Unos 60 mil alumnos del nivel básico regresaron a clases en los municipios que comprenden la región Montaña baja, en medio de recorridos de personal del Ejército y presencia en la cabecera de Chilapa de la Policía Estatal.
Al ser consultados, maestros y representantes sindicales de cinco municipios de la Montaña baja: Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, José Joaquín Herrera y Atlixtac, informaron que reanudaron labores de manera normal, aunque con la inasistencia de alrededor de un 10 por ciento de alumnos.
Esta reanudación, tras el periodo vacacional de invierno, se da después de la suspensión de más de dos meses de labores, primero ante los daños y revisión a la infraestructura provocada por el sismo del 19 de septiembre y luego ante el colapso del transporte y amenazas anónimas contra maestros. El servicio de todos los niveles educativos se empezó a normalizar a partir del 27 de noviembre.
Las mismas fuentes informaron que alumnos que habían salido del municipio tras la suspensión de clases por la inseguridad volvieron a sus escuelas.
En algunas rutas hacía los municipios vecinos de Chilapa, se observaron patrullajes de camionetas con soldados del Ejército, así como los retenes permanentes en las salidas de la ciudad de Chilapa y en la cabecera de Zitlala.
En tanto, en la misma cabecera de Chilapa, hubo presencia de policías estatales.
Según cifras del delegado regional de servicios educativos, Jerónimo Maurilio Morales, en la Montaña baja hay 680 escuelas, con una matrícula de 62 mil 84 alumnos, atendidos por 3 mil 967 maestros, personal administrativo y de apoyo. (Luis Daniel Nava / Chilapa).

En dos semanas reiniciarán clases de manera regular los alumnos de los turnos matutino y vespertino de la primaria Antonio A. Guerrero, y del jardín de Niños Juan N. Álvarez, debido a las obras de reconstrucción que se realizan en los planteles, pues fueron afectados por los sismos de septiembre pasado.
Este lunes reiniciaron las clases después del periodo vacacional decembrino, la mayoría de los alumnos de las escuelas de nivel básico en la capital asistieron a las escuelas en su horario regular, acompañados por sus padres en la mañana.
Sin embargo, en el caso de la primaria Antonio A. Guerrero, los alumnos no tendrán clases esta semana porque fueron reubicados en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, donde todavía están los puestos de comerciantes foráneos y locales que acudieron a ofrecer sus productos.
De acuerdo con padres de familia, esta semana los maestros de ambos turnos de la primaria revisarán las tareas que dejaron a los alumnos, como complemento a las actividades que se enseñaron fuera de los salones, debido a que las clases se suspendieron luego del sismo del 19 de septiembre.
Mientras que la próxima semana se organizarán para instalar nuevamente los salones provisionales en la feria, junto con el mobiliario correspondiente.
Se trata de más de 800 alumnos de primaria que no se incorporaron al reinicio de clases de manera regular.
Por otra parte, unos 60 alumnos del jardín de niños Juan N. Álvarez no reiniciaron las clases debido a que las instalaciones están en proceso de reconstrucción. Se trata de los grupos 1 B, 1 y 2 C, de los que el daño en los salones no fue grave, al punto de reubicarlos, pero el resto sí. Los trabajos de construcción podrían concluir antes de dos semanas.
Los otros 120 alumnos del jardín fueron reubicados en una casa habilitada para funcionar como guardería, ubicada en la calle Rayón. Ahí los maestros recibieron a los menores, listos para reiniciar las clases.
Mediante su cuenta oficial de Twitter, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que este lunes un millón 200 mil alumnos, 75 mil maestros y trabajadores administrativos reiniciaron clases de manera normal.

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), Arturo Salgado Urióstegui, informó que este lunes regresaron a clases 3 mil estudiantes de este nivel educativo en Chilapa.
Consultado al concluir el acto protocolario de toma de protesta de la nueva directora de la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano (CENEIMA), informó que este lunes todos los planteles de nivel medio superior y superior regresaron sin problemas a clases.
El funcionario detalló que en el caso de Chilapa, donde fueron cerradas las escuelas de todos los niveles por el problema de violencia que azota la región desde mediados del año pasado, este lunes regresaron 3 mil estudiantes.
Indicó que en la región existe tres escuelas de su nivel que suspendieron clases por más de dos meses, ante la amenaza que realizaron grupos del crimen organizado en contra de docentes.
“Confirmamos que hoy se han presentado todos los maestros de Cobach, Conalep, Cecyteg y universidades; y todos están iniciando clases”, agregó.
Recordó que en Chilapa existían un cierre total de las escuelas de Cobach, Conalep y Cecyteg, que apenas este lunes se reincorporaron a sus labores educativas.
Durante la consulta se le preguntó si existía algún programa de seguridad diseñado específicamente para los planteles educativos que regresaron a clases, pero respondió que no hay seguridad de planta para cada una de las escuelas.
“No, sólo lo que anunció el gobernador Héctor Astudillo Flores, y lo que anunciaron las autoridades de seguridad y educación publica”, señaló.
Recordó que durante estos meses de suspensión de clases, en la zona se vieron afectados unos 3 mil estudiantes en total, de las tres escuelas que se tienen registradas sin clases. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

Tras dos meses de conflicto en la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano (CENEIMA) reinician las clases con la toma de protesta de la nueva directora, Lucrecia Mondragón Sosa, pero con la ausencia de la fracción opositora que encabeza la maestra Abigail Arcos Bello.
El 1 de noviembre, trabajadores de la CENEIMA iniciaron un paro de labores, que se extendió por dos meses para exigir que se respetara el proceso de elección interna en el que se eligió como nueva directora a Lucrecia Mondragón Sosa, ya que señalaban que el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), Arturo Salgado Urióstegui, quería imponer a la maestra Abigail Arcos Bello.
Este lunes por la mañana, en los honores a la bandera de la escuela normal, rindió protesta como nueva directora Lucrecia Mondragón Sosa, la cual encabezó el subsecretario Arturo Salgado.
Durante el acto protocolario, integrantes del Consejo Estudiantil de la Normal exigieron al funcionario estatal que solicite a la fracción que encabeza la maestra Abigail Arcos Bello que se presente a laborar, ya que afecta las clases que reciben los estudiantes.
En el acto, una de las estudiantes que tomó el micrófono recordó que el conflicto interno de la escuela inició por el propio gobierno del estado, a través de la SEG, quienes impusieron a Arcos Bello como nueva directora, sin respetar el proceso interno.
Ante ello puntualizaron que actualmente la escuela enfrenta una fractura en la plantilla docente, ya que no se ha reincorporado a las actividades diarias la fracción opositara, lo que afecta directamente la educación de los futuros maestros.
Los estudiantes durante su intervención pidieron que se haga un llamado a la maestra, para que regrese y se mejore la calidad del plantel educativo, ya que se debe de aportar a un clima de sana convivencia entre todos.
Por su parte, el subsecretario Salgado Urióstegui ocupó el micrófono para señalar que las puertas de la Secretaría de Educación siempre estarán abiertas, porque están apostándole al diálogo, con el objetivo de evitar conflictos en las escuelas.
A pesar de la acusación por parte de los estudiantes, el funcionario estatal desestimó que la dependencia tuviera una relación con el conflicto que provocó la movilización de estudiantes, la toma de instalaciones y la suspensión de clases durante más de dos meses.
Por su parte, la nueva directora informó a los estudiantes que se le avisó a la fracción opositora sobre el nombramiento avalado por la dependencia, así como de la toma de protesta programada para este lunes, pero nadie se ha presentado a laborar como corresponde.
Al concluir el acto protocolario, el director de Operaciones de Servicios de Educación Media Superior y Superior, Edwin Morales Leguízamo, informó al subsecretario sobre la posible falta administrativa que se podía imputar a los maestros que no acudieron al acto realizado en la escuela.
Al respecto, Salgado Urióstegui informó que la decisión de nombrar a la nueva directora Lucrecia Mondragón fue del gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
“Debemos de reconocer que hubo un conflicto en la institución, en la que un grupo de maestros, pues ahí en el proceso que se llevó a acabo se le dio a una compañera un nombramiento momentáneo, que tiene una temporalidad hasta que el señor gobernador decidiera quién iba a ser director o directora, se cumplió con esta norma”, enfatizó.
Dijo que por parte de la dependencia se habló con la fracción opositora, para que se reincorporen al trabajo, ya que “esto quedó atrás y se puede integrar un equipo integral”.

Personal aglutinado en el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) tomaron durante cinco horas las oficinas de Rectoría, para exigir la reincorporación de nueve guardias, así como el pago de dos meses de salarios devengados.
A las 6 de la mañana de este lunes, un grupo de poco más de 50 trabajadores sindicalizados decidieron tomar Rectoría, ubicada en la avenida Javier Méndez Aponte, del fraccionamiento Servidor Agrario.
Los manifestantes evitaron que ingresaran trabajadores a sus oficinas, así como se evitó la realización de los honores a la bandera, que estaban programados para las 9 de la mañana y encabezaría el rector Javier Saldaña Almazán.
En el lugar, la presidenta de la comisión de Guardias, Rosa Isela Hernández, explicó que mensualmente se realizan guardias, los días sábados, domingos o días festivos, pero regresando de estas vacaciones decembrinas, fueron retirados trabajadores de nueve centros.
Los trabajadores afectados corresponden al área de intendencia, vigilancia y guardias que se realizan en escuelas, facultades e instalaciones de la región centro del estado.
La presidenta de la comisión informó que la excusa para quitarle las guardias correspondientes, es porque no hay patrimonio universitario que cuidar en las escuelas donde han sido asignados.
Rosa Isela Hernández señaló que la propuesta del rector es que la comisión revise los centros que se quitan, para ver la reincorporación nuevos espacios, pero la postura principal de los agremiados es que el propio rector los atienda y se planteen las demandas.
Detalló que además de esta situación, los trabajadores del área no han recibido los pagos de su salario correspondiente a noviembre y diciembre de 2017, por lo que exigen el pago inmediato.
Se le preguntó a la presidenta si existe el temor de que más trabajadores de esa área corran con la misma suerte, a lo que respondió que ante eso se decidió movilizarse este lunes, para evitar que el resto del personal sea removido de su puesto.
A través de una llamada telefónica, que tuvo la presidenta de la comisión con el rector, se les pidió que liberaran las oficinas para que se celebrara los honores correspondientes, bajo la promesa que a la 1 de la tarde serían atendidos, pero la mayoría de los manifestantes decidieron continuar con la protesta.
Tras la toma, acordaron con el secretario técnico, José Antonio Sote Sotelo, que el próximo lunes recibirán el pago correspondientes a sus guardias.
A través de un boletín de prensa de la UAG, se informó que a la 1 de la tarde en Rectoría se realizó un encuentro privado, que encabezó el rector Javier Saldaña, con los trabajadores que se manifestaron.
En la reunión hubo dos acuerdos de consenso: el primero es que se integrará una comisión trilateral entre Rectoría, STTAISUAG y la Comisión de Guardias, para regular las vigilancias de los edificios universitarios en fines de semana y vacaciones, respetando las necesidades de la UAG y los derechos laborales, así como el compromiso que en la quincena se pagarán los adeudos. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, denunció que él, su hermano Vicente y otros cuatro policías comunitarios fueron torturados y enviados a la cárcel de Las Cruces, luego de ser detenidos el domingo.
Ayer los policías enviados al penal de Las Cruces fueron entrevistados por el visitador de la CNDH en Guerrero, Hipólito Lugo; por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera y los abogados del centro, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz Hernández.
En declaraciones al término de las audiencias en los juzgados segundo, cuarto y quinto, Rosales Sierra informó que Suástegui Muñoz señaló al coordinador de la Policía Investigadora Ministerial, Esteban Maldonado Palacios, como la persona que dirigió su tortura en un paraje a donde fue llevado luego de ser aprehendido.
El vocero y los policías comunitarios detallaron los malos tratos que sufrieron a manos de los policías estatales, con lo que se inició una queja por parte de la CNDH, “por aprehensión arbitraria y afectación a la integridad física de los detenidos”.
Según el relato de Suástegui Muñoz, durante el interrogatorio que le hicieron en un paraje donde había plantíos de moringa, lo trataron de obligar a disparar un arma “para que pudieran obtener resultados positivos de una prueba y culparme de los homicidios, además me estuvieron golpeando”, por ello perdió el conocimiento una media hora.
Durante su traslado a Acapulco, indicó, alcanzó a escuchar que lo iban a enviar fuera del estado, pero el avión en el que iba a hacerse la operación tenía fallas y por eso sólo lo llevaron a la Fiscalía Regional de Acapulco.
El resto de los policías comunitarios también relataron los hechos al visitador de la CNDH. El hermano de Suástegui, Vicente, indicó que no podía ingerir alimentos por los dolores que presentaba.
El abogado Teliz Hernández dijo que los derechos de los detenidos fueron violados al momento de su arresto por los golpes que recibieron y la tortura, y que eso les podría facilitar su libertad.
Explicó que inició un amparo para que Suástegui no sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad, debido a que las acusaciones y los expedientes en su contra están en Acapulco, además de que “Marco Antonio no es una persona de alta peligrosidad”.
El abogado también denunció que los policías estatales sin órdenes de cateo se meten a las casas a buscar armas, “¿cuál es la consigna del gobierno del estado o de algún empresario, o de alguna otra persona?”, y responsabilizó al gobierno del estado de algún otro hecho lamentable, como el del domingo.
Dijo que ayer por la mañana trataron de entrar a la comandancia de la CRAC, donde se dieron los hechos, pero que policías del estado se los impidieron con el argumento de que estaban preservando la escena del crimen.
Indicó que a más tardar el viernes o el sábado se resolverá la situación jurídica de los detenidos.
Teliz Hernández precisó que Suástegui Muñoz fue detenido por las órdenes de aprehensión en su contra, por los delitos de despojo, lesiones y lesiones agravadas por la balacera del 4 de abril de 2014, en la comunidad de Parotillas, entre policías comunitarios e integrantes de la familia Bailón Dorantes.
Mismos delitos que enfrenta el integrante del Cecop, Nemesio Valeriano Morales, a quien se le agrega la de tentativa de homicidio. El hermano de Suátegui, Vicente, está acusado de robo y despojo.
Maximino Solís Valeriano está acusado de homicidio el 14 de noviembre de 2014, en La Concepción, y enfrenta otra por lesiones, al igual que Javier Melchor Santiago y Everardo Suástegui.

Familiares de los policías comunitarios y de habitantes en reeducación en la comandancia de la CRAC, que fueron detenidos el domingo en La Concepción tras dos enfrentamientos a balazos, protestaron ayer afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco para exigir información y la liberación inmediata de sus parientes.
Asimismo, denunciaron que durante el segundo enfrentamiento, los policías federales, estatales y ministeriales irrumpieron en viviendas aledañas a la comandancia de la CRAC, golpearon a las personas y causaron destrozos.
Unas 20 personas, en su mayoría mujeres, llegaron a las instalaciones ubicadas en la colonia Progreso, pero ante la falta de información al mediodía comenzaron a protestar.
Los manifestantes fueron atendidos por el encargado de despacho de la Policía Investigadora Ministerial, Esteban Maldonado Palacios, y por el comandante regional Jesús Ramírez, quien se comprometió a pedir información.
En declaraciones a reporteros, la señora Cira Dircio Molina se quejó que tenía 24 horas sin información de su esposo, que fue aprehendido el domingo en La Concepción tras los dos enfrentamientos, en los que resultaron 11 muertos y 38 detenidos.
Criticó que los policías ministeriales engañaron a los familiares de los detenidos, “nos pidieron una lista de nosotros y de los detenidos, pero no hubo respuesta”.
“Nuestros familiares no tienen ningún delito, iban pasando y se los trajeron de manera violenta”, señaló.
La inconforme añadió que en su casa entraron en tres ocasiones: “a mi esposo lo están confundiendo con los comunitarios, nosotros llegamos hace un mes a la comunidad, eso le expliqué a los policías, no entendieron y se lo llevaron a punta de pistola”.
Mencionó que su esposo, de 53 años, se dedica a la albañilería, “los policías tumbaron la puerta de una patada y causaron destrozos para llevarse a mi esposo”.
La señora Nicolasa Sánchez Hernández contó que hace un mes metió a su hijo de 14 años a reeducación por adicción a las bebidas alcohólicas, en la comandancia de la CRAC de La Concepción, “yo autoricé que llevaran a mi hijo porque dicen que dan pláticas y la verdad lo trataban bien”.
Agregó que el domingo se enteró del segundo enfrentamiento y trató de sacar a su hijo de la comandancia, pero “ya no pude porque empezaron a llegar los policías violentos”.
Declaró que su hijo tenía 24 horas detenido de manera arbitraria y no sabía de él, “queremos que los liberen, todos son inocentes”.
Indicó que ante la falta de repuesta de las autoridades, los familiares decidieron manifestarse afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco.
Después de la protesta, cinco mujeres entraron a las instalaciones a ver a sus parientes, luego de un acuerdo con el director de la Policía Ministerial, Maldonado Palacios.
La señora Elizabeth relató que hasta las 2 de la tarde los detenidos todavía estaban declarando ante el Ministerio Público por los hechos.
Señaló que tienen poco alimento y agua, y “uno está golpeado de la cara, no sabemos qué vaya a pasar, queremos información”.
A las 2 de la tarde, el vicefiscal José Antonio Bonilla y el fiscal regional Ricardo Quevedo Astudillo llegaron a las instalaciones y los manifestantes retomaron la protesta.
Allí gritaron: “queremos información de nuestros familiares”; “queremos que los liberen, son inocentes”.
Posteriormente, la delegada de Derechos Humanos del estado, Fany Ruth Lara Figueroa, acudió a la Fiscalía a atender a los familiares.

Entregan cuatro cuerpos de los policías comunitarios

Ayer fueron entregados cuatro de cinco policías comunitarios abatidos en los dos enfrentamientos.
Las cuatro víctimas eran policías comunitarios y campesinos, de acuerdo con la declaración ministerial de los familiares.
La primera víctima se llamó Eusebio, de 34 años, y vivía en La Concepción. El segundo se llamó Ulises, de 35 años, y vivía en la comunidad de Aguacaliente.
La tercera víctima se llamó Alexis, de 22 años, de Aguacaliente, y el cuatro era Feliciano, de 28 años, de La Concepción.

Continúan declarando 32 detenidos en el MP

Ayer continuaron declarando 32 de 38 detenidos, entre policías comunitarios, habitantes y en reducación,  en el Ministerio Público Central.
Las autoridades mantienen el caso con hermetismo, sin informar los delitos.
Los familiares dieron  a conocer que algunos detenidos son Eleonor, de 22 años; Santos, de 49 años; Emanuel, de 40 años; Crescencio, de 50 años, y José, de 46 años.

Dos hombres asesinados a balazos fue el saldo de distintos hechos de violencia en Acapulco.
Y uno más fue hallado muerto, también a balazos, la noche del domingo en el fraccionamiento Las Playas.
En un primer caso, se informó que un hombre murió en el hospital, ayer en la mañana, luego de ser herido a balazos en Ciudad Renacimiento; un día antes fue levantado por hombres armados.
El hallazgo se reportó a las 7 de la mañana entre el monumento a Lázaro Cárdenas y la calle Osa Mayor, se indica en el reporte de la Policía Estatal.
Los agentes encontraron allí a un hombre herido a balazos y atado de las manos y los pies.
La víctima fue trasladada al hospital Donato G. Alarcón, de Ciudad Renacimiento, y a las 9 de la mañana falleció en la sala de urgencias.
El hombre se llamó Diego, de 39 años, según el expediente del Ministerio Público.
La versión policiaca es que hombres armados levantaron a la víctima, no se precisa el lugar, y después apareció herido.
El Ministerio Público de Renacimiento abrió una carpeta de investigación por el crimen.
En otro caso, un joven fue hallado ejecutado a balazos en la colonia Las Joyas, ubicada en la zona poniente de la ciudad.
El hallazgo se reportó a las 6:15 de la tarde en la calzada Pie de la Cuesta, en el punto conocido como la Frente del Diablo, se indica en el reporte policiaco.
Los agentes encontraron a un joven ejecutado a balazos en el acotamiento, con la manos atadas hacia atrás y los ojos vendados.
La víctima, de unos 20 años, vestía playera negra, pantalón azul marino y tenis rojos. Fue enviado al Semefo.
Y el domingo por la noche, un hombre fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Las Playas.
El crimen se reportó a las 9 de la noche en la avenida Flamingos, pero la autoridad ministerial tuvo conocimiento ayer a las 3 de la madrugada.
El informe ministerial señala que presuntamente los familiares de la víctima se llevaron el cuerpo a su casa.
Los agentes encontraron muerto a balazos a un hombre de unos 40 años, sentado en un sillón y sólo vestía un short negro.
Los peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco detallaron que la víctima tenía un disparo en la cabeza. El cuerpo fue trasladado al Semefo.
Con estas víctimas en lo que va del año en Acapulco suman ya 15 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.

Vecinos de colonias de la zona conurbada y comunidades de la zona rural, que integran la Asociación Benito Juárez, acudieron al Palacio Municipal a pedir rastrilleo de caminos, obras y servicios públicos.
Encabezados por Abraham Bustos Mendoza, los vecinos pidieron que los atendieran funcionarios de diferentes dependencias, pero sólo llegaron representantes que escucharon sus peticiones y fueron moderados por el subsecretario general de Asuntos Políticos, Sociales y Religiosos, Felipe de Jesús Kuri.
Unas 30 personas llegaron al Palacio Municipal y allí reprocharon que el año pasado sólo les cumplieron el 5 por ciento de las peticiones, por eso se encontraban nuevamente ahí y se instalaron en la sala de Cabildo para ser atendidos por funcionarios municipales.
Bustos Mendoza explicó que asistieron a dejar las peticiones para las colonias y comunidades como cada año, pero advirtió que no permitirá que no les cumplan como el año pasado que sólo les dieron “a gotitas, para empezar el dinero no es suyo”.
Reprochó que por ser simpatizante de un partido diferente al que pertenece el alcalde Evodio Velázquez Aguirre no les ha cumplido las peticiones, “si de casualidad hacemos cinco o cuatro acuerdos no cumple ninguno, es un demagogo, es el presidente municipal más falso que he conocido”.
Expuso que “ojalá sean para bien los cambios que anunció el alcalde que se harán en la administración municipal, porque el año pasado, a cinco meses de acabar, no había material en alumbrado público, maquinaria pesada descompuesta y los centros de salud son un desastre”.
Los vecinos fueron atendidos por funcionarios municipales en la sala de Cabildo, donde entregaron el pliego petitorio de 37 obras de pavimentación, alumbrado público y rastrilleo de caminos.
Con el representante de Maquinaria Pesada se acordó los días que se enviarán máquinas para emparejar los caminos que no estén transitables, y también se establecieron fechas posibles para atender determinadas peticiones, como reparación de alumbrado público y la recolección de basura.

El secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, informó que ya se puede usar el acrónimo Coagua para referirse a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), luego del cambio que aprobaron los integrantes del Consejo de Administración del organismo en diciembre.
El funcionario dijo a los trabajadores municipales que se han tenido resultados en seguridad y eso ha ayudado a posicionar a Acapulco como marca, y de eso han sido parte todos.
Meza Loeza asistió en representación del alcalde Evodio Velázquez Aguirre a la partida de la rosca de reyes con trabajadores en la explanada del Palacio Municipal del Centro. Asistieron unos 200 empleados, la mayoría funcionarios. La rosca y el café que se repartieron fueron patrocinados por los directivos de La Guelaguetza, que se encuentra en el Paseo del Pescador desde finales de noviembre del año pasado.
En declaraciones antes de la partida de rosca, Meza Loeza expuso que el cambio de acrónimo a la CAPAMA se aprobó en una sesión del Consejo de Administración. Como paramunicipal, indicó, no se tiene que llevar la propuesta ante los regidores integrantes del Cabildo porque el consejo tiene esa facultad.
En sesión extraordinaria el pasado 21 de diciembre, integrantes del Consejo de Administración cambiaron el acrónimo de la Comisión de CAPAMA a COAGUA, con el objetivo de quitar la mala imagen que se tiene del organismo.
Meza Loeza aseguró que el nuevo acrónimo ya se puede usar y que es parte de los cambios “sustanciales y estructurales” en la Comisión.
Comentó que se irán haciendo las modificaciones, “no mágicamente se van a hacer los cambios que se requieren”, y que incluso los trabajadores están dispuestos a participar en las acciones, “un cambio desde el interior, desde la forma de trabajar y de servirle a la ciudadanía”.
Agregó que se dará difusión al cambio para que la población se familiarice con el nuevo acrónimo.
Respecto a lo que ocurrió el domingo en La Concepción entre vecinos, policías comunitarios y después con policías estatales que dejó 11 muertos y 38 detenidos, y al recordarle que el año pasado regidores pidieron al gobierno municipal intervenir para que no hubiera más muertos, luego del incidente que ocurrió en San Pedro Cacahuatepec con policías de la UPOEG, Meza Loeza argumentó que en el Congreso se analiza la iniciativa para regular a la Policía Comunitaria. “No podemos permitir que esto pase en ninguna parte, la Policía Comunitaria sí existe y tiene sus supuestos de dónde se puede aplicar y de qué manera”.
En su discurso a los trabajadores, el secretario general les agradeció su labor para la reconstrucción del nuevo Acapulco, “que no sería posible sin la dirección del alcalde Evodio Velázquez Aguirre y de su esposa, Perla Edith Martínez Ríos, quienes trabajan con entusiasmo, fuerza, sencillez y humildad”.