Dejan 11 muertos y 38 detenidos, uno de ellos Suástegui, dos enfrentamientos en La Concepción

El primer hecho violento sucedió en la madrugada, cuando finalizaba el baile por la celebración de la Virgen del pueblo. Según el vocero del Cecop, momentos antes un joven orinó afuera de la comandancia, por lo que fue detenido por los comunitarios pero escapó y corrió hacia la comisaría, donde, indicó, fueron recibidos a tiros, resultando el deceso de dos policías y seis civiles. La otra gresca fue tras la llegada de fuerzas federales y estatales, quienes dispararon el patio de la comandancia de la CRAC, donde se habían atrincherado varios comunitarios. Aquí resultaron tres muertos

Jacob Morales Antonio

Un total de 11 personas muertas y un herido, además de 38 detenidos, entre ellos el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, y su hermano Vicente Suástegui, dejaron dos enfrentamientos en la comunidad de La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
El primer enfrentamiento ocurrió a las 3 de la madrugada cuando finalizaba el baile por la celebración de la patrona del pueblo, la Virgen de la Purísima Concepción. Ahí murieron seis hombres que estaban adentro de la comisaría, entre ellos un menor de 16 años, además de dos policías comunitarios de la CRAC.
Y en un segundo enfrentamiento y el desarme de los comunitarios, a las 11:30 de la mañana, donde participaron policías federales, ministeriales y el Ejército, fueron asesinados tres policías comunitarios. Allí fue liberado el supuesto militar retirado detenido el 31 de diciembre de 2017, y quien se hacía llamar por tres diferentes nombres.
Además de otros detenidos, entre estos Ezequiel Reyes Morales, arrestado el 15 de diciembre con mariguana y un arma, mismo que fue presentando a los medios. Mientras algunos jóvenes en proceso de reeducación fueron aprehendidos por los estatales.
El aparatoso operativo realizado en La Concepción dista mucho del hecho el 9 de junio de 2017, cuando policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), asesinaron a siete integrantes de una familia, entre ellos niños y un bebé, en la localidad de San Pedro Cacahuatepec.
En una primera improvisada rueda de prensa, Suástegui Muñoz dijo que detrás del plan de asesinarlo no sólo había opositores a su movimiento contra la presa, sino políticos y, sin quieren decir nombres, explicó que en otro momento daría a conocerlo. La feria de la Purísima Concepción comenzó el viernes y terminaría hoy lunes.
Después, en declaraciones a reporteros, expresó su preocupación de volver a ser detenido y torturado, como pasó luego de su detención el 17 de junio de 2014, encierro que terminó el 21 de agosto de 2015.
“En el 2004 me llevó preso René Juárez Cisneros por oponerme a la ventas de mis tierras para construir la presa La Parota, y en el 2014 me vuelve a llevar Ángel Aguirre Rivero preso hasta Nayarit, a un penal de máxima seguridad. ¡Ya estamos hasta la madre de que nosotros pongamos los muertos, que nosotros tengamos que ir a la cárcel cuando los verdaderos asesinos nos han matado gente y a los verdaderos asesinos nunca pisan la cárcel!.
“Ahorita seguramente me van a echar la culpa a mí, que yo los maté, yo no porto armas, yo no sé disparar un arma, yo no he matado y seguramente me van a querer llevar detenido por estos crímenes que yo no cometí, y a los compañeros que mataron quién les va a hacer justicia, pedimos justicia y que se castigue a los responsables”, demandó.
El vocero del Cecop fue trasladado a las 5 de la tarde al penal de Las Cruces, por una orden de aprehensión de la que no se precisó el delito y que es del anterior sistema penal acusatorio, informó el vocero de Seguridad, Roberto Alvarez Heredia.

Primer enfrentamiento

En un primer enfrentamiento, ocurrido a las 3 de la mañana, de acuerdo con el vocero del Cecop, murieron dos policías comunitarios identificados como Ulises García Martínez y Eusebio Elasio Martínez, además de un policía comunitario herido cuyo nombre no fue revelado.
En declaraciones a las 9 de la mañana, Suástegui Muñoz explicó que momentos antes del enfrentamiento, el joven de nombre José Ángel Morales Natividad fue hasta la comandancia y en forma de agresión se orinó afuera del inmueble, por lo que fue detenido por los policías comunitarios sin embargo logró escapar por una puerta trasera para después correr hacia la comisaría municipal.
En ese lugar se encontraba el comisario municipal de La Concepción, Florentino Melchor, además de su hermano Alejandro, quien es policía rural pero que estaba al parecer suspendido de la corporación, y el hijo de éste, de 16 años de edad, así como otras cuatro víctimas.
Según el vocero, los policías comunitarios llegaron hasta el lugar donde fueron recibidos a tiros por los civiles, matando a los dos comunitarios que tenían balazos en la espalda y el pecho, y en respuesta los comunitarios repelieron la agresión.
Los dos comunitarios muertos fueron llevados a las instalaciones de la comandancia, donde fueron recostados en la banqueta y tapados sólo con una sábana. Ahí los familiares de las víctimas le lloraban a los suyos.
A las 9:30 de la mañana, en la Comisaría Municipal, que está a unos 80 metros de la comandancia de la CRAC, dividido por una cancha de basquetbol, aún estaba tirada una de las seis víctimas quien, según un familiar, se trataba de Alejandro Melchor. La mujer sólo se limitó a pedir justicia.
La versión de algunos vecinos que se encontraban en el lugar es que la Policía Comunitaria fue la que posiblemente mató a sus otros dos compañeros, y es que indicaron que una vez que entraron dos comunitarios adentro de la comisaría, otro grupo disparó desde afuera.
Pese a que se trató de buscar la versión de los familiares de las víctimas que estaban en la comisaría, éstos sólo exigían justicia y la salida de la Policía Comunitaria de La Concepción.

Las detenciones previas por el intento de asesinato de Suástegui

En una improvisada rueda de prensa, Suástegui Muñoz informó de la detención, el domingo 31 de diciembre, de un presunto militar retirado que se identificó con los nombre de Alejandro Liborio López, Guillermo Marín López, y/o Iván Soriano Leal, quien según lo dicho por la CRAC y publicado en estas páginas, es parte de una banda de delincuentes que defraudó a esa institución en 2013, estando bajo el control de Eliseo Villar, con la cantidad de 740 mil pesos por la venta de armamento.
Según el vocero del Cecop, el hombre se había metido al poblado el domingo pasado para asesinarlo, junto a un grupo de sicarios contratados por el gravillero Humberto Marín y el profesor Mauro Gallegos Salgado. En los meses de octubre y noviembre el detenido tuvo reuniones con simpatizantes al proyecto hidroeléctrico.
En uno de estos encuentros se reunió con el comisario municipal de La Concepción, Florentino Melchor y con Lucio Méndez Arciniegas, “para planear mi muerte y la de otros compañeros. En particular venían a matarme a mí, a Cenobio Carmen y a Cecilio Morales Marcos”.
El vocero reiteró que el supuesto militar retirado y detenido había ido con un grupo de sicarios, con armas de grueso calibre, para asesinarlo, y que para ello eran guiados por Antonio Morales Marcos, de La Parota, Daniel Moreno Morales, quienes los guiaban de noche en los cerros y veredas.
Relató que el viernes el comisario municipal fue a recriminarles que la CRAC no era bienvenida y que se tenía que ir de la comunidad, pero el vocero aseguró que el comisario ya había firmado un documento dando la anuncia para que la Policía de la UPOEG entrara al poblado.
Ese mismo día, el comisario aceptó que se había reunido con el detenido y otros habitantes que están a favor de la presa La Parota: “el viernes el comisario iba a quedar detenido, pero nos dijo que le diéramos chance a que pasara la feria para poder arreglar este asunto por lo que lo dejamos ir libre, pero ellos ya tenían armada a la gente”.
Durante la conferencia fue presentado Lucio Méndez, uno de los que culpó Suástegui Muñoz de intentar asesinarlo y quien aceptó que había comprado un arma, misma que fue mostrado a la prensa y que se utilizó en el primer enfrentamiento por quienes estaban en la comisaría.
Suástegui Muñoz recriminó al estado que no había ninguna orden de aprehensión contra el gravillero Humberto Marín y Mauro Gallegos Salgado, y contra aquellos que el 15 de noviembre de 2014 mataron al comandante Celerino Hernández, “pero sí existen más de cien órdenes de aprehensión en mi contra y contra de la Policía Comunitaria”.

La llegada de los estatales

Para las 9:45 de la mañana, un grupo de unos 30 policías estatales llegaron en la entrada de La Concepción, donde sucedió un enfrentamiento de palabras con los pobladores, integrantes de la CRAC y los policías estatales que incluso se apuntaron.
A la llegada de los agentes estatales, los pobladores que se oponen a la construcción de la presa La Parota  sonaron las campanas en señal de alerta y para que los habitantes se aglutinaran a la comandancia de la CRAC, que también ha sido el lugar donde se realizan las asambleas dominicales del movimiento opositor a la presa.
Minutos después, más calmados, el vocero del Cecop dialogó con el comandante al mando de los policías estatales y le explicó la versión de los hechos que dejó un total de 8 muertos.
Desde un helicóptero y un drone que sobrevolaron la comandancia y el poblado fueron tomadas varias fotografías y también fueron detectados los puntos en donde estaban ubicados los policías comunitarios.
A las 10 de la mañana, el número de patrullas de estatales y ministerial fue de 35, mismos que se apostaron en la carretera con dirección a Aguacaliente, además llegaron una patrulla de policías federales de la Gendarmería y otra de militares.
De las patrullas bajó el coordinador de la Policía Investigadora Ministerial, Esteban Maldonado Palacios, acompañado del comandante del Sector Coloso, Carlos Ortiz, y nuevamente la gente que estaba reunida y en respaldo de la Policía Comunitaria  reaccionó en contra de la presencia de los ministeriales, con gritos de “váyanse”.
Media hora después, un grupo de familiares de las seis víctimas llegaron hasta donde se encontraban los mandos de la Policía Ministerial y hubo un enfrentamiento verbal con los integrantes del Cecop, y se recriminaron mutuamente de los hechos.

Los familiares de las seis víctimas que cayeron en la comisaría pidieron que los ministeriales fueran a ver a sus muertos, y éstos respondieron que iría peritos y se enviarían los cuerpos al Semefo.
Después Maldonado Palacios y Carlos Ortiz supervisaron las diligencias en la comisaría. En el lugar se observaron orificios de bala en las paredes y casquillos quedaron tirados en el piso de la comandancia y en los alrededores de la cancha donde se desarrollaba un baile en honor a la patrona de la comunidad, mismo que fue suspendido.
En la cancha quedaros botellas de cervezas, e incluso el sonido que amenizaba, el cual desinstalado cuando se realizaban las diligencias. La calma duró unos hasta las 11:30 de la mañana.

El desarme, los tres muertos y la detención

Luego llegaron dos patrullas de las fuerzas estatales y el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado sobrevoló la zona y bajó a nivel de los techos de las casas.
Al lugar también llegaron policías federales vestidos con pantalones color caqui y playeras negras de manga larga, que encabezados por Maldonado Palacios aprisa caminaron a la comandancia y la situación nuevamente fue tensa.
Los policías comunitarios, que no rebasaban los 25,y los policías del estado (mayormente), federales y ministeriales, que eran más de cien, se apuntaron mutuamente: los primeros con escopetas y los estatales con armas de grueso calibre.
El primer disparo que se escuchó fue de los policías estatales, y algunos expresaron que se le había escapado a uno, y luego se escucharon más disparos. Luego se vivió otro intercambio de palabras entre los estatales y los comunitarios.
Al minuto de nuevo se volvieron a escuchar detonaciones, y ya los policías estatales habían rodeado la comandancia de la CRAC y otra casa frente al inmueble y utilizada para resguardar a los detenidos.
Con la ayuda de los policías federales, los estatales realizaron un intenso tiroteo hacia el patio de la comandancia de la CRAC, donde se habían atrincherado varios comunitarios. El tiroteo dejó en el patio a dos muertos, uno boca arriba y otro quedó boca abajo, y con las manos en la cabeza en señal de rendición, además de un tercero del que no se apreció dónde quedó el cuerpo.
Momentos después de los disparos los policías comunitarios cedieron, y se observó a varios policías estatales con dos y hasta tres escopetas. Al tiempo que los mismos elemento, por lo que se pudo apreciar, golpearon a patadas y puñetazos, así como cachazos, a los detenidos.
A otros más los arrastraron y les rompieron la ropa, esto a pesar de que los comunitarios ya se encontraban tirados en el piso y con las manos en la cabeza.
Al momento de la acción un policía ministerial empujó a una señora que cayó y rebotó unos dos metros.
Luego se observó cómo policías del estado y ministeriales sacaron de la comandancia al vocero del Cecop y promotor de la Policía Comunitaria, Marco Antonio Suástegui, a su hermano Vicente y a otros policías comunitarios, que fueron subidos a patrullas y enviados a la Fiscalía Regional de Acapulco.

Se hizo un operativo tras una llamada al 911 por actos violentos y asesinatos, dice Astudillo

En un boletín de prensa a las 10 de la noche, tras una reunión con su gabinete de seguridad, el gobernador informó que tras la alerta inició la acción en La Concepción. Señaló a los hermanos Vicente y Marco Antonio Suástegui, así como a un grupo de comunitarios de haber matado durante la madrugada a varias personas, entre ellos a dos niños, “y como hubo resistencia y negativa de éstos a las diligencias de ley, se procedió al desarme”

Daniel Velázquez

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que hubo un operativo de las policías del Estado, Ministerial, Federal y del Ejército en La Concepción, porque se recibió una llamada al 911 en el que se reportaban actos violentos y se señalaba a los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui y a un grupo de comunitarios que habían matado durante la madrugada a varias personas, entre ellos a dos niños.
En el operativo se detuvo a 38 civiles armados, 22 armas largas, 4 armas cortas, 102 dosis de mariguana, 600 carrujos de marihuana y dos vehículos. Y que los policías  “lograron la liberación de cuatro personas que permanecían privadas de su libertad por los civiles armados” se indicó en un boletín de prensa a las 10 de la noche. Y hubo tres muertos.
En un boletín de prensa a las 10 de la noche, se indicó que tras una reunión con su gabinete de seguridad, el gobernador informó que tras la llamada al número de emergencia 911 se estableció un operativo conjunto en la comunidad de La Concepción, “en el cual hubo resistencia y negativa de los hermanos Vicente y Marco Antonio Suástegui, así como de un grupo de comunitarios para que se llevarán a cabo las diligencias de ley, por lo que se procedió al desarme”.
Agrega que durante la reunión del gabinete de seguridad, se detalló que de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del estado, se originó una confrontación entre civiles armados.
Y que en seguida las corporaciones policiacas “al percatarse de la presencia de civiles con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y procedieron a desarmarlos, lo que originó la resistencia de éstos y derivando en un segundo enfrentamiento que dio como resultado la muerte de tres personas más, arrojando un total de 11 occisos”.
Las 38 personas detenidas, armas, droga y vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica.
Entre los detenidos están Vicente Suástegui y a su hermano Marco Antonio Suástegui, contra quien se ejecutó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.
Astudillo  Flores lamentó los hechos ocurridos y exhortó a la Fiscalía General del estado a actuar conforme a derecho y con respeto al debido proceso, salvaguardando los derechos humanos de los detenidos.
Pidió también a la Fiscalía se aboque a la investigación de la denuncia de una posible agresión cometida en contra del periodista Bernardino Hernández Hernández.

Tomaron el Ejército y policías del estado la comunidad, informa el vocero de Seguridad

Y en conferencia de prensa después de mediodía en un salón del hotel Elcano, Álvarez Heredia informó que 120 policías del estado y soldados “tomaron control” del poblado de La Concepción, donde horas antes sucedió un enfrentamiento entre policías comunitarios y un grupo armado.
El vocero contó que los policías comunitarios increparon a los policías estatales y “ambos grupos cortaron cartucho a sus armas”, y que luego intervino el encargado de despacho de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado Palacios, para calmar los ánimos entre ambos.
Los datos sobre las detenciones fueron imprecisos, pues primero Álvarez Heredia dijo que eran 27, dos personas liberadas y que fueron abatidos tres policías comunitarios que se resistieron al arresto y “abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad”, pero de éstas no hubo bajas.
Después dijo que eran 20 los detenidos y luego corrigió el dato de que eran 30 arrestos, entre ellos el del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y que todos fueron trasladados al Ministerio Público Central.
En total murieron 11 personas en La Concepción, ocho en la madrugada y tres a mediodía, con la intervención de las fuerzas de Seguridad Pública.
“En el momento de la detención de los policías comunitarios se les encontró que traían 580 dosis de mariguana y armas de fuego, siete armas prohibidas porque no tienen ningún tipo de razón legal para que ellos las porten o las tengan en su poder”, indicó.
Después los cuerpos de cinco comuneros privados de la vida por el Cecop-CRAC fueron levantados por sus familiares para llevarlos a sus domicilios.
Álvarez Heredia abundó que el enfrentamiento de las fuerzas de seguridad con los policías comunitarios fue porque “encontraron resistencia armada”. Y sobre la cantidad de armas aseguradas, dijo que no tenía el dato exacto.
Sobre las dosis de mariguana, explicó que “simplemente las tenían, desconocemos porqué las tenían, eso es un tema que será investigado”.
En su intervención, el fiscal Javier Olea abundó que Suástegui Muñoz tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio, que se cumplió ayer, además de que se sumarán los delitos que resulten de la operación de ayer en La Concepción con el Ejército y la Policía del Estado.
“La mariguana y las armas se pondrán a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR)”, adelantó.
Marco Antonio Suástegui, agregó Olea Peláez, será puesto a disposición del juez que ordenó su aprehensión y mientras se realizarán las investigaciones sobre los hechos de La Concepción, para determinar si hay más imputaciones en su contra.

El boletín

En un boletín de prensa se informó que los agentes de la Policía Estatal “abatieron” a tiros a tres policías comunitarios porque se resistieron al arresto y “agredieron con disparos de armas de fuego” a los agentes, pero en el documento se informa que “por parte de las Fuerzas de Seguridad no se presentó baja alguna” y tampoco se reportaron heridos.
En el mismo boletín, el gobierno del estado indica que fueron detenidos 30 “presuntos comunitarios”, entre ellos el vocero del Cecop, “quienes portaban armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.
En el boletín, enviado una hora después del mensaje público que dio el vocero en el hotel Elcano, no mencionaron nada de la droga que fue decomisada.
Por separado, en otro comunicado se detalló que la Fiscalía General del estado desde las 7 de la mañana ordenó al coordinador de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado, trasladarse al poblado de La Concepción con 40 elementos, peritos y ministerios públicos y en coordinación con la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, para realizar las investigaciones sobre lo sucedido y ofreció que “más tarde en un comunicado tanto la Fiscalía como la Policía Estatal harán del conocimiento de los medios de difusión la confirmación y avance de las investigaciones”.

Lamenta el gobernador lo sucedido

Por la noche, en un tercer boletín de prensa, la versión del gobierno del estado resumió que hubo dos enfrentamientos: uno entre civiles armados que dejó ocho muertos, entre ellos dos menores de edad, y un segundo enfrentamiento que se dio al intentar “desarmar a los civiles”, pues se resistieron y otras tres personas resultaron muertas.
En este boletín se menciona  que fueron liberadas las cuatro personas  que “permanecían privadas de su libertad por los civiles armados”, que fue como les llamaron a los policías de la CRAC a los que en el primer boletín los identificaron como “presuntos comunitarios”.

Agredieron y encañonaron agentes estatales y  federales a reporteros en el desarme de comunitarios

Denuncia el fotógrafo Bernardino Hernández Hernández que los estatales le robaron dos tarjetas de memoria en las que recogió imágenes del desarme a los efectivos de la CRAC, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec

Redacción y Daniel Velázquez

Al menos nueve reporteros fueron agredidos y apuntados con armas por parte de la Policía del Estado y la Policía Federal, que además golpearon al fotógrafo Bernardino Hernández Hernández, a quien le robaron dos tarjetas de memoria en las que recogió imágenes del desarme a  policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que dejó tres muertos.
La agresión ocurrió durante el desarme en la comunidad de La Concepción, a las 11:30 de la mañana, cuando los policías estatales y los federales, en coordinación con ministeriales, realizaron la acción.
Hernández Hernández fue golpeado por policías estatales en el cuerpo, según lo relatado por él, cuando logró salir del lugar donde fue también encañonado por los estatales para que entregara su equipo fotográfico. El agraviado tenía un cachazo en la frente, además un golpe fuerte en la rodilla izquierda.
Pese a que los reporteros que se encontraban cubriendo el enfrentamiento, ocurrido a las 3 de la madrugada, estaban plenamente identificado por los policías del estado, éstos al momento de realizar el desarme no respetaron a nadie.
Al reportero Jacob Morales dos policías, uno del estado y otro federal, le apuntaron desde unos 10 metros de donde se encontraba recostado y grabando con su celular,  y una vez que dijo que era reportero y bajó su teléfono ambos elementos apuntaron hacia otro lado sus armas.
Otro reportero que fue apuntado fue el corresponsal de La Jornada en Guerrero, Héctor Briseño; otro amedrentado e intimidado fue el reportero de Quadratín Guerrero, Sergio Robles, al igual que el fotógrafo de La Jornada Guerrero, Rubén Santiago, quien fue sacado a la fuerza de un espacio donde se alojó para protegerse.
En el lugar también estaban el fotógrafo de El Sur, Carlos Alberto Carbajal; y los reporteros Roberto Ramírez, Francisco Robles y Roberto Arroyo Matus.
A la 1 de la tarde, al final de la conferencia de prensa en un salón del hotel Elcano, en la que el fiscal Javier Olea Peláez informó de la detención del presunto asesino del funcionario estadunidense Douglas Bradley, un grupo de reporteros denunciaron ante él y el vocero de Seguridad Pública, Roberto Álvarez Heredia, las agresiones y amenazas que sufrieron por agentes de la Policía Estatal y Ministerial, a quienes acusaron de disparar contra ellos.
En la conferencia acompañó a los funcionarios la directora de Comunicación Social del estado, Erika Lührs.
El foto reportero freelance, Bernardino Hernández, una de cuyas fotografías sobre la naercoviolencia en Acapulco fue publicada entre las mejores de 2017 por la revista estadunidense Time, contó que fue golpeado por cuatro policías estatales que averiaron su cámara fotográfica y le robaron dos tarjetas de memoria con las imágenes que había captado sobre el enfrentamiento entre policías estatales con policías comunitarios.
Los reporteros solicitaron la devolución de las dos memorias y responsabilizaron de la agresión al comandante de la Policía Estatal que iba a cargo de la operación.
Bernardino Hernández señaló que los agentes lo golpearon, que recibió varias patadas, que lo arrastraron como unos 50 metros y que a pesar de que se identificó como fotoperiodista le respondieron: “me vale madre para quien trabajes, aquí te vamos a desaparecer”.
Mientras que los demás reporteros que hacían la cobertura informativa fueron amedrentados por los agentes, que los rodearon y los encañonaron con sus armas y les impidieron tomar fotos.
El fiscal les ofreció disculpas y les rogó que acudieran la Ministerio Público Central a presentar la denuncia, que llevaran el proyectil percutido que los reporteros presentaron y les pidió que presentaran el nombre del comandante, pero éstos alegaron que no lo sabían porque esos efectivos no se identifican y mostraron la fotografía de uno de los presuntos agresores.
“Yo me comprometo a sancionar a ese servidor público pero necesitan presentar la denuncia, se los ruego y porque hay un robo de su material de trabajo y las lesiones”, les insistió el fiscal.
Agregó que debían acudir con el médico legista para certificar las lesiones, e instruyó a uno de sus colaboradores a que vía telefónica le pidiera al fiscal regional Ricardo Quevedo Astudillo que atendiera personalmente a los comunicadores.