Fincan cargos a 19 policías comunitarios por  homicidio y a seis por portación de armas

En total son 31 los detenidos con los seis enviados a Las Cruces desde el domingo, incluidos Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente. Fueron liberados, por falta de pruebas, siete hombres que mantenían en su comandancia para lo que llaman “reeducación”

Argenis Salmerón

La Fiscalía Regional ejecutó ayer una orden de aprehensión contra 19 policías comunitarios de la CRAC, por el delito de homicidio calificado, y fueron puestos a disposición del juez de control acusados de protagonizar los hechos violentos en la comunidad de La Concepción.
Y otros seis policías comunitarios fueron enviados a la delegación de la PGR por el delito de portación de arma de fuego.
Mientras que siete hombres que permanecían en “reeducación” en la comandancia de la CRAC, quedaron en libertad.
Los otros seis detenidos, encabezados por el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, y su hermano Vicente, desde el domingo fueron trasladados a la cárcel de Las Cruces por los delitos de robo, despojo y lesiones, y ayer también fueron acusados de homicidio calificado.
De acuerdo con la información oficial recabada, de los 38 detenidos, 31 son policías comunitarios y siete habitantes en reducación en la comandancia de la Policía Comunitaria de la CRAC. Estos últimos fueron liberados a las 3 de la tarde porque no se comprobó un delito, y permanecían sólo porque tienen problemas de alcoholismo.
Los liberados son Cristian Olea Hernández, Eleonor Melchor García, Prisciliano Pascual Ortega, Erick Romero Galeana, Alejandro Moctezuma Trujillo, Luis Ángel Hernández López y Daniel Hernández López.
A las 6 de la tarde, 19 policías comunitarios, mediante un fuerte despliegue policiaco, fueron trasladados de la Fiscalía Regional rumbo al área de seguridad del juzgado de control, en el edificio que pertenece al Tribunal Superior de Justicia, ubicado en el bulevar de Las Naciones.
Fuentes de la Fiscalía dijeron que el juez de control determinará la medida cautelar en la audiencia inicial para formular la imputación. En caso de que el juez determine prisión preventiva, los comunitarios serán enviados al penal de Las Cruces.
Los familiares de los detenidos gritaron al ver las patrullas que llevan a sus parientes: “Libertad a los presos por luchar” y “No están solos”.
El caso de los seis detenidos enviados a la PGR se mantiene en hermetismo.
En tanto, los detenidos encabezados por el vocero del Cecop, enviados el mismo domingo al penal de Las Cruces, según el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, su situación jurídica se resolverá el viernes o sábado.
En declaraciones a reporteros, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, explicó que había 21 detenidos en la Fiscalía por el delito de narcomenudeo y seis en penal de Las Cruces.
Más tarde, la Fiscalía General del Estado informó en redes sociales: “FGE/ región Acapulco dejó en libertad a 7 personas porque no existió imputación de delito alguno en su contra en hechos de La Concepción”.

Entregan los 11 cuerpos

La Fiscalía General del Estado informó que lunes se entregaron los cuerpos de las 11 personas asesinadas a balazos en dos enfrentamientos a balazos en La Concepción.
Cinco cadáveres fueron de policías comunitarios de la CRAC, dos de ellos asesinados en el primer enfrentamiento, y los tres asesinados por los policías en el segundo hecho violento, de acuerdo con publicación en estas páginas.
El resto, los seis cuerpos, fueron en el primer enfrentamiento a balazos registrado a las 3 de la madrugada del domingo.

Se procesa por homicidio a 25 por hechos de La Concepción, informa el gobierno estatal

Presenta informe del caso la Secretaría de Gobierno al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a la CNDH, a la Codehum y a organizaciones de derechos humanos. Insiste en que la intervención estatal fue por una llamada que informó que Marco Antonio Suástegui y miembros del Cecop “habían detenido, golpeado y matado a varias personas”

Mariana Labastida

La Secretaría General de Gobierno estatal informó que la autoridad ministerial emitió y ejecutó orden de aprehensión por el delito de homicidio en contra de 25 detenidos, entre ellos los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, por los hechos ocurridos el pasado domingo en la comunidad de La Concepción.
En un escrito dirigido al representante en México de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Jan Jarab; al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y a organizaciones de la sociedad civil y la opinión pública, la Secretaría informó de los hechos.
En el relató de los hechos, la Secretaría General de Gobierno se refiere a los policías comunitarios pertenecientes al sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como “civiles armados” vinculados con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop).
Se enfatizó que los detenidos fueron certificados por un médico, ingresados a áreas adecuadas, fueron visitados por sus familiares, y estuvieron acompañados por representantes de diferentes organismos de derechos humanos.
La Secretaría General de Gobierno en el texto relató que en una llamada telefónica al número de emergencia 911 se solicito el auxilio “debido a que Marco Antonio “N” y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades de La Parota (Cecop) habían detenido, golpeado y matado a varias personas”.
Al lugar se trasladaron policías estatales, agentes de la Fiscalía General del Estado, Policías federales y Ejército, a los que les informaron que entre las 2 y 2:30 de la madrugada del domingo hubo “un altercado en la comisaría municipal entre pobladores y civiles armados del Cecop, resultando 2 de éstos privados de la vida con arma de fuego”.
En respuesta, “un grupo de 35 personas del Cecop, al mando de los hermanos Marco Antonio y Vicente “N”, llegaron al lugar y asesinaron con armas de fuego a 6 habitantes del pueblo”. Horas después, a las 11:30 de la mañana, según la dependencia estatal “los civiles armados del Cecop dispararon sus armas en contra de los elementos de la Policía Estatal, la cual al repeler la agresión abatieron a tres civiles armados del Consejo”.
En el escrito se indicó que se aseguraron “24 armas largas, 4 armas cortas (3 calibre 9 mm y 1 calibre .38 súper), 102 bolsas de marihuana;  628 envoltorios conocidos como “carrufos” y se liberaron a 4 personas que estaban privadas de la libertad por la Cecop”.
De las 38 personas detenidas, 26 fueron por delitos contra la salud y portación de arma de fuego ante la Fiscalía General del estado, de los cuales siete quedaron en libertad; seis  fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR)  y seis más entre ellos los hermanos Marco Antonio y Vicente fueron llevados al penal por delitos como lesiones, despojo y robo.
Según la investigación se solicitó orden de aprehensión contra 25 personas por el delito de homicidio, entre ellas los hermanos Suástegui Muñoz, “el 9 de enero, el órgano jurisdiccional obsequió orden de aprehensión a estas personas, misma que fue debidamente ejecutada” .
La Secretaría General de Gobierno enfatizó en el respeto a los derechos humanos por lo que indicó que los detenidos fueron certificados por un médico, ingresados a áreas adecuadas, se les dio alimentos, los vieron sus familiares a los que se les informó su situación jurídica, recibieron asesoría legal de sus abogados y acompañamiento de organismo defensores de derechos humanos.
“Un representante del Alto Comisionado en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, integrantes de las Comisiones de los Derechos Humanos Nacional y del Estado de Guerrero, actuarios pertenecientes a Juzgados de Distrito y organizaciones civiles, visitaron a los detenidos y verificaron que se les respetan sus derechos constitucionales y humanos”.
Se atendieron las medidas cautelares emitidas por la CNDH el mismo domingo, y que el gobernador, Héctor Astudillo Flores expresó su convicción de que las autoridades estatales se apeguen al Estado de Derecho, apliquen la ley, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

Protestan en el penal y la Fiscalía familiares de los seis muertos contrarios al Cecop

Exigen que no sean liberados Marco Antonio Suástegui y los de la Policía Comunitaria. Antes en el sepelio amenazaron a reporteros de El Sur y La Jornada Guerrero que cubrían el evento. “Váyanse o los vamos a linchar”, les gritan

Jacob Morales / Mariana Labastida / Argenis Salmerón

Familiares de los seis hombres muertos en el enfrentamiento el domingo pasado con la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), los enterraron ayer y después protestaron afuera del penal de Las Cruces y en la Fiscalía Regional de Acapulco.
En la cobertura de ayer en el panteón de la comunidad de La Concepción, dos reporteros y dos fotógrafos de El Sur y la Jornada Guerrero fueron agredidos y amenazados por los familiares de los muertos, quienes les advirtieron que los lincharían, y mientras eso pasaba los policías estatales que cuidaban la zona sólo se limitaron a grabar la acción con sus celulares.
En La Concepción fueron sepultados ayer el hermano del comisario municipal, Florentino Melchor; Alejandro Melchor León, y su hijo Alejandro Melchor Ángel, de 15 años de edad. Además del ex comisario Obdulio Monroy Dorantes; el señor Daniel Everardo Miranda y los jóvenes Jesús Estrada Calixto, 19 años, y Alexis Estrada, de 16 años de edad.
En un audio de una declaración que el comisario dio a algunos reporteros, el comisario explicó que los comunitarios comenzaron la agresión. “Ellos agredieron primero, unos chamacos se andaban agarrando y llegó aquel (un comunitario) a culatear y mi hermano como era policía le quiso marcar el alto, ´calmate chamaco bueno, hasta eso era sobrino de nosotros”.
Indicó que el comunitario se alejó pero después regresó acompañado de otros hombres.
Señaló que desde hace cuatro años la Policía Comunitaria no lo reconoce y que sus integrantes fueron autonombrados, demás de que reclamó que pese a que las autoridades tenían conocimiento nunca actuaron.
“Hasta ahorita gracias al señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al licenciado Héctor Astudillo Flores, y al presidente municipal, que creo que ese ni metía las manos para nada, pero bueno le damos las gracias por apoyar a nuestro pueblo ahora”, indicó.
Agregó que el pueblo estaba “enardecido” y que por buenas las autoridades se llevaron a los detenidos, “y si no el pueblo iba a actuar”.
El comisario solicitó un destacamento de la Policía del Estado para que la comunidad estuviera en paz.

En el penal de Las Cruces

A las 2 de la tarde, unos 30 inconformes llegaron al acceso principal del penal de Las Cruces a manifestarse en contra del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, con pancartas en la que lo responsabilizaron del asesinato de seis vecinos en La Concepción.
También gritaron consignas en su contra y de los integrantes de la Policía Comunitaria durante la media hora que estuvieron protestando.
El comisario Melchor León reprochó que personal de la ONU dé seguimiento a la detención de Suástegui Muñoz porque consideró que ellos no viven en la comunidad y no saben que los pobladores están atemorizados.
“Por esa bola de malandrines, eso es Marco Antonio Suástegui Muñoz, pedimos a las autoridades competentes que no lo suelten, o nosotros los ciudadanos vamos a actuar de otra manera, si el gobierno no pone un hasta aquí, vamos a hacer cosas que ya estamos decididos, lo vamos hacer”, advirtió.

Se confrontan en la Fiscalía

A las 3 de la tarde, el grupo opositor al vocero del Cecop se trasladó a la Fiscalía Regional de Acapulco, donde pidieron que no sea liberado Marco Antonio Suástegui por supuestamente protagonizar los hechos violentos del domingo pasado de La Concepción.
Aseguraron que después de enterrar a sus familiares acudieron a la cárcel y a la Fiscalía para denunciar las agresiones del vocero del Cecop, y los asesinatos de dos adolescentes de 15 y 16 años, y de otro joven de 19 años, de dos disparos cada uno.
Estos comuneros mostraron lonas en las que se podía leer: “Marco Antonio Suástegui, asesino debe ser castigado, exigimos justicia” “Tlachinollan y El Sur protegen al asesino Marco Antonio Suástegui”.
En la Fiscalía se encontraba un grupo de mujeres de La Concepción que exigían a las autoridades saber de la situación legal de los policías comunitarios.
Los dos grupos, mediante consignas, defendieron sus demandas por más de una hora, afuera de la dependencia estatal.
El grupo a favor de La Parota gritó: “hacemos responsable a Rogelio Ortega (ex gobernador) que sacó a Marcos” de un penal de Tepic; “en La Concepción murió gente inocente”; “castigo para Marco, que no salga de la cárcel”.
Ante esta situación, el otro grupo, en su mayoría mujeres, les respondió: “vendidos” y “de norte a sur de este a o este,  ganaremos esta lucha cueste, lo que cueste”.
Los familiares de los detenidos permanecieron desde el lunes en la mañana para pedir información de sus parientes y su liberación inmediata, incluso hasta protestaron afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco.

Los familiares se concentraron afuera de la Fiscalía y gritaron consignas de apoyo a los detenidos que eran trasladados de los separos a las oficinas del Ministerio Público.

La agresión a reporteros

A las 10:30 de la mañana, familiares de los seis muertos en La Concepción agredieron a los reporteros de El Sur y La Jornada Guerrero durante la cobertura de los funerales de las víctimas del primer enfrentamiento del domingo.
Los reporteros de El Sur, Carlos Alberto Carbajal, y Jacob Morales Antonio, así como los de La Jornada Guerrero, Roberto Ramírez y Rubén Santiago, fueron advertidos por algunos asistentes que de no retirarse del panteón serían “linchados”.
Los familiares y pobladores, entre ellos el comisario municipal de La Concepción, Florentino Melchor, una vez que identificaron a nuestro fotógrafo Carlos Carbajal expresaron: “Ese del Sur que se vaya para allá. Fuera, fuera”. Al mismo Carbajal, un policía estatal le dijo que hiciera caso, que se retirara, porque si no lo iban a linchar junto a sus otros compañeros de no retirarse.
Posteriormente siguieron expresiones de “lárguense” y “jaléense a la chingada”, y exigieron a Jacob Morales que dejara de tomar video y grabar.
Los policías del estado que se encontraban en el lugar sólo se dedicaron a grabar con sus celulares lo que ocurría, y uno de los elementos expresó a Morales Antonio: “Para que no salgan afectados de la manera más atenta, por favor retírense”.
Los familiares de las seis hombres muertos sí permitieron que reporteros de otros medios dieran cobertura a los sepelios.

Protestan reporteros en Acapulco y la capitalpor agresión a colegas; exigen respeto a su labor

Argenis Salmerón / Beatriz García

Acapulco / Chilpancingo

Reporteros en Chilpancingo y Acapulco protestaron para exigir a los tres órdenes de gobierno detener las agresiones contra el gremio, y que se respete la libertad de expresión, luego de las agresiones y amenazas que sufrieron reporteros de distintos medios en la comunidad de La Concepción, Acapulco, cuando acudieron a cubrir el enfrentamiento armado que se vivió y que dejó el saldo de 11 muertos y 38 detenidos.

Acapulco

A las 11 de la mañana, trabajadores de diferentes medios, se concentraron en la zona turística y protestaron en la glorieta de La Diana, en solidaridad con el fotógrafo Bernardino Hernández Hernández, quien fue agredido el domingo pasado por policías en la comunidad de La Concepción.
“Basta de agresiones a periodistas”, “basta de impunidad”, fueron algunas pancartas que se podían leer.
Algunos automovilistas dieron muestra de apoyo a los periodistas mediante aplausos y sonado su claxon.
Los reporteros no dieron declaraciones, pero sí gritaron consignas contra las autoridades por la agresión a periodistas.
Después de media hora, los manifestantes retiraron la manifestación.

Chilpancingo

A esa misma hora, reporteros de Chilpancingo marcharon de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) al Palacio de Gobierno, para exigir respeto al ejercicio periodístico, luego de la agresión a colegas del domingo en La Concepción.
Unos 50 reporteros marcharon rumbo al Palacio de Gobierno, quienes portaron pancartas en las que se leía: “Astudillo ¡Respeta a la prensa!”, “¡Alto a la represión  a la prensa!”.
El en su paso por la PGR, el reportero Ezequiel Flores aprovechó para hacer un pronunciamiento sobre la recomendación emitida por la CNDH por  el asesinato de Francisco Pacheco Beltrán.
Dijo que la recomendación es la 72/2017, donde se afirma que las autoridades ministeriales no han considerado las publicaciones del reportero en las líneas de investigación, situación que impide el desarrollo de una indagatoria  adecuada y eficaz en delitos cometidos en periodistas y comunicadores.
Resaltó que esta recomendación debe de poner en alerta a todos, porque en Guerrero en los dos últimos años han sido asesinados dos periodistas, Cecilio Pineda y Francisco Pacheco.
Posteriormente la marcha continuó hasta llegar al Palacio de Gobierno que de por sí está cercado con una valla metálica, y que solo por un paso se puede entrar, y este lo están cuidando policías estatales.
Los reporteros intentaron ingresar para pasar al edificio. Sin embargo los estatales se los quisieron impedir provocando forcejeos y empujones entre los periodistas y los estatales. Finalmente el contingente logró pasar. De inmediato los policías que estaban en el interior cerraron la puerta de acceso a Palacio.
Los reporteros tapizaron de pancartas la fachada del edificio y se colocaron las lonas que portaron.
El representante de la delegación 17 del SNRP, Éric Chavelas Hernández lamentó que quisieran impedir la entrada a un edificio que es público, y dijo que el motivo de la protesta era para exigir la investigación sobre las agresiones que sufrieron sus colegas en La Concepción, donde el fotoperiodista Bernardino Hernández fue golpeado por policías estatales y le robaron las tarjetas de memoria de sus cámaras.
Mientras que el reportero de El Sur Zacarías Cervantes señaló que la corporación policiaca estatal que quiso impedir el paso a Palacio de Gobierno es la misma que reprimió y amenazó a los reporteros en La Concepción, que sólo cumplían con su trabajo.
Tras la protesta el grupo se retiró, sin ser atendidos por algún funcionario.

Fue “bueno” que el gobierno determinara el  desarme de la Policía Comunitaria, dice Evodio

Aurora Harrison

El presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre reiteró que las policías comunitarias deben de regularse, y calificó como “bueno” que el gobierno determinara el desarme de esta organización en La Concepción porque, dijo, no se puede permitir en una “ciudad turística como Acapulco”.
Después de una conferencia de prensa en el parque de La Reina, donde dio un balance sobre los resultados de la temporada de Navidad y Año Nuevo, Velázquez Aguirre insistió en que las policías comunitarias deben regularse y no deben quedar con “ambigüedad”.
Anunció que hará cambios en las secretarías de Finanzas, General, de Planeación y Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y que en algunos será el titular, pero no precisó nombres ni las fechas.
Reiteró que era condenable lo que sucedió en La Concepción, que dejó un saldo de 11 muertos y 38 detenidos, entre ellos el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui.
Al preguntarle porqué no intervino la Policía Municipal en los hechos, respondió que con la Policía Rural “fuimos los primeros que ayudamos a que se diera el proceso del primer respondiente, después se dio parte a la Fiscalía y al Grupo de Coordinación, que es la instancia donde se tomaron decisiones, hicimos lo que compete”.
En seguida y sin pregunta de por medio, indicó que “qué bueno que hoy se toma una determinación frontal y determinante para poder poner fin a policías que se avalan con la ley local, eso de ninguna puede permitirse en una ciudad turística como Acapulco, es importante la determinación que se tomó por parte del Grupo de Coordinación y mi gobierno colaboró en todo momento”.
Sobre si habló con el gobernador Héctor Astudillo Flores, Velázquez Aguirre respondió que “vamos a caminar hacia adelante y no daremos ningún paso hacia atrás, con toda la determinación y con un planteamiento sobrio estaremos recuperando esas áreas que no podemos dejar que se sigan dando”.
Abundó que la Policías Comunitaria debe de regularse, “no tiene que quedar con ambigüedad” porque la ley local habla de que en las comunidades indígenas pueden organizarse para tener una Policía Comunitaria, como existe en la parte de Ayutla, San Luis Acatlán y la Montaña.
Dijo que los conflictos ocurren cuando las policías comunitarias quieren extenderse a lugares como Acapulco: “es una aberración, no podemos permitir que se violente la ley y reconozco la determinación que se tomó por el Grupo de Coordinación Guerrero de desarmarlos y enfrentar este problema de la CRAC con la UPOEG en la parte de los Bienes Comunales, se tenía muchos meses con ese problema”.
El alcalde informó que en la comunidad de La Concepción se quitaron los retenes: “hoy se pone un alto a los abusos que se reportaban por parte de ciudadanos, más nunca se denunciaban legalmente, sólo se daban comentarios al respecto, pero la lucha de poder entre dos organizaciones de comunitarios eso generó un enfrentamiento”.
Se le recordó que la Policía Comunitaria en la comunidad se debe a la falta de seguridad del gobierno, y Velázquez Aguirre respondió que la “Policía municipal tiene mil 280 agentes para cubrir un millón de habitantes aproximadamente, y aunque pusiéramos un elemento por colonia o comunidad no nos daríamos abasto”.
“No puede decirse que no tenemos atención de la seguridad en estas áreas, que sean rebasadas ese es otro tema y lo digo con toda responsabilidad, porque el tema de la Policía Comunitaria avalada por la CRAC o avalada por la UPOEG es una estructura de Policía Comunitaria que se hace con el amparo de la Ley 701, pero también se hace al amparo de la ilegalidad en muchos de los casos”, puntualizó.

Los cambios

Respecto a los cambios en su gabinete, el alcalde explicó que “habrá cambios en diferentes secretarías, se las voy a decir (…) no quiere decir el titular, quiere decir que habrá cambios en el área o en algunas casos el titular, en la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Planeación, en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Obras Públicas algunas cosas”.
Afirmó que esos cambios son con el afán de fortalecer el último tramo de su administración, “cumplir los objetivos trazados, hemos cumplido algunos de ellos como la parte turística, ha sido exitosa, vamos a reforzar la parte de servicios públicos, este año será dedicado a los servicios públicos como fue 2015 y 2016”.
Del adeudo a empresas y proveedores, no precisó cantidades, pero dijo que su gobierno diseñó una ruta de pago: “enero es un mes importante para poder saldar muchas de las deudas adquiridas por cualquier administración, siempre ha sido así”.
Pidió que esa información se le solicitara al secretario de Finanzas, pero afirmó que su gobierno lo que planeó es una estrategia para resolver los problemas financieros “muchos de ellos heredados, y el problema no lo hace Evodio Velázquez y actuamos con responsabilidad, no hemos endeudado el gobierno”.

La CAPAMA

De la entrega de documentos por parte de la CAPAMA para solventar las observaciones que hizo la Auditoría General del Estado a la cuenta pública de 2016, Evodio Velázquez explicó que se ha hecho de eso un “tema político” y que el alcalde no caerá en provocación de nadie.
“Hemos estado observados en todo momentos, auditoría tras auditoría, pero nunca hemos dejado de hacerle frente a todo lo que legalmente corresponda. Creo que el tema de la CAPAMA se ha politizado de más, es un procedimiento legal que se da, el área fiscalizadora hace la auditoría y genera las observaciones que se subsanan y es ahí como se van cerrando las auditorías”, declaró.