Carmen González Benicio

Tlapa

Integrantes de la asociación civil Mujeres de Tlapa y la Bancada de Mujeres Funcionarias de la Montaña pidieron a la Secretaría de la Mujer y a la de Finanzas que dispersen los recursos correspondientes al Centro de Justicia de la Montaña, para el pago de la planta trabajadora y sus gastos de operación.
En conferencia en un restaurante de la ciudad la regidora de Salud, Edith Parra Zurita, Jesuita Vivar y Dulce Alondra Parra Zurita como parte de la Bancada de funcionarias y de la asociación civil, Erika Garrido y la ex diputada local, Yuridia Melchor se dijeron preocupadas por el cierre del Centro de Justicia ante el anunció de renuncia de nueve trabajadoras por la falta de pagos.
Solicitan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que atienda este Centro importante para la atención de las mujeres de la Montaña y no se sigan violentando los derechos laborales de las trabajadoras ni la institucional al no darles los recursos para su operación.
La planta del Centro de Justicia se compone de 12 personas, pero tres de ellas que llevan antigüedad esperarían a que les puedan garantizar su permanencia y pagos.
Yuridia Melchor dijo que lo preocupante es que desde el ejercicio fiscal del 2024 fue una constante el adeudo de los salarios del personal que tuvieron que cerrar el Centro de Justicia porque era insostenible, porque tampoco les depositaban los recursos de gastos de operación.
Mencionó que las nueve personas decidieron poner su renuncia porque no les pagan desde hace unos tres meses y al cerrar el mes de junio también se terminaba su contrato, y ya no estaban dispuestas a seguir ante la vulneración de sus derechos laborales que las mantenían en deudas ante la incertidumbre de un pago.
El Centro de Justicia atiende a mujeres víctimas de violencia con asesorías y acompañamiento jurídico, psicológico, de albergue, a sus menores hijos en el área lúdica al hacer uso de este espacio.
Erika Garrido reafirmó la preocupación de la renuncia a su empleo, ante la falta de pago y condiciones laborales de las trabajadoras, sobre todo, porque se van a ir personas cualificadas en la atención a mujeres y que hablan la lengua materna de los habitantes de los 19 municipios de la región.
Mencionó que el albergue ya no estaba funcionando por la falta de recursos.
Pidieron al gobierno estatal que no deje perder el Centro de Justicia, como ocurrió con Ciudad Mujer, porque es un espacio que se necesita para atender la violencia contra las mujeres ante los casos de feminicidios.
La regidora de Salud, Edith Parra Zurita llamó al gobierno estatal a que atienda el tema laboral del personal del Centro de Justicia con el cual se coordinan para canalizar a las mujeres que lo solicitan, “si se cierra nos quedamos con las manos amarradas porque nosotras canalizamos a las víctimas que necesitan un albergue”.
Agregó que el Ayuntamiento aporta su parte con pipas de agua, despensas, ropa y cosas que requieren en servicios, pero le toca al gobierno estatal que lleguen los recursos destinados para su funcionamiento.
Jesuita Vivar planteó que se valore al personal que ya se tiene porque se ha capacitado, para que no lleguen quienes no tienen esa formación ya sea por afinidades políticas o de acuerdos, porque es un espacio que requiere compromiso social.
Dijeron que esperan que los huracanes ya no sean una justificación para el desvío de recursos para atender las afectaciones como ocurrió con John, Otis y ahora con Erick, que les dijeron que tuvieron que reorientar el dinero.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) determinó que el Ayuntamiento de Juchitán pague el salario adeudado al síndico procurador Wilbert Ramírez Rodríguez.
Durante la sesión pública de resolución, celebrada este martes, el pleno del Tribunal Electoral resolvió el juicio electoral ciudadano TEE/JEC/015/2025, promovido por el síndico procurador de Juchitán, Wilber Ramírez, por la presunta omisión en el pago de sus remuneraciones, la violación a su derecho de petición y la violencia política basada en elementos de género, ejercida en su contra.
Ante esta denuncia, el TEE ordenó al Ayuntamiento de Juchitán cubrir los adeudos correspondientes al periodo de la segunda quincena de marzo hasta junio de este 2025 luego de que la autoridad municipal reconoció no haber efectuado estos pagos, justificando su omisión con el bloqueo de la firma electrónica que realizó el propio síndico procurador, por lo cual no pudieron acceder a las cuentas del municipio; sin embargo, la denuncia se declaró fundada, porque la parte denunciada no ofreció algún medio de prueba que acreditara su argumento.
También se declaró fundada la violación al derecho de petición y la obstrucción al ejercicio del cargo del síndico procurador, al haber sido reconocido por el Ayuntamiento que recibió una solicitud de información y de documentación a la que no ha dado respuesta.
Sobre este caso, en su defensa, “la autoridad municipal señaló que la solicitud fue atendida, pero que el síndico no quiso recibir la respuesta. Tal justificación no fue acreditada con ningún medio de prueba”, indicó la resolución del TEE.
En cuanto a la presunta violencia política basada en elementos de género, se declaró inoperante el agravio.
“No es procedente instaurar un procedimiento de violencia política contra las mujeres en razón de género, cuando el actor pertenece al género masculino, ya que dicha figura, así como la normativa que la contiene, fue construida e implementada para revertir la desigualdad existente entre mujeres y hombres, en perjuicio de las primeras”, agrega la resolución del TEE.

Revoca en parte una resolución del PAN nacional

En otro asunto, dentro del juicio electoral ciudadano TEE/JEC/016/2025, promovido por Sandra Velázquez Lara, el pleno del TEE resolvió revocar en parte la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en el expediente CJ/JIN/185/2024, de fecha 22 de mayo de 2025.
“La promovente impugnó esta resolución, al considerar que se varió la litis (planteamientos formulados) y se vulneró su derecho al debido proceso, al no valorarse los medios probatorios ofrecidos en su demanda inicial, presentada el 19 de diciembre de 2024. Según alegó, las pruebas demostraban la inelegibilidad de los candidatos electos, así como irregularidades graves que ponían en duda la certeza de la votación”, indicó el TEE.
El TEE otorgó un plazo de siete días hábiles para que la Comisión de Justicia del PAN emita una nueva resolución, debidamente fundada y motivada, en la que atienda con congruencia lo planteado, así como que cite y valore las pruebas que sean útiles para la resolución del asunto planteado.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La senadora Beatriz Mojica Morga celebró la aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional, al considerar que consolida a esta corporación como una institución más eficaz y profesional, al quedar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A través de un comunicado, la senadora de Morena indicó que este nuevo marco jurídico, aprobado por el Senado, otorga a la Guardia Nacional atribuciones en materia de investigación, inteligencia y coordinación interinstitucional, como parte del primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“La seguridad de nuestro país exige instituciones eficaces, con profesionalismo, disciplina y un marco jurídico sólido, y con esta reforma damos un avance importante a una Guardia Nacional más fuerte y mejor preparada para prevenir el delito y salvaguardar la paz”, mencionó Mojica Morga.
Entre los puntos centrales de la reforma están la facultad para que la Guardia Nacional realice labores de inteligencia, lo cual, dijo Mojica Morga, incrementará su capacidad para prevenir delitos de alto impacto y enfrentar al crimen organizado.
La comandancia de la corporación será encabezada por un general de división, designado por el titular del Ejecutivo federal a propuesta de la Sedena, lo que aseguró, refuerza su carácter de cuerpo de seguridad nacional con estructura militar.
Mojica Morga subrayó que la corporación, a seis años de su creación, se consolida como “columna vertebral” de la estrategia de seguridad pública del país.
“Este nuevo marco legal no es una improvisación, es la evolución necesaria de una institución que ha demostrado su compromiso en los momentos más críticos del país”.
La morenista aseguró que esta reforma responde a una demanda ciudadana, para que toda la población cuente con instituciones de seguridad confiables, bien equipadas y apegadas a la legalidad.
“México merece vivir en paz y esta reforma nos permite avanzar en ese objetivo, sin titubeos y con la convicción de servir a la gente”, aseguró.

Brenda Escobar

Zihuatanejo

La directora de la secundaria José Martí en Zihuatanejo, Noemí Ibarra Rivera, manifestó que a más de tres meses de que las escrituras de este plantel están en el Registro Público de la Propiedad, no se las han entregado porque están esperando que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda les dé la indicación, pero “a nosotros nos urgen”.
Este martes, vía telefónica, Ibarra Rivera lamentó que los acontecimientos sociales y ambientales que han venido ocurriendo en Guerrero, no permitan que la gobernadora pueda hacer un espacio en su agenda para atender a la comunidad estudiantil de la secundaria y entregar en persona las escrituras, “se lo hemos venido solicitando desde abril de este año, pero realmente es muy difícil, porque ella siempre está muy ocupada”.
“Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con ella en abril. Le dijimos que ya están las escrituras a nombre de la escuela y que nos gustaría que ella viniera a nuestra escuela y ahí nos las entregara. La gobernadora, muy amable, nos dijo que con mucho gusto, sólo que nos pusiéramos de acuerdo con su secretario particular para programar la visita, cosa que ha estado haciendo el presidente del comité de padres de familia, pero hasta ahora no ha tenido suerte”.
La directora comentó: “El propósito de hacer pública esta situación, es porque la sociedad de Zihuatanejo merece saber qué ha pasado con el trámite y qué está pasando con nuestra escuela, porque debido a que no nos han entregado las escrituras, eso nos está afectando, en el sentido de que sin ese documento no podemos acudir ante el IGIFE, (Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa) para que nos consideren en el presupuesto de 2026 para que se construya por completo”.
Ibarra Ramírez comentó que el lugar en donde por ahora reciben clases los niños, debido al paso de los años, “se han ido deteriorando, es una estructura que ya rindió su vida útil. Hay espacios que están siendo utilizados como salones, con techo de láminas de asbesto con más de 30 años de antigüedad, en realidad necesitamos que la gobernadora le indique al Registro Público de la Propiedad que nos entreguen las escrituras”, pidió.

Karina Contreras

Maestros y padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) 11, ubicado en la unidad habitacional El Coloso, denunciaron que el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, no da solución al conflicto por el edificio que pertenece a Educación Especial.
En conferencia de prensa en el CAM, el director de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regural (USAER) 18 y 20 de la zona escolar 19 de Educación Especial, Zeferino Barrera Román, señaló que las cuatro personas que se encuentran en las oficinas, que pertenecen a la zona escolar 207 de educación primaria y la unidad 1218 del Centro de Maestros, no quieren abandonarlas, cuando ese edificio es para Educación Especial.
Indicó que se les ha pedido que ocupen otras instalaciones, porque el personal de Educación Especial las debe ocupar para atender a alumnos con discapacidad, pero la “respuesta de los trabajadores no ha sido favorable. Insisten en seguir atendiendo lo administrativo en ese edificio, cuando ellos (Educación Especial), desde 2002 tienen el resguardo de este edificio”.
Añadió que el 26 de junio, las oficinas de la zona escolar 40 aceptaron trasladarse a una nueva oficina propia de preescolar, pero las otras dos no se quieren ir. Indicó que tienen 23 años haciendo la petición por oficio a la SEG, para que los servicios que no pertenezcan a Educación Especial lo desalojen.
Precisó que en esas oficinas la mayoría del trabajo es virtual, pues no trabajan con alumnos sino dan cursos a los maestros, que son en línea o se ponen de acuerdo con la zona escolar a la que va capacitar, para ir a alguna de las primarias, por lo que no necesitan esas oficinas y ellos sí, porque atienden a los niños.
Barrera Román indicó que se van a cumplir cuatro meses de que se cambiaron a este edificio y han tenido reuniones con las autoridades, donde nada más escuchan las peticiones, pero no dan respuesta, “nada más dijeron que lo iban analizar, porque las demás oficinas tienen derecho a ocupar edificios de la SEG, y eso no lo negamos, pero Educación Especial tiene el resguardo”.
Informó que hablarón ya con el secretario de Educación, Ricardo Castillo, quien dijo que el edificio se lo iba dejar a Educación Especial, pero es la hora que no ha cumplido y ante la nula respuesta, tendrán que tomar otras acciones, porque no les dejan otro camino.
Mientras que el dirigente de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, pidió la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque la SEG nada más está creando problemas que después se vuelven insostenibles.
El dirigente cetegista dijo que tendrán que hacer acciones en la calle, porque ya no se ve una ventana de diálogo, y la Secretaría desde hace mucho tiempo debió haber resuelto ese tema y no lo hace. Por ello, se pide a la gobernadora voltee a ver el problema que debío haber resuelto la SEG, porque “no va quedar de otra que subir el tono de las acciones, aunque no es lo que se quiere; sin embargo, no te dejan otra. Lo único que buscamos es que haya un espacio digno para los alumnos de Educación Especial”.
Indicó que todas las superviciones están en oficinas de centros de trabajo de la zona escolar y no entiende porqué éstas no.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Las clases en la primaria Vicente Guerrero se suspendieron este martes, luego de que ocho alumnos se enfermaron de coxsackie, una padecimiento viral que afecta manos, pies y boca.
De acuerdo con el director Carlos Botello Barrera, en las últimas tres semanas se reportaron los casos, sobre todo, en alumnos de primer y segundo grado, así como uno de tercero.
Explicó que, en cuanto los alumnos presentaron síntomas, los padres de familia dejaron de enviarlos a clases y después se confirmó el diagnóstico, por lo que los menores no han asistido a la escuela.
Puntualizó que las clases sólo se suspendieron este martes y se reanudarán de manera normal a partir de hoy, pues padres de familia, maestros y trabajadores administrativos se dieron a la tarea de hacer una limpieza en el plantel.
Abundó que el aseo se hizo “en las áreas de uso común: los pasamanos, los muebles, los baños”. Estas fueron las medidas preventivas, pues la enfermedad es común en menores de 5 años de edad, pero “por lo regular, son niños que contagian a sus hermanitos ya más grandes”.
Señaló que la limpieza también se hizo por recomendación de las autoridades del sector Salud y se le pidió a los padres de familia que revisen a sus hijos de manera constante para constatar los síntomas de la enfermedad viral, que se manifiesta mediante llagas en la boca, manos y pies.
Resaltó que en la escuela no hubo “contagio masivo” y se siguieron las recomendaciones pertinentes, para evitar casos de la enfermedad viral, que es un padecimiento común.

Karina Contreras

El responsable de la comisión política de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, informó que se calcula que en Acapulco faltan alrededor de 300 maestros, trabajadores administrativos y de apoyo en escuelas que están dentro del bloque al que pertenecen.
Indicó que faltan maestros de música, asistentes de servicio, administrativos de oficinas, perfecturas y maestros para aulas de medios, que cuando los han solicitado les han respondido que “no es prioridad” y entonces: “¿Por qué plantear reformas que tienen el supuesto objetivo de la calidad de la educación? Lo cual es mentira, porque el sistema sigue siendo el mismo de hace 30 años”.
Aseguró que no hay maestros para los centros de trabajo, no hay personal para la atención de los servicios en los centros de trabajo y eso ya está provocando un colapso en la propia Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y al secretario de Educación, Ricardo Castillo Peña, le ha faltado oficio político para poder resolver el problema, porque es “muy bueno para plantear rutas de solución, pero muy malo las construirlas y aterrizarlas. Hay muchas buenas intenciones, pero muy pocos resultados concretos”.
Dijo el cetegista que la SEG autorizó cambios de adscripción de manera interna, es decir, nada más en la zonas, por lo que va a generar conflictos fuertes. Señaló que va ser el más complejo de todos, porque sacaron la convocatoria de cambios internos de zona a zona y región a región, y eso “va a cerrar espacios, no va ser posible que compañeros que tengan 20 o 25 años, fuera de la región Acapulco u otra zona, se puedan mover, porque los espacios se van a utilizar por estos cambios internos”.
Señaló que no sabe qué idea tenga la SEG para resolver eso, porque “lejos de ayudar lo único que provoca es traer complicaciones. No hubo un análisis correcto y solamente bajo la presión del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE) decidieron tomar esta determinación, como tal, que va a traer inconformidad de muchos compañeros”.
En declaraciones al concluir la conferencia de prensa en el Centro de Atención Múltiple (CAM) 11, en la unidad habitacional El Coloso, el dirigente sindical Walter Añorve indicó que en el sector hay muchos conflictos que la SEG nada más se les intenta dar la vuelta y van desde situaciones internas de centros de trabajo hasta situaciones que tienen que ver con procesos largos y añejos, como es el ingreso a la nómina federal de más de 2 mil 500 trabajadores.
Señaló que estos trabajadores tienen una afectación permanente, porque no les pagan puntual la quincena y no se ha tenido la capacidad de resolver el problema. Indicó que se tuvo que haber emitido una convocatoria del estímulo a la jubilación antes de mayo y es la fecha que no sale.
Añadió que está el proceso de retabulación que, ha dejado mucho que desear y donde sólo 200 compañeros fueron beneficiados, de mil 600 que se inscribieron y 200 de 2 mil que ya se encuentran laborando en Zihuatanejo, que se ha preguntado para cuándo se tiene considerado la próxima remesa y han respondido las autoridades que no tienen para este año.
Advirtió el dirigente que estas situaciones van a provocar inconformidad desde la Montaña hasta las costas.