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Marchan 300 vecinos de Tierra Colorada; piden que la UPOEG respete el territorio donde está el FUSDEG

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Unos 300 vecinos de Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero, marcharon por la carretera hacia el Ayuntamiento para exigir a los gobiernos estatal y federal que intervengan para destrabar el conflicto que hay entre el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que ha provocado enfrentamientos y muertes de personas inocentes.
Los manifestantes que portaban globos blancos y algunos playeras blancas, pidieron al líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, que respete el territorio donde tiene presencia el FUSDEG porque los pobladores están de acuerdo con el sistema de seguridad que se ha establecido en el municipio desde hace cuatro años después de dividirse de la Policía Ciudadana.
A las 12 del día, el contingente se congregó en el crucero de Ayutla, ubicado a la salida de Tierra Colorada con dirección a la Autopista el Sol, y caminó por la carretera federal México-Acapulco hasta llegar al Ayuntamiento, donde realizó un mitin.
Los manifestantes inconformes portaban pancartas y lonas en las que se leía: “Gracias FUSDEG por cuidar nuestras familias y las comunidades”, “Los niños salimos a jugar sin miedo, gracias FUSDEG”, “Macha por la paz, los ciudadanos de Juan R Escudero rechazamos los hechos de violencia y derramamiento de sangre, exigimos la intervención inmediata de los tres niveles de gobierno para restablecer el orden y paz. Los hacemos responsables de la consecuencias que se originaron por la omisión ante actos que agravian a la sociedad”.
Una integrante del FUSDEG, quien se reservó su nombre, dijo que han recibido amenazas de la UPOEG que pretende entrar al territorio de la organización comunitaria que tiene presencia en Tierra Colorada durante cuatro años, que la Policía Comunitaria mantiene la guardia las 24 horas para evitar una irrupción de civiles armados para evitar muertes inocentes.
Señaló que después de que los policías ciudadanos que pertenecen a la UPOEG tomaran el control de la base comunitaria de El Ocotito, 70 familias han sido desplazadas de esta comunidad que pertenece al municipio de Chilpancingo y se refugiaron en Tierra Colorada porque recibieron amenazas de muerte porque apoyan a la organización comunitaria.
Pidió al líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, que preste atención a los municipios de la Costa Chica donde tiene presencia la Policía Ciudadana, “porque hay toque de queda, abigeato, secuestros, robos, extorsiones y asesinatos, que no venga a Tierra Colorada con el argumento que no hay seguridad, hay datos de que durante cuatro años no ha habido estos delitos aquí”.

Los comunitarios del FUSDEG se van a matar con cualquiera que entre armado a Tierra Colorada

Los policías comunitarios dijeron que se van a matar con cualquiera que entre armado aquí que no sea policía comunitario, no importa la camiseta y territorio, expresó un integrante del FUSDEG.
Comentó que a pesar de las amenazas que han recibido los coordinadores, consejeros y comandantes de la organización comunitaria, no han desertado los policías comunitarios y mantienen la guardia en las fronteras de Tierra Colorada para evitar la entrada de los policías ciudadanos de la UPOEG.
Agregó que el comandante de la UPOEG, Ernesto Gallardo Grande ha utilizado a los policías ciudadanos para invadir el territorio comunitario, “ él (Ernesto Gallardo) convoca a los policías a reuniones y con base en mentiras les exige que invadan nuestro territorio, y hay peligro de que ocurra un enfrentamiento armado y que haya muertos, como en caso de Tlayolapa que dejó siete muertos”.
Por último, dijo que el gobierno del estado ha solapado las irregularidades que ha cometido la UPOEG para irrumpir en las comunidades de Petaquillas y El Ocotito donde tenía presencia el FUSDEG y no ha intervenido para atender el conflicto de los dos grupos.
Hace ocho días, policías ciudadanos de la UPOEG y pobladores de El Ocotito tomaron la base comunitaria del FUSDEG, luego de que este grupo se replegó a Tierra Colorada en la madrugada, en la disputa del territorio de las dos organizaciones que lleva desde hace más de tres semanas.
La disputa de los dos grupos ha provocado movilizaciones y enfrentamientos armados por la pelea de territorio, como el ocurrido el 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, que dejó siete hombres muertos.

Ignora cómo va el caso de las amenazas en su contra, dice el alcalde de Zitlala

 

El alcalde priista, Roberto Zapoteco Castro, prefirió no abundar sobre el riesgo al que está expuesto por la violencia en su municipio, a pesar de que el gobernador Héctor Astu-dillo Flores declaró que él y el de Chilapa, Jesús Parra García, también enfrentan amenazas del crimen organizado.
“Nosotros estamos trabajando normalmente, no podemos detenernos. La responsabilidad nos exige y nos obliga a realizar las actividades normales, yo no estoy pensando en otra situación”, dijo consultado ayer aquí, después de que habitantes de la comunidad nahua de Tlaltem-panapa forcejearon con militares que les impedían el paso a la cabecera municipal.
Sin embargo, reconoció que un reclamo de las comunidades a las autoridades es que garanticen su seguridad, pero que el municipio no puede hacer nada porque solamente cuenta con ocho policías por turno, “así que no nos damos abasto y solamente nos alcanzan para el servicio de las áreas administrativas”.
–¿Se siente acosado por el crimen organizado?
–Nosotros nos sentimos obligados a redoblar esfuerzos para ayudar a nuestro municipio. De otras cuestiones no ponemos atención.
–¿Entonces por qué el gobernador lo mencionó a usted?
–Es una situación que solamente ellos como encargados de esos niveles de gobierno conocen, pero nosotros aquí seguimos trabajando.
En mayo pasado el gobernador Héctor Astudillo informó que a través del “sistema de inteligencia” se descubrió que se preparaba un atentado contra la vida del presidente municipal de Zitlala, y el jefe de Seguridad Pública, Alfredo Tlatem-pa Palacios, por lo que ambos se resguardaron en Chilpancingo.
–¿Esta información que tiene el gobierno del estado no se las han dado a conocer?, porque el mismo fiscal informó que se planeaba un atentado en su contra.
–Eso ya se manejó hace tiempo, pero la verdad prefiero enfocarme al trabajo de mi municipio y no estar señalando esas situaciones. De eso la Fiscalía tiene los datos, yo la verdad no. Nosotros no nos enfocamos a investigar esas cosas.
–¿En la reunión con el gobernador del viernes hubo de parte de usted alguna petición especial?
–Le estamos planteando mayores recursos, mayor inversión porque necesitamos generar proyectos que detonen empleos e ingresos en las familias”… “para que podamos darle al pueblo esa tranquilidad que necesita”.
“Eso es lo que nos estamos enfocando a pedirle al gobernador y a la federación, mayor inversión para salud, vivienda, infraestructura hidráulica, vías de comunicación”.

El alcalde de Altamirano denuncia nuevas amenazas de muerte

El alcalde de Pungarabato (Ciudad Altamirano), Ambrosio Soto Duarte, denunció que nuevamente fue amenazado de muerte y que los agresores le dijeron que aprovecharán la disminución de seguridad del gobierno federal en la ciudad para asesinarlo.
En una conferencia de prensa, el presidente municipal perredista dijo que recibió un mensaje telefónico, el cual mostró, en el que le advierten que será asesinado en este tiempo de clausuras escolares, y consideró que el asesinato de su chofer y primo -la madrugada del martes- es una advertencia de la delincuencia organizada a su trabajo.
“Nosotros queremos sumarnos a la petición que hizo el gobernador en el gobierno federal para que regrese la Policía Federal a la Tierra Caliente, están sucediendo eventos preocupantes, complicados, que vale la pena que el gobierno federal regresé a ver a la Tierra Caliente”, dijo el alcalde.
Soto Duarte expresó que es urgente que el gobierno federal regrese la seguridad a este municipio, luego de la salida de la Policía Federal hace un mes y de la Gendarmería hace tres meses, porque la población está harta de la ola de violencia.
Afirmó que él estaría dispuesto a encabezar un movimiento de autodefensa con los ganaderos que ya se están armando para defenderse del robo de ganado.
“Quiero hacerlo público y ya lo hice del conocimiento del gobierno federal y de la estatal, que me llegó este mensaje, el cual se lee: señor presidente tengo a bien avisarle que han dado la orden de matarlo en este tiempo de clausuras y aprovechando que usted no trae mucha seguridad tenga cuidado porque ya pueden tener días siguiéndolo”.
El presidente municipal se reservó el nombre y la forma en la que recibió ese mensaje.
“El gobernador nos preguntó cuál sería la mejor obra para la Tierra Caliente, Yo creo que las cámaras de vigilancia”, indicó.
Argumentó que el motivo de esto es porque apoya a quienes denuncian el abigeato.
“Nosotros hemos puesto vigilancia personal en el rastro para la comercialización y sacrificio del ganado, le cerraron las puertas en Michoacán, no pueden salir por allá y la estrategia que trae el gobierno del estado es en el mismo sentido, entonces creemos que el siguiente punto para ellos sería traer todo esto a Altamirano, desafortunadamente hay tablajeros que algunos se están prestando para poder vender carne robada y ganado robado y está promoviendo el abigeato”, expuso.
“La estrategia de herir de muerte al presidente de la ganadera; la estrategia de matar a una persona cercana al presidente de Coyuca; la estrategia de secuestrar al director de tránsito de Cutzamala y sobre todo el homicidio de mi chofer, son situaciones que muestran la presión hacia nosotros, porque quieren las puertas abiertas para hacer lo que quieran”, denunció el alcalde.
Dijo que a ellos también les afecta el operativo que se inició en Altamirano contra las motos sin placas, sin licencia y sin casco, y dijo que no lo van a aflojar porque “no queremos halcones, ni delincuentes con motos robadas, yo le pido la comprensión a la ciudadanía y que sepa que el operativo contra las motos no es contra la gente buena, es contra ellos, contra el 90 o 99 por ciento de los halcones que llegan Altamirano con motos robadas y sin licencia”, aseguró.
Sin embargo este operativo ha sido solamente para infraccionar a la gente.
Se estima que las ganancias en Pungarabato rebasan los 50 mil pesos  ya en infracciones, en menos de una semana, pero el presidente municipal dijo que se trata de un operativo en el cual están siendo acompañados por una patrulla de la Policía Federal.
“Yo le estoy haciendo el llamado al gobernador para que nos apoye y al gobierno federal, porque urge que regrese la seguridad a Tierra Caliente y que actúe el gobierno federal para poder meter a la cárcel, a donde deben de estar las personas que hayan hecho tanto daño a esta región; tenemos pruebas de que están haciendo el padrón de comerciantes local por local, tenemos fotos porque el batallón y los militares les habían quitado en Tacupa la lista de los comerciantes, y ahora nuevamente están haciendo el padrón para extorsionar con la cuota anual a final de año”, señaló en referencia a la delincuencia.
Dijo que no se va a prestar a eso y que va a hacer la denuncia de la gente de la delincuencia ya investigando para hacer esos cobros.
Aseguró que ya hizo la denuncia formal en la PGR de estos casos, “La Tierra Caliente, Altamirano ya está hasta la madre de esto”, expresó.
Acerca de un levantamiento ciudadano dijo que “es nuestro plan B, hemos hablado con algunos ganaderos que están registrando sus armas, están listos para defenderse porque ya no aguantan más”, y puntualizó su postura acerca de encabezar este movimiento.
“Estoy dispuesto a lo que sea con tal de terminar con estas lacras que están afectado la sociedad, incluyendo a mi familia”, dijo.
Aun así reiteró que no renunciará y que no está considerando dejar la presidencia municipal, pues sería dar un paso atrás.
El alcalde de Pungarabato, de extracción perredista, denunció en noviembre del 2015, ante la dirigencia nacional del PRD, los intentos de extorsión de la delincuencia organizada, que le cerraron sus tres refaccionarias con amenazas, y le pedían dinero del erario.
En aquellas fechas vino un fuerte operativo federal con 500 efectivos, entre federales y gendarmes. En ese periodo secuestraron al esposo de la síndica, que terminó por pedir licencia definitiva. En tres ocasiones el alcalde ha denunciado amenazas de muerte.
El operativo Tierra Caliente, se disolvió poco a poco en los primeros cuatro meses del año, y el pasado mes se retiró el 90 por ciento de la Policía Federal de la región.

Hay una célula de La Familia Michoacana en San Felipe del Ocote, Apaxtla, denuncia el MAAC

Integrantes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castejón (MAAC) denunciaron la presencia de gente armada con vestimenta tipo militar, presuntos miembros de la organización delictiva La Familia Michoacana, en la comunidad de San Felipe del Ocote, a los que responsabilizan de las amenazas, ejecuciones, secuestros, extorsiones y levantones de pobladores de los municipio de Apaxtla, Teloloapan y Arcelia.
Vía telefónica, uno de los coordinadores del MAAC, de quien se guarda el anonimato, reportó ayer la presencia de unos 20 hombres con vestimenta camuflada tipo militar con fusiles de alto poder, en cerros y caminos de terracería del poblado de San Felipe del Ocote, donde en septiembre pasado sometieron a pobladores y secuestraron maestros.
El policía comunitario informó que, a través de un teléfono celular que halló un vecino de la comunidad de San Felipe del Ocote, y que al parecer se le había caído a uno de los hombres armados en una de las irrupciones al pueblo, se confirmó la presencia de los pistoleros que opera en esa zona, y hasta los límites con el Estado de México.
De acuerdo con el integrante del MAAC, este grupo al que identifica con La Familia Michoacana, instala retenes en las carreteras y caminos de terracería, en donde secuestran, roban y extorsionan a transeúntes.
El 5 de marzo, los policías comunitarios del MAAC habían reportado la presencia de un grupo de hombres armados con fusiles AR-15, G-3 y AK-47 en un camino de terracería de la comunidad de San Felipe del Ocote, que instalaban retenes donde robaban, amenazaban y extorsionaban a los pobladores que pasaban por el lugar, y que también evidenciaron a través de la fotografía de uno de los retenes instalados.
De acuerdo con el integrante del MAAC, los pistoleros, que se desplazan en camionetas particulares que le han robado a vecinos, es una célula de la organización delictiva La Familia Michoacana liderada por Ramiro Bahena Urieta, El Güero Pelayo, quien tiene bajo su mando a unos 40 hombres fuertemente armados, y que son los mismos de las fotografías halladas en el teléfono celular.
Ayer, el integrante del MAAC informó que del teléfono hallado por un vecino de San Felipe, obtuvieron fotografías en las que se ve a El Güero Pelayo con vestimenta tipo militar y armas sofisticadas de alto poder, como AK-47 conocidos como cuerno de chivo, AR-15 y G-3, como los usados por el Ejército.
Bahena Urieta aparece en varias gráficas con gorras deportivas, en algunas con vestimenta y botas tipo militar, y junto a él, otros hombres fuertemente armados, algunos con los rostros cubiertos, otros con vestimenta camuflada tipo militar, con rifles de asalto, radios de comunicación y chalecos tácticos con varios cargadores.
También, dijo, ubicaron entre las fotografías a mujeres y adolescentes de unos 16 años, quienes también portan armas y a los que el comunitario del MAAC identifica como vecinos de la cabecera municipal de Apaxtla, de los que había sospecha que operan para el grupo armado, “y con las fotografías sólo corroboramos que sí están con ellos”.
Dijo que han ido a los cerros en búsqueda del grupo armado para detenerlo y entregarlo a las autoridades, pero no han tenido resultados positivos.
Señaló que, hasta ayer no había policías federales en la cabecera municipal de Apaxtla, y criticó que soldados del Ejército no vayan a esas comunidades, a los cerros y los caminos donde opera el grupo armado, a pesar de que les han hecho la petición.
La fuente consultada del MAAC dijo que este grupo de la Familia Michoacana es el mismo que amenazó, en una carta, al comisario y a pobladores de la comunidad de Cacalotepec, Apaxtla, el 18 de junio, a los que les piden que no anden en su territorio con armas y que vayan desarmados a sus tierras de cultivo o de lo contrario los emboscarán y los asesinarán.
También responsabilizó a este grupo del ataque y la ejecución de un policía comunitario de la Tecampanera, la noche del 7 de junio, en la comunidad de Río Zayulapa, municipio de Teloloapan, ocurrido cerca de la base de Las Antenas, donde dejaron a otros tres comunitarios heridos en un enfrentamiento que se produjo cuando los guardias comunitarios repelieron el ataque de los sicarios.

En la campaña recibió amenazas el alcalde de Copalillo, dice Freddy García

 

El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), el diputado Freddy García Guevara, dio a conocer que el alcalde de Copalillo, Getulio Ramírez Chino, recibió amenazas durante la campaña electoral de 2015 y tras recibir su constancia de mayoría como presidente municipal electo.
Consultado ayer al mediodía en su oficina del Congreso, García Guevara indicó que ya había intentado comunicarse con el alcalde petista, sin embargo dijo que a esa hora aún no lograba contactarse con él.
Dijo que no podía confirmar si Ramírez Chino sufrió un atentado, porque aún no hablaba con él y la única información que conocía era la que se publicó ayer en los periódicos.
Comentó que un hijo del al-calde le informó que si la llamada no entraba era porque el edil se encontraba en una comunidad de donde era originario uno de los dos policías que perdió la vida y ahí no había cobertura para teléfono celular.
Se le preguntó si conocía de alguna amenaza o presión por parte de la delincuencia organizada contra el presidente municipal, pero respondió que desde que Ramírez asumió el cargo había trabajado sin complicaciones.
Sin embargo recordó que cuando éste era candidato recibió amenazas por teléfono de personas desconocidas que le exigían dejar la campaña, y cuando le entregaron su constancia de mayoría, otra vez fue amenazado para que no asumiera el cargo.
Ante esta situación dijo que el alcalde se acercó a un grupo de la Policía Federal para exponer el problema que enfrentaba, aunque reconoció que nunca se hizo una denuncia formal.
García Guevara explicó que desde que el alcalde entró en funciones no había recibido amenazas, e incluso recordó que el pasado 18 de marzo visitó Copalillo y habló con el edil de la situación.
“El 18 de marzo yo estuve con él en Copalillo, donde me estaba comentando que ya no tenía ninguna presión de llamadas (…) ese día me comentaba que estaba tranquilo trabajando y que ya no había tenido presión alguna de lo que le sucedía anteriormente, eso me tranquilizó”, dijo.
De la denuncia de Ramírez Chino el lunes por la noche a El Sur, de que había pedido al gobernador Héctor Astudillo y al secretario de Seguridad, Pedro Al-mazán, el refuerzo de la seguridad en su municipio, petición que no fue atendida, respondió:
“Él como alcalde se ha reunido con el gobernador, le ha pedido apoyo de seguridad porque los elementos que tiene son pocos, no tienen la capacidad de poder cubrir la mayor parte del municipio”, explicó.
Llamó a l gobiernos estatal y federal a que, en caso de que se confirme que lo del lunes fue un atentado, se investigue y brinden el apoyo necesario en materia de seguridad para no poner en riesgo al edil ni a la población.

Restablecen el servicio de taxis colectivos de la zona poniente tras las amenazas

Este lunes, el servicio nocturno de taxis colectivos de la zona poniente se restableció, luego de los choferes lo suspendieron tres días por haber recibido amenazas del crimen organizado.
Ayer El Sur publicó que los usuarios de ese servicio exigieron a las autoridades que brinden seguridad a los transportistas, y se quejaron que gastan más en pasajes y pierden más tiempo en llegar a sus viviendas por la falta de los taxis colectivos en el turno de la noche.
Un chofer, que no dio su nombre, confirmó que el servicio nocturno de taxis colectivos ya fue restablecido para las colonias de la zona Poniente.
Mencionó que tres días estuvo sin trabajar por la amenaza del crimen organizado, “a mí me dijo mi patrón que ya podía trabajar, que no había peligro”.
Comentó que el turno de la mañana-tarde los taxis colectivos trabajan con normalidad, aunque en la noche el servicio será un poco restringido por seguridad de los choferes.
A las 10 de la mañana, en un recorrido por los siete sitios de los taxis colectivos que dan servicio a la zona poniente, hubo automóviles del transporte públicos estacionados en espera del pasaje.
Los siete sitios se ubican en cerca de la Farmacia del Ahorro ubicada en la entrada de la calzada Pie de la Cuesta; el segundo junto a la gasolinera conocida como Modelo; el tercero, frente a la tienda Salinas y Rocha, además otra más frente a la tienda Woolworth, estas tres últimas sobre la avenida Cuauhtémoc.
En la Costera un sitio se ubica junto a la tienda Comercial Mexicana, frente a la playa Dominguillo, a una cuadra otro sitio, y el último entre las tiendas Aurrera y Soriana.
El viernes pasado, taxistas anunciaron que el servicio de taxis colectivos para la zona poniente sería suspendido después de las 8 de la noche, debido a que recibieron amenazas del crimen organizado.

Dar seguridad a choferes de colectivos de la zona poniente, exigen usuarios a autoridades

 

Luego de que el viernes pasado choferes de taxis colectivos de la zona poniente suspendieron el servicio nocturno debido a amenazas del crimen organizado, usuarios se quejaron de la medida y exigieron a las autoridades que brinden seguridad a los transportistas.
Se quejaron que por la falta del servicio de taxis colectivos en la noche gastan más en pasajes y pierden más tiempo en llegar a sus viviendas.
Ayer a las 10 de la mañana, en los cinco sitios de taxis colectivos de esa ruta, ubicados dos en la Costera, dos en Cuauhtémoc y uno en la calzada Pie de la Cuesta, no había vehículos para dar el servicio y sí varias personas en espera del transporte.
Los usuarios coincidieron que de 14 pesos que cuesta el pasaje del taxi colectivo, ahora gasta hasta 50 pesos en otro transporte y el tiempo de antes, de 20 minutos, ahora es de una hora en llegar a sus viviendas.
La señora Ignacia Zavala Ortiz se quejó por la falta de servicio nocturno de taxis colectivos: “yo vivo hasta San Isidro, todas las noches uso el colectivo y ahora porque no hay transporte gasto más dinero, queremos que el servicio se restablezca”.
Pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno dar seguridad a los transportistas de la zona poniente ante el crimen organizado, “ellos también tiene familia y necesitan trabajar”.
Reclamó que de 14 pesos de pasaje en taxi colectivo, ahora gasta hasta 50 pesos en otro tipo de transporte para llegar a su vivienda.
Jaime Toledo Arcos, que vive en Pie de la Cuesta, manifestó que al menos una hora tardó el viernes para conseguir transporte y llegar a su vivienda, “aparte de perder el tiempo, también dinero, la verdad es necesario el transporte público en la noche”.
Indicó que la falta del servicio nocturno afecta a los trabajadores, “otro problema es que los demás choferes no quieren ir a la zona poniente por la inseguridad”.
Desde el pasado viernes el servicio de taxis colectivos fue suspendido después de las 8 de la noche, tras una amenaza del crimen organizado contra los choferes.
El camión urbano presta el servicio hasta las 9 de la noche para las colonias de la zona poniente.
La falta del servicio público afecta los fraccionamientos Mozimba, Bella Miel, Marbella y las colonias Clemencia Figueroa, El Derrumbe, Punta Brava, Venustiano Carranza, Universitaria sección 1 y 2.
Además las colonias Generación 2000, Nueva Era, Ex campo de Tiro, las tres secciones de la Jardín, Pie de la Cuesta, San Isidro y Pedregoso.

Encontró un Ayuntamiento a merced del crimen organizado, afirma el alcalde de Pungarabato

El alcalde de Pungarabato, el perredista Ambrosio Soto Duarte, reveló que al llegar a la presidencia municipal se encontró con policías municipales que eran halcones y estaban al servicio de la delincuencia, así como personas que cobraban en el Ayuntamiento entre 5 y 7 mil pesos quincenales por orden del jefe de la plaza.
Soto Duarte sostuvo que no va a renunciar al cargo –luego de que este miércoles fue colocada una amenaza en su contra en la puerta del Ayuntamiento, y que el año pasado recibió otras- e informó que pidió al arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, que exhorte a través de la iglesia los ciudadanos a perder el miedo y denunciar los delitos.
En una entrevista con la periodista Denise Marker en el noticiero radiofónico Atando Cabos de Grupo Fórmula, el alcalde de Pungarabato – en el que la síndica Rosalva Rendón Andrade pidió licencia tras el secuestro de su esposo- expuso que encontró un gobierno municipal que estaba “abiertamente a merced de los grupos” de la delincuencia. El Ayuntamiento anterior fue presidido por Reynel Rodríguez Muñoz, del PRI.
–Cuénteme exactamente qué fue lo que ocurrió, usted está al frente de la alcaldía, ha estado muy movido en las últimas semanas, sabemos del secuestro de una persona, del esposo de la síndica, pero yo quisiera preguntarle de lo suyo, ¿qué fue lo que pasó?
–Nosotros tomamos protesta hace cuatro meses. Encontramos un Ayuntamiento con policías que les estaban pagando, que no aprobaron, que eran halcones, que estaban al servicio de los grupos de la delincuencia organizada. Encontramos una administración con muchos problemas, donde la verdad las expectativas ni el más pesimista ni siquiera se imaginaba cómo estaba la administración de Pungarabato. Encontramos que en los eventos especiales no se le pide permiso a la autoridad municipal, se le pide permiso a la delincuencia para organizarlos. Encontramos que en el Ayuntamiento hay calles donde ingresaban los delincuentes y no se le podía poner lámparas porque no lo permitían. Encontramos una ciudad donde de las 5 de la tarde en adelante no te permitían que operara tránsito municipal. Es la realidad que encontramos en Pungarabato. No se puede gobernar así, no se puede trabajar así. La verdad para mí es muy complicado, muy complicado tomar una decisión.
–Usted estaba al tanto, todo lo que me ha dicho me retrata una comunidad bajo el control del crimen organizado y no de las autoridades legalmente constituidas, ¿usted durante la campaña entendió que estaba así Pungarabato o realmente fue llegando a la alcaldía, tomando posesión que se dio cuenta de la magnitud?
–Fíjate que nosotros hemos sido víctimas de tres secuestros como familia. Dos hermanos y mi papá. Sabíamos pero no pensamos que hubiese autoridad a nivel municipal que colaborara tan abiertamente a merced de los grupos. No, no te cabe, no piensas que haya un nivel de gobierno que se preste para todo. Es increíble que esté al servicio total y absolutamente de la delincuencia.
–¿Cuántos policías tiene la alcaldía?
-En este momento quedaron 34 policías aprobados.
–¿Cuántos tenía?
–Dados de alta 85 y ahorita con las depuraciones que se han hecho tenemos 34, que se les va a volver hacer el examen la semana que entra, los estamos activando, los estamos convenciendo de que deben de estar de este lado, el que quiera y el que no que se vaya, así simple y sencillamente.
–Usted llega tiene este diagnóstico que en realidad la autoridad estaba trabajando por lo menos en convivencia, bajo las instrucciones del crimen organizado. Quita todos estos policías, y estos policías se van a la calle. La amenaza usted cree que viene de los policías, del crimen organizado, ¿qué esta haciendo cotidianamente alcalde desde hace cuatro meses con respecto a estos temas?, ¿las lámparas las volvió a poner?, ¿cómo enfrentarse a un poder de este tipo ?
–Acudimos al gobierno federal, acudimos con el (comisionado nacional de Seguridad) Renato Sales. Afortunadamente hemos encontrado respuesta de Renato Sales. Hemos encontrado apoyo (también) del actual gobierno estatal y nos hemos dado a la tarea de rehabilitar más de mil 400 lámparas en algunas calles donde la delincuencia decía ‘aquí no quiero que se ponga lámparas’. Hemos despedido de acuerdo a la ley, indemnizar a los policías que no aprobaron. Con amenazas y con lo que sea, hemos dado de baja a gente que se le pagaba, que eran aviadores, que no tenían ningún puesto en el Ayuntamiento pero cobraban porque el jefe de la plaza decía que le tenía que pagar el Ayuntamiento, simple y sencillamente con sueldos de cinco mil por quincena, de 7 mil, eran gente que ni las conocíamos pero que cobraban en el Ayuntamiento.
–¿Cuenta usted con el respaldo de los ediles, de los síndicos?
–Fijese que afortunadamente sí…para nosotros esta situación que pasó nos duele mucho… hemos vivido un secuestro en la familia, sé lo que es un secuestro, sé lo que esta viviendo Rosalva, yo espero en Dios que se solucione pronto, respetamos la decisión de Rosalva que haya pedido licencia, es una decisión personal, espero que pronto se solucione y tengamos buenas noticias en los próximos días
–¿Cuál fue exactamente el mensaje que le dejaron en la puerta del Ayuntamiento?
–Diciéndome que el próximo secuestrado, muerto, es el presidente municipal Ambrosio Soto, que me toca a mí, que todo lo que está pasando en Altamirano y en la región es por la decisión que tomé y que firmé mi sentencia de muerte.
–Esto claramente lo podríamos interpretar como una intimidación, lo de Rosalva, lo suyo, una intimidación de un grupo que controlaba la zona, que llega usted, gana encabezando al PRD en la zona y les trata de poner un límite y recuperar el control del poder legalmente instituido,… ¿usted cómo va a reaccionar? Supongo que ante esto tiene que dar miedo y me parece lo lógico. ¿Piensa usted quedarse en su puesto? ¿Está usted protegido por fuerzas federales?
– Fíjate Denisse que no es una decisión fácil, cuando tiene la presión de tu familia. Mi familia se dedica a la empresa, trabajan todos los días, pierdes la privacidad como ser humano, como familia y bueno la decisión está tomada. Decidí ser presidente municipal y vamos afrontar esta situación. Hemos recurrido al gobernador Astudillo y encontrado buena respuesta. Entiendo que para que esto funcione los tres niveles de gobierno tienen que estar coordinados, por lo que nos toca a nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Sabemos que no todo se va a arreglar a balazos, sabemos que esta situación de inseguridad tiene fondo social, lo que nos toca hay que dejar que los jóvenes no dejen la secundaría, los niños que no dejen de estudiar, estar al pendiente de los problemas.
–Don Ambrosio ¿tiene apoyo de la población? ¿Siente que hay una reacción al verlo a usted mantenerse en el puesto enfrentar, denunciar estas intimidaciones? ¿Siente que se despierta una reacción, es una comunidad de 36 mil habitantes, maestros y demás, está sintiendo solidaridad, respaldo?
–De manera privada lo manifiestan, lo dicen. La gente tiene miedo. Hoy le pedí al (arzobispo) Carlos Garfias en el informe del gobernador, que nos ayude la iglesia, la iglesia tiene mucha influencia, necesita la gente denunciar, perder el miedo. Lo que están haciendo los comerciantes en Chilpancingo para defenderse aquí lo vamos hacer en Altamirano, así lo vamos hacer en la ciudad, Altamirano es una de las ciudades más importantes del comercio en la región, nosotros necesitamos reactivar, que la gente tenga seguridad en las calles, en los parques, en las escuelas.
–¿Está siendo protegido?
–Sí.
–¿Quién le mandó, policía estatal o federal?
-Federal, directamente Renato Sales
Al despedirse el alcalde, dijo a “la ciudadanía, a los comerciantes, a los profesionistas, somos más los buenos, nunca en mi vida he visto que triunfe el mal sobre el bien, tenemos razón de lo que estamos haciendo, creánlo, nuestra postura es para que Altamirano vuelva a ser comercialmente uno de los mejores lugares del Estado”.
Y la periodista se despidió de él deseándole lo mejor y que “rescate el control del gobierno, el gobierno básicamente de Pungarabato y que quede en manos de quienes representan a la sociedad y no quieren simplemente mandar intimidando, sembrando miedo”.

Otorgarán medidas cautelares a 39 familiares de desaparecidos en Iguala; son amenazados

El gobierno federal otorgará medidas de vigilancia individualizadas, en los casos de mayor riesgo, a familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala que han recibido amenazas, luego de la petición de medidas cautelares para 39 familiares de desaparecidos, que se hizo a través de la Organización de las Naciones Unidas y cinco organizaciones nacionales, al Estado mexicano.
Uno de los integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala informó que entre los acuerdos con las autoridades federales está que, a partir del domingo 31 de enero, se proporcionará seguridad al grupo de buscadores de fosas, así como un carro, chofer y combustible para que se puedan desplazar en su búsqueda, acompañados de un agente del Ministerio Público y policías federales.
Asimismo, recibirán herramientas para las búsquedas, capacitación para los buscadores de fosas, protección a los familiares con mayor riesgo y rondines de vigilancia en las casas de los 39 familiares para los que se piden las medidas cautelares.
El jueves, una comisión de familiares de desaparecidos se reunió con funcionarios de la Secretará de Gobernación, con el apoyo de cinco organizaciones nacionales de desaparecidos y organizaciones no gubernamentales (ONG), como el centro Prodh, Idheas, la Comisión Mexicana de Enlaces Nacionales y el Instituto Mexicano para la Defensa de los Derechos Humanos, donde se acordó el otorgamiento de medidas de protección individualizadas para los casos con mayor riesgo, es decir para los familiares de desaparecidos que han recibido amenazas.
La fuente informó que entre los compromisos hechos con el gobierno federal, con base en la petición de medidas cautelares para 39 integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, algunos de ellos como parte del grupo de búsqueda de fosas clandestinas y otros que han recibido amenazas, las medidas de vigilancia serán individualizadas en los casos de mayor riesgo con rondines policiacos en su casas.
Se acordó también que, bimestralmente se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, mayor seguridad en las asambleas de los martes a los familiares de desaparecidos en la parroquia de San Gerardo, y seguridad en las búsquedas de fosas clandestinas.
En el encuentro del jueves, las autoridades federales reconocieron el logro de Los Otros Desaparecidos de Iguala, que en un año han logrado el hallazgo y la recuperación de 123 cuerpos inhumados en fosas clandestinas, “un logro que ha superado por mucho al Estado”.
Informó que las ONG reconocieron también ante las autoridades federales que las acciones de búsqueda de los familiares de desaparecidos de Iguala han superado “por mucho” a las de la PGR.
Con este encuentro, dijo, se da reconocimiento al grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala, a nivel nacional e internacional, por los logros alcanzados a más de un año de su creación tras el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Idóneos, sólo 28 de los 120 normalistas egresados de Ayotzinapa, dice dirigente

 

De los 120 egresados de la generación 2011-15 de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, que presentaron la evaluación extraordinaria de ingreso al Servicio Profesional Docente, sólo 28 resultaron idóneos.
En declaraciones vía telefónica, el dirigente del Comité de Egresados de Ayotzinapa, Izcóatl Benito Coronado, informó que “la semana pasada” la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente emitió un comunicado con los resultados de la evaluación extraordinaria, que presentaron los 120 egresados de la institución, de acuerdo con el cual, 18 resultaron idóneos para obtener una plaza de maestro en educación primaria y 10 en educación física.
Izcóatl Benito dijo que los egresados de Ayotzinapa pedirán a las autoridades que los normalistas que obtuvieron la categoría de idóneos reciban plazas de maestro, pero también exigirán que quienes resultaron no idóneos tengan “otra opción” por parte de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Precisó que no se han reunido con las autoridades debido al periodo vacacional decembrino, sin embargo, los egresados buscarán una solución a su petición a través del diálogo y en caso de que las mesas de trabajo no sean positivas, “veremos si hay actividades (manifestaciones en el estado)”.
La evaluación extraordinaria de ingreso al Servicio Profesional Docente que presentaron los egresados de Ayotzinapa, se aplicó en dos etapas, la primera se llevó a cabo el 18 de octubre y la segunda el 28 de noviembre del año pasado.
Sobre el cambio de director en la Normal Rural de Ayotzinapa, Izcóatl Benito recordó que José Luis Hernández Rivera ocupó el cargo por primera vez en 2005 y hasta 2006, durante la administración del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, “dejó un buen antecedente y siempre le apostó a la armonía en la escuela”, razón por la cual fue el comité estudiantil de la institución quien lo propuso para el puesto, luego de los hechos violentos el 12 de diciembre de 2011, durante los cuales fallecieron los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Relató que José Luis Hernández “siempre” tuvo buena relación con los maestros, administrativos, personal de intendencia y “algunas partes” de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la cual no se perdió luego de los ataques en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Siempre se mantuvo la relación, el diálogo, e incluso nunca hubo sospechas de que el director (José Luis Hernández) tuviera relación del tipo que se le acusaba (con el crimen organizado); se mantuvo en su papel como director y de apostarle a la vida académica. Cuando ocurrió el problema (los ataques en Iguala) él se presentó inmediatamente para ver en qué podía ayudar”.
Declaró que José Luis Hernández mantuvo comunicación principalmente con los estudiantes de cuarto año, es decir los ahora egresados, “cuando intentamos recuperar el ciclo escolar y el semestre, el director nos apoyó, se esmeró porque tanto los maestros como estudiantes tuvieran una sana convivencia, la situación de la escuela, a diferencia de otras normales, es particular, especial, José Luis Hernández lo entendió y por eso impulsó mucho talleres de regularización”.
Dijo que hubo conflictos en la institución entre los estudiantes y los maestros porque los profesores agremiados a la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) “quieren que alguien de su grupo sea director”, pero los normalistas lo rechazan.
Precisó que la SEG tiene que publicar una convocatoria para que quien sea más apto ocupe el cargo, pues se requiere de una persona que cuente con el perfil adecuado, con una visión amplia y que sea sensible, “es necesario reforzar la vida académica, pero también la situación de los padres de familia de los 43 (normalistas desaparecidos) y los estudiantes”.
Por último, dijo que los egresados previeron que José Luis Hernández dejaría la Normal Rural de Ayotzinapa, porque “el director, a quien conocimos de manera cercana, vemos que le costó mucho trabajo cumplir con sus funciones, tuvo problemas de salud y por eso veíamos venir que habría un cambio de director”.