poder Legislativo y para cubrir la parte proporcional de aguinaldo a los 46 diputados que concluyeron su periodo.
Confirmó que a cuatro meses de finalizada la 63 legislatura y el comienzo de otro año fiscal, el Congreso del estado no ha pagado las liquidaciones a los trabajadores por cambio de legislatura ni la prestaciones a sus integrantes.
En consulta telefónica, ratificó lo que declaró el año pasado, cuando reconoció que el adeudo es institucional con quienes no continuaron laborando en la 64 legislatura.
Indicó que realizan “las valoraciones con el personal de Administración a fin de cubrir los pagos (pendientes)”.
Aclaró que no han conseguido el recurso adicional que la anterior presidenta de la Jucopo, la diputada de Morena reelecta, Citlali Calixto Jiménez, solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, para atender los compromisos de fin de legislatura.
Argumentó que el gobierno estatal está atendiendo muchos asuntos, pero continúan dialogan sobre la solicitud de recurso del Congreso local.
Confirmó que no hubo recursos etiquetados para indemnización o liquidaciones de fin de legislatura en el presupuesto del ejercicio fiscal 2024, como trascendió en algunas redes sociales.
Incluso, confirmó que el presupuesto de 2024 del Congreso del estado tuvo un decremento respecto al 2023, por “algunas situaciones administrativas”, sobre  la falta de recursos para las obligaciones legales.
Se reservó señalar un plazo para atender los pagos de los trabajadores salientes, que se negociaron en la anterior legislatura, el número de afectados o monto al que asciende el adeudo.
De manera extraoficial se habla de más de 300 trabajadores que salieron de la nómina de Personal, y muy pocos accedieron a la liquidación.
Aseguró que se dará informa-ción en su momento porque siguen trabajando en ello.

 

Cada año hay menos dinero para personas desaparecidas y desplazadas: colectivos

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

El presupuesto destinado para 2025 a la búsqueda de personas desaparecidas cada vez es menor, y el destinado en este año que viene para los desplazados es una miseria, consideraron colectivos de familiares desaparecidos en la entidad.
“Es una pena que la presidenta (Claudia Sheinbaum) y la gobernadora (Evelyn Salgado) sigan sin reunirse con las familias de las víctimas”, consideraron.
El colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María y Pavón (Centro Morelos) que representan a víctimas de desaparición de municipios de la Montaña, dieron su postura respecto a que el Congreso local aprobó asignar para 2025 a la Secretaría General de Gobierno 5 millones 37 mil pesos para la búsqueda de personas y 4 millones 215 mil para “restablecer la vida de grupos desplazados”.
Socorro Gil Guzmán, dirigente de Memoria, Verdad y Justicia, consideró que cada sexenio en lo federal y cada año en el gobierno estatal se recorta el presupuesto para las búsquedas de personas desaparecidas.
Indicó que, además, las autoridades no han logrado frenar las desapariciones forzadas de personas que se cometen a diario.
El colectivo que representa tiene registrada una cantidad de 4 mil 500 personas desaparecidas en la entidad.
“Las comisiones de búsqueda siguen simulando que trabajan, vas a un Ministerio Público a solicitar copias de tu carpeta de investigación y te piden que pagues las copias, porque no hay recursos”.
“Sin embargo, con recursos o sin recursos nosotras seguimos buscando, le hemos demostrado al Estado que nosotras somos más inteligentes. Nos organizamos, boteamos en las calles, trabajamos para conseguir dinero y poder movernos y seguir buscando”.
“Sólo nosotras, las familias, sabemos cómo le hacemos para no parar de buscarles. Es un pena que la presidenta y la gobernadora, aún a estas alturas, sigan sin reunirse con las familias y lo único que hacen es hacernos a un lado”, expresó Socorro Gil, madre buscadora.
Por su parte, Teodomira Rosales Sierra opinó que el recurso destinado es una miseria, considerando que de 2018 a 2023 hay un estimado de 26 mil 700 víctimas de desplazamiento forzado interno en Guerrero.
“Son tan sólo los que supimos, pero con los que se fueron a otros estados y los que se fueron a Estados Unidos, el número es mayor”.
“Es una miseria. 4 millones es muy poco para reubicar a las víctimas de desplazamiento, se necesita más dinero. Las familias se están muriendo uno por uno y en total vulnerabilidad”.
Dijo que aunque siempre se ha destinado presupuesto para la búsqueda de personas y las víctimas de desplazamiento, lo que hace falta es voluntad de los servidores públicos.
Puso como ejemplo que en el gobierno estatal anterior, que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores, no se conocieron los resultados del dinero destinado al sector.
“Si bien es cierto que en el gobierno de Astudillo hubo mucho dinero para buscar a personas”.
“No se supo a dónde se fue el dinero. En una presentación de peritos se explicó el trabajo, pero de ese dinero nunca se supo cuántos desaparecidos se encontraron, de esos que están amontonados en los Semefo y los panteones comunes”.
Insistió en que es poco para todos los problemas que enfrenta la entidad a diario.
“Día con día hay violencia, no es suficiente el recurso, hacen falta los recursos y la voluntad”.
En el caso de los desplazados consideró que el gobierno de Evelyn Salgado no tiene claro cómo manejar el tema.
“El año pasado se apoyó a las víctimas de la sierra de Petatlán, fueron 60 mil pesos. Es una burla, porque les quitan sus tierras, los desplazan y apenas les devuelven mangueras, láminas y enseres domésticos”.
La defensora aseguró que las víctimas necesitan que les recuperen una casa digna, un terreno para sembrar y acompañamiento psicológico.
“Por ejemplo, de 2018 a 2023 hay un estimado de 26 mil 700 víctimas de desplazamiento. Son los que supimos, pero con los que se fueron a otros estados y los que se fueron a EU el número es mayor”.
Enfatizó que para reubicar a las víctimas de desplazamiento se necesitan más de 4 millones de pesos al año.
“Las víctimas han perdido todo, hasta su identidad y sus costumbres, además tienen un daño psicológico muy fuerte”.
Además, dijo que “necesitan una casa y un terrero. Todos son campesinos, no estudiaron para irse a la ciudad a buscar un empleo, lo único que saben son labores del campo”, finalizó Rosales Sierra.

 

El Congreso local cierra el año sin ninguna ley aprobada propuesta por sus integrantes

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La 64 legislatura del Congreso del Estado cierra el año sin ninguna ley aprobada propuesta por sus integrantes, pues lo que aprobaron en sus tres primeros meses fueron 14 dictámenes de reformas federales del llamado Plan C, propuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, un par enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y cuatro por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Entre los 14 dictámenes del Plan C aprobados por el Congreso local, destacan la reforma judicial, que plantea una elección por voto directo para jueces, magistrados y ministros.
También se aprobó la reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos; de bienestar; de poner un mando militar a la Guardia Nacional; el alza salarial por arriba de la inflación; impulso a las vías ferroviarias como medio de transporte; de devolver el carácter público a Pemex y CFE; de protección y cuidado animal y la extinción de siete órganos autónomos.
Tres más, que no son parte del Plan C, fueron enviadas por Sheinbaum Pardo, como la de igualdad sustantiva, la de fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y una más para evitar que mediante recursos legales se reviertan cambios aprobados por el poder Legislativo federal a la Carta Magna.
En el ámbito local, se aprobó la reforma a la Ley de Mejora Regulatoria, que establece el aprovechamiento de la tecnología para que los trámites del gobierno sean más rápidos, claros y eficientes; además de la reforma al Decreto 551 por el que se crea la Universidad Virtual del Estado de Guerrero, para modernizar su estructura; la creación del Sistema Estatal para el Bienestar y por último, aprobaron una reforma para que las instituciones de seguridad pública implementen la búsqueda inmediata de niñas, niños, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas a través del número de emergencias 911 o de manera presencial, sin necesidad de denuncia formal ante el Ministerio Público.
De entre estas iniciativas, puntos de acuerdo a reformas hechas por algunos de los 46 diputados, ninguna ha salido de las comisiones legislativas.
Al iniciar la Legislatura, en septiembre, hubo un retraso de poco más de un mes para la conformación de las comisiones, lo que en consecuencia atrasó el trabajo legislativo, entre las que destacan las comparecencias, que se realizaron los primeros días de septiembre y las aprobaciones de las leyes de Ingresos y Tablas de Valores de los 85 municipios y el Presupuesto de Egresos 2025, que se terminó de aprobar el pasado viernes.
Está pendiente la homologación de varias reformas constitucionales, como la del Poder Judicial, la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y la de desaparición de los órganos autónomos, que para el caso de Guerrero sería el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.

 

Aprueba el Congreso local por unanimidad el Presupuesto de Egresos estatal para 2025

Diputados locales al momento de emitir su voto favorable para dispensar la segunda lectura del dictamen con proyecto de la Ley de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio Fiscal 2025, la cual fue aprobada de manera unánime de manera nominal Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local aprobó por unanimidad el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 del Ejecutivo estatal, por una cantidad de 83 mil 064 millones 83 mil 888 pesos, lo cual es más de mil millones menos planteado en el proyecto enviado en octubre por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el poder Legislativo.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el morenista Joaquín Badillo Escamilla, la reducción fue en el sector Salud, pero que se mantendrá para Guerrero, ya que el gobierno federal lo “redireccionó” para administrarlo en el entidad a través del IMSS-Bienestar como parte del proceso de transición a dicha dependencia.
Fue en cuatro sesiones, celebradas a lo largo del día viernes, que los diputados aprobaron por unanimidad el Paquete Fiscal 2025, el cual incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el estado de Guerrero, además de una reforma al Código Fiscal del Estado, en donde se incrementó del 3 al 4 por ciento el impuesto sobre hospedaje.
En las dos primeras sesiones del día, se aprobaron la Ley de Ingresos General para los Municipios y la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2025, además de las reformas y adiciones a las Leyes de Hacienda y del Sistema de Coordinación Hacendaria, así como al Código Fiscal del estado.
En las dos últimas sesiones, celebradas ya por la tarde del viernes se aprobó el Presupuesto de Egresos 2025, todos los mencionados documentos fueron por unanimidad.
El diputado Vladimir Barrera Fuentes, integrante de la Comisión de Hacienda de Congreso Local, al fundamentar el dictamen de la Ley de Ingresos, explicó que 31 mil 701 millones 912 mil 404 pesos se obtendrán por concepto de ingresos de libre disposición, y 51 mil 362 millones 171 mil 483 pesos corresponderán a ingresos etiquetados por la Federación, es decir Ramo 28 y Ramo 33.
Agregó que con dicha Ley de Ingresos se pretende dar certidumbre a los contribuyentes, “eliminar abusos de poder al momento del cobro de contribuciones, esto no es otra coas que observar el principio establecido en la fracción cuarta del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los elementos de las tributaciones deben estar previstos de la Ley para que el contribuyente tenga certeza y seguridad jurídica en cuanto el pago a realizar”.
Para el caso del Presupuesto de Egresos 2025, el monto aprobado por los diputados asciende a la cantidad de 83 mil 64 millones de pesos, que serán distribuidos entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos.
El Poder Ejecutivo, es decir, todo el aparato de gobierno dispondrá de 45 mil 265 millones de pesos; al Poder Legislativo se le asignaron 890.1 millones de pesos y al Poder Judicial mil 30 millones de pesos.
De acuerdo el Presupuesto de Egresos 2025, la Secretaría de Obras Públicas tendrá en presupuesto de 850 millones 935 mil pesos, con el que realizarán 65 obras en toda la entidad.
A la Secretaría General de Gobierno se prevé asignarle 4 mil 582 millones 752 mil 339 pesos, de los cuales 5 millones 37 mil serán para la búsqueda de personas, otros 4 millones 215 mil para “restablecer la vida de grupos desplazados” y 17 millones aparecen etiquetados como “Apoyo solidario para el pueblo de Puerto Marqués afectado por la construccioìn del Muelle Majahua”.
La Secretaría del Bienestar 172 millones 952 mil pesos al programa de la Tarjeta Violeta, 24 millones 960 mil serán paras las becas Ignacio Manuel Altamirano, 14 millones para el Programa de Apoyos Productivos para el Bienestar y 10 millones para el Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP).
Para los órganos autónomos se destinarán 5 mil 750 millones 796 mil pesos, mientras que para el sector paraestatal se erogarán 5 mil 790 millones 442 mil.
Badillo Escamilla, a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública subió a tribuna para fundamentar el dictamen, y en su participación destacó que se trataba de “un presupuesto congruente, conforme a la legislación en materia de disciplina financiera y los criterios generales de política económica”.
Indicó que originalmente el Poder Ejecutivo había proyectado un gasto de 84 mil 842 millones de pesos, sin embargo éste se aprobó a la baja debido a una reducción de mil 788 millones de pesos por una variación en el ramo 33.
Badillo Escamilla dijo que hubo reuniones entre los diputados y funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración, con quienes se analizaron montos y cifras.
“Con la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025 refrendamos el compromiso de alinear las políticas públicas estatales para continuar coadyuvando de manera firme y comprometida con la consolidación del segundo piso de la cuarta transformación, que encabeza nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, indicó.
La cuarta sesión del viernes, en la que se aprobó el presupuesto duró alrededor de 20 minutos, en donde hubo una asistencia de los 46 diputados. La votación se llevaría a cabo de manera económica, es decir, donde los diputados dan a conocer al mismo tiempo el sentido de su votación al levantar la mano, aunque a petición de la diputada Marisol Bazán Fernández, de Morena, la votación se hizo de manera nominal, donde cada diputado tenía que decir su nombre y el sentido de su votación.
Al concluir la última sesión del año, el presidente de la Mesa Directiva, el priista Jesús Parra García convocó a los legisladores a reanudar actividades hasta el 14 de enero a las 11 horas, y a su regreso, sólo instalarán la Comisión Permanente.
Al finalizar la sesión, la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, expresó su desacuerdo con la convocatoria, ya que consideró que no fue un acuerdo de la Conferencia del Congreso, el órgano encargado de coordinar y programar los trabajos legislativos.

Será el impuesto sobre hospedaje tema a debate en el Presupuesto de Ingresos

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

En la sesión de este viernes se prevé que se discuta y se apruebe el Paquete Fiscal 2025 del Ejecutivo estatal, que incluye el Presupuestos de Ingresos, Egresos y un par de reformas al Código Fiscal del Estado, enviadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Entre las reformas que se plantean está el aumentó del 3 al 4 por ciento al impuesto sobre hospedaje, para lo cual el Grupo Parlamentario del PRI adelantó que exigirán que se transparente y se informe el destino de los recursos recabados por dicho aumento.
Entre otras cuestiones, el Proyecto del Presupuesto de Egresos plantea asignarse 47 mil 517 millones 436 mil 536 pesos, repartidos en sus secretarías: al Legislativo se le destinarán 890 millones 112 mil para tres rubros programados, y al Judicial mil 30 millones, en su mayoría destinados a la construcción de edificios.
Dentro del gobierno estatal, las secretarías de Educación, Salud y Seguridad Pública serán las que más presupuesto reciban, con 29 mil 980 millones 640 mil pesos; 9 mil 83 millones 830 mil y 3 mil 736 millones 672 mil, respectivamente.
Otras dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, recibirá 889 millones 313 mil pesos, dentro de los cuales ya está presupuestada la cantidad de 51 millones de pesos para la conclusión de la Biblioteca del Congreso del Estado.
Algunas prioridades que diputados Morena adelantaron, serán que haya recursos para el campo, salud y pueblos indígenas, por lo que a unas horas de que el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se suba al pleno, todavía se analizan los rubros que consideran prioritarios del proyecto presupuestal que presentó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el pasado 15 de octubre.
A pesar del tiempo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Joaquín Badillo Escamilla, continúa reuniéndose con sectores de la población que solicitan más presupuesto, principalmente en el sector educativo.

La tarde de este jueves Badillo Escamilla se reunió con integrantes del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), a petición de los sindicalizados que solicitan el pago de finiquitos de trabajadores jubilados y pensionados.
Al salir de la reunión, el secretario general del Sutchobach, José Antonio Salvador López, informó que de momento solicitaría una reunión con el director general del Colegio de Bachilleres, Jesús Villanueva Vega, para analizar el tema, sin asegurarles nada sobre el tema presupuestal y los pagos.
El pasado 20 de diciembre, los diputados Pánfilo Sánchez Almazán y Badillo Escamilla presidentes de las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, atendieron a directivos de diferentes planteles del Colegio de Bachilleres, quienes solicitan un incremento en el presupuesto del próximo año.
Otro de los sectores que acudieron en los últimos días al Congreso de Estado, fueron docentes y directivos de Preparatorias Populares, quienes buscan el reconocimiento oficial, y un mejor presupuesto para el próximo año.

Critica el PRI inacción de la CNDH; gobiernos priistas fallaron en proteger derechos: Morena

Pocos diputados locales en la segunda sesión del Congreso local en la que el presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para reanudarla hoy miércoles Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Durante la primera sesión del día martes, diputadas de Morena y del PRI participaron en tribuna con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, tema en el que mostraron opiniones distintas. La morenista, Araceli Ocampo Manzanares aseguró que las más grandes violaciones a los derechos humanos ocurrieron en gobiernos pasados, lo que fue refutado por la priista Beatriz Vélez Núñez.

Casos como la Guerra sucia, una herida abierta: Ocampo

El tema referente a los derechos humanos lo inició la morenista Ocampo Manzanares, quien subió a tribuna para hablar sobre el Día Internacional de Derechos Humanos, conmemorado el pasado 10 de diciembre, para recordar los derechos que nos son propios, para todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o cualquier otra distinción”.
En su discurso, recordó hechos como la llamada Guerra sucia, la matanza de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los que “demuestra que se ha fallado en el cumplimiento de este principio”. Sin mencionar nombres, culpó de los acontecimientos a “los gobiernos autoritarios del pasado”.
“Es lamentable que tengamos que recordar acontecimientos que han fallado en el cumplimiento de estos derechos, especialmente en lugares como Guerrero, donde las violaciones a los derechos humanos no sólo son una realidad, sino una herida abierta que persiste con el paso de los años; las cicatrices que nos dejó la llamada Guerra sucia siguen marcando a nuestra comunidades con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, que lejos de ser sólo recuerdos trágicos, siguen vigentes en nuestra memoria, como para recriminar el resto de la historia al régimen político corrupto y autoritario que nos gobernaba en aquel entonces”.
“Tampoco podemos olvidar la matanza de Aguas Blancas en 1995, donde decenas de campesinos fueron asesinados a sangre fría por el Ejército y la policía, mientras ellos exigían justicia para sus comunidades. Este crimen de Estado cometido por autoridades que se suponen deberían proteger al pueblo y a pesar de que han pasado décadas aún enfrentamos la impunidad que acompaña estos actos, debido a la deficiencia del sistema judicial”, agregó Ocampo Manzanares.
Otro caso que mencionó fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, en 2014, durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Sin decir nombres, la diputada aseguró que muchos de los perpetradores y actores en la desaparición de los 43 “se acobardan, desde Israel, o en España, evadiendo la justicia”.
Al final de su participación, aseguró que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso alzará la voz en nombre de las víctimas, y se pronunció porque el Día Internacional de los Derechos Humanos no sólo sea un día más en el calendario, “sino que signifique un compromiso renovado con la justicia, la verdad, la reparación y el derecho a vivir en paz”.

El PRI creó la CNDH

Al concluir su participación, la priista Beatriz Vélez Núñez solicitó hacer uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, y al iniciar su discurso en la tribuna dijo: “cada mes en el estado de Guerrero mueren más que los muertos de Aguas Blancas”.
Se lanzó contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al asegurar que actualmente “hay muestras de insensibilidad” por parte de su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, para atender las denuncias que llegan a dicha institución.
La priista defendió a su partido de las acusaciones de la morenista, y aseguró que durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se creó la CNDH, junto con otros organismos locales para defender los derechos humanos.
“Resulta interesante hacer esta narrativa histórica en la evolución de los derechos humanos, porque el PRI, en los tiempo que gobernó, tuvo la visión de ponderar derechos de los ciudadanos, y que las instituciones estén al pendiente y al servicio de quienes necesitan defensa ante los abusos”.
La priista aprovechó para lanzarse contra la actual administración de la CNDH, al asegurar: “hoy vemos, y escuchamos los reclamos por el desinterés que existe en el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quien se ha mostrado insensible ante las circunstancias evidentemente violatorias de los derechos humanos: secuestro de migrantes, sin pronunciamientos, sin pronunciarse en materia de desaparición forzada, entre otras. De ahí que sin duda, en las administraciones encabezadas por el PRI se trabaja en beneficio, en pro de los ciudadanos, buscando su bienestar e impulsando instituciones que de verdad los representen”.
A la participación de Vélez Núñez ya no hubo respuesta por parte de Ocampo Manzanares, sin embargo la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) y Leticia Mosso Hernández (PT), se sumaron a la discusión, aunque sus participaciones se centraron en mencionar que hay avances significativos en México en pro de la justicia y no discriminación; sin embargo, y que es obligación de las autoridades trabajar en la protección, promoción y garantía de los derechos de todas las personas.

Iniciativas

En la sesión, la diputada Guadalupe García Villalva, de Morena, presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para crear la Subsecretaría para la Atención y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas, misma que estará integrada en la estructura de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia), la cual fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano, también de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para establecer un plazo de 15 días naturales para que los servidores públicos proporcionen la información requerida por las comisiones o comités del Congreso local, con un segundo requerimiento de cinco días en caso de incumplimiento, y si la omisión persistiera, se prevé la comparecencia del funcionario ante el Pleno del Poder Legislativo. La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Otra iniciativa presentada fue una de la diputada Diana Bernabé Vega (Morena), quién remitió a la Mesa Directiva una adición al Código Penal del Estado para tipificar como delito el uso indebido de drones, “con sanciones de 3 a 20 años de prisión, cuando se utilicen para agredir a personas o bienes, para facilitar el transporte de drogas o armas, se atente contra las vías de comunicación o para violar la privacidad de las personas”. Fue turnada a la Comisión de Justicia.