El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez dejó plantados este lunes a dirigentes empresariales y a familiares de víctimas de desaparición, a quienes había citado a las 11 y media de la mañana en sus oficinas.
Sin cancelar la audiencia no estuvo y los familiares de las víctimas y sus representantes tuvieron que reunirse sólo con el vice fiscal de Prevención, Alejandro Santos.
Al funcionario le reclamaron la insensibilidad de las autoridades para atender sus denuncias, y la falta de investigación oportuna y a fondo en todos los casos.
“Qué es lo que ocultan o a quién se protege”, cuestionó el empresario Pioquinto Damián Huato, quien insistió en que hay complicidad de autoridades y corporaciones policiacas con el crimen organizado.
Asistieron el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Víctor Ortega Corona, la defensora de derechos humanos de Acapulco, Julia Alonso Carvajal. Así como Efraín Patrón, padre del joven desaparecido Efraín Patrón Ramos y la hermana de éste, Natividad Patrón.
También estuvieron Hilario Aguilar y Guillermina García, padres de Abel Aguilar, el otro joven desaparecido, Leovigildo Ramírez empresario que recientemente fue asaltado y que a pesar de que les dio sus pertenencias a los asaltantes, lo golpearon y lo dejaron lesionado.
Acudieron, también, comerciantes a quienes ha intentado extorsionar la delincuencia organizada dejándoles cartulinas debajo de las puertas de sus establecimientos.
La cita con el fiscal general Olea Peláez estaba programada a las 11 y media de la mañana, pero no estuvo. Su secretaria particular informó que estaba atendiendo otros compromisos en la Ciudad de México, lo que molestó a los familiares de las víctimas y a los dirigentes empresariales, pues dijeron que el funcionario no les avisó que se cancelaría la audiencia.
De última hora fueron recibidos por el vice fiscal de prevención, Alejandro Santos, a quien reclamaron la falta de sensibilidad que existe en las agencias del Ministerio Público en donde hacen esperar a los familiares de las víctimas hasta 3 o 4 horas, para que al final les digan que ya van a salir a comer y no los atienden, con la intención de desalentar la presentación de la denuncia.
Natividad Patrón, hermana del desaparecido Efraín Patrón, denunció que en su caso el Ministerio Público se ha negado a mostrarles las grabaciones de las cámaras de video ubicadas en la zona en donde desapareció su hermano. Mientras que les han dicho que les van a entregar en un mes las sábanas de las llamadas que salieron de su teléfono, después de que fue detenido por la policía la madrugada del 29 de diciembre, cuando desapareció.
“Esto es un absurdo y una burla, cómo creen que vamos a esperar hasta dentro de un mes para que nos den esa información, cuando lo que queremos es saber ya en dónde está mi hermano”, exigió.
La joven denunció que existe una total indiferencia a los casos de desaparecidos en las agencias del Ministerio Público, y que los agentes ministeriales ni siquiera buscan los elementos que puedan dar con el paradero de las víctimas.
Agregó que cuando finalmente logran que les reciban las denuncias es común que los agentes del Ministerio Público, busquen que los familiares caigan en contradicciones o tratan de criminalizar a su familiar desaparecido, les dicen que seguramente andaba metido en algo ilícito.

No se aplican protocolos de búsqueda y revictimizan a los familiares, denuncian

Mientras tanto, Julia Alonso, denunció que en todos los casos no se aplican los protocolos de búsqueda y que los familiares de los desaparecidos son doblemente víctimas, primero por los delincuentes que desaparecen a su familiar y luego por los ministerios públicos insensibles.
Pioquinto Damián informó que en el caso de los familiares de los jóvenes desaparecidos Efraín Patrón y Abel Aguilar, han estado recibiendo amenazas mediante mensajes para que dejen de hacer escándalo, por lo que ha tenido que buscarles un refugio seguro.
En la reunión pidieron que se atienda oportunamente la denuncia y que se investigue la desaparición de Abel Aguilar, cuyos familiares son na saavi de Llano Perdido, municipio de Cochoapa y de bajos recursos, “porque si no se nos atiende a nosotros que venimos recomendados, qué pasará con esta familia”, denunció Natividad, la hermana del desaparecido Efraín.
El empresario Damián Huato demandó investigaciones a fondo y que se detenga a todos los policías, mandos y funcionarios responsables de la detención, liberación y asesinato de los otros dos jóvenes, Jorge Arturo Vázquez y Marcos Catalán.
Frente al vice fiscal Alejandro Santos, preguntó qué es lo que ocultan o a quién se protege en este caso, e insistió en que son muchos los policías implicados, además del comandante y el delegado de barandilla que recibió la multa y los dejó en libertad de manera irregular, pero denunció que las autoridades están montando una farsa al pretender vincular a proceso solamente a un policía, para evitar proteger al resto, y a mandos y funcionarios de delitos graves como delincuencia organizada, desaparición forzada y asesinato.
Tras las quejas de los familiares y de los empresarios, Alejandro Santos prometió intervenir para agilizar las investigaciones y mostrar, cuando menos, las videograbaciones de las cámaras que estaban pidiendo los familiares de Efraín Patrón.
También acompañó a los familiares de las víctimas a la Agencia Especializada del Ministerio Público en Búsqueda de Personas no Localizadas, para perfeccionar las denuncias y para que aportaran más elementos que serían incorporados a la carpeta de investigación.
En la tarde en un boletín la Fiscalía General del Estado informó que el fiscal Javier Olea “instruyó atender”, a los familiares que presentaron denuncias por desaparición de jóvenes en Chilpancingo.
“Por instrucciones del titular de la FGE, a las 11:30 horas de hoy el vicefiscal de Prevención, Alejandro Santos González, atendió a familiares que presentaron denuncia por desaparición de jóvenes en Chilpancingo, acompañados por el señor Pioquinto Damián Huato y la señora Julia Alonso Carvajal, entre otras personas, quienes solicitaron se profundice en las investigaciones de las denuncias por desaparición que apuntaron en el acto de dicho encuentro”, se informó en el comunicado.
El boletín menciona que los familiares de las víctimas solicitaron acceso puntual a cada una de las diligencias de las carpetas de investigación integradas, para conocer los avances del Ministerio Público.
“En el desarrollo del encuentro se dictaron las indicaciones necesarias para atender en ese momento las peticiones, asumiendo el compromiso institucional de cumplir con el derecho de acceso a la justicia que les asiste”, dice el boletín.

Formalmente Torex Gold Resources anunció que recuperó un acceso a la minera Media Luna en Cocula, cerrada desde el 3 de noviembre con el paro de trabajadores que exigen el cambio de representación sindical, y destacó que la carretera “no es fácilmente accesible para los bloqueadores” del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRP), ante lo que podrían reiniciar las operaciones, si consiguen garantizar la seguridad.
El presidente de la empresa, Fred Stanford se declaró optimista de los avances para reanudar los proyectos pendientes de la mina, “en beneficio de los accionistas, empleados, comunidades y las familias de dependen del las operaciones de la mina para su sustento”.
En un boletín fechado en Toronto, Ontario, el 8 de enero, también anunció la separación del director financiero de la minera Media Luna, Jeff Swinoga, a partir del 12 de enero, pero continuará en funciones como interino mientras se anuncia su reemplazo.
Dijo que se trata de “una actualización corporativa, que incluye el progreso hacia el reinicio de las operaciones en el sitio de su mina y un cambio en un miembro del liderazgo corporativo”.
La empresa destacó el respaldo a la empresa de vecinos de Nuevo Balsas en Cocula y de Colonia Valerio Trujano, en Tepecoacuilco, en el conflicto laboral, con el bloqueo de dos accesos a la mina que impiden el paso a vecinos de Aztcala, Fundición y El Limón, como medida de presión para exigir el levantamiento del plantón de los paristas sindicalizados en la puerta 3.
En consulta telefónica por separado el comisario de la comunidad Nuevo Balsas, del ejido Río Balsas, David Díaz reconoció que han tenido algunas complicaciones con vecinos de Fundición y El Limón, y ayer el alcalde de Cocula estaría en una reunión con los paristas y los vecinos que exigen la apertura de los caminos.
Sin embargo, aseguró que los pobladores de Nuevo Balsas y Valerio continuarán el bloqueo mientras no se levante el plantón de la puerta 3, y se abran todas las puertas para el comienzo de operaciones normales de la mina.

Reporta 244 mil 800 onzas de oro vendidas en 10 meses de operaciones

En un boletín, el presidente de la empresa, Fred Stanford, informó de la venta de 244 mil 800 onzas de oro en los 10 meses de operaciones en 2017, el segundo año de explotación de la mina El Limón-Guajes, antes del bloqueo a Media Luna, una mina en desarrollo. Las dos minas se encuentran en Cocula y son administradas por la canadiense Torex Gold.
El empresario se dijo optimista del progreso para el reinicio de operaciones, para terminar la instalación de la planta de procesamiento de cobre y del proyecto subterráneo, “porque 2018 tiene el potencial de ser un año lleno de acontecimientos para Torex, en beneficio de nuestros accionistas, empleados, comunidades y las miles de familias que dependen de las operaciones para su sustento”.
También anunció que su director Financiero (CFO por las siglas en inglés), Jeff Swinoga, con cuatro años de servicio, abandonará la empresa para buscar otras oportunidades a partir del 12 de enero, aunque permanecerá como director interino mientras la empresa contrata a su reemplazo.
Del conflicto señaló que en la últimas semanas el equipo de la mina colaboró con los líderes locales para explicar a las comunidades que la empresa, “continuará cumpliendo con el proceso legal de cambio de voto sindical, para que los trabajadores elijan a sus representantes”.
En los últimos días, dijo que con el apoyo del sindicato actual, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la comunidad de Nuevo Balsas, recuperaron el acceso a la mina a través de una carretera utilizada durante la construcción.
“Esta carretera se encuentra en el ejido de Río Balsas y que no es fácilmente accesible para los bloqueadores sindicales de Los Mineros”, subrayó.
Mediante este acceso dijo que un equipo entró a inspeccionar el sitio para hacer planes de mantenimiento y para reiniciar las operaciones, si consiguen garantizar la seguridad.

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Sin seguridad de militares, ni recorridos de policías federales o del estado, regresaron a clases este lunes maestros y estudiantes de escuelas de las colonias con un alto índice delictivo, como Zapata, Renacimiento, San Agustín, La Postal y Sinaí.
En un recorrido realizado de las 8:30 a las 10 de la mañana, se observó que en las puertas de las escuelas no había militares apostados, cuidando los centros educativos; esto pese a que desde el inicio del ciclo escolar se informó que las escuelas afectadas por la violencia, y ubicadas en zonas de alta peligrosidad, tendrían seguridad.
Incluso en una visita a la primaria Carlos A. Carrillo, ubicada en Ciudad Renacimiento, el director Florentino Valdés informó que los policías privados de la empresa Jobamex fueron retirados de las escuelas de toda la zona, sin que las autoridades les avisaran el porqué.
Además, indicó que las autoridades de la Secretaría de Educación no les han notificado del regreso de los militares. El destacamento del Ejército se encuentra a unos 300 metros de la escuela.
Pese a esta situación y con temor, los maestros y estudiantes realizaron sus actividades con normalidad, al igual que el jardín de niños Moisés Guevara, ubicado a un costado de la primaria, donde una de las maestras encargadas del plantel expresó que a pesar de no tener seguridad, tenían que trabajar, y confió en que durante la semana sean enviados los dos militares que cuidaban la escuela desde el ciclo escolar pasado.
Otras escuelas que no tuvieron seguridad fueron las ubicadas en la colonia Zapata, como la Secundaria Federal 6, que atiende a más de 600 estudiantes.
Otras escuelas en la misma situación son la ubicadas en la colonia Postal, como la primaria Adolfo López Mateos, la Secundaria Técnica 200 y la telesecundaria Samuel Quirós Cabrera.
Al igual que el jardín de niños Miguel Alemán Valdez. En la colonia Sinaí, el jardín de niños Juan R. Escudero también tuvo actividades, pero sin seguridad. A dos cuadras de esta escuela fueron asesinados el pasado 5 de diciembre, tres taxistas de los colectivos amarillos de la ruta Sector 6 – Centro.
En San Agustín, el jardín de niños José Vasconcelos Calderón, al igual que la primaria Niños Héroes y la secundaria técnica Bicentenario de la Independencia 2010, tampoco tuvieron seguridad. Las tres escuelas pararon clases en la primera semana de noviembre, por problemas de inseguridad y los constantes robos a las instituciones.
Al mediodía, en un escueto boletín, el gobierno del estado informó que sin incidentes transcurrió el regreso a clases y que se la policía del estado implementó el programa Escuela Segura en Acapulco, realizando recorridos en las escuelas Emiliano Zapata, Juan N. Álvarez, y Héroes de Chapultepec, además de la técnica 103 Vicente Guerrero, sin que se indicara de qué colonias eran.