La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que un juez vinculó a proceso a Ernesto, El Moro, identificado como presunto líder de un grupo delictivo con presencia en Igualapa y otras comunidades de la región Costa Chica, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de un agente de la Policía Investigadora Ministerial, el pasado 23 de junio de este año.
Ese día policías ministeriales fueron atacados alrededor de las 10 de la noche en Igualapa cuando, según trascendió, acudieron a ejecutar una orden de aprehensión contra presuntos homicidas. Repelieron la agresión pero los pistoleros mataron a Andrés Nava Gómez, licenciado en Psicología, adscrito a la Dirección General de Inteligencia y Análisis de la Institución, e hirieron a otro agente ministerial.
La FGE en un comunicado mencionó que durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes en contra de Ernesto, que fueron valorados por el Juez de Control, quien determinó vincular a proceso al imputado y mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que el detenido permanecerá interno en el penal de Chilpancingo a donde fue internado luego de ser detenido en una fecha no precisada por la Fiscalía.
Apenas el lunes murió Luis Omar Maldonado Ibarra, hijo de la ex regidora Olivia Ibarra y el juez de paz Omar Maldonado, en un enfrentamiento del grupo delictivo al que pertenecía con policías estatales.
Y el viernes fueron asesinados el subdirector de Seguridad Pública, Eliseo García Mosso y tres policías municipales que fungían como escoltas del alcalde Alfredo González Nicolás, en una emboscada por un comando en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional en Cuautepec cuando regresaban de una reunión de la Mesa Regional de Cosntrucción de la Paz celebrada en el cuartel del Ejército en Cruz Grande. (Redacción).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) aprobó su reglamento interno, así como el cambio de sede de su casa de justicia de Rincón de Chautla a Alcozacán.
Asimismo, acordó solicitar una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para exigirle que atienda las demandas de sus pueblos, que no han resuelto desde hace tres años los tres órdenes de gobierno.
El promotor de la agrupación, Sixto Mendoza Limpia informó que en la asamblea se realizó el 19 de junio, pero hasta este martes se dieron a conocer los resolutivos, y participaron 15 pueblos nahuas; 12 de Chilapa y tres de José Joaquín de Herrera.
De las de Chilapa las más grandes son Alcozacán, Zacapexco, Acahuehuetlán, Rincón de Chautla, Tula y Xolotepec, en tanto que de José Joaquín de Herrera participaron Amatitlán, Tierra Blanca y Pueblo Viejo.
La CRAC-PF informó que sus policías comunitarias venían trabajando en materia de seguridad y justicia con un reglamento que no estaba aprobado en asamblea por los pueblos, y lo aplicaban sólo por usos y costumbres.
“Vimos que esa no era la mejor manera de trabajar, que era necesario que el reglamento se aprobara en una asamblea para que las sanciones se respetaran por todos los pueblos”, explicó el promotor Mendoza Limpia.
En el reglamento aprobado se establecen las sanciones a quienes sean detenidos por la Comunitaria cuando cometan algún delito.
Por ejemplo, quien cometa homicidio calificado recibirá una sentencia de 80 años de reeducación; un homicidio en grado de tentativa 40, robo simple 35 y la misma sentencia recibirá quien robe ganado (abigeato), así como la reparación del daño “o lo que haya hecho el delincuente”.
El promotor de la CRAC-PF aseguró que en su territorio no se cometen delitos graves, por la presencia de la Policía Comunitaria. Recordó que se cometió hace cuatro años el asesinato de una señora y el responsable ya fue “sentenciado y se le está aplicando la justicia”.
El detenido está en proceso de reeducación y no fue entregado a las autoridades comunes, “porque estamos seguros que lo hubieran liberado y todos cuando salen llegan a las comunidades con más furia en contra de la población, por eso mejor nosotros aquí lo estamos reeducando”.
Hasta este martes la CRAC-PF tenía en proceso de reeducación a cinco personas; el sentenciado por el delito de homicidio y el resto por delitos menores, como incumplir con las responsabilidades en sus familias “o borrachos que se dedican a puro tomar y ya no quieren trabajar”, contó Mendoza Limpia.
Aclaró que en su sistema de justicia los que están en proceso de reeducación no están encerrados, “como en las cárceles del Gobierno, con rejas, aquí están libres” pero hacen trabajo comunitario en los pueblos.
En la asamblea también aprobaron el cambio de la sede de la Casa de Justicia; antes estaba en la comunidad de Rincón de Chautla, pero por acuerdo de las autoridades de los 15 pueblos la cambiaron a Alcozacán.

Piden un cajero ante acoso de Los Ardillos, educación y la reparación de los caminos

También acordaron solicitar una reunión con la gobernadora para recordarle las demandas que tienen pendientes por resolver los tres órdenes de Gobierno desde hace tres años.
Solicitan la instalación de un cajero del Banco del Bienestar en Alcozacán para que cobren los programas sociales, porque debido a la violencia del grupo delictivo Los Ardillos, cada vez que tienen que salir a Chilapa tienen que pedir resguardo policiaco.
Mendoza Limpia denunció que tampoco les han cumplido con los caminos artesanales, de Alcozacán a Buena Vista, de 3 kilómetros; así como los de Tula y Amatitlán.
Otra de las obras incumplidas, en este caso por el gobierno estatal, es la escuela del bachillerato intercultural, “ahorita los jóvenes están estudiando en una casa prestada y queremos tres aulas, una dirección, mas dos baños, “pero el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE) nos dice que no hay recurso”.
También han pedido la construcción del hospital regional y un mercado en la misma comunidad de Alcozacán, pero tampoco les han cumplido.
Piden, además, la reconstrucción de la carretera Chilapa-Hueycantenango en la que la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), sólo realizó reparaciones en los tramos donde hubo derrumbes durante las lluvias del huracán John el año pasado.
De acuerdo con el dirigente indígena en la mayoría del tramo desde Chilapa hasta Hueycantenango ya se encuentra “llena de baches porque nomas vinieron a reparar donde había derrumbes, pero el resto quedó inservible no hicieron bien su trabajo, van arreglando por partes”.
En la asamblea los representantes de las 15 comunidades acordaron enviar un oficio a la gobernadora Salgado Pineda para que convoque a una reunión con autoridades de los tres ordenes de gobierno que tienen que ver con la solución de sus necesidades “para llegar a un acuerdo y que nos digan que proyecto nos van a cumplir primero”, dijo el promotor de la CRAC-PF.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En Cuajinicuilapa, uno de los municipios más afectados por el huracán Erick, se realizó una Feria de Bienestar para entregar apoyos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, con seis días de retraso, debido a las protestas de otros afectados de Juchitán y Huehuetán en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional el 25 de junio, para exigir atención en sus comunidades.
Fuentes de la región, señalaron entonces que el bloqueo obligó al regreso de los camiones con apoyos de la Feria de Bienestar que se dirigía a Cuajinicuilapa, el municipio afromexicano con mucha difusión de las acciones de limpieza y apoyo por los efectos del meteoro que impactó a Guerrero el 19 de junio.
En la actividad que transmitió en redes sociales la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el alcalde Hildeberto Salinas Mariche reconoció el trabajo de los militares en la limpieza de la destrucción que dejó el huracán, pero solicitó más ayuda para levantar todos los árboles que cayeron junto a los arroyos, y evitar que sean arrastrados en las siguientes lluvias y tapen los puentes.
Asimismo, solicitó rescatar todos los espacios públicos de esparcimiento para la población, que quedaron destruidos, salvo la cancha techada que estaban utilizando en ese momento.
Reconoció que el Ayuntamiento está rebasado ante los daños, “como municipio no podemos solos, pedimos que nos sigan apoyando, Cuajinicuilapa es su casa”.
La subsecretaria de Construcción de Paz de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, destacó la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, de realizar esta feria de Bienestar en Cuajinicuilapa.
Señaló la presencia de representantes de Hacienda y Aduanas que realizan decomisos a quienes no pagan impuestos, dijo, y lo que reúnen lo envían al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, creado por Andrés Manuel López Obrador en la anterior administración. Los productos de primera necesidad los llevan también a las comunidades afectadas.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, declaró que “unidos somos más fuertes; cuando hay un problema, cuando está la adversidad, aquí no hay colores, no hay partidos, no hay gobierno estatal, municipal, federal, aquí todas y todos somos uno”.
Llamó a la ciudadanía a seguir atendiendo avisos de fuentes oficiales y las medidas preventivas en este inicio de la temporada de lluvias, para salvaguardar la vida.
También estuvieron en el acto de entrega, el delegado del gobierno federal, Iván Hernández Díaz; el comandante de la Novena Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez; el comandante de la Octava Región Naval, Ramiro Lobato Camacho; el comandante del 25 Batallón de la Guardia Nacional, Oscar Alfonso Zenteno Villagómez; el secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo Ontiveros, y el de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña.

Vecinos de las comunidades de Zoyatlán, Capulín Chocolate y Cruz Verde, del municipio de Marquelia, afectados por el huracán Erick, protestaron alrededor de una hora en el Congreso del Estado, para pedir la intervención del Poder Legislativo en su demanda para que los integren en los censos de damnificados.
En representación de los pueblos, Gilberto Vega Barrera indicó que en comunidades a 15 minutos de distancia de estas tres localidades, sí fueron censados por los brigadistas del gobierno federal.
Pero estas tres comunidades de Marquelia fueron marginadas, pese a los daños severos en sus viviendas, siembras, arboles frutales y ganado, enfatizó.
Vega Barragán pidió también el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que “nos ayude para acercarnos con la federación, para que esto surta más efecto, porque el daño fue feo”.
Explicó que las afectaciones consisten en la pérdida de ganado, siembras, enseres domésticos y hay viviendas derribadas, “pero no ha ido nadie a visitarnos. Por eso estamos aquí, no venimos a hacer una manifestación agresiva, venimos en son de paz para que nos atiendan”.
Estimó que son más de 3 mil los afectados en esas tres comunidades, “lo que queremos es que vayan a verificar, que vaya el delegado federal Iván Hernández Díaz, para que no diga que estamos inventando”.
Detalló que en Zoyatlán son alrededor de 2 mil 500 habitantes, en Capulín Chocolate unos mil 800 y en Cruz Verde 70 o 80 familias.
Fueron atendidos por el presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui García. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

Alrededor de 100 habitantes de colonias y barrios de la cabecera municipal de Ometepec, de San Luis Acatlán y de Igualapa encerraron unas 10 horas hasta que lograron escapar, a unos 400 “servidores de la nación” y personal de otros programas federales, en el Instituto Tecnológico de Ometepec, donde se instaló el campamento para levantar el censo de damnificados del huracán Erick, que impactó en Costa Chica, el 26 de junio.
Vía telefónica, uno de los “servidores” encerrado informó que como a las 7 de la mañana comenzaron a llegar los manifestantes y cerraron la puerta principal con candado, impidieron la salida de la mayoría de los trabajadores que estaban por retirarse a sus regiones y a otros estados. Informó que hace dos días comenzaron a llegar sus relevos.
Después de las 3 de la tarde hubo reportes de que muchos “servidores de la nación”, algunos provenientes de Morelos y del Estado de México, saltaron una reja de Tecnológico con todo y maletas para poder regresar a sus sitios de origen.
La fuente dijo que especialmente la cabecera municipal de Ometepec fue recorrida en su totalidad para registrar los daños y afectaciones, sin embargo, aún hay personas que dijeron que se quedaron fuera del registro.
Dijo que los manifestantes fueron escuchados por coordinadores del censo, quienes les dijeron que el registro de daños no ha terminado, pero los vecinos se negaron a abrir las instalaciones.
Los manifestantes exigían ser incluidos en el padrón de damnificados, porque tenían información de que el censo ya había sido cerrado.
Eran principalmente de colonias y barrios de Ometepec, pero también se mencionaba que había de San Luis Acatlán y de Igualapa, sin censar.
A las 6 de la tarde, de manera extraoficial, la Delegación de Bienestar informó que los manifestantes, y los brigadistas ya regresaron a sus regiones y estados.
Un “servidor” informó que los trabajadores se organizaron y rompieron los candados, otros se saltaron y salieron de manera conjunta, unos atravesaron campos de cultivo y llegaron a la carretera en donde consiguieron transporte. (Lourdes Chávez / Chilpan-cingo).

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para Guerrero este miércoles, lluvias de puntuales a fuertes, debido a un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.
Indicó que el huracán Flossie que anoche se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas Jalisco y al sur de Baja California, seguía generando lluvias intensas al sureste de Guerrero debido a su circulación y bandas nubosas, la noche del martes y madrugada del miércoles.
En general señala para este día, cielo de medio nublado a nublado con lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guerrero y Oaxaca, que podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, a su vez, incremento en los niveles de ríos y arroyos.
Pronosticó un ambiente fresco a templado por la mañana, y cálido a caluroso durante la tarde, con viento variable de 20 a 30 kilómetros con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas. (Lourdes Chávez /?Chilpancingo).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), protestaron ayer desde las 9 de la mañana afuera de las oficinas en demanda del pago del retroactivo del incremento salarial correspondiente a los años 2023 y 2024, así como el bono del Servidor Público del 2024 y 2025.
El secretario general de la sección 32 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPEG) que aglutina a los trabajadores de la paramunicipal, Jonathan Miranda Barrera informó que sólo por el retroactivo que corresponde al 50 por ciento del 2023 y al 100 por ciento del 2024 son más de 400 mil pesos de adeudos.
Suspendieron labores y se mantuvieron casi tres horas afuera de las oficinas ubicadas en la calle 16 de Septiembre del barrio de San Mateo, en espera de diálogo con la administración de Capach y el Ayuntamiento.
El dirigente sindical informó que también piden el incremento salarial del 12 por ciento correspondiente al 2025.
Los trabajadores piden, además, impermeables para todos los trabajadores, puesto que apenas les entregaron a 60 de un total de 320 empleados de la paramunicipal.
Desde el 11 de mayo pasado, la dirigencia sindical pidió en una conferencia de prensa a la dirección de Capach y al Ayuntamiento el pago de prestaciones e incremento salarial que les adeudan desde el inicio de la actual administración y algunos conceptos desde la anterior administración.
Miranda Barrera informó que los adeudos que tiene la Capach con los trabajadores son el 50 por ciento del retroactivo del incremento salarial correspondiente al 2023 que equivale a 156 mil pesos, asimismo, el 100 por ciento del retroactivo del 2024 que son 324 mil.
También les adeudan el bono del Servidor Público correspondiente al 2024, así como el del 2025 que venció el 20 de marzo pasado.
Otro de los adeudos es la prima vacacional del primer periodo del 2024 por un monto de un millón 12 mil 328 pesos, así como el pago de las cuotas sindicales correspondientes al 2022 y lo que va del 2025 que equivale a 623 mil 585 pesos.
El dirigente sindical también reclamó el pago de los finiquitos, así como en algunos casos el apoyo por defunción, que les corresponde a las familias de los trabajadores que han fallecido a partir del 2022, a pesar de que aclaró que este recurso es una retención que se hace vía nómina a los trabajadores.
Dijo que la actual administración les ha dicho que la mayoría de los adeudos corresponden a la anterior y que por qué no se movilizaron para exigir el pago en su momento.
Pero aclaró que se supone que al finalizar una administración e iniciar otra hay un proceso de entrega-recepción y es ahí donde se informan de las deudas y compromisos, que, indicó, son institucionales.
El dirigente sindical advirtió que se van a seguir movilizando en los próximos días en caso de que no reciban respuesta.

 

Continúan los desfogues en la presa Andrés Figueroa de Ajuchitlán del Progreso, debido a que la Comisión Nacional del Agua no ha logrado bajarle el nivel suficiente ante las recientes lluvias.
Así lo informó en un boletín el ingeniero José Luis Martínez Carachure, jefe del distrito de riego 57 y 68, al solicitar a Protección Civil (PC) mantenerse al pendiente de los desfogues que están realizando.
Este martes al mediodía continuaron el desfogue de la presa bajo cantidades controladas para evitar inundaciones repentinas sobre el río de Las Truchas, y sobre el río Balsas.
En el boletín informó que se sigue un programa de desfogue de la presa que inició desde el pasado 20 de junio, con un gasto pequeño gradual y paulatino que permita evitar inundaciones, pero también dependiendo del comportamiento del río y el almacenamiento de la presa.
Agrega que “derivado de las abundantes y constantes lluvias en la cuenca de la presa no hemos logrado bajar lo suficiente del almacenamiento de la presa para cumplir con el objetivo”.
Dijo que era necesario el desfogue de este martes, por lo que solicitó el apoyo de Protección Civil para darle los avisos correspondientes a las diferentes comunidades cercanas del municipio de Ajuchitlán.
El desfogue no representó problemas en inundaciones, a su vez, las descargas del río de Las Truchas continúan hacia el río Balsas en donde tampoco hubo afectaciones. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero se reunieron este martes con personal de enfermería del hospital general de zona de Medicina Familiar 4, que se inconformó el día anterior, ofreciendo la revisión de la plantilla laboral, capacitación y una mesa de trabajo bilateral.
La mañana de este lunes, las enfermeras respaldadas por su representación sindical, realizaron una protesta en la que declararon que trabajan bajo protesta, debido a la falta de personal e insumos médicos, sin que hayan suspendido labores ni los servicios a los derechohabientes.
En respuesta, la representación del IMSS en el estado informó que la clínica de esta ciudad tiene cubierta su plantilla, de 423 trabajadores, en un 93.8 por ciento; es decir, 397 espacios ocupados, de los que 106 corresponden a enfermería y, de esas, 101 plazas están ocupadas. Asimismo, se informó que el hospital cuenta con abasto de medicamentos e insumos.
Este martes mediante un comunicado de prensa, se informó que autoridades del IMSS en Guerrero tuvieron un encuentro con los trabajadores inconformes, donde escucharon sus molestias.
Se indica que entre los acuerdos se determinó una mesa de trabajo bilateral, capacitación a sus representantes sindicales, así como la integración del subcomité local de revisión de plantilla, para favorecer la atención a la población derechohabiente.
De acuerdo con la información, en el encuentro con los trabajadores inconformes se refrendó el compromiso institucional, de garantizar una atención oportuna y de calidad a los derechohabientes, mediante el fortalecimiento de los servicios y el trabajo bilateral entre el IMSS y la sección sindical. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El fundador de la Casa del Peregrino y sacerdote del Santuario de los Mártires de Chilpancingo, José Filiberto Velázquez Florencio trasladó ayer 2 toneladas de víveres y apoyos diversos para familias damnificadas por las lluvias del huracán Erick en comunidades de la región afromexicana de la Costa Chica, que están siendo excluidas del apoyo oficial.
El también director del Centro de Derechos de las Victimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello) salió la tarde de ayer hacia las comunidades de esa región.
En declaraciones por teléfono informó que lleva dos toneladas de apoyo a las comunidades afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero y algunas del vecino estado de Oaxaca.
“Llevamos más de dos toneladas de víveres; desde colchonetas, camas, enseres domésticos, ventiladores, despensas, así como kits de higiene y de limpieza”, informó el activista.
Agregço que se determinó qué comunidades recibirán el apoyo mediante un sondeo de las que siempre han sido olvidadas y relegadas por el gobierno, y en donde los daños que ocurrieron fueron significativos.
“Estamos hablando que se trata de comunidades de la zona rural en donde la mayoría de las casas tenían techos de teja, paredes de adobe y se cayeron o se volaron los techos y las familias perdieron todo”.
“Con ese criterio elegimos a las comunidades de esa región, porque vemos que el gobierno del estado concentra su ayuda en lugares más visibles, en ciudades grandes, donde pasan las principales carreteras o donde hay turismo”.
Velázquez Florencio denunció que hay muchísimos pueblos indígenas y afromexicanos que no están siendo apoyados por las autoridades.
El sacerdote agradeció el apoyo para el acopio de víveres y enseres que lleva a esas comunidades a distintas personas y grupos sociales, pero especialmente a Daniel Setz, un extranjero que está casado con una guerrerense, quien organizó un festejo de su cumpleaños con el fin de que todos los regalos que recibiera fueran destinados para la ayuda humanitaria.
Dijo que esa iniciativa lo motivó a seguir buscando apoyos con distintas personas y grupos sociales.
Informó que también va a comprar láminas para la reposición de techos que fueron volados y por ello solicitó a la población que siga donando tanto en especie como en dinero.
Añadió que la agrupación que encabeza tiene como comprobar las donaciones para que la ayuda sea deducible de impuestos y pidió que se siga entregando la ayuda en el Santuario de los Mártires, ubicado en la colonia Atlitenco de Altamira.