Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) continuaron este miércoles por segundo día consecutivo su paro de labores en demanda del pago de prestaciones que les adeudan desde el 2023.
Este miércoles se sumaron trabajadores de los tres sistemas de bombeo de agua que surten a la capital, aunque los usuarios se verían afectados por la escasez del agua a partir de este jueves, según informó el dirigente sindical Jonathan Miranda Barrera.
El dirigente sindical informó que a dos días de que inició el movimiento no han tenido respuesta de la administración de Capach ni del Ayuntamiento, “y nuestra intención es que seamos escuchados en una mesa de trabajo”.
“En cuanto las autoridades municipales se abran al diálogo nosotros nos vamos a trabajar, desafortunadamente no hemos tenido respuesta tampoco de las autoridades del municipio”, se quejó el dirigente.
Los trabajadores de la Capach piden el pago de adeudos de prestaciones que tiene la paramunicipal con ellos desde el 2023.
Algunos de estos adeudos, de acuerdo con la dirigencia sindical, son el 50 por ciento del retroactivo del incremento salarial correspondiente al 2023 que equivale a 156 mil pesos, asimismo, el 100 por ciento del retroactivo del 2024 que son 324 mil pesos.
Miranda Barrera informó que también les adeudan el bono del Servidor Público correspondiente al 2024, así como el del 2025 que venció el 20 de marzo pasado. Informó que por este concepto del 2024 la deuda es de 292 mil 400 pesos, en tanto que del 2025 está pendiente por definirse.
Otro de los adeudos es la prima vacacional del primer periodo del 2024 por un monto de un millón 12 mil 328 pesos, así como el pago de las cuotas sindicales correspondientes al 2022 y lo que va del 2025, que equivale a 623 mil 585 pesos.
El dirigente sindical también reclamó el pago de los finiquitos, así como en algunos casos el apoyo por defunción, que les corresponde a las familias de los trabajadores que han fallecido a partir del 2022, explicó que este recurso es una retención que se hace vía nómina a los trabajadores.
Dijo que piden las plazas de sindicalizados que han fallecido, puesto que a pesar de que están estipuladas en un Contrato Colectivo de Trabajo, en lo que va de la actual administración han entrado nueve trabajadores de confianza ganando un sueldo superior a cualquier trabajador basificado, “y a nosotros no se nos han autorizado las plazas de trabajadores fallecidos”.
Contó que de 13 de sus compañeros fallecidos hasta este año falta que les entreguen 10 plazas, aunque para este año sólo proponen a cuatro, pero no han tenido respuesta.
Otra prestación que no han recibido son los estímulos económicos, que, de acuerdo con el dirigente sindical, en noviembre del año pasado lo plantearon a la actual administración y todavía no han recibido respuesta.
Indicó, asimismo, que mediante decreto de la anterior presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, se institucionalizó el 20 de marzo como el Día del Trabajador de la Capach, y que el día se estableció para reconocer recategorizaciones y el pago de estímulos económicos, lo que ya no se cumplió este año.
El dirigente sindical informó que hay 45 trabajadores que representa la tercera parte de la base trabajadora que ya cumplieron con su ciclo de vida laboral y no pueden jubilarse, porque les dicen que no hay presupuesto para que se retiren laboralmente.
Añadió que la administración actual “definitivamente se ha negado a cubrir esas prestaciones, cuestiona que por qué el sindicato no las peleó en su momento, que ellos no están obligados a pagar una prestación que no les corresponde, y eso es lo que nos ha lastimado a los trabajadores”.
A partir de las nueve de la mañana del martes los trabajadores tomaron las oficinas de Capach ubicadas en 16 de Septiembre del barrio de San Mateo y a partir de ayer se sumaron al paro los trabajadores de los sistemas de bombeo de Acahuizotla, Mochitlán y Omiltemi.
También cerraron la planta ubicada en la colonia Viguri y las oficinas del almacén de la colonia Los Ángeles.La sección 32 del SUSPEG tiene 183 trabajadores basificados y 60 extraordinarios adheridos a la sección en total suman 240 agremiados.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Integrantes de la Organización de Pensionados y Jubilados de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal bloquearon la vía lateral del bulevar Vicente Guerrero, frente a las oficinas de la Caja de Previsión Social del gobierno del estado, para exigir pagos y denunciar actos de corrupción.
La protesta inició a las 9 de la mañana y terminó casi dos horas después, luego de que una comisión encabezada por el presidente de la organización, Anastacio Hernández Nava, se reunió con funcionarios de la Dirección de Gobernación estatal, quienes se comprometieron a informar a la gobernadora Evelyn Salgado Pienda de la situación.
Los manifestantes llegaron a las oficinas que se encuentran a espaldas del Auditorio Sentimientos de la Nación en la mañana y cerraron las oficinas, también colocaron una pancarta con el mensaje “Fuera corrupción del Jurídico” y hojas con evidencias de los mensajes que el jefe del Departamento Jurídico, Marco Antonio Alonso Arroyo, envía a los jubilados para pedirles dinero a cambio de agilizar trámites.
De acuerdo con Anastacio Hernández, “hace muchos que de esta Caja se han robado nuestras aportaciones” y la protesta fue por las acciones de Marco Alonso, “no soportamos más extorsión del Departamento Jurídico”.
Explicó que, por ley, los recursos de la Caja de Previsión Social deben pagarse a los jubilados y pensionados “a más tardar 90 días (después de su retiro), pero hay personas que llevan 2 años o más y no han cobrado ni su pensión ni nada”, también acusó a los trabajadores del Departamento Jurídico, Rosalío López y Manuel Castro de extorsión, así como de corrupción.
“No podemos seguir así, desgraciadamente tenemos que luchar mes con mes para que puedan llegar ciertas pensiones, pero más que nada hay un engaño total desde hace muchos años”, subrayó.
Explicó que “hay convenio de pago por parte de la Caja que tardan 2 años en pagarle a los jubilados y se va acumulando su pensión, ya cuando te dan tu primera pensión te dicen que no hay dinero, pero ofrecen 20 mil pesos y hacen un convenio de pagos, (los jubilados) nada más reciben ese dinero y ya nunca vuelven a ver dinero”.
Dijo que, en diferentes fechas y años enviaron oficios a la gobernadora e incluso fueron atendidos por la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, sin embargo, “no vemos la solución real, mientras no quiten a la manzana podrida, que se llama Marco Antonio Alonso Arroyo, así manden mil presidentes a cargo de la Caja, esto no se va a solucionar porque la contaminación de corrupción ya existe”.
“No se vale que una persona que pide dinero a cambio de que avance tu trámite para el pago de tu pensión siga estando aquí, nada más porque se siente influyente porque fue puesto por ‘x’ personaje de alto nivel, no se vale que nosotros los pensionados suframos este agravio”, expresó.
Mencionó que hace dos años hubo cambios de funcionarios pero se mantuvo a Marco Alonso, por lo que la situación de corrupción se mantiene. Puso como ejemplo el caso de un trabajador que se jubiló y su trámite concluyó en junio del 2024, pero a la fecha no ha recibido “ni su primera pensión, es una burla total, se están robando todo”.
Abundó que los pagos varían, en promedio, son 9 mil pesos mensuales, “pero hay personas que por no mocharse con el jurídico les pagan una miseria de 3 mil pesos, también tienes que pagar para que tu pensión salga normal”.
“Es algo insólito lo que estamos viviendo hoy en el gobierno, quiero pensar que no se entera la gobernadora y eso, la verdad, nos duele, nos lastima a nosotros como pensionados”, concluyó.
Durante la reunión con los funcionarios, también se acordó que se investigará a los funcionarios acusados de corrupción.

 

A dos semanas del impacto del huracán Erick, familias de escasos recursos en comunidades de Azoyú continúan sin techos, y duermen en casas prestadas o con familiares, denunció la regidora del PRI, María Luisa Soriano Hernández.
Vía telefonica la representante popular indicó que toda la gente de Huehuetan “amaneció llorando” el 19 de junio cuando impactó el meteoro en la Costa Chica, al ver que los techos de sus casas eran arrancados por el huracán y perdían sus pertenencias por el viento y la lluvia.
Dijo que la mayoría “aún no regresa a sus viviendas”, y se encuentran en la misma situación las familias en Los Metates, Los Quiterio, Los Chegüe, La Bocana y Las Trancas.
Aclaró que las casas de concreto y loza resistieron, pero en las comunidades afromexicanas la mayor parte de población es de escasos recursos, y sus viviendas son de lámina o teja.
Indicó que ya estan habilitando sus cocinas y buscan la manera de arreglar los techos mientras llegan los apoyos federales.
Azoyú es uno de los ocho municipios señalados por el gobierno del estado con más afectados por el huracán, en la solicitud de la declaratoria de emergencia que solicitó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, aún sin respuesta del gobierno federal.

La carretera en Ñuu Savi quedará peor con las lluvias, advierten transportistas

En denuncia telefónica transportistas de Ayutla que hace dos días denunciaron que los caminos de la ruta de La Concordia en el municipio indígena Ñuu Savi era intransitable, insistieron en que con las lluvias de la temporada la vía quedará cada aún peor.
Urgieron una medida efectiva de las autoridades para que los pueblos de la ruta no se queden incomunicados.
Los caminos de tierra roja se convirtieron en una trampa de lodo que aumenta con la lluvia.
Por otro lado, la comisaria de la comunidad amuzga de Huixtepec, en el municipio de Ometepec, Carolina Santiago, informó que el lunes acudió al Instituto Tecnológico de la Costa Chica, donde está el campamento de los brigadistas del gobierno federal que levantaron el censo en el poblado, para informarles que algunas personas no fueron registradas.
En consulta telefónica destacó que los brigadistas ofrecieron atender pronto la petición. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Francisco Magaña

Atoyac

El comité de padres de familia de la secundaria técnica 76 Jose Vasconcelos, de la comunidad El Paraíso, en la sierra de Atoyac, anuncian que con apoyo de autoridades ejidales y municipales tomarán las instalaciones como protesta para que se atienda el rezago educativo que impera desde hace más de 15 años.
Los padres acusaron que, debido a manejos irregulares tolerados desde la supervisión escolar 76, a cargo de Elena Baylón Cortez, desde donde se solapa a nueve planteles y quien tiene antecedentes malos manejo administrativos.
El comité de padres de familia, en voz Marco Antonio Sandoval, urgió a las autoridades educativas a que se haga una auditoría federal, pues señalan que hay un faltante de cinco maestros, con un rezago de 120 horas y una infraestructura en riesgo.
El plantel sólo es atendido por siete maestros, para 215 alumnos, en donde se han fusionado grupos y no se puede dar calidad académica a los estudiantes.
Señalaron que tomarán las instalaciones y la carretera, como una medida de presión que se mantendrá cerrada hasta el próximo ciclo escolar, hasta tener una respuesta favorable.
Exponen que los padres de familia, desde hace un mes, decidieron no mandar a sus hijos a clases porque puede ocurrir un accidente, ya que la infraestructura del plantel tiene más de 40 años, “el IGIFE no ha volteado a vernos. Son estructuras ya muy viejas. Continuamos en la misma postura, se levantó el paro nacional de maestros pero nosotros seguimos sin mandar a nuestros hijos. Tenemos el acuerdo tomar la escuela y decirle al gobierno estatal que nosotros, en las primeras semanas del siguiente ciclo escolar, no vamos abrir la escuela”.
Señalaron que la plantilla escolar aparece completa en documentos, pero los maestros no están físicamente en el plantel y están asignados a otros planteles donde no les corresponde, encubiertos por los funcionarios regionales. Ante está situación, adelantaron, no habrá ceremonia de clausura.

Karina Contreras

Padres de familia de la primaria Ignacio López Rayón, turno matutino, en la colonia Los Lirios, denunció que el director Rogelio Hernández de la Rosa no ha prestado atención a los contagios de coxsackie en los alumnos, aun cuando ellos han pedido suspensión de clases, porque hay más de 10 alumnos enfermos.
Los familiares piden la intervención del sector Salud y las autoridades educativas, para suspender clases y controlar la epidemia que se está dando, porque no nada más será en la escuela, sino en la colonia donde se va a expandir. También, solicitan una plática a los padres de familia y los maestros, así como autoridades, sobre la epidemia.
En llamada telefónica, el padre de familia Francisco dijo que la situación se les comentó primero a los maestros de los grupos y no llevaron a cabo el protocolo de los filtros que se hacen, pues es una enfermedad que se ve a simple vista y contagiosa en los niños.
Dijo que la situación es grave, porque existe el riesgo de que sus hijos en casa también se contagien.
Informó que este miércoles acudieron para hablar con el director, pero les respondió que no tenía tiempo para “chismes” y que ya se esta viendo la realidad, que lo querían ver para plantear ya la suspención de clases o ver qué protocolo iba a seguir él para evitar que se sigueran propagando los contagios, pero no hizo caso.
Agregó que el director les dijo que se fueran con las instancias correspondientes, “que nosotros hicieramos lo que quisiéramos como padres de familia” y se portó de una manera muy grosera.
El padre de familia informó que el supervisor de zona les dijo que los va atender el viernes, para ver qué solución se va a dar. El padre de familia dijo que su hija va en segundo año y que de los 11 niños de su salón, seis ya están contagiados.
Indicó que el director se niega a atender el problema, “no quiere aceptar que ya se hizo una epidemia”, en una escuela que son alrededor de 120 alumnos. Señaló que su hija tiene mucha comezón y fiebre, por lo que es peligroso y esta más preocupado, porque tiene un hijo y si se llega a infectar en un caso peligroso.
Agregó que ese es su caso, pero hay padres que tienen hasta tres hijos más chicos y es lo preocupante, pues el director no ve la inmensidad del problema, porque no nada más son los hijos de la escuela, sino los que tienen en casa.

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Este miércoles se cumplieron dos meses de que comenzó la huelga en la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente, por la que existe el riesgo de que se pierda el cuatrimestre, pues ya transcurrió la mitad del ciclo y todavía no hay clases.
Desde el 2 de mayo, el sindicato de maestros inició el paro y la escuela no ha tenido clases desde esa fecha, tiempo en el que debió de iniciar el segundo cuatrimestre del año. En caso de persistir la huelga, podría perderse el cuatrimestre.
Los maestros sindicalizados exigen la firma del contrato colectivo de trabajo, como único punto en su petición, pero no han logrado un acuerdo con el gobierno estatal, que a su vez ha remitido las gestiones a la rectora de la Zaira Gama García.
Durante estos dos meses, el proceso ha pasado por el tribunal laboral, donde incluso hicieron un recuento de votos con los maestros y se confirmó que el movimiento de huelga era legal.
En días recientes, la rectora intentó dialogar con los maestros y levantar la huelga mediante acuerdos, y por ello estuvo con líderes sindicales estatales; sin embargo, los trabajadores se negaron y dijeron que mantienen su postura de exigir la firma del contrato colectivo de trabajo.
Por esta falta de acuerdos, la huelga se mantiene en la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente, ubicada en la comunidad Los Limones, municipio de Pungarabato. La escuela cuenta con las carreras de gastronomía, ingeniería mecánica, licenciatura en energías renovables, licenciatura en elaboración de proyectos y la licenciatura en tecnologías de la información.
Son unos 500 alumnos los que no han tenido clases. Para el próximo cuatrimestre, por tratarse del tercero del año, coincide con la salida de cursos de las preparatorias y por eso la universidad esperaba tener una matrícula confirmada para los de nuevo ingreso. Sin embargo, la escuela había reportado, a través de su oficina administrativa, que sólo seis personas habían hecho el trámite.
Los maestros esperan que en menos de 10 días haya un acuerdo con funcionarios del gobierno estatal, para resolver el conflicto.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, se reunió con los maestros y padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) 11, con quienes se comprometió a dar seguimiento con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) al conflicto que hay por edificio que reclama el sistema de Educación Especial.
Como ya se ha informado, los padres y maestros tomaron posesión del edificio, ubicado en la unidad habitacional El Coloso, porque aseguran fue construido para dar clases a niños con discapacitadas y no para tener oficinas administrativas.
Este martes, los quejosos dieron una conferencia de prensa para exigir la salida de las dos supervisiones que hay dentro, para que sean acondicionadas como aulas y se quejaron que la SEG les ha hecho caso omiso.
De acuerdo con un boletín del gobierno estatal, el subsecretario Francisco Rodríguez se reunió con los inconformes, encabezados por el dirigente de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, con quienes se comprometió dar seguimiento al caso, en coordinación con la SEG, para “resolver el conflicto de manera legal, justa y sensible a las necesidades de la comunidad escolar”.
Según el boletín, el funcionario refrendó el compromiso del actual gobierno estatal, de garantizar el derecho a una educación digna e incluyente para niños con discapacidad, conforme a lo establecido en el comodato original del inmueble. (Redacción).

Daniel Velázquez

La senadora Beatriz Mojica Morga gestionó, ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), becas para niños que residen en internados y albergues de 11 centros educativos en el estado.
En un boletín de prensa, se informó que Mojica Morga se reunió con la subsecretaria de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Angélica Noemí Juárez Pérez, a quien le solicitó que los menores que se atienden en albergues e internados de Guerrero sean incluidos en el programa de becas Rita Cetina.
Esta beca está dirigida a familias que tienen hijos menores inscritos en preescolar, primaria o secundaria, la cual brinda un apoyo bimestral de mil 900 pesos por familia y en caso de tener hijos inscritos en secundaria, 700 pesos adicionales por cada menor que esté cursando ese nivel de estudios.
Mojica Morga explicó que en la actualidad Guerrero tiene tres internados y ocho albergues que atienden a niños que provienen de comunidades rurales alejadas, ubicadas en regiones como Sierra, Tierra Caliente, Acapulco y Norte.
Estas instituciones operan en condiciones difíciles, pues reciben 30 pesos diarios por niño para cubrir desayuno, comida y cena, “lo que resulta insuficiente para garantizar condiciones dignas de alimentación y cuidado”. Asimismo, señaló que estos centros requieren mayores recursos para su operación, mantenimiento y equipamiento.
“Estos espacios son públicos y gratuitos, creados desde hace décadas, con la visión del general Lázaro Cárdenas, para que ningún niño se quedara fuera de la escuela. Hoy, sin embargo, enfrentan condiciones críticas”.
“Acudimos a la Subsecretaría de Educación Básica, para acompañar a directores de tres internados y ocho albergues del estado de Guerrero, los cuales enfrentan múltiples carencias. Estos centros educativos atienden a los niños más pobres entre los pobres y, por ello, es fundamental incluirlos en el sistema de becas Rita Cetina, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum”.
De acuerdo con el boletín, Juárez Pérez, “mostró sensibilidad ante el problema y ofreció rutas de solución para que los estudiantes de estos centros puedan ser incluidos en los programas de becas, y recibir un trato digno y equitativo”.
La senadora agradeció la disposición de la subsecretaria y reiteró su compromiso de continuar acompañando a las comunidades educativas de Guerrero en sus gestiones ante instancias estatales y federales, para que los niños que viven en internados y albergues tengan las mismas oportunidades que cualquier otro estudiante del país.

Karina Contreras

Durante la segunda sesión ordinaria de Cabildo de junio los regidores aprobaron por unanimidad un programa de descuento y de estímulos fiscales para la apertura y refrendo de licencias de funcionamiento, impuesto predial, licencias de construcción y pago de infracciones.
Por lo que desde junio hasta septiembre los acapulqueños tendrán un 70 por ciento de descuentos en multas y recargos en el impuesto predial para los que deben del 2020-2025 que propuso la alcaldesa Abelina López Rodríguez en punto económico.
Además, se aplicará un 10 por ciento de descuento en el pago de licencias de nuevas obras y el 20 por ciento en licencias de obras por afectaciones de los huracanes Otis y John. En la sesión se aprobó una serie de descuentos, además del predial, para poder recaudar más dinero para el municipio.
Otro descuento que aprobaron los regidores fue el 40 por ciento en los derechos de licencias de funcionamiento para negocios de apertura de cualquier giro comercial. Mientras que el 10 por ciento para el pago de refrendo de licencias de funcionamiento del ejercicio fiscal 2025.
Otro descuento es del 50 por ciento en infracciones durante el día que se elaboró la multa y del 25 por ciento en el pago de infracción en las oficinas de la Coordinación General de Movilidad y Transporte y en las agencias recaudadoras con 14 días naturales a partir de su elaboración.
Los regidores aprobaron el programa de depuración de expedientes de multas sin saldar que están en la Coordinación General de Movilidad y Transporte con un pago único de 100 pesos por las infracciones emitidas del 2020 al 2024, pero precisa que quedan exentos de esos beneficios las infracciones generadas por atropellamiento, por cualquier tipo de choque, por conducir en estado de ebriedad, volcaduras y todas las que sobrepasen el costo de mil pesos.
Otro es el 100 por ciento de descuento en multas y recargos para los contribuyentes que paguen su refrendó al padrón fiscal de unidades económicas tipo comercial, industrial y de servicios. También durante la sesión se aprobó la designación de Flora Contreras Santos como secretaría del Bienestar y Desarrollo Comunitario municipal; la funcionaria tomó protesta y recibió su nombramiento de la alcaldesa. Antes, la nueva secretaria se desempeñaba como coordinadora de los Servicios Públicos Municipales.

Un hombre asesinado envuelto en una cobija fue encontrado en la colonia Benito Juárez.
El hallazgo fue reportado después de las 9 de la noche en la carretera vieja que conecta La Cima y Las Cruces, a unos 100 metros de la terminal de camionetas Urvan de ese lugar, informaron policías ministeriales.
El reporte policiaco indica que hombres armados arrojaron el cadáver envuelto en una cobija desde un automóvil en movimiento.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco encontraron a un hombre asesinado al parecer con torniquete en el cuello.
Después de las diligencias, el cadáver en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Semefo.
Con este caso suman 266 muertos en lo que va del año, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con el recuento de El Sur. (Redacción).