Pobladores de comunidades de Zitlala protestaron ayer afuera de las oficinas de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), ante la falta de apoyos para la rehabilitación de sus carreteras.
Los manifestantes fueron encabezados por el asesor de la presidencia municipal, Efraín Lara y el comisario municipal de Azoacapa, Claudio Ojeda Yectli.
Después de casi media hora de protesta, de las 10 a las 10 y media de la mañana, los indígenas nahuas de las localidades de Coapexco, Coyoacán, Azoacapa y Las Torres lograron una reunión con el director de la CICAEG y funcionarios del gobierno estatal, quienes les ofrecieron ir a revisar la situación en que se encuentran los caminos que reclaman.
Los representantes de las comunidades denunciaron que desde las lluvias del huracán John del año pasado y las recientes de Erick los caminos que comunican a sus pueblos con la cabecera municipal quedaron destrozados, y todavía no han sido reparados por la dependencia estatal, por lo que pidieron que se rehabiliten.
Por su parte el gobierno del estado informó en un boletín de prensa que con el fin de atender las necesidades y peticiones de los pobladores en materia de infraestructura carretera, el director general de la CICAEG, Martín Vega González en coordinación con el director General de Gobernación del estado, Rafael Julián Arcos, sostuvieron una reunión con pobladores de Zitlala.
“Siguiendo las indicaciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de priorizar el diálogo con los diferentes sectores sociales, los funcionarios atendieron a habitantes de las localidades de Coapexco, Coyoacán, Azoacapa y Las Torres”, se informa en el comunicado.
En el boletín de prensa no se informó cuándo comenzará el arreglo de los caminos, pero los representantes de las comunidades advirtieron que si en 10 días no ven que comiencen las obras regresarán con un grupo mayor de pobladores para manifestarse con mayor fuerza. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Acapulco y Chilpancingo son municipios que resultan prioritarios para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dio a conocer la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
El secretario Marath Bolaños López, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que se prioriza a los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan y viven en zonas de alto índice de pobreza e incidencia delictiva.
Lo prioritario son “aquellos que viven en los municipios, colonias, localidades con mayor índice de pobreza e incidencia delictiva, buscando su incorporación en centros de trabajo para que puedan aprender a trabajar”, comentó el secretario.
Bolaños dijo que en la Estrategia Nacional de Seguridad, en el eje de Atención a las Causas, el programa tiene participación en nueve municipios de seis estados, en los que se incluye Acapulco y Chilpancingo.
“En lo correspondiente a la Estrategia Nacional de Seguridad, lo referente al eje de Atención a las Causas, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro participa de manera prioritaria en nueve municipios de las seis entidades federativas que están incluidas en este programa; en el caso de Tabasco es el municipio de Centro, Chilpancingo y Acapulco en Guerrero, Tijuana en Baja California, San Cristóbal de las Casas y Frontera Comalapa en Chiapas, Chimalhuacán en el Estado de México, así como León y Celaya en el caso del estado de Guanajuato”, puntualizó.
Bolaños indicó que la inversión para los municipios prioritarios es de 481 millones de pesos para la atención de 16 mil 564 jóvenes, aunque no especificó el número de beneficiarios en los municipios de Guerrero.
De igual forma se proyectó el testimonio de Christian Eduardo Avilés Sandoval, joven originario de Acapulco y beneficiario del programa, que se capacita en el hotel Los Flamingos en el puerto. (Juan Luis Altamirano Uruñuela /?Ciudad de México).

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La minera canadiense Equinox Gold propuso 3.6 millones de pesos como indemnización anual para los ejidatarios de Carrizalillo, en el proceso de cierre de la mina Los Filos, en el municipio de Eduardo Neri, en la audiencia de la demanda contra la asamblea del ejido que se celebró ayer en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), denunció el abogado de la Mesa Agraria, Alejandro Ramos Gallegos.
Aclaró que la apoderada legal de Desarrollos Mineras San Luis CV –que representa a la transnacional en México–, Claudia Valencia Borbolla, pidió no considerar la cifra “ridícula ni burlesca”, porque es el doble del avalúo que estableció el Instituto Nacional de Administración, y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
Consultado sobre la diligencia, Ramos Gallegos recordó que una resolución anterior, el mismo magistrado del Distrito 12 del TUA, señaló que la propuesta anterior, de 1.8 millones de pesos al año, resultaba “irrisoria y hasta burlesca para satisfacer las necesidades más elementales de los 121 ejidatarios; que atenta contra los derechos más elementales del ejido y de sus integrantes”.
Ramos indicó que la nueva propuesta de contraprestación equivale a 3 pesos al mes por cada ejidatario; 38 pesos de renta anual por hectárea, “a leguas insuficiente para las necesidades más elementales”. La cifra anterior en promedio, era de un peso y medio al mes.
Por su lado, el abogado confirmó que la Mesa Ejidal interpuso demanda reconvencional, o contrademanda, y solicitó que llamen al juicio a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Dirección General de Minas dependiente de la Secretaría de Economía, para que emitan sus opiniones, exhiban el Manifiesto de Impacto Ambiental y plan de cierre de mina de la operación minera en el ejido de Carrizalillo, a fin de que las instituciones federales vigilen el procedimiento y las acciones que está llevando a cabo la empresa minera en el proceso de cierre de la mina sobre la superficie de 782-69-40 hectáreas de uso común.
También para que informen de las gestiones que está realizando la minera en el proceso de cierre de mina, e informen si ya cuentan con la autorización del cierre de la actividad minera, necesario para el dictamen, explicó.
La semana pasada, el vicepresidente senior de la Equinox Gold, Armando Ortega, en Chilpancingo, aseguró que había comenzado un proceso de desintoxicación en una parte de la mina de los Filos, ubicada en Carrizalillo, conforme con un plan de cierre autorizada por Semarnat en 2019.
El abogado de la Mesa Ejidal informó que el TUA admitió la reconvención que promovió el ejido de Carrizalillo, en la demanda de la minera, y mediante exhortos, el magistrado pidió que llamen a comparecer a las instituciones federales el próximo 10 de septiembre, a mediodía.
Finalmente, Ramos Gallegos indicó que las partes serán convocadas en otra fecha mientras los demandados analicen una propuesta de conciliación que lanzó la empresa “como medio alternativo a la solución”.

 

El coordinador del Frente Socialista Guerrerense Eloy Cisneros Guillén llamó a los gobiernos federal y estatal a evitar que se genere un conato de violencia en Copala, entre vecinos del Campamento Liberación Campesina y la fuerza pública.
En una llamada telefónica Cisneros Guillén indicó que los vecinos del Campamento Liberación Campesina fueron alertados de que el Tribunal Agrario en un nuevo fallo ordenó el desalojo, el cual tentativamente se prevé ejecutar este miércoles, pero ayer lunes los ocupantes del predio no habían sido notificados de que deben abandonar esas tierras.
El Campamento Liberación Campesina ocupa unas 48 hectáreas que tomó un grupo de campesinos en 1996, luego de que fracasó un proyecto de cultivo de palmas enanas promovido por el ex gobernador Rubén Figueroa, los habitantes alegan que el predio no pertenece al ejido, sino al gobierno del estado, pero el ejido lo reclama como propio. En el predio habitan unas 40 personas que se dedican al campo.
Recordó que las gestiones hechas ante el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para la resolución de ese conflicto quedaron suspendidas porque la persona que comisionó el ex mandatario falleció y no sabe en qué condición quedó el proceso, pidió al gobierno federal y estatal que intervengan para evitar que haya una confrontación en el lugar.
Sobre el cambio de nombre del Frente, Eloy Cisneros informó que se debió al trámite legal para protocolizar la asociación ante notario público pues el nombre de Frente Progresista Guerrerense ya estaba registrado y no podían asignarlo otra vez, por lo que al buscar otras opciones tomaron el nombre de Frente Socialista Guerrerense. (Daniel Velázquez).

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El ex diputado federal de Morena y actual secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Rubén Cayetano García, urgió al Congreso local a publicar cuanto antes, en el Periódico Oficial del Estado, la reforma al Poder Judicial local y presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante una conferencia de prensa, Cayetano García explicó que la reforma recién aprobada por el Congreso local contradice el dictamen federal, ya que establece que, por única ocasión, los titulares del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial serán electos entre ellos, sin que se respete la mayoría de votos, como lo establece la normativa nacional.
“El llamado es a que apresuren a los ayuntamientos validar la reforma judicial, para que podamos nosotros impugnar”, dijo el morenista.
Cayetano García insistió en que su intención es que la CNDH analice la posible acción de inconstitucionalidad, al considerar que el proceso legislativo no respetó el principio de armonización con la legislación federal.
“La CNDH está notificada para que, dentro de los 30 días naturales, una vez que sea publicada la citada reforma, sea impugnada por la vía constitucional y ejerza sus facultades previstas en la fracción II, g, del artículo 105 de la Carta Magna, ya que en Guerrero se pretende suplantar la voluntad popular y romper el pacto federal”, indicó el morenista.
Llamó a que los diputados locales de Morena, que son mayoría en el Congreso del Estado, apresuren a los ayuntamientos de su partido, para que avalen la reforma y pueda ser publicada en el Periódico Oficial del Estado.
“El propósito que seguimos es que una vez que se instalen, el 1 de septiembre, los siguientes integrantes de la SCJN, sean éstos quienes resuelvan y ordenen al Congreso de Guerrero, la correcta adecuación de la Constitución estatal”.
Cayetano García explicó que para que su impugnación proceda se requiere, primero, que la reforma a la Constitución local se publique, para lo cual necesita el aval del 50 por ciento más uno de los 85 municipios, “hace como 15 días no llevaban ni 20”, comentó.
Lamentó también que la elección del Poder Judicial local se haya aplazado por decisión del Congreso “indebidamente” hasta 2027, y además que no haya “celeridad” para completar el proceso, ni por parte de los ayuntamientos ni del Legislativo estatal.
“Están, a propósito, atorando el procedimiento constitucional, para evitar que se publique y una vez publicada la podamos impugnar, porque de que la vamos a revertir, la vamos a revertir”, sostuvo.
De manera particular hizo un llamado al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, el también morenista Jesús Urióstegui García, para que apresure el trámite ante los ayuntamientos.
–¿Habría algún llamado al Congreso o al líder de la mayoría que es de Morena?– le preguntó un reportero.
A lo que Cayetano García respondió: “Pues sería un llamado no tan respetuoso. Ha violado la Constitución ¿qué respeto le vamos a tener a un diputado (Urióstegui García) que no atiende la norma? Creo es abogado. Que apure a los cabildos, no creo que los dirigentes de partidos, por ejemplo Jacinto González Varona, no puedan hablar con los ediles (para las aprobaciones en municipios). Nomás cuando van a nombrar al magistrado (Ricardo Salinas Sandoval), ahí sí se apuran, porque es consigna de la gobernadora, ¿Y la reforma?”.
Cayetano García adelantó que no permitirá que haya injerencia de alguno de los poderes locales en la elección de jueces y magistrados locales, y que si detectan algún caso se movilizará.
“Lo dejamos claro, si la gobernadora Evelyn Salgado Pineda intenta arbitrariamente y sólo para satisfacer ambiciones, designar magistrados en el Tribunal Superior de Justicia con el aval del Congreso local y sin la voluntad del pueblo, nos vamos a movilizar”.
Durante la conferencia de prensa, realizada en las instalaciones de la delegación 17 de Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Cayetano García estuvo acompañado por la primera diputada local de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez; la secretaria de Seguridad Social del Sindicato Independiente de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado, Natividad Reyna Justo, y los simpatizantes del ex diputado Berna Vázquez Pareja y Manuel Cortés Avilez.

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Bravo Abarca, informó a la dirigencia municipal de este partido en Acapulco que en días próximos se emitirá la convocatoria para la renovación formal de las dirigencias en varios municipios.
Bravo Abarca publicó imágenes de una reunión que tuvo el domingo con los integrantes de la dirigencia municipal del PRI en Acapulco, con el mensaje: “Estamos reconstruyendo la estructura, vamos avanzando a buen paso y con mucho ánimo. Nuestros liderazgos están comprometidos por recuperar todos los espacios. Me reuní con el delegado del CEN en el municipio, Óscar Hernández; con el presidente de nuestro partido Jaime Colón; la secretaria general, Jenny Hernández; la líder municipal del Onmpri, Azucena Escalera, y con mi amigo Óscar Rangel”.
Consultado por teléfono, el dirigente municipal Jaime Colón García informó que la reunió fue para informarles de la reestructuración del partido, de las dirigencias municipales, porque ya está vencido el plazo de las actuales dirigencias, por lo que se les informó que este mes se emitirá la convocatoria para la renovación de presidencia, secretaría general y las carteras de los comités directivos en los municipios.
Colon García indicó que es posible que la convocatoria sea abierta para todos los priistas que deseen participar en el proceso de renovación, pero confió que en Acapulco se dé su ratificación, pues recordó que él está como delegado con funciones de presidente, debido a que la dirigencia municipal estaba acéfala.
Jaime Colón asumió la dirigencia el 23 de marzo de este año, luego de que el anterior dirigente Sofío Ramírez Hernández renunció al cargo y al partido, en enero de este año. (Daniel Velázquez).

El integrante de la coordinación en Acapulco, del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Adolfo Plancarte Jiménez, dijo que se debe derogar la ley del ISSSTE de 2007, porque afecta a los trabajos en sus jubilaciones y pensiones.
Informó que en la nueva propuesa ante el Congreso piden que no vayan las Unidades de Medida y Actualización (UMA) sino el salario mínimo como referente para la jubilación, y llamó a participar en esa lucha.
Indicó que es preocupante que se tasen con UMA las jubilaciones de los trabajadores del estado, incluidos los de las universidades públicas, porque están siendo afectados y, por eso, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizó muy fuerte y radical, donde se resolvieron algunos puntos.
Aclaró que no pudo cambiar lo de las UMA y que el gobierno federal ha señalado que tiene que ver con presupuesto, ante el universo de trabajadores, y no puede cambiar de UMA a salario mínimo, que es lo que conviene a los trabajadores.
Indicó que, como sindicato, están en la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) y están impulsado con los funcionarios recursos para las jubilaciones y pensiones.
Dijo que el problema es que una gran parte del padrón de maestros, unos 500, ya se inscribieron para jubilarse, pero hay más de mil que “ya estamos en edad de irnos”.
Este lunes hubo una reunión en la facultad de Contaduría y Administración, de la delegación sindical con representantes del ISSSTE, para hablar de los servicios que se prestan a los trabajadores, entre ellos, pensiones y jubilaciones, donde la inquietud es el uso de la UMA para calcularlas. (Karina Contreras).

Jacob Morales Antonio

Sin la presencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, María Mélida Campos García, y el coordinador del Comité Técnico Ciudadano auxiliar del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Acapulco, Néstor Mayo Casanova, ni los consultores encargados, se llevó a cabo el foro de socialización del proyecto de Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
El encuentro citado a las 4:30 de la tarde comenzó media hora tarde en el auditorio de Los Lavaderos del barrio Manzanillo, donde acudieron unos 20 profesionistas, casi todos arquitectos e ingenieros como Maximino Martínez, Manuel Cruz, Humberto Díaz, Miguel Arellano y el oceanólogo Efrén García Villavazo, quienes vieron en un proyector y escucharon un audio del consultor encargado, los planteamientos que se hacen en el proyecto.
De lo poco que se logró rescatar de la explicación, porque la ilustración proyectada fue imposible verla por el brillo del sol, se indicó que Acapulco tiene 630 colonias con casi 800 mil habitantes, de estas 150 están en un grado muy alto de marginación, además de que la urbanización fragmentada y el crecimiento irregular, ha provocado una alta demanda de servicios.
Se tiene proyectado que para el 2030 la ciudad necesite de 99 mil 600 viviendas, pero la zona del anfiteatro no cuenta con área, y sólo hay predios que no son suficientes, y donde hay reservas de tierra para el crecimiento es en la zona Diamante. También se propone la reubicación de la cárcel de Las Cruces y la empresa cementera que está en la colonia Ciudad Renacimiento, para convertirlos en parques, así como una nueva red de transporte metropolitano y secundario interconectados.
En su participación, el arquitecto Manuel Cruz solicitó que haya seguimiento a los foros que se están haciendo y que los consultores tengan humildad para que enriquezcan el plan municipal, con los planteamientos que se están haciendo.
El arquitecto Miguel Arellano recriminó que ninguna de las autoridades implicadas acudiera, porque quedaron muchas dudas, y recordó que en la presentación se mencionaron los planes parciales que se están generando, “ahorita estamos en un momento histórico, hay tres planes en Acapulco generándose, del gobierno federal en el centro histórico, del municipio, y el que se está planteando”.

Alerta sobre el uso de suelo federal

En su participación, el ex presidente del Colegio de Profesionistas Especializados en Sustentabilidad y Eficiencia Energética, Luis Enrique Ramos Duarte, señaló que dentro del proyecto carece de infraestructura verde, “se habla de sustentabilidad y a la hora de aplicarlo no se ve reflejado”.
El profesionista expresó su preocupación, ante el uso y la regulación del suelo federal, por la llegada del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y los proyectos federales que se tienen previsto en la terminal marítima, el sistema de transporte Maribús y otros.
Señaló que la normatividad indica que el uso de suelo lo da el gobierno municipal, “y ese documento es el que se usa para las concesiones de zona federal, es decir que se están dejando de ser muchas cosas en zona federal y este plan podría tener las bases del plan de ordenamiento de la zona federal. El municipio tiene el control de la zona federal la tiene el municipio, y esa parte la tiene avasallada una y otra vez la federación”.
Subrayó que a las autoridades federales, como Semarnat y Profepa, les toca regular lo que la autoridad municipal define, “en todas las mesas de diálogo donde está el gobierno federal, el argumento es que la federación lo va a hacer, pero ustedes pueden ser el control de todo eso”.
Advirtió por ejemplo que en el caso del parque acuático CICI, la zona federal casi está pegada a la alberca, “¿ahí se va a demoler, qué estrategia van a hacer?, y lanzó “que no nos pase como el plan que está vigente que se usó con datos del 2019 cuando se lanzó en 2020, y no quedó actualizado al 100 por ciento”.
También solicitó que el Comité Técnico sea más democrático y se abra a los ciudadanos, “se tiene que ver qué intereses están moviendo estos colegios y asociaciones, en materia de no permitir la participación en algunos enfoques. Lo que nos pasó con el (huracán) Otis, es fundamental mitigar las islas de calor en la ciudad, ¿qué estrategia está usando este plan?”.

 

Jacob Morales Antonio

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Guerrero indicó que reconoce la nueva estrategia federal contra el delito de extorsión anunciada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero que el delito en el estado rebasa las 47 carpetas de investigación abiertas, además de que la tasa de impunidad es del 99 por ciento y que en Guerrero “es particularmente mortal atreverse a denunciar la extorsión”.
El presidente del CCE en el estado, Julián Urióstegui Carbajal, consideró que la incorporación de Guerrero como uno de los estados prioritarios con esta nueva estrategia por la incidencia de la extorsión da confianza y certeza al sector empresarial, pero lanzó un llamado al Gabinete de Seguridad del gobierno federal para concretar la reunión pactada a principios de año, y una vez aprobadas las reformas de seguridad.
En declaraciones por teléfono el líder empresarial expresó que “la extorsión no es generalizada y homogénea” y que es diferente en cada región del estado o en las ciudades más grandes, y por sector económico, pero “es el cáncer y el reto más importante para el sector económico de Guerrero”.
Consideró como un avance que las denuncias que se hagan al número nacional 089 sean anónimas, y que a partir de éstas se generen carpetas de investigación, sin la necesidad de presentar una denuncia ante las fiscalías, porque reconoció que los empresarios tienen miedo de interponer una denuncia ante las represalias del que luego son objeto, y ante la desconfianza que persiste hacia las autoridades.
“Si todos los que son extorsionados denunciaran, el número de 47 carpetas de investigación (que informó el secretario de Seguridad Pública federal), estaría bastante bajo con la realidad del problema”.
En un comunicado el CEE Guerrero, expresó que “la inseguridad pública en México es el principal inhibidor del desarrollo económico en todas las regiones del país. Las extorsiones o cobros de cuotas en todas sus modalidades se han convertido en un cáncer que se ha ido extendiendo lenta pero progresivamente en los 85 municipios del estado”.
En el documento señala que esto impacta prácticamente en todos los sectores productivos del sector privado en Guerrero especialmente en transporte, construcción, comercio, turismo, agroindustrial, minería, vivienda, ganadería, publicidad, gasolinerías y tecnologías de la información.
“Las palabras miedo o terror según el caso, describen sin exageración el ánimo que en el sector privado de Guerrero tenemos como sociedad civil organizada en materia de inseguridad pública, principalmente afectados por el delito de extorsión”. Agrega que la tasa de impunidad de los delitos en Guerrero es del 99 por ciento.
El CCE indicó que en octubre del 2015, en coordinación con las autoridades federales se donaron equipos para la operación de una unidad antisecuestro y extorsión, “que en su momento logró avances”. “Un ejemplo de coordinación entre sociedad y gobierno que proponemos relanzar”.
El CCE subrayó que “en Guerrero es particularmente mortal atreverse a denunciar la extorsión, por ello, consideramos que el número de incidentes de este delito rebasan por mucho las 47 carpetas de investigación registradas oficialmente”.
El organismo que integra a más de 30 agrupaciones empresariales, reconoció la iniciativa del Gabinete de Seguridad federal al presentar la nueva estrategia nacional antiextorsión, así como los esfuerzos y la coordinación con la Mesa de Coordinación para la Paz en el estado, encabezada por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.
“Nos anima que con las nuevas capacidades que le otorgan a la autoridad federal las recientes e importantes reformas legales en materia de seguridad pública y fuerzas armadas se fortalece la coordinación, inteligencia y profesionalización policial para combatir estructuralmente el delito de extorsión en México y en Guerrero”, se indica.

Debe haber coordinación con autoridades locales

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Acapulco, José Mario Moreno Rojas, avaló la iniciativa que llega con las reformas que se hicieron en materia de seguridad pública, y que ahora la autoridad podrá ir más allá de la prevención y persecución, sino de actuación con la coordinación con otras autoridades financieras para congelar cuentas bancarias.
“Si algo necesita el empresario que tiene ganas de invertir es certeza jurídica y que se guarde el estado de derecho, y si la autoridad logra esto, se va a lograr más inversiones desde lo local, nos parece una buena estrategia, siempre y cuando haya buenos protocolos de coordinación, no sólo entre autoridades federales, sino en los locales”.
El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, José Luis Smithers Jiménez, consideró que es buena la propuesta planteada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal contra la extorsión, pero comentó que faltará hacer una campaña o acercamiento para que la gente, y sobre todo el sector empresarial, tenga la confianza hacia las autoridades.
El líder comentó que son miles los casos de extorsión y no sólo las 47 carpetas iniciadas, y van desde las llamadas que se hacen a las personas qué son engañadas porque ganaron un premio, o que recibirán un regalo, o hasta para ingresar a un programa social. Externó que la desconfianza que hay de las personas hacia las autoridades ha evitado que interpongan denuncias.
La estrategia anunciada este domingo por el secretario García Harfuch prioriza las detenciones mediante investigación e inteligencia, la creación de unidades antiextorsión locales, aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación y aplicar una campaña de prevención nacional.