Tlachinollan

Tlapa

Los 51 niños de la secundaria técnica 229 Roberto Mejía Guzmán, de la comunidad nahua San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa, terminaron el ciclo escolar 2025-2026 en medio de sus aulas derruidas, el pasado viernes 10 de julio.
Por ello, los maestros tuvieron que improvisar un techado de cuatro metros de lámina galvanizada y horcones de encino amarillo, para que los alumnos recibieran sus últimas clases. Dos grupos más permanecieron hacinados: uno en un salón que usan como dirección y el otro en una bodega.
Los estudiantes tenían la esperanza de contar con nueva escuela antes de salir a vacaciones de verano.
El único plantel en la comunidad está a punto de desplomarse, con goteras y agrietas, reducido a escombros. Sólo una pared se sostiene, como añoranza en medio de la pobreza y el abandono secular. Después de que los padres de familia realizaron solicitudes e interpusieron un amparo para que les contruyan una escuela digna, el 18 de junio de 2026 se inició la demolición de la deplorable infraestructura educativa que se había contruido con base en cooperaciones, con una maquinaria del Intituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE).
No se trata de una promesa de las autoridades estatales, sino de una sentencia del 28 de agosto de 2025, en la que la jueza Alba Yaneli Bello Martínez ordena a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la Secretaría de Educación Guerrero y al IGIFE, el cuplimiento cabal y a la brevedad de la instalación de sanitarios y servicios básicos, dotación de moviliario escolar mínimo, habilitación de un centro de cómputo, con conectividad a internet funcional, y un esquema de mantenimiento; así como asignar docentes de inmediato para las asignaturas de historia, geografía, formación cívica y ética y educación física, con el fin de que no se siguiera violando el derecho a la educación.
Los cuatro maestros que faltaban llegaron a la escuela Roberto Mejía en noviembre de 2024, cuatro meses después de la sentencia. Lo que procupa a los padres de familia, autoridades comunitarias, maestros y alumnos, es que se va a cumplir un año desde que la jueza Alba Yaneli Bello resolvió a su favor y no ha avanzado la construcción de la infraestructura educativa.
Mientras, las autoridades estatales y federales han dejado a San Pedro Petlacala en el sótano del olvido. Estuvieron fuera de la agenda de los gobiernos. En 1996 se fundó la escuela secundaria, pero empezó como telesecundaria. Marcelino Olivares fue parte de la primera generación y recuerda con melancolía que sus sillas eran de madera y palma. La escuela era de carrizo y zacate. En temporada de lluvias era difícil, porque crecía el río, que ahora está en peligro de extinción.
También recordó que no pudieron seguir porque en una ocasión un viento fuerte subió por la barranca y no dejó nada de la escuela. Por eso, durante varios años las clases fueron en la comisaría municipal, en las oficinas del comisariado de bienes comunales y en la tienda Conasupo.
Los habitantes de la comunidad se organizaron para que les donaran un terreno, mandaron solicitudes a las autoridades municipales y estatales, pero nunca los apoyaron. No se quedaron con los brazos cruzados y en el año 2000 acordaron en asamblea cooperarse de 500 pesos.
Aureliano Ezequiel González, del comité de padres, relata que “era mucho dinero, pero necesitábamos las aulas para seguridad de los niños y niñas”. En 2001 se construyeron las dos primeras aulas rústicas, mientras un grupo de alumnos permaneció en la comisaría municipal.
En 2013 se gestionó con el presidente de Tlapa la construcción de dos aulas más, pero les dijo que sólo les apoyaría con un poco, porque no era su responsabilidad. Ante la negativa de la autoridad municipal, se volvieron a cooperar.
Con la esperanza de tener una escuela digna, en 2022 retomaron las gestiones con la gobernadora Evelyn Salgado, SEG y el IGIFE porque los salones estaban deteriorados, al grado de que no era habitable. No tuvieron respuestas. “Platicamos en 2023 para ir a Chilpancingo, porque la escuela estaba muy cuarteada, pero no nos hicieron caso”, dijo con tristeza Aureliano.
Los alumnos permenecieron en las aulas en malas condiciones. En temporada de lluvias el agua goteaba sobre sus libretas. Tenían que poner cubetas para que no se formaran los charcos y ocurrieran accidentes. El polvo blanquisco se desgajaba del techo, al grado que varios niños se enfermaron. Lo único bueno es la cancha, que se construyó con 200 mil pesos del presupuesto de La Escuela es Nuestra y el apoyo solidario del pueblo.
En asamblea decidieron interponer un amparo el 14 de febrero de 2024, para la construcción de la escuela a punto de colapsarse y para docentes. La espera para que se resolviera el amparo fue larga y cansada.
Los gastos que tuvieron que realizar los del comité de padres de familia fueron muchos, pero al final se resolvió a su favor el 28 de agosto de 2025.
El problema es que las autoridades educativas enviaron a los maestros cuatro meses después, desacatando la sentencia. Además, la contrucción de la escuela Roberto Mejía no se empezó a tiempo, como ordenó la jueza.
Elisa Vergara Santos, directora de la secundaria, señaló que en septiembre de 2025 “nos indicaron que ya estaba la sentencia, porque vinieron de la Secretaría de Educación tratando de negociar para que sólo se rehabilitara el plantel. Les dijimos, con todos los padres de familia, que no aceptábamos. Además, la sentencia decía que todo se debe demoler, lo único servible de la escuela es la pequeña plaza cívica”.
En noviembre regresaron fuera de horario, pero las maestras seguían en el plantel. Ahí llevaron una propuesta, sin incluir las necesidades básicas. A los ocho días llegaron otra vez para entregar los planos.
Luego, en diciembre trajeron el cronograma y se había planeado hacer la gestión en enero, la demolición y todos los trabajos para la construcción de la escuela. Los padres de familia pensaron que entre enero y febrero iban a estar las aulas.
En los primeros meses de 2026 no se supo nada. Con presiones, el viernes 12 de junio se presentó personal del IGIFE y en una reunión “nos dijeron que tenían la opción de esperar a que acabara el ciclo escolar, porque para la demolición se iba a poner en riesgo a los niños. ‘No queremos exponer a nadie’, nos dijeron. Por eso, una opción es esperar al 10 de julio y después se empiezan los trabajos. La otra era desalojar las aulas para empezar el 17 de junio, pero fue el 18 el inicio de la demolición. Los niños tuvieron que desplazarse a la comisaría, a las oficinas de los bienes comunales y donde antes era la tienda Conasupo. El operador de la máquina dejó las labores el 23 de junio y hasta el 7 de julio estaba esperando indicaciones del IGIFE”.
A Jorge Reyes Tomás, del comité de padres de familia de la secundaria, le “preocupa porque no hay avances. Pero nos vamos a organizar, porque ya es suficiente que nos discriminen por ser indígenas. A los indígenas siempre nos va de la jodida. Estamos sembrando maíz, frijol y calabaza y hasta en eso nos va mal cuando hay sequía. Es triste la realidad de nuestro pueblo. Por eso queremos que estudien nuestros hijos. Hace unas semanas acudimos a Tlachinollan, con el antropólogo Abel Barrera para que nos apoyara. En ese momento se comunicó con el secretario de gobierno de Evelyn Salgado y le dijo que falta la liberación del dinero. Lo peor es que el IGIFE va retrasado en los trabajos. No queremos problemas, simplemente queremos una escuela digna para nuestros hijos. Fue un milagro que en 30 años no se haya desplomado la escuela, construida desde 1996. Estamos pidiendo que se garanticen nuestros derechos, principalmente para nuestros hijos”.
Los padres aseguran que sí hay recursos económicos y exigen que les entreguen nuevas escuelas para sus hijos. Han pasado tres décadas desamparados, en total abandono. La comunidad de Petlacala es muy cohesionada y organizada. Los gastos para equipar la secundaria técnica fueron enormes, pero el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación.
“No nos vamos a quedar callados porque durante 30 años se nos ha relegado como personas de segunda. Vamos alzar la voz, vamos a salir a las calles y bloquear para que los gobiernos nos escuchen. Sólo exigimos una escuela digna para nuestros hijos”, reclama Samuel.
El estudiante Iker Fabián denunció a la SEG por las respuestas a cuentagotas. Recuerda cuando “estuvimos bajo un árbol recibiendo clases, corriendo riesgos. Un tiempo nos mantuvimos en la escuela, pero estábamos con el miedo de que se cayera. A la presidenta Claudia Sheinbaum no le importan los pequeños pueblos, sino lo que quiere que veamos del mundo. He ido a participar en concursos o parlamentos, y he visto que hay escuelas en mejores condiciones que la nuestra”.
Jesús Uriel, de la comunidad San Marcos Xocotepec, cursa primero de secundaria y se tiene que quedar en el albergue para estudiar. Los fines de semana va a la casa de sus padres, y el lunes se levanta a las 5 de la mañana para llegar a tiempo. Su exigencia a las autoridades es que haya útiles escolares, uniformes, pizarrón nuevo y butacas, pero sobre todo una nueva escuela.
La secretaria Florencia Gálvez tiene una pequeña mesa para realizar sus trabajos. En frente tiene a los niños que realizan sus ejercicios matématicos. Añora una escuela con su propio espacio para no estar hacinados. El plantel no cuenta con una especialista en psicología. Las autoridades le deben mucho a la comunidad de Petlacala para dignificar a los estudiantes indígenas.
En la actualidad hace falta un maestro o maestra de inglés, porque hubo una jubilación desde el 1 de enero y no se ha repuesto. También hacen falta docentes de biología, química, física y tecnología.
Las madres y padres de familia exigen a la SEG y a la gobernadora que le hagan un recordatorio al IGIFE, para acelerar la contrucción de la anhelada escuela. No quieren que el gobierno los siga ignorando. Van a dar un plazo de 15 días y si no inician los trabajos, van a movilizarse por la dignidad y la educación de sus hijos.

Jacob Morales Antonio

El director de Playas de Fonatur, Marino Mejía Becerril, dijo que los vendedores y quienes ofrecen sus servicios en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Acapulco, no pagarán los mil 822 pesos del permiso cuatrimestral, que se hará un análisis para que “paguen lo justo”, y pidió que coloquen botes de basura en los accesos.
Mejía Becerril informó que también se van a revisar las concesiones de los hoteles, condominios y restaurantes de la Zofemat, porque hay una sobre explotación, como parte del proyecto de reordenamiento de las playas.
En la cartografía de playas de Acapulco, presentada el 3 de marzo, se indicó que hay un total de mil 468 concesiones, con un adeudo de mil 122.2 millones de pesos.
Este miércoles, el funcionario junto a la representante de Semarnat, Silvia Correa Díaz, encabezaron dos reuniones con prestadores de servicios turísticos de playa Icacos, primero con quienes se dedican a ofrecer servicios de deportes acuáticos, y luego con mujeres que ofrecen masajes. Ambas en la parte alta del restaurante Playita Santa Lucía.
El funcionario federal reconoció que hay quejas muy sentidas de los prestadores de servicios, como la necesidad de baños públicos y regaderas; el alumbrado público en la franja de arena, la recolección de basura, coladeras abiertas, drenaje colapsado y la seguridad. “Hay una coincidencia que tenemos que atender como gobierno, con el tema de los proyectos, porque son necesidades urgentes”.
Una de las masajistas en la reunión solicitó atender de manera urgente el taponamiento del drenaje en el acceso a plaza Italia.
En ambos encuentros, el funcionario federal aseguró que nadie va a perder su empleo, pero que se tiene que ordenar la playa, donde no se debe de fomentar el trabajo infantil y tampoco que lleguen más vendedores foráneos en temporadas vacacionales. Pidió a los prestadores acudir este jueves a las oficinas de Fonatur, pues es el último día a registrarse en en el nuevo padrón, que será contrastado con los existentes y depurado.
Solicitó a los prestadores que los accesos estén libres y que la zona en donde trabajen esté limpia, además de hacer conciencia con los visitantes para que dejen la basura en donde corresponda. Luego pidió que se coloquen botes o tambos de basura en los accesos, para que la gente que llegue en la temporada vacacional deposite ahí sus desechos. Dijo que también se hablará con la tiendas de conveniencia para que sus botes de basura estén afuera de los establecimientos.
Mejía Becerril aseguró que la basura que se acumule en los botes será retirada por los trabajadores de Fonatur, de martes a miércoles de 9 a 10 de la mañana, en un plan piloto en lo que resta de julio.

Rectifica Fonatur en cobro a comerciantes y piden que sea anual

En el encuentro con masajistas, al que llegaron comerciantes de las playas, el funcionario federal aseguró que se va a realizar un estudio “para pagar lo justo”, para los vendedores y quienes ofrecen servicios en las playas, considerando fenómenos naturales como la temporada de lluvias, huracanes y mar de fondo, además de las temporadas bajas.
Dijo que este pago será diferente al que pagarán los permisionarios y concesionarios, que deben de cumplir con sus obligaciones, y que todo se va a realizar conforme a la ley. Aseguró que habrá transparencia sobre lo que se recaude de la Zofemat y lo que se va a invertir, que se va a anunciar en asambleas.
Recordó que en cada una de las playas se tendrán que organizar, para presentar proyectos que cubran las necesidades que existan, y participar y obtener el dinero. Una de las masajistas pidió que el pago del permiso sea anual.
Las mujeres solicitaron que en la depuración no se permita el ingreso de gente nueva, que se respete a quienes llevan años trabajando en la zona de playa, pues son los auténticos.

Necesidad de salvavidas en Icacos

En el encuentro con prestadores de servicios de deportes náuticos y módulos, se solicitó por parte del funcionario que respeten sus concesiones y permisos en la zona destinada, que dejen despejadas las zonas que no les corresponda.
Llamó a que lo hicieran de forma voluntaria, porque después habrá un llamado amistoso y cuando comiencen los recorridos por parte de la Semarnat, Profepa y Fonatur, se realizarán procesos legales.
Mejía Becerril dijo que se va a trabajar en coordinación con la Secretaría de Marina y la Capitanía de Puerto, para evitar el amontonamiento en la zona de playa, por parte de quienes prestan servicios y deportes acuáticos.
Durante en el encuentro, algunos de los concesionarios y permisionarios indicaron que a pesar de que existe embollado, que delimita donde pueden nadar los visitantes y donde entran y salen las bananas y las motos acuáticas, éstos no lo respetan y que al llamarles la atención se molestan, pidiendo mayor presencia de las autoridades para supervisar y atender esta situación con los visitantes.
Otra de las necesidades que expusieron es la de más salvavidas, los prestadores comentaron que son ellos quienes rescatan a los visitantes que se meten al mar para auxiliarlos, que a pesar de que a veces hay salvavidas de la Secretaría de Marina, desconocen el comportamiento de las corrientes y a veces terminan siendo rescatados por los propios prestadores.
El coordinador de playas de Fonatur respondió que esta petición podrá ser incluida como un proyecto dentro del nuevo esquema de atención de las playas, con el dinero que se recaude de la Zofemat.
También informó que se está buscando un predio para que sea el astillero, donde los propietarios de las embarcaciones lleven ahí las unidades a repararlas. Además les dijo que ya está lista la rampa de botado de embarcaciones en la playa Manzanillo.
La representante de Semarnat, afirmó que se van a dar pláticas del cuidado ambiental y de residuos a los prestadores de servicios turísticos, como parte de las accesiones.
En el encuentro se reiteró el llamado para que los prestadores de servicios turísticos escojan y usen un modelo de uniformes, para poder ser identificados, donde se lea la actividad o trabajo que realizan en las playas y colocar el número de emergencias 911.